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17/1/18

NEUTRALIDAD DE LA RED

Internet ha sido ocupada (pero todavía puedes unirte a la resistencia)

Todas las libertades que dieron forma a la red abierta y democrática inicial han sido atacadas. EEUU ha tocado de muerte su neutralidad al permitir que las operadoras prioricen los datos del mejor postor (o de quien más les interese políticamente). Sin ella, Internet puede quedarse en un gran y autoritario centro comercial virtual.

Desde el antiguo Egipto, ninguna otra cultura había dado tanta importancia a los gatos como la digital. Los vídeos e imágenes de gatos domésticos son los contenidos más vistos y generan millones de memes, por lo que han sido adoptados como uno de los símbolos por la lucha por las libertades de Internet.

Durante los primeros años de este siglo Yochai Benkler intentaba no caer en el optimismo descontrolado que invadía a algunos de sus colegas. Internet era lo más en las universidades. Estaba de moda vaticinar qué pasaría con ese mundo virtual que se desarrollaba vertiginosamente surfeando una ola de democracia radical: miles de usuarios conectados a una misma red, sin filtros, sin poderes políticos o económicos diciendo qué o quién era bueno o malo.

En ella estaban ocurriendo cosas extrañas. Esos usuarios eran anónimos o adoptaban identidades inventadas, algo que tenía el efecto secundario de dificultar las discriminaciones y blindar la libertad de expresión. Además, se habían cargado la necesidad de un árbitro (el Estado) adoptando lógicas colaborativas para desarrollar las incipientes herramientas digitales. Apenas había intercambios monetarios y parecía que no eran demasiado necesarios: su principal recurso económico, la información, se consideraba un bien común y de libre acceso. Una cosa de locos.

Internet tenía el potencial para cambiarlo todo. ¿Cómo lo haría? Los investigadores dejaron volar su imaginación. Trasladar cada vez más aspectos de la sociedad a un terreno con ese tipo de lógicas parecía prometedor, daba pie a la utopía. Muchos análisis se perdieron en el océano de posibilidades abierto por esa red de redes.

Yochai Benkler. Imagen: Jessica Scranton / Universidad de Harvard

Benkler en cambio, puede que como un ejercicio para evitar que ese optimismo cegara su investigación, trató la cuestión desde una perspectiva liberal. En 2006 publicó La riqueza de las redes: cómo la producción social transforma los mercados y la libertad (Icaria), que rápidamente se convirtió en la biblia de Internet, un manual que explicaba todo lo que allí estaba pasando. Benkler logró la cátedra de Derecho Empresarial de Harvard un año después. Su análisis alcanzó tal relevancia que en 2013 fue citado por un tribunal militar de EEUU para uno de sus juicios del siglo.

Los abogados de la defensa lo consideraban su testigo estrella. Su cliente podía ser condenado a muerte o cadena perpetua si el académico no conseguía convencer a la juez castrense con su tesis: Internet había crecido hasta hacer florecer una esfera pública propia, que se desarrolló creyéndose libre e independiente, al calor de esa democracia radical.

Benkler tenía que salvar a la persona que creyó que la información sobre los crímenes de guerra de EEUU en Irak y Afganistán era un bien común. Que se la suministró la organización que sabía que la convertiría en dominio público. Iba a ser testigo de la defensa del filtrador de Wikileaks Bradley Manning. 

Un esbozo de Manning durante su juicio en un tribunal militar. Se le juzgaba por 22 delitos derivado de su filtrado de documentos secretos a Wikileaks. Fue declarado culpable de 20 de ellos y condenado a pasar 35 años en una prisión de máxima seguridad. REUTERS



El catedrático de Harvard explicó en el juicio que el proceder del soldado no era diferente al de cualquier filtrador de la prensa convencional: Wikileaks "cumplía en el periodismo en Internet el papel específico de proporcionar una solución en red para el periodismo de investigación basado en filtraciones, que en el pasado solo realizaban organizaciones relativamente grandes y unificadas".

 Que los de Julian Assange consideraran la información como un bien común y permitieran la descarga en masa de todos los documentos en su poder (también por los enemigos de EEUU) no cambiaba nada. Funcionaba como cuarto poder en red, pero había mejorado la experiencia del usuario.

Manning no se libró de una condena ejemplarizante de 35 años, la mayor impuesta nunca en EEUU a un filtrador. Pero sí del cargo de "colaborar con el enemigo" que le habría costado la muerte o la cadena perpetua. Solo los sectores más reaccionarios consideraron justa su pena, razón por la que Chelsea Manning no la cumplió. Aunque esa es otra historia.

¿Quién teme al lobo feroz?


La condena de Manning fue la prueba definitiva de cómo los poderes tradicionales iban a actuar contra Internet y sus principios originales. No les gustaba nada ese potencial de influir en la agenda política. Menos, que los usuarios aspiraran a ser un cuarto poder al que no se podía poner cara, al que no se podía presionar ni sentar en un consejo de administración.Todo ese discurso propio, tan crítico con la manera en la que se había gobernado el mundo hasta entonces, que ganaba adeptos a toda velocidad, que espoleaba protestas prodemocracia como el 15-M o Occupy Wall Street. Tenía muy mala pinta. Había que pararlo.

Desde entonces se han atacado todos y cada uno de los valores que dieron forma a la esfera pública original de la red.

El anonimato, intrínseco en derechos como el sufragio universal, se asoció con los peores delitos imaginables, como la pederastia y el terrorismo. Se ha recortado la libertad de expresión en Internet hasta el punto de que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha calificado el 2017 como el año de los delitos de opinión. Y se ha permitido al capitalismo reproducirse por la red pervirtiendo sus lógicas colaborativas hasta convertirlas en meras estrategias de marketing.
Ajit Pai, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), figura clave para que las teleoperadoras recibieran permiso para violar la neutralidad de la red en EEUU. REUTERS/Aaron P. Bernstein

Quedaba una. Quizá la libertad más fundamental, la más radical, la más propia de Internet. Se denomina neutralidad de la red y, aunque Internet no es neutral y nunca lo ha sido, es el principio que hacía que la red trate todos datos por igual: los de tu blog, las fotos de tus gatos y la Wikipedia corren tan rápido por los cables de fibra óptica como cualquier otro, y daba igual lo que opinaran las empresas propietarias de esos cables. ¿Una explicación rápida de lo que ha pasado? Que Donald Trump ha puesto a un exejecutivo de una esas compañías (Verizon) al mando del organismo que protegía la neutralidad de la red en EEUU y se la ha cargado a la primera oportunidad.

Lo que queda por delante se entiende mejor con un ejemplo: ese vídeo de Youtube que va a trompicones a pesar de que el anuncio previo se ve perfectamente. Youtube prioriza el anuncio respecto al youtuber cualquiera que tú querías ver. A partir de ahora, EEUU permitirá a las compañías que ofrecen conexión a Internet hacer lo mismo, pero en toda la red. La empresa que pague irá rápido y todos aquellos que no, no. Pero el dinero no será el único motivo para priorizar unos datos sobre otros, también se hará por motivos políticos. Lo sabemos porque hay políticos sentados en los consejos de administración de estas empresas y sus exejecutivos están en el Gobierno. Pero sobre todo, lo sabemos porque ya ha pasado: lo de Wikileaks.

Resistencia


El diccionario de Oxford ha seleccionado la expresión fake news (noticias falsas) como la palabra del año 2017. La Fundeu la tiene entre sus tres nominadas. ¿Por qué un fenómeno que ha existido siempre está tan de moda? Las noticias falsas se han convertido en una de las mayores preocupaciones de un sector de la prensa, precisamente de aquella a la que se ha pillado transmitiendo bulos bastante gordos. El motivo es simple. Se trata de un ataque más a Internet, esta vez en forma de enmienda a la totalidad: el mensaje que queda es que la esfera pública digital está llena de mentiras, que su discurso propio está contaminado.

La única prueba que han podido ofrecer las grandes cabeceras que han informado sobre el asunto es la propia pérdida de repercusión de sus cabeceras entre los usuarios. Aseguran que no es que la esfera pública digital les haya dado la espalda, sino que Rusia ha desatado una campaña de desinformación que confunde a los ciudadanos.

Sí, esto es lo que parece: están intentado llevar a Internet el contexto de una nueva Guerra Fría, de conmigo o contra mí.
 Gráfica que la investigadora Mira Milosevich presentó en el Congreso como prueba de la presunta camapaña de desinformación que se está dando en la red y que, según ella, se dirige desde Rusia.

Diversas organizaciones, entre ellas este medio, han señalado que la voluntad de crear comités para censurar noticias falsas resulta mucho más peligrosa que las propias noticias falsas 

"Tomar medidas para que los malos no puedan generar problemas a la gente normal" ningunea la capacidad crítica del ciudadano y aspira a recortar sus derechos en pos de mantenerlo a salvo. Se parece mucho a lo que hacen sistemas autoritarios como Rusia, China o Turquía al prohibir el acceso a algunas redes sociales por la amenaza de discursos que no son capaces de confrontar. El antónimo de desinformación es información, no censura.

Internet es ahora un lugar hostil para todo aquel que pretenda conservar libertades como el anonimato, pero hay herramientas para hacerlo. La teoría es relativamente sencilla, pero no la práctica. Todas las facilidades de uso, accesos directos y dinamismo entre plataformas desaparecerán, puesto que están diseñadas precisamente para que el usuario acepte intercambiar sus datos por comodidad. Básicamente hay que navegar como una guerrilla, teniendo preparados caminos independientes que permitan evitar las autopistas de información oficiales si éstas son cortadas y sobre todo, no permitir que el ejercicio de derechos fundamentales quede supeditado a las decisiones de plataformas que están más cerca del poder que del ciudadano.


FUENTE: publico.es 
Carlos del Castillo

17/11/15

PUES VAYA UNA MIERDA

 

Consciente de que los Servicios de Inteligencia lo saben todo y más sobre sus ciudadanos, principalmente de aquellos que piensan de forma diferente a lo establecido, hay algo que no termina de convencerme:
 

¿Cómo es posible que con la cantidad de información que manejan CIA, MOSAD, MI6, BND, DGSE, CNI... y con el control total que poseen a través de las nuevas tecnologías, no logren enterarse de lo que se cuece en las organizaciones terroristas internacionales? Pues vaya una mierda de servicios; a no ser, claro está, que a los gobiernos les interese que, de vez en cuando, el terror haga acto de presencia y siembre algo de miedo entre la población para, aprovechando ese temor, ir recortando libertades a "tutiplén", sin que los ciudadanos se  reboten demasiado.


Ciudadano Plof


6/7/15

ESPAÑA NO ES...

Diez razones por las que España no es...
una democracia

Familia real española

Desde 1978, nos han dicho que vivimos en una feliz democracia, como un hermoso cuento para niños; sin embargo cuando uno se hace adulto comprende que la realidad vence a la ficción. A nadie con dos dedos de frente, se le escapa que cada día que pasa el pueblo pierde más poder, más derechos, más libertades. Hoy, la soberanía nacional la marcan los mercados financieros y las élites económicas, por no hablar de los corruptos que se sientan detrás de una mesa y dan órdenes.

1. La Jefatura de Estado la impuso la dictadura franquista:
El franquismo fue un régimen a todas luces ilegal, porque surgió de un golpe de Estado contra la República Legalmente constituida en democracia. El príncipe Juan Carlos, tras jurar lealtad al genocida Franco y a las leyes franquistas, sería designado por el dictador como su sucesor.


Juan Carlos de Borbón y Francisco Franco

2. La Jefatura de Estado no es electa:
La monarquía es vitalicia y se hereda de padres a hijos como si fuera un cortijo de ferias, por lo tanto tiene un caracter profundamente antidemocrático, además de tener una total opacidad y descontrol de las cuentas que le asigna el estado para su mantenimiento. Tras la abdicación del rey Juan Carlos, en apenas 15 días, se realizó una ‘Coronación Expres’ de Felipe VI pactada por el bipartidismo y sin contar con la aprobación del pueblo.


Felipe VI

3. Las cuentas del Estado las lleva Alemania:
El gobierno no consulta al pueblo las decisiones importantes mediante referéndum y sigue las directrices económicas que marca Angela Merkel desde Bruselas.


Angela Merkel

4. La justicia no es igual para todos:
El poder judicial es partidista porque lo eligen los partidos políticos. Carece de independencia y permite que la figura del rey sea inviolable. La justicia da privilegios e indulta a los grandes ladrones, lo que genera desigualdades y crea ciudadanos de primera, segunda y tercera.

Respecto a los Derechos Humanos, España es el segundo país del mundo tras Camboya en número de desaparecidos con más de 140.000 personas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. La apología al franquismo es legal y la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgar a los criminales franquistas.

Pleno del Consejo General del Poder Judicial de España

5. La soberanía nacional no reside en el pueblo:
La democracia se limita a votar cada 4 años a algunos representantes políticos. Lo que se significa como una carta en blanco para que los políticos maniobren a su antojo, sin que el ciudadano tenga herramientas útiles (Referéndum vinculantes, ILP’s sin la correspondiente censura del congreso y senado) para poder cambiar las negligencias políticas.


6. Recorte de libertades:
La ley mordaza aprobada por el gobierno es una vulneración total de las libertades esenciales en democracia como son la libre expresión, la información o el derecho a manifestarse. Lo que da pie a la criminalización de la protesta social. Otro claro ejemplo es la limitación del derecho a decidir de las mujeres sobre el aborto.


7. La Constitución es papel mojado:
La Constitución de 1978 es el documento oficial que más artículos incumple, se ha convertido en un papel mojado, incapaz de garantizar los derechos ciudadanos elementales: salud y educación públicas, derecho a techo, salarios o pensiones dignas. Además de ser un documento cerrado, que da privilegios a la monarquía que nadie eligió por referéndum y que vino impuesta por la dictadura anterior.


8. El sistema electoral es fraudulento:
El reparto de los votos es desproporcionado, los grandes partidos están sobrerepresentados, es decir, tienen más diputados de los que les corresponden, todo a costa de los partidos minoritarios, lo que facilita un bipartidismo político. Las reglas del juego no son iguales para todos, es como jugar una partida con las “cartas marcadas”.


9. La Corrupción se ha institucionalizado:
En España no dimite nadie por corrupto. En muchos casos hemos visto que en las listas electorales participaban políticos imputados en múltiples casos de corrupción. Por si esto fuera poco, la corrupción ha salpicado a la monarquía.


10. Las Listas electorales son cerradas:
Los votantes no tienen la opción de elegir a un representante, sino que tienen que elegir una lista cerrada de representantes. Esto no sucedía durante la II República donde las listas eran abiertas. Por otra parte, los diputados y senadores están sometidos a la disciplina de partido, sin tener en muchos casos libertad de voto.


FUENTE: Unidad Civil Andaluza por la República (Sevilla) 
Sevilla - 29/06/2015 

1/7/15

EL MAYOR RECORTE DE LIBERTADES DE LA "DEMOCRACIA"

Entra en vigor la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal
  
Restringe el derecho de reunión, manifestación y expresión y están destinadas a frenar las protestas surgidas con la crisis económica, como ante los desahucios, el 15M o las mareas ciudadanas.


Hoy miércoles, 1 de julio de 2015, entran en vigor dos reformas que suponen todo un blindaje del Gobierno frente a las protestas ciudadanas ya que permite al Ejecutivo castigar con dureza protestas no autorizadas, aunque sean pacíficas, y sustrae del control judicial inmediato la limitación de las libertades públicas.



La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, otorga una poderosa potestad sancionadora al Ejecutivo y parece redactada expresamente para frenar las protestas surgidas en esta larga crisis económica, como las concentraciones pacíficas del 15-M, el movimiento antidesahucios o las mareas.

Por su parte, el nuevo Código Penal contiene la cuestionada cadena perpetua revisable, pero también unas modificaciones de última hora que soliviantan a los especialistas en Penal: una chapuza ha convertido al menos 16 delitos menos graves en leves, lo que provocará que, por ejemplo, el autor de un hurto no pueda ser detenido y que pueda ser juzgado sin abogado… por el mismo juez que instruye el caso. La ola de recursos de inconstitucionalidad está servida.

Las infracciones administrativas, decididas por la policía y no por un juez, prevén infracciones de hasta 30.000 euros


Ambas leyes han sido aprobadas por el rodillo del PP sin consenso parlamentario y han sido recurridas por la oposición ante el Tribunal Constitucional. Allí han quedado los recursos de más de cincuenta diputados, cada uno, presentados hace dos meses ante este órgano presidido por un exafiliado del PP, Francisco Pérez de los Cobos, que dejó de serlo cuando ya había sido nombrado para el cargo.

Se da la circunstancia de que los tribunales no han solido dar al Gobierno la razón frente a determinadas protestas suscitadas en los últimos años. De ahí que, ahora, el Ejecutivo haya construido todo un edificio de sanciones administrativas –con multas de hasta 30.000 euros- respecto a esas protestas que le han desgastado.

La policía tendrá un "enorme poder"



Para el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, lo más grave reside en el propio concepto: “no es una ley de seguridad ciudadana, sino de seguridad del Gobierno ante las protestas ciudadanas”. En su opinión, esta norma consagra al ciudadano como “el enemigo” y expresa su preocupación porque el Gobierno convierte en multas administrativas lo que antes se sometía al control inmediato del juez de guardia.

Esto es, extrae del control judicial las sanciones que el Gobierno se reserva para sí respecto a ocupaciones de la vía pública sin permiso o actuaciones de desobediencia leve. Y si uno no está de acuerdo, tendrá que recurrir por la vía contenciosa-administrativa.

Rights International denuncia la redacción "deliberadamente deficiente y ambigua" de la ley


Bosch denuncia el “enorme poder” que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y, al igual que la Unión Progresista de Fiscales, considera que no permite que un juez pondere los derechos en conflicto en estos casos, donde las infracciones administrativas prevén multas de hasta 30.000 euros, lo que constituye un claro instrumento de disuasión.

Patricia Goiochoechea, vicepresidenta de Rights International Spain, denuncia los recortes a las libertades de estas dos leyes ante los foros internacionales como Naciones Unidas. Y denuncia también que tienen una redacción “deliberadamente deficiente y ambigua”.


Tanto por separado como juntas, “ambas leyes constituyen una limitación desproporcionada al ejercicio de los derechos fundamentales en una democracia. Las dos persiguen el objetivo de limitar la protesta social pacífica; evitar que la calle siga siendo un espacio de participación política y disuadir al resto de la sociedad de continuar ejerciendo sus derechos en el futuro”.

La Ley de Seguridad Ciudadana como la reforma del Código Penal están atravesadas por expresiones ambiguas que dejan espacio a la interpretación arbitraria por parte de la autoridad administrativa.


FUENTE: publico.es
Madrid - Agencia EFE
28/06/2015



El Gobierno supone que con estas "mierdidas" coartadoras de nuestras libertades, los ciudadanos nos vamos a quedar en casita y ellos podrán hacer lo que les venga en gana...

¡Cárceles te dé dios, Mari-ano!

27/3/15

RECORTE DE LIBERTADES EN ESPAÑA

El Congreso aprueba el mayor recorte de libertades desde el franquismo


El Congreso de los Diputados, reunido en sesión plenaria, ha aprobado este jueves la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal y el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida de forma popular como Ley Mordaza. Tras su trámite por el Senado, estas dos normas verán la luz con los votos a favor del Partido Popular en lo que supondrá, a juicio de la oposición y de la mayor parte de las organizaciones sociales y civiles, el mayor recorte en libertades desde el final del franquismo.

Para la organización No somos delito, la justificación del Gobierno, que apela a la “demanda social de seguridad” no se sostiene, ya que “de las más de 87.000 manifestaciones celebradas en España en los dos últimos años, se han producido incidencias en menos del 1% de las mismas, todo ello según datos del propio Ministerio del Interior”, argumentan a modo de ejemplo.


Pese a estos datos, la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana conlleva un gran incremento de las infracciones relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación así como la libertad de expresión. De hecho, 15 de las 46 infracciones propuestas en la reforma afectan a este área. A partir de la puesta en marcha de la Ley, será considerado como infracción muy grave, con penas de entre 30.000 y 600.000 euros “las reuniones o manifestaciones no  comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad”, es decir, delante de organismos como el Congreso de los Diputados.

Además, también se considerará infracción muy grave, esta vez con una multa entre 601 y 30.000 euros, “la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal”. Asimismo, “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público” podrá acarrear una multa de ente 100 y 600 euros.

Tribunal de Estrasburgo
 
Las nuevas leyes que promueve el Partido Popular han sido duramente criticadas por organismos internacionales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación general nº 34, recordó que los Estados no deben prohibir la crítica de instituciones como el Ejército o la Administración. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que sancionar a los manifestantes que participan en una reunión pacífica, aunque no haya sido comunicada previamente a las autoridades, supone una restricción ilegítima del art. 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para este organismo, parece claro que cualquier manifestación en la vía pública causa inevitablemente cierto nivel de disrupción en el devenir ordinario y que las autoridades públicas deben mostrar cierto grado de tolerancia hacia la celebración de reuniones pacíficas.

Reforma del Código Penal

 


La aprobación de la Ley Mordaza se complementa con una reforma del Código Penal que perseguirá alteraciones del orden público más allá de las calles. En este sentido, se castigará a quien difunda mensajes que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público. Así, “alguien que comparta en las redes sociales una manifestación puede ser considerado que está cometiendo un delito de alteración del orden público si se produce algún altercado en dicha acción”. confirman desde No somos delito.

El nuevo Código Penal contempla también penas de tres a seis meses de cárcel para quien ocupe propiedades públicas o privadas, perturbando su actividad aunque se encuentren en horario abierto al público. Este artículo apunta directamente a colectivos como el de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), los preferentistas o incluso los encierros de La Marea Blanca en hospitales. También afectará a movimientos sociales y organizaciones como Greenpeace.


Según una enmienda introducida en el Senado, tanto la Reforma del Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana entrarán en vigor el 1 de julio de 2015,  salvo la disposición final primera referida a las “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla,  que estará vigente al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

FUENTE: lamarea
Toni Martínez
26/03/2015