LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El presidente de la FAPE critica que el Gobierno no derogue la Ley Mordaza cuando desde la oposición prometió hacerlo

Nemesio Rodríguez hace un balance negativo de 2018 en cuanto a libertad de expresión y asegura que "no se puede hacer periodismo de calidad en las condiciones laborales actuales".

Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha criticado en una entrevista que el Gobierno no derogue la Ley Mordaza cuando desde la oposición prometió hacerlo.

En este sentido, critica que los partidos que se opusieron rotundamente a la "ley mordaza" —aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP— y que anunciaron que la derogarían si gobernaban no lo lleven a término "ahora que están en condiciones de hacerlo".

"Una ley que atenta directamente contra la libertad y el ejercicio libre del periodismo, una ley que ha supuesto decenas de sanciones a periodistas y fotorreporteros multados por el simple hecho de ejercer libremente su profesión", incide.

Rodríguez, considera que la incautación esta semana de material a periodistas que cubren el caso Cursach es "el remate" a un 2018 que ha resultado un mal año para la profesión en materia de libertad de expresión, ha asegurado en una entrevista para Efe.

"Los jueces tienen que reflexionar sobre estas medidas limitadoras de la libertad de expresión y tienen que entender que no se pueden vulnerar los derechos que afectan al libre ejercicio del periodismo", resalta Rodríguez.

Y recuerda la "interpretación restrictiva" que hizo en febrero una jueza de Madrid al ordenar el secuestro del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero.

El "prolongado" conflicto catalán también ha afectado al ejercicio libre de la profesión según subraya Rodríguez, que destaca que muchos compañeros han tenido que desarrollar su trabajo "bajo condiciones de acoso y de inseguridad".

Para el presidente de la federación, la necesidad de defender la libertad de expresión y el derecho a la información se hace más necesaria si cabe con la conocida como "ley mordaza".

Mejorar la situación económica de los periodistas

Queda mucho trabajo por hacer y la FAPE se marca su principal reto para 2019: impulsar un pacto entre editores y sindicatos para romper con la precariedad salarial y laboral que sufre la profesión. 

"No se puede hacer un periodismo de calidad en las condiciones laborales y salariales en que están trabajando actualmente los periodistas" 

"Ha llegado la hora de que la mejora de la macroeconomía que está viviendo el país se traslade también a los salarios de los periodistas. No es de recibo que algunos estén percibiendo sueldos menores a los 500 euros y que haya ofertas de trabajo sin remuneración", lamenta.

Y advierte: "No se puede hacer un periodismo de calidad en las condiciones laborales y salariales en que están trabajando actualmente los periodistas".

El próximo año la FAPE continuará reclamando la creación de una asignatura de periodismo y medios de comunicación y que se busque una "solución urgente" para que los periodistas puedan impartir lengua y literatura en centros educativos.

Además, la federación promoverá la cohesión entre las distintas asociaciones profesionales que existen en España porque ahora "se está trabajando de manera desunida", concluye Rodríguez.

FUENTE: publico.es

Agencia EFE
Raquel de Blas

Madrid - 16/12/2018

LEY MORDAZA

Mariano Rajoy y Albert Rivera, unidos por la represión

Mi colega Anna Flotats firma hoy un impagable artículo que evidencia cómo Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C’s) están cortados por el mismo patrón, hechos a partir de un mismo molde del que se producen antidemócratas en cadena. Vamos camino de cerca de dos años y medio ya de Ley Mordaza, la misma que hace un año el Congreso de los Diputados acordó derogar o modificar. Sin embargo, dicho trámite está bloqueado por la derecha al tener mayoría en la Mesa de la Cámara Baja.

Siempre lo he mantenido y, hasta que cambien de actitud, lo sostendré: Ni PP ni C’s son verdaderos demócratas, no creen en la democracia, sencillamente, se sirven de ella para lograr sus fines. En el caso del partido fundado por un ministro franquista era más que evidente. Algunas personas ingenuas o mal informadas albergaban esperanzas con los de Albert Rivera, pero su corta andadura en la escena nacional ha sido suficiente para mostrar su verdadera cara.

Con la solicitud de prórrogas "sine die" para acuñar una Ley de Seguridad Ciudadana que cumpla con las libertades civiles más esenciales (algo que no sucede con la impulsó el iluminado Fernández Díaz) tanto PP como C’s se posicionan, una vez más, en contra de la ONU. Rajoy y Rivera, como máximos representantes de los dos partidos conservadores, ignoran cómo las Naciones Unidas han cargado contra la Ley Mordaza -también lo hizo contra la reforma del Código Penal-, cómo cuestionaron que esta ley represiva se hubiera alumbrado con el único fin de “ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”.

En suma, la ONU reclamó a España que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, algo que no sucede en la actualidad (aunque el Borbón tenga otra percepción mientras entona “Del Palacio de la Zarzuela, no nos moverán”).

Ni Rajoy ni Rivera hacen caso a la ONU cuando ésta, en su comunicado, recordó al Gobierno español que “los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. Y eso, hoy por hoy en nuestro país, no sucede, gracias a la alianza de PP y C’s entorno al poder y los beneficios que éste les reporta.

Los expertos de la ONU fueron claros: la Ley de Seguridad Ciudadana “restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”. A la enumeración de libertades civiles pisoteadas gracias a la complicidad de PP y C’s que enumera en su artículo Flotats, hemos de añadir cómo sólo en sus primeros 18 meses, la recaudación por multas al amparo de esta ley superaron los 131 millones de euros, aproximándose a lo que recauda el Estado en concepto de multas por exceso de velocidad.

Se están cercenando los derechos de la intocable Constitución de libertad de expresión, derecho de reunión y de manifestación. Los datos no engañan: a pesar de que siempre pudieron ser denunciados los actos por “desobediencia o resistencia a la autoridad”, no deja de ser curioso cómo en los últimos seis meses de 2015 se pusieron 4.311 multas y en 2016, el triple (12.094). Es importante recalcar que, en estos mismos períodos de tiempo, las multas por “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se cifraron en 2015 en 3.130, por un valor de 469.203 euros, mientras que en 2016 en 9.497, por un importe de 3.006.761 euros.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) es otro de los organismos que ha criticado duramente la Ley Mordaza que Rajoy y Rivera blindan. RSF sostiene que la ley persigue proteger “la imagen de la policía española, limitando el derecho de los periodistas a reunir y difundir información”.  Tanto es así que, aunque a Rivera le encante darse baños de masas en Venezuela, no hace falta que cruce el Charco: gracias a la ley que él mantiene, España fue uno de los ejemplos que RSF utilizó en su informe internacional presentado en 2017 para ilustrar los retrocesos en la libertad de prensa.

Dicho de otro modo y dando peso a mi afirmación inicial de que PP y C’s son agrupaciones antidemócratas, el hecho de que España sea criticada internacionalmente por el deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales es obra de los negocios que se traen entre manos Rajoy y Rivera.

FUENTE: publico.es
Posos de Anarquía
David Bollero
17/01/2018

EL DELITO DE ZOIDO

Según la novedosa definición del Ministerio del Interior corro el peligro de que este artículo sea considerado un delito de odio en sí mismo, pero tal y como andan las cosas, el mero hecho de abrir la boca ya es un riesgo.

En España antes se podía acabar en la cárcel por hacer una obra infantil de títeres, por cantar un rap desafinado o por soltar un chiste de Carrero Blanco, pero ahora incluso te puede pasar por comentar el frío que hace en la calle o la sequía pertinaz que nos asola. Hasta hablar del tiempo se va a convertir en un deporte de riesgo según la neolengua del ministro Zoido, donde un delito de odio es cualquier incidente dirigido contra una persona por cualquier motivo o cualquier circunstancia. Una definición amplia de delito, como se ve, casi tan amplia como la definición de ministro del Interior según los ejemplares que nos gastamos en los últimos tiempos.

En efecto, si uno atiende a la definición de “incidente” tal y como se recoge en el Diccionario de la Real Academia, un delito equivale literalmente a algo “que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con éste alguna relación”. Basta que el ofendido en cuestión alegue que sufre un resfriado o que tiene una plantación de tomates devastada por la falta de lluvia para que un inocente comentario sobre las bajas temperaturas o sobre el sol inmisericorde y legionario se transforme en un insultante hervidero de rencor y se presenten dos picoletos en la puerta de casa.

Zoido y Fernández Díaz

El delito de Zoido -que es como van a bautizar a esta portentosa extensión de la Ley Mordaza- es la correlación lógica y teológica de los desvelos del anterior inquilino en el cargo, el ecuménico y catecúmeno Jorge Fernandez Díaz. Un hombre que habla con la Virgen y le pide a su ángel de la guarda que le busque sitio para aparcar el coche tendría todas las papeletas para ingresar en el censo de Macondo, hasta que uno cae en la cuenta de que lo de García Márquez era realismo mágico. Mágico todo lo que ustedes quieran, sí, pero realismo.  

Aun con peligro de caer en la herejía maniquea (un delito que cualquier día de éstos vuelve al Código Penal por derecho propio), me atrevería a decir que Zoido es el reverso tenebroso de Fernández Díaz, el contrapeso infernal de esas visiones arcangélicas que lo llevaban, por ejemplo, a la invención del concepto de la frontera elástica para justificar el ahogamiento de 15 inmigrantes bajo una lluvia de pelotas de goma. Donde un ministro ve seres celestiales y mares bíblicos, otro ve pecados inconfesables y crímenes imaginarios. Ponte a discutir tú con un ministro.

Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior

El odio, creo que ya lo escribí hace poco por aquí, era uno de los pocos derechos fundamentales de los que disfrutábamos. El ministro Zoido odia tanto el odio -a lo mejor por la rima asonante- que lo ha gravado con impuestos, multas y penas de cárcel. Antes -decía Clint Eastwood en el papel de John Wilson, un trasunto de John Huston en Corazón blanco, cazador negro– se podía odiar gratis a cualquiera y en cualquier parte. Y después añadía que las putas tenían que esconderse para vender lo único que no debía estar en venta, que es el amor. Dudo mucho que la definición de amor se refiera a la actividad mercantil de las putas pero con este gobierno, vete a saber.

FUENTE: publico.es
Punto de fisión
David Torres
13/12/2017

Que el Ministerio del Interior diga en su página web que "un delito de odio es un concepto más amplio de lo plasmado en el propio Código Penal", clama justicia.

Esto de que la libertad de expresión se la estén pasando continuamente por "el arco de triunfo", va a dejar la cosa muy cagada.

EL INCORDIO DE SER POBRE

Niño hurtando miguitas de pan a los gorriones

Ser pobre es fastidioso. No sólo por la molestia constante y poco reparable de la pobreza misma, sino porque acarrea la sombra de una sospecha permanente. Los pobres son (somos) mala gente, estafadores en potencia, ladrones, defraudadores, impostores. Vivo con un pie en el mundo de los pobres y otro en el de los ricos. Cuando soy pobre, me cachean, me increpan y me tratan de usted, que es la fórmula despectiva del castellano. Cuando soy rico, entro sin que nadie me toque, me ríen los chistes y me tratan de tú, que es la fórmula de respeto.

Mi condición de escritor me permite vivir en ambos mundos. Me invitan constantemente a dar charlas, a ferias, a festivales y a todo tipo de saraos festivo-artístico-literarios. Escribo este artículo en un AVE camino de Málaga, de hecho, y no he pagado el importe del billete ni el hotel donde voy a dormir esta noche. Esa vida suele implicar atenciones y deferencias que no disfruto en mi vida de pobre. Me invitan a comer en restaurantes a los que no iría si tuviera que pagarlos yo, me reservan hoteles que no me plantearía para mis vacaciones, me ponen coches con chófer cuando es necesario y me asignan cicerones que se preocupan por sacarme de paseo y abonar la cuenta de las primeras copas.

No siempre, claro, pero no es infrecuente. Sarao tras sarao y hotel tras hotel, me he dado cuenta de que una de las ventajas de ser rico, incluso de ser un rico de pega y provisional como lo soy yo (un rico profesional, que interpreta el papel de rico como parte de su trabajo), es que nunca tienes que dar una explicación, nunca eres un intruso. Conserjes, recepcionistas, guardias de seguridad y camareros son tus amigos. Te sonríen, te miman y se alían contigo. Quizá quien ha nacido rico no encuentre nada extraordinario en este hecho, pero todos los chicos pobres de barrio hemos crecido creyendo que el trabajo de conserjes, recepcionistas, guardias de seguridad y camareros consistía en echarnos de los portales, decirnos que allí no podíamos entrar y enseñarnos el cartel de reservado el derecho de admisión.

Los dependientes del Corte Inglés, tan amables cuando te ven interesado por la tele más grande de la planta de electrónica, formaban parte de esos enemigos que no nos quitaban ojo cuando merodeábamos por los pasillos. Porque el rico pasea. El pobre merodea.

 

¡Este Gustavo!

Fui hasta el final del metro de Madrid, muy al norte, a un lugar donde me suelen llevar en coche o en taxi, pero esa mañana me venía bien el metro. Como salía del término municipal de Madrid y se aplicaba una tarifa especial, la megafonía del tren metropolitano recordaba en cada estación que los pasajeros debían tener el billete correcto (más caro) si querían seguir viaje. Ya estaba expuesta la información, no creo que nadie en ese tren ignorase aquello. De hecho, los tornos no se abren si no llevas el billete adecuado. ¿Por qué tanta insistencia? Porque no te puedes fiar de los pobres. Los gestores del metro creen que transportan a gentuza que se colará y burlará todos los controles.

Por eso se empapela todo con advertencias de multa para los infractores. En el tranvía de mi pueblo, la megafonía recuerda también constantemente que todos los viajeros han de ir provistos del correspondiente título de transporte. Esa es otra muestra de desprecio al pobre: hablarle con perífrasis. A un rico le piden el billete. A un pobre le solicitan el título de transporte.

Hace unos meses me llamó una chica muy amable que decía ser de Iberia. Le llamo porque es usted titular de una tarjeta Iberia, dijo, y queremos ofrecerle esta otra tarjeta para que acumule puntos y gane vuelos. De acuerdo, se me ocurrió decir, y empecé a responder sus preguntas. Por ellas deduje que en Iberia estaban convencidos de que yo era un potentado. Tenía varios viajes transoceánicos en los últimos tiempos, alguno en clase business, y apuntaba maneras de perfil de ejecutivo. Lo que no debía de saber la chica es que no había pagado ni uno solo de ellos, eran invitaciones para dar charlas y participar en festivales literarios, y la cuenta de gastos corría a cargo de mis anfitriones. Por eso no supo encajar la respuesta que le di cuando me preguntó por mis ingresos medios anuales. Dios mío, debió de pensar, llevo quince minutos hablando con un pobre. Y lo que es peor: llevo quince minutos tratándole como si fuera rico. Se acabó la amabilidad. Bueno, dijo azorada. Ya recibirá la información en su correo. Y colgó. Qué pena, pensé. Parecía maja, estaba disfrutando de la conversación.

Este sentimiento continuo de sospecha hace muy fatigosa la vida del pobre, pero yo no me había dado cuenta hasta que me tocó ser rico. Aunque sólo me toca ser rico una vez a la semana, noto mucho el contraste. Ocurre en todas partes. Una declaración de la renta baja activa más alarmas en la Agencia Tributaria que una millonaria. ¿Qué se ha creído este pobre, que nos tragamos que vive con esos ingresos? Hazle una inspección, que estará cobrando en negro.

Ahora que sé de qué va la vida en ambos mundos, lo que más me molesta de mi pobreza no es la miseria en sí, que la llevo bien (al fin y al cabo, nací aún más pobre de lo que soy ahora), sino darme cuenta de que hay un mundo donde no soy sospechoso de ladrón ni de terrorista ni de estafador. Un mundo de puertas VIP donde nadie me cachea ni me pide pagar por adelantado ni hay que hacer fila con orden de campo de concentración. Y además de la irritación que siento, me frustra no poder decirles que sospechan de la gente equivocada, que los pobres que conozco van siempre con el dinero en la mano y abonan todas las cuentas sin rechistar. La insurrección siempre se enciende en la sala de los ricos, porque en ella no hay nadie vigilando.

FUENTE: http://ctxt.es
La boca del Logo
Sergio del Molino

30 de Octubre de 2016

LA TIRANÍA BUSCA MAYORÍA ABSOLUTA

Votar al PP es abrir de par en par las puertas a la tiranía

Según las últimas encuestas del CIS, el Partido Popular volvería a ganar las elecciones generale, con más de un 29% de los votos.

Parece una broma de mal gusto, o una noticia ficticia publicada por un periódico de humor... Pero no, son datos reales que se corresponden con las opiniones de ciudadanos y ciudadanas reales... Esto es lo más terrible de todo. La ciudadanía sigue apostando por votar al partido que, gracias a la mayoría absoluta, ha sido capaz de sacar leyes que no eran respaldadas por ningún partido de la oposición, del tipo de la ley mordaza.

El PP es el partido que se ha visto afectado por los escándalos de corrupción más grandes de este país, mientras recortaba en educación, sanidad y vivienda.

Deberíamos analizar lo que supone votar de nuevo por el Partido Popular para gobernar una legislatura más. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos y los Derechos de las Mujeres.

 

Votar por el PP significa apoyar la ley mordaza, la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, la cual restringe derechos fundamentales como el derecho de protesta, el derecho de reunión, o el derecho a la libre expresión. Una ley señalada por observadores de la ONU como represiva e incompatible con la garantía de los Derechos Humanos.

El control de la protesta ciudadana otorga al Gobierno una inmunidad total para actuar a su antojo, mientras la policía opera como guardiana del orden. Orden represivo que vigila cualquier movimiento o tentativa de desobediencia, y que amenaza a los manifestantes, en muchas ocasiones, con multas más elevadas que sus salarios.

FUENTE: http://bufeed.com/profile/femem
Lara Alcázar
11/11/2015

EL MAYOR RECORTE DE LIBERTADES DE LA "DEMOCRACIA"

Entra en vigor la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal
  
Restringe el derecho de reunión, manifestación y expresión y están destinadas a frenar las protestas surgidas con la crisis económica, como ante los desahucios, el 15M o las mareas ciudadanas.

Hoy miércoles, 1 de julio de 2015, entran en vigor dos reformas que suponen todo un blindaje del Gobierno frente a las protestas ciudadanas ya que permite al Ejecutivo castigar con dureza protestas no autorizadas, aunque sean pacíficas, y sustrae del control judicial inmediato la limitación de las libertades públicas.

La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, otorga una poderosa potestad sancionadora al Ejecutivo y parece redactada expresamente para frenar las protestas surgidas en esta larga crisis económica, como las concentraciones pacíficas del 15-M, el movimiento antidesahucios o las mareas.

Por su parte, el nuevo Código Penal contiene la cuestionada cadena perpetua revisable, pero también unas modificaciones de última hora que soliviantan a los especialistas en Penal: una chapuza ha convertido al menos 16 delitos menos graves en leves, lo que provocará que, por ejemplo, el autor de un hurto no pueda ser detenido y que pueda ser juzgado sin abogado… por el mismo juez que instruye el caso. La ola de recursos de inconstitucionalidad está servida.

Las infracciones administrativas, decididas por la policía y no por un juez, prevén infracciones de hasta 30.000 euros

Ambas leyes han sido aprobadas por el rodillo del PP sin consenso parlamentario y han sido recurridas por la oposición ante el Tribunal Constitucional. Allí han quedado los recursos de más de cincuenta diputados, cada uno, presentados hace dos meses ante este órgano presidido por un exafiliado del PP, Francisco Pérez de los Cobos, que dejó de serlo cuando ya había sido nombrado para el cargo.

Se da la circunstancia de que los tribunales no han solido dar al Gobierno la razón frente a determinadas protestas suscitadas en los últimos años. De ahí que, ahora, el Ejecutivo haya construido todo un edificio de sanciones administrativas –con multas de hasta 30.000 euros- respecto a esas protestas que le han desgastado.

La policía tendrá un "enorme poder"

Para el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, lo más grave reside en el propio concepto: “no es una ley de seguridad ciudadana, sino de seguridad del Gobierno ante las protestas ciudadanas”. En su opinión, esta norma consagra al ciudadano como “el enemigo” y expresa su preocupación porque el Gobierno convierte en multas administrativas lo que antes se sometía al control inmediato del juez de guardia.

Esto es, extrae del control judicial las sanciones que el Gobierno se reserva para sí respecto a ocupaciones de la vía pública sin permiso o actuaciones de desobediencia leve. Y si uno no está de acuerdo, tendrá que recurrir por la vía contenciosa-administrativa.

Rights International denuncia la redacción "deliberadamente deficiente y ambigua" de la ley

Bosch denuncia el “enorme poder” que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y, al igual que la Unión Progresista de Fiscales, considera que no permite que un juez pondere los derechos en conflicto en estos casos, donde las infracciones administrativas prevén multas de hasta 30.000 euros, lo que constituye un claro instrumento de disuasión.

Patricia Goiochoechea, vicepresidenta de Rights International Spain, denuncia los recortes a las libertades de estas dos leyes ante los foros internacionales como Naciones Unidas. Y denuncia también que tienen una redacción “deliberadamente deficiente y ambigua”.

Tanto por separado como juntas, “ambas leyes constituyen una limitación desproporcionada al ejercicio de los derechos fundamentales en una democracia. Las dos persiguen el objetivo de limitar la protesta social pacífica; evitar que la calle siga siendo un espacio de participación política y disuadir al resto de la sociedad de continuar ejerciendo sus derechos en el futuro”.

La Ley de Seguridad Ciudadana como la reforma del Código Penal están atravesadas por expresiones ambiguas que dejan espacio a la interpretación arbitraria por parte de la autoridad administrativa.

FUENTE: publico.es
Madrid - Agencia EFE
28/06/2015

El Gobierno supone que con estas "mierdidas" coartadoras de nuestras libertades, los ciudadanos nos vamos a quedar en casita y ellos podrán hacer lo que les venga en gana...

¡Cárceles te dé dios, Mari-ano!

DEPÓSITOS JUDICIALES

El Gobierno deja de publicar los datos de la millonaria cuenta de depósitos judiciales

Adjudica al Banco de Santander esta cuenta, con ingresos de 7.000 millones anuales. Es donde se depositan fianzas, tasas, embargos y multas dictadas por los Juzgados y Tribunales. La Caixa queda al margen, por razones “técnicas” y económicas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en su escaño del Congreso de los Diputados - EFE

En plena campaña de transparencia gubernamental, el Ministerio de Justicia ha optado por no difundir la información del año 2014 sobre una millonaria cuenta que es donde se ingresan las fianzas, tasas, embargos y multas que diariamente se acuerdan en los juzgados de España.

La última información disponible corresponde al cuarto trimestre de 2013, cuando lo habitual era la publicación de esta estadística de forma trimestral, como así ha ocurrido desde el año 2010.

Este vacío informativo se comprueba en el sitio habitual de acceso a esta información, el Plan Nacional de Estadística Judicial que es accesible desde la web del Consejo General del Poder Judicial.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones tiene un saldo medio de 3.500 millones de euros anuales. Los intereses suponen más de 60 millones de euros, que son ingresados por el Tesoro y...

no van destinados al ministerio de Justicia a diferencia de lo que ocurría en el pasado*

Todo lo que ocurre con esta cuenta es opaco, como también lo ha sido su adjudicación al Banco de Santander anunciada por el Ministerio de Justicia este lunes a través de una escueta nota de prensa.

 

 Ana Patricia Botín - Presidenta del Banco de Santander

 

Isidro Fainé - Presidente de CaixaBank

El Ministerio de Justicia ha optado ahora por adjudicar el contrato al Banco de Santander, en lugar del otro ofertante que era La Caixa.

El Gobierno esgrime razones económicas para primar al Santander, pero la nota de prensa argumenta también que la adjudicación se ha debido a “cuestiones técnicas”.

Es más, la entidad está obligada a entregarlo al ministerio, circunstancia que aún no se ha producido, según fuentes judiciales.

Sede central del extinto Banco Español de Crédito (Banesto)

En el año 2010, Banesto arrebató al BBVA la jugosa cuenta de los Depósitos y Consignaciones Judiciales. Para ello, presentó una agresiva oferta económica. 

Dos años después la entidad fue comprada por el Banco de Santander, que heredó el millonario contrato. 

El contrato finalizaba en 2014, aunque era prorrogable por dos años más. Es, además, una vía de entrada de toda entidad financiera entre las miles de personas que trabajan en los juzgados y que son potenciales clientes.

Todo el software desarrollado en estos años por Banesto y, luego, por el Santander para la gestión de la cuenta propiedad del Ministerio de Justicia. La entidad está obligada a entregar el software al Gobierno al término del contrato.

FUENTE: publico.es

Julia Pérez

Madrid - 28/12/2014

(*) "Tonce"... ¿"ande" va?

DONA I OCELL

Al hilo de la entrada escrita ayer por el compañero Amontonador, relativa a las astronómicas multas que el gobierno intentará cascarle a todo el que se atreva a "ofender" a España (¡tremenda mamonada!), quiero hacer una pequeña reflexión:

¡Je!... La política del miedo. 30.000 euros del ala, es una cantidad tan desorbitada para el agujereado bolsillo de los ciudadanos, que nadie o casi nadie, conseguirá pagarla. Así que... cárceles les dé dios a este gobierno de represores; y si no se las da, que pidan una manga a Rouco Varela, que ya sabemos la buena relación existente entre todos estos santurrones. Todo ello para que "su españa", la españa esperpéntica y fachona que representan (y que no es exactamente la nuestra) siga su singladura con esa acusada deriva hacia la extrema derecha.

La entrada del Amontonador se ilustra con esta escultura de Joan Miró: "Dona i ocell" (Mujer y pájaro) dejando claro quién es la mujer, pero no el pájaro. ¿Ustedes qué opinan?

El artículo especula sobre la posiblidad que esa "dona españa", de la que se están beneficiando descaradamente peperos y adlátares, termine petando. Y finaliza con una extraña pregunta:

¿Qué van a hacer los amantes con sus hilillos como de plastilina?

 

Venía a colación de aquella famosa frase de Mariano Rajoy, referida al petróleo vertido tras el hundimiento del Prestige.

El compañero bloguero, simplemente se limitó a efectuar un símil entre los hilillos y los cipotillos.

Sé que muchos lectores no entendieron la picada... tal vez si hubiera dicho: ¿Dónde los van a introducir ahora? habría quedado claro.

NUEVAS SANCIONES PARA ESTE PUEBLO

¿Qué sanciona la nueva ley de Seguridad Ciudadana?

La ley mordaza aprobada hoy por el Consejo de Ministros establece siete tipos de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros

Ofender a España será multado con 30.000 euros

También contempla 31 clases de infracciones graves para las que se establecen multas de 1.001 a 30.000 euros, y 20 infracciones leves sancionables con multas de 100 a 1.000 euros.

Estas son, en resumen, las principales infracciones que contempla la nueva ley, que sustituye a la aprobada en 1992, también conocida como 'ley Corcuera' o 'de la patada en la puerta':


INFRACCIONES MUY GRAVES (multa de 30.001 a 600.000 euros):

-Convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación. Un ejemplo fue lo ocurrido el 13-M tras los atentados del 11-M.

-Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.

-Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento.

-Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas y explosivos no catalogados.

-Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad.

-Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

-La comisión de tres infracciones graves en el plazo de dos años.

INFRACCIONES GRAVES (Multa de 1.001 a 30.000 euros):

-Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad y cuando se perturbe la seguridad ciudadana.

-Perturbación grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.

-Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.

-Desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes.

-Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.

-Obstaculizar gravemente la actuación de los servicios de emergencia en el desempeño de sus funciones.

-Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse.

-Perturbación del orden en campaña electoral.

-Manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad. También cuando se produzcan en centrales nucleares, aeropuertos, etc.

-Portar, exhibir o usar armas de modo negligente o temerario o fuera de los lugares habilitados para su uso.

-Ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio.

-La prostitución y la demanda de sus servicios en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes.

-Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias, explosivos catalogados y material pirotécnico.

-Obstruir inspecciones y controles reglamentarios en fábricas, locales y establecimientos.

-Justificar el terrorismo, la xenofobia y la violencia contra la mujer, como la exhibición de fotos de terroristas.

-Uso de uniformes policiales o de servicios de emergencia sin autorización.

-Falta de colaboración con la Policía en la averiguación o prevención del delito.

-Actos que atenten contra la indemnidad sexual (libre de padecer daño) de los menores.

-Consumo y tenencia de drogas en lugares públicos y su tolerancia.

-El botellón, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y no esté autorizado.

-Las "cundas" o taxis de la droga.

-El cultivo de drogas.

-Forzar o inducir a menores al consumo de alcohol o drogas.

-Los daños graves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, además de obstaculizar la vía pública con vehículos, contenedores o neumáticos.

-Escalar como acción de protesta en edificios públicos.

-Mal uso de animales feroces y el maltrato animal.

INFRACCIONES LEVES (100 a 1.000 euros):

-Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión.

-Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio.

-Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación.

-Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial.

-Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas.

-Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto.

-Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual.

-Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad.

-La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle.

-Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada.

-Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti.

-Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas.

-Entorpecer la circulación peatonal.

-Escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos.

-Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.

FUENTE: Público.es

Laura Camacho / Paco Prdo (EFE)

Madrid - 29/11/2013