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1/12/13

NUEVAS SANCIONES PARA ESTE PUEBLO

¿Qué sanciona la nueva ley de Seguridad Ciudadana?



La ley mordaza aprobada hoy por el Consejo de Ministros establece siete tipos de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros

También contempla 31 clases de infracciones graves para las que se establecen multas de 1.001 a 30.000 euros, y 20 infracciones leves sancionables con multas de 100 a 1.000 euros.

Estas son, en resumen, las principales infracciones que contempla la nueva ley, que sustituye a la aprobada en 1992, también conocida como 'ley Corcuera' o 'de la patada en la puerta':


INFRACCIONES MUY GRAVES (multa de 30.001 a 600.000 euros):

-Convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación. Un ejemplo fue lo ocurrido el 13-M tras los atentados del 11-M.

-Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.

-Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento.

-Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas y explosivos no catalogados.

-Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad.

-Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

-La comisión de tres infracciones graves en el plazo de dos años.


INFRACCIONES GRAVES (Multa de 1.001 a 30.000 euros):

-Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad y cuando se perturbe la seguridad ciudadana.

-Perturbación grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.

-Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.

-Desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes.

-Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.

-Obstaculizar gravemente la actuación de los servicios de emergencia en el desempeño de sus funciones.

-Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse.

-Perturbación del orden en campaña electoral.

-Manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad. También cuando se produzcan en centrales nucleares, aeropuertos, etc.

-Portar, exhibir o usar armas de modo negligente o temerario o fuera de los lugares habilitados para su uso.

-Ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio.

-La prostitución y la demanda de sus servicios en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes.

-Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias, explosivos catalogados y material pirotécnico.

-Obstruir inspecciones y controles reglamentarios en fábricas, locales y establecimientos.

-Justificar el terrorismo, la xenofobia y la violencia contra la mujer, como la exhibición de fotos de terroristas.

-Uso de uniformes policiales o de servicios de emergencia sin autorización.

-Falta de colaboración con la Policía en la averiguación o prevención del delito.

-Actos que atenten contra la indemnidad sexual (libre de padecer daño) de los menores.

-Consumo y tenencia de drogas en lugares públicos y su tolerancia.

-El botellón, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y no esté autorizado.

-Las "cundas" o taxis de la droga.

-El cultivo de drogas.

-Forzar o inducir a menores al consumo de alcohol o drogas.

-Los daños graves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, además de obstaculizar la vía pública con vehículos, contenedores o neumáticos.

-Escalar como acción de protesta en edificios públicos.

-Mal uso de animales feroces y el maltrato animal.


INFRACCIONES LEVES (100 a 1.000 euros):

-Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión.

-Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio.

-Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación.

-Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial.

-Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas.

-Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto.

-Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual.

-Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad.

-La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle.

-Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada.

-Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti.

-Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas.

-Entorpecer la circulación peatonal.

-Escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos.

-Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.



FUENTE: Público.es
Laura Camacho / Paco Prdo (EFE)
Madrid - 29/11/2013

15/11/13

LEY MORDAZA

La ley de seguridad ciudadana, una mordaza para los que protestan

Agentes de la UIP retiran a la fuerza a un activista antidesahucios.
Agentes de la UIP retiran a la fuerza a un activista antidesahucios.- EFE

El ministro de Interior Jorge Fernández Díaz anunció en el Congreso de los Diputados que ya estaba listo el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que en los próximos días pasará a la Cámara para que sea discutida por los parlamentarios. Viene a sustituir a la anterior legislación, que data de 1992, la denominada Ley Corcuera, en referencia al ministro socialista que la impulsó. Con esta nueva legislación, el Partido Popular pone el punto de mira en la protesta ciudadana contra las políticas de austeridad. Los escraches, manifestarse sin autorización frente al Congreso de los Diputados o la quema de contenedores dejarán de ser considerados como faltas para ser tipificados como infracción, que podrán ser leves, graves o muy graves y que irán acompañadas de un endurecimiento de las sanciones que establece la reforma del Código Penal.


Esto supone una nueva vuelta de tuerca y un blindaje a la acción del Gobierno y la Policía contra los movimientos sociales, una acción que el propio Consejo de Europa ya condenaba recientemente. El pasado mes de octubre el comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, llamó la atención al Gobierno de Rajoy después de constatar que las autoridades recurren a un "uso excesivo de la fuerza" contra las manifestaciones ciudadanas, importantes violaciones de los derechos humanos como la tortura o el racismo institucional siguen siendo practicadas por funcionarios públicos y el Gobierno favorece la impunidad policial indultando a agentes condenados en casos de malos tratos y torturas.


Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida en el Congreso, asegura que el objetivo del PP con esta nueva legislación es "dar naturaleza legal" a las actuaciones de las autoridades que han sido denunciadas por los organismos internacionales. En declaraciones a Público, asegura que, ante todo, "lo que tiene que quedar claro es que por encima de la voluntad de cualquier ministro de dificultar y perseguir la protesta ciudadana, está la garantía de los derechos constitucionales", porque "manifestarse es un derecho y no está justificada la represión desmedida sólo porque no esté comunicada a Delegación de Gobierno". De esta forma, Sixto recuerda que los propios tribunales españoles dijeron que los escraches son una manifestación como otra cualquiera y, por lo tanto, no cabe castigarlos como un delito. "El ministro quiere poner una mordaza en la boca de cada español que protesta".


Los activistas de los movimientos sociales vienen denunciado esta situación desde hace tiempo. Hasta el momento, desde que comenzaron las movilizaciones en mayo de 2011 se han puesto 1.136 multas administrativas a manifestantes que habían sido identificados por participar en protestas, 230 sólo entre enero y abril de 2012, según los abogados del movimiento. Además, desde la Asamblea de Vivienda, estiman que sólo en Madrid hay un total de 40.000 euros en multas por escraches. El centro de las críticas ha sido la delegada de Gobierno Cristina Cifuentes. Hasta en cuatro ocasiones, los juzgados han desautorizado las multas que imponía la institución que ella dirige  al considerar que vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia del manifestante.


"En los últimos tiempos ha habido un cambio en la forma de represión", explica Ignacio Martín, abogado con experiencia en este tipo de casos, "ahora está más basada en el proceso administrativo, porque han visto que el proceso penal es más garantista y los detenidos siempre quedan absueltos". En este sentido, asegura que "en este momento de paro y precariedad poner muchas multas es más lesivo que una condena de cárcel que nunca se cumple". En cuanto a los efectos que tienen en los activistas detenidos, Martín asegura que las multas generan "miedo a la deuda, una sensación de control del Estado y de indefensión". "El proceso penal asusta más pero el administrativo genera un control más sutil, más basado en el miedo, un control menos espectacular pero más constante" asegura el letrado.

En enero, Amnistía Internacional entregó en el Ministerio de Interior más de 60.000 firmas para pedir al Gobierno que investigue los abusos cometidos en las cargas policiales que se produjeron al final de la manifestación del 25 de septiembre de 2012 en los alrededores del Congreso de los Diputados. En el comunicado también se denunciaba que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó pretendía prohibir la difusión de imágenes de agentes de Policía en ejercicio de sus funciones en la próxima Ley de Seguridad Ciudadana. Dado que el texto aún no se ha hecho público, se desconoce si Fernández Díaz ha incluido finalmente este punto, puesto que el miércoles no hizo referencia al respecto.

 

Sin embargo, para el ministro "el objetivo primordial es garantizar de forma más eficiente la seguridad pública y a su vez proteger mejor a quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, Guardia Civil, Policía y fuerzas de seguridad". En cuanto a la criminalización de las protestas pacíficas, se justificó aduciendo que "no estaba contemplado, por ejemplo, las manifestaciones no autorizadas o los intentos de acoso a sedes de centros de instituciones como puede ser el Congreso, el Senado el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el CGPJ y determinados actos que puedan realizarse al margen de la ley y que puedan ser una amenaza y que no están tipificados como delitos".


Tal es el empeño del Gobierno que, mientras todas las partidas presupuestarias han ido descendiendo, la destinada a Interior no ha parado de subir. El presupuesto para el Ministerio de Fernández Díaz asciende a 8.028 millones de euros, cifra que supone un incremento del 1,3% respecto a los del presente ejercicio, en un momento en el que el conjunto de las partidas generales del Estado ha experimentado un descenso del 4,7%. Para él, esto es una forma de salvaguarda de la seguridad "en todas sus dimensiones".



FUENTE: Público.es
Luis Giménez San Miguel
Madrid 14/11/2013

COMENTARIOS:

No sé si lo he comprendido mal: más dinero en represión y menos en educación. ¿Es así?... !Bendito país! ¿ Pero a dónde vamos a llegar?

arbanitakis2012 
En una de las manifestaciones a las que asistí estos meses atrás, una chica portaba un cartel muy bueno que decía:
¡¡¡No necesito sexo, este gobierno me jode a diario!!!

Aryentain
Ellos se preparan. Prevén. Se anticipan a los hechos.
Van a empezar a aplicar la violencia preventiva. Esa que se ejerce por las dudas, para que no se te ocurra levantar la cabeza.

 logarp

Primero regulan los derechos de libertad de reunión y manifestación, luego los prohibirán. Hacen lo mismo que hizo Hitler en el siglo pasado, y sólo se puede explicar de una manera: ¡Será que quieren guerra!


¡CIUDADANOS!...

¡¡¡ESTÁN CONCULCANDO NUESTROS DERECHOS
Y RESTRINGIENDO
NUESTRAS LIBERTADES!!!