¡TARARÍ...TARARÍ!... ¡¡¡A LA CARGA!!!

¡No!... No se trata de la infausta carga de la brigada ligera de caballería, dirigida por Lord Cardigan a mediados del siglo XIX durante la guerra de Crimea, y que tan desastrosa resultó para el ejército británico. ¡No!... Se trata de la carga, en toda regla, que, el Ministerio de Justicia, con el Sr. Gallardón a la cabeza, efectúa contra nuestras libertades siguiendo las directrices de la Iglesia, a quien, por lo visto, se debe más que al pueblo. Pero, me da en la nariz, que va a resultar una campaña igual de fallida que la del Reino Unido en territorio ruso. Y es que los ciudadanos empiezan a estar hartitos de tanto recorte y tanto mamoneo.

Tras la concentración realizada en la madrileña Plaza Tirso de Molina, donde, miembros de diversas organizaciones se congregaron, en protesta por la intención del titular de Justicia, de reformar la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo, he entresacado diversas opiniones al respecto:

- Éste es un retroceso por el que no estamos dispuestas a pasar. Las mujeres tienen derecho "a decidir" sobre su "propio cuerpo y sexualidad".

Isabel Soriano (Portavoz de Mujeres ante el Congreso)

- La decisión del ministro Ruiz-Gallardón está haciendo retroceder la Justicia a tiempos de la "dictadura franquista".

Justa Montero (Representante Asamblea Feminista de Madrid)

- Lamento la "involución" del ministro de Justicia al proponer esta "contrarreforma" a una ley respetada "por la inmensa mayoría de la sociedad española y garantizada por el Estado".

Pedro Zerolo (Secretario Movimientos Sociales del PSOE)

Pláceme solidarizarme con ellos, aunque, con respecto a la opinión de Justa Montero, tengo una pequeña discrepancia: "La justicia española nunca ha salido de la época franquista; sigue anclada allí". Es la institución que menos ha evolucionado en los últimos 40 años en este país. Para muestra un botón: el todopoderoso D. Carlos Dívar, Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo entre los años 2008 al 2012, símbolo de soberbia y prepotencia, hasta el punto de eludir dar detalles de sus viajes y gastos a petición de los magistrados de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, cuando fue requerido a ello, a raíz de un escándalo de malversación de caudales públicos, destapado tras la denuncia presentada  contra él  por cinco vocales del CGPJ. Durante su presidencia destacó también la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón, después de que el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, acordara la apertura de juicio contra Garzón por presunta prevaricación, por la decisión de éste de declararse competente para investigar los crímenes de la represión franquista desde su juzgado de la Audiencia Nacional

Carlos Dívar

Y es que cuando se tiene la sartén por el mango... ya se sabe.

Pues bien, volviendo a la caballería, que habíamos dejado lanza en ristre y a galope tendido, haciendo tremolar banderas y estandartes, bajo el son trepidante de los cascos y de las doradas trompetas del apocalipsis eclesial, hete aquí que no salgo de mi asombro.

En medio de este amago de democracia, la Iglesia no se resiste a perder un ápice de su poder en ningún  campo (económico, pedagógico, social...)  por lo que, la jerarquía, viendo su evidente deterioro, contraataca a la desesperada, apoyándose en sus firmes baluartes afincados en la derecha política española, intentando desatar así una nueva cruzada de nacional-catolicismo para bien de sus intereses... ¡Jesús!... ¡lo que he dicho! Quería decir "para bien de la humanidad".



Aquí surge un punto de inflexión, o lo que es lo mismo, un torcimiento, comba o curva, con respecto a la legalidad vigente. Y ante él, los ciudadanos de este país que, según reza en su constitución (fíjense que he escrito "reza". Hay que ver cómo lograron horadar nuestra conciencia) es un estado aconfesional, habríamos de hacer valer nuestros derechos. 

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Artículo 16.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

¿Dónde dice que alguna religión nos tenga que imponer sus postulados, gobierne quien gobierne?