Influir en la opinión pública, lograr eco mediático y generar consensos entre grupos son los objetivos de una función cuyo público final es el electorado.
Albert Rivera (C's) y Mariano Rajoy (PP)
Es probable que, a lo largo de esta semana, usted haya leído que el Congreso insta al Gobierno a incrementar hasta los 100 euros la prestación por hijo a cargo.
También es probable que en algún telediario haya oído que el Congreso pide al Gobierno que cambie la ley para que las menores de 18 años puedan abortar sin permiso paterno.
También es probable que en algún telediario haya oído que el Congreso pide al Gobierno que cambie la ley para que las menores de 18 años puedan abortar sin permiso paterno.
Y seguramente habrá visto a algún tertuliano celebrar que el Congreso haya instado al Gobierno a mejorar las condiciones en las fronteras de Ceuta y Melilla con personal y medios.
Valla fronteriza
Estas informaciones cuentan que el Parlamento ha puesto deberes al Gobierno, pero lo que obvian contar (o dan por sabido) es que el Gobierno no tiene ninguna obligación de acatarlos.
Aunque cuando leemos o escuchamos estos titulares, parece que los mandatos de la Cámara vayan a influir en las decisiones del Ejecutivo, lo cierto es que no tienen asegurada ninguna consecuencia práctica.
Son proposiciones no de ley (PNL) y mociones: iniciativas parlamentarias que sirven para controlar al Ejecutivo pero que no tienen ninguna vinculación jurídica. En lo que llevamos de legislatura, la Cámara ha registrado más de 3.000.
Los bancos azules del Congreso correspondientes al Ejecutivo
"Son mecanismos simbólicos y se hacen de cara a la galería porque el juego parlamentario es un teatro (en el buen sentido de la palabra) cuyo público es el electorado", resume Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco.
Lo importante, pues, es que los ciudadanos lean esos titulares y se queden con el mensaje político, es decir, que recuerden que tal o cual partido ha pedido esto o lo otro. No tienen valor jurídico, pero sí valor político.
"Las proposiciones no de ley, por ejemplo, obligan al Gobierno a posicionarse sobre un tema concreto, a responder qué hace y qué no hace en determinados asuntos y, por tanto, a asumir el coste político que eso supone", insiste Tajadura.
Javier Tajadura
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