Aunque les cueste creerlo, cada seis años, el pueblo boliviano elige, por voto popular directo, a los 52 principales magistrados del Tribunal Constitucional
La primera vez que lo hicieron fue en 2011, y posteriormente en 2017.
Los jueces elegidos, al igual que el resto de las autoridades públicas del país, pueden ser revocados. Y su periodo de funciones abarca 6 años sin posibilidad de reelección.
A diferencia de otros procesos electorales, en las elecciones judiciales, los candidatos no deben estar adscritos a ningún partido político.
¿Saben por qué Bolivia optó por esa medida?
Porque el nefasto sistema neoliberal habia convertido al país en líder mundial en corrupción, pero ningún funcionario público era investigado o juzgado jamás.
Diputados y senadores de los distintos partidos políticos, en ocasiones a patadas y puñetazos, se distribuían los cupos de los tribunales de justicia, eligiendo así a sus allegados, quienes a su vez, correspondiendo al favor recibidor, ni investigaban ni juzgaban nunca a sus corruptos padrinos.
Fue ante el cinismo y la absoluta impunidad de los políticos, en un contexto de corrupción generalizada, que se optó por elegir a los magistrados por votación popular. Y así se dispuso en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el año 2009.
¿Por qué la teoría política de la democracia occidental no permite la elección de jueces por votación popular?
La teoría política de la democracia occidental plantea, como uno de sus pilares básicos, la división e independencia de los tres órganos de poder del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Los integrantes del Legislativo y del Ejecutivo deben ser elegidos mediante votación popular, pero los integrantes del poder Judicial deben ser nombrados por los “representantes políticos de turno”.
Según se explica, esto es así para prevenir a los pueblos de la “tiranía judicial de las mayorías políticas circunstanciales”. Bajo este arcaico argumento, abogados como Zaffaroni o políticos como Macri, lograron repeler el reciente intento de democratizar la Justicia en Argentina.
Tras 200 años de vigencia de esta premisa, se constata que los sistemas judiciales son evidentes botines políticos; sirven para enriquecer y proteger con impunidad, principalmente, a políticos, empresarios y militares corruptos, y en no pocos casos para criminalizar también a los defensores de derechos.
Los estados neoliberales llevan esta perversión a su máximo exponente.
En otros términos: la justicia es buena en la medida en que los jueces sean elegidos por los ricos, pero mala y populista si lon son por el pueblo llano.
Lo más aberrante del asunto, es que aún hay gente que asume esta falacia como verdadera.
Citizen Plof
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