Citizen Plof
31/3/18
30/3/18
29/3/18
HAY QUE QUITARSE DE ENCIMA ESTE PODER JUDICIAL (II)
...CONTINUACIÓN:
El soberanismo popular sorprendió a sus propios dirigentes el día 1 de octubre. Una parte muy importante de la población catalana dio un ejemplo extraordinario de civilidad y eso sacó de casillas a los gobernantes que habían pensado, por decirlo de manera indulgente, que la convocatoria a las urnas se podía hacer fracasar a base de detenciones, registros, requisas, amenazas, pelotas de goma y golpes de porra a discreción.
Prometieron que el referéndum no existiría, pero existió, con menos participación de la deseada por los participantes, pero mucho más alta de la prevista, teniendo en cuenta la intimidación de las “autoridades” de Madrid, y equiparable a la registrada en otras convocatorias a las urnas no desautorizadas por el Estado.
Y como que no pudieron impedirlo, y como el Parlament de entonces no pudo ignorar el resultado, el ejecutivo del PP aplicó mucha más mano dura. Disolvió el Parlamento destituyó el gobierno de la Generalitat, cesó a 260 cargos de la Administración catalana. Entendió que el artículo 155 de la Constitución le autorizaba a ignorar totalmente la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana y en ello sigue.
Su objetivo no es el pacto, ni ninguna solución dialogada. Lo que exige es la capitulación de un amplio sector de la sociedad catalana y cree que lo conseguirá con una escalada de medidas coercitivas.
“La situación en Catalunya es de completa normalidad”, dice y repite el ministro portavoz, con aquel aire de personaje de “buena familia” franquista que siempre habla de “la Generalidad”. A estas alturas ya saben que el soberanismo tiene raíces profundas y por eso pretenden normalizar la situación actual, normalizar la represión contra una sociedad que persiste en el deseo de votar “incorrectamente”.
El tiempo que se avecina es de más 155, más detenciones, más “investigaciones”, juicios, sanciones económicas, encarcelamientos, y esto pondrá a prueba la capacidad de entendimiento entre gente normal, dispuesta a defender su derecho a convivir en libertad y democracia.
Hará falta que las personas republicanas, independentistas o no, reflexionen sobre el apoyo social que se necesita para hacer efectivo en algún momento un régimen político republicano y que tomen conciencia tanto de las fortalezas como de sus debilidades, para ver si la República es realmente un objetivo o sólo una palabra representativa de un tiempo político del pasado y de unos “valores” imprecisos. Tendrán que identificar claramente quiénes son y dónde se encuentran sus aliados, y también sus enemigos, los responsables del deterioro de la democracia, los interesados al mantener la inseguridad, la precariedad, la pobreza… Y explicarlo.
Tendrán que revisar esquemas del pasado y distinguir entre quién defiende hoy en día privilegios de clase, de género y de poder administrativo y quien apoya a discriminadas y discriminados.
Y necesitarán mecanismos de solidaridad, de la sociedad civil, también económicos, porque a estas alturas ya son muchos lo que han tomado conciencia de la existencia de un conflicto de larga duración, en el cual el Estado, lejos de prestar protección, ha dejado y dejará damnificados.
El gobierno del PP no esconde sus cartas, herederas de una lógica militar. En vez de diálogo utiliza la fuerza. Y si el enemigo se retira, le persigue.
Lo que tiene delante, por el momento, es una movilización independentista excepcional, pacífica, atípica, no comparable a ninguna otra de las que se han visto en Europa occidental. La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió indica que los catalanes partidarios de la independencia habrían perdido apoyo en los últimos meses, del 48,7 al 40,8%; pero hay que recordar que, según el mismo estudio, si hubiera elecciones, los partidos independentistas podrían obtener en el Parlamento una mayoría algo más sólida que la actual.
Siempre queda la incógnita sobre si el tejido asociativo soberanista conserva su capacidad de convocatoria en la calle. Depende de la coyuntura, está claro, y de su propia organización, y de la conducta de sus dirigentes, pero no parece debilidatado. En las movilizaciones de este viernes no ha dado muestras de flaqueza.
Conviene, en cualquier caso, que demócratas de todas partes del Estado se pregunten por el escenario de un eventual repliegue del independentismo al autonomismo, del que provienen muchos de sus actuales representantes. Que se pregunten sobre quién sería el beneficiario de una eventual pérdida de impulso del movimiento soberanista catalán. Hace cuatro años, el actual teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, el constitucionalista Gerardo Pisarello, ya señalaba en Madrid que una derrota del proceso en Catalunya significaría una derrota para movimientos de todo el Estado. Hoy parece más evidente que entonces.
Si el soberanismo cede, ¿quién lo celebraría? ¿Quién sacaría provecho? ¿Habría menos represión si sus dirigentes renunciaran a lo que se aprobó el 1 de octubre? ¿El PP, C’s y el PSOE harían algún gesto de reconocimiento de la realidad nacional catalana?
El gobierno de España utilizará todos los recursos que tiene para impedir que el Parlamento trabaje como cámara con capacidad de legislar. Rajoy, Sáenz de Santamaría, Rivera, Arrimadas, Sànchez, Robles, Ábalos han negado de todas las maneras posibles la consideración de Catalunya como un sujeto político soberano, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. Es por este motivo que ninguno de ellos ha pronunciado nunca en relación a Catalunya una frase tan sencilla como esta: “sentémonos a hablar”.
La intervención del Estado sobre la Administración catalana se convertirá en algo permanente. Lo dice y reitera el ministro portavoz. Lo confirma el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, hombre clave en la aplicación del artículo 155. Mientras no haya un gobierno catalán que se conforme con el actual orden constitucional y estatutario, el gobierno español seguirá en Catalunya, dice.
¿Qué se puede hacer con un Estado que considera delictiva una aspiración política como es el ejercicio del derecho de autodeterminación, que en tiempos de la transición reivindicaban todos los demócratas?
Un gobierno de la “Generalitat” adaptado a las actuales exigencias del aparato de Estado podrá utilizar, de la mejor manera posible los espacios institucionales propios de una comunidad autónoma, pero si la nueva izquierda y la tradicional no hacen frente al autoritarismo y al régimen monárquico, sin ambigüedades, si no se dispone a tejer alianzas con todos los soberanistas y republicanos para sacarse de encima un poder judicial estrechamente vinculado al poder político, los márgenes de actuación desde la Generalitat, y seguramente desde cualquier administración autonómica, se irán haciendo cada vez más estrechos.
Un “autogobierno” marcado por la doctrina del miedo, lejos de hacer respetar los derechos democráticos de la ciudadanía, dejaría pista libre para todo tipo de oportunistas, que entienden la política como un juego de maniobras, de golpes bajos, amenazas, inconfesables alianzas y traiciones, para conseguir adhesiones, fidelidades, negocios y espacios miserables de poder.
Hay que hacer todo el posible para tener una administración cercana y totalmente alejada de los gustos de los que este viernes han celebrado o intentado ridiculizar el exilio de Marta Rovira y el encarcelamiento de Carme Forcadell, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva.
FUENTE: publico.es
Marià de Delàs
23/03/2018
Digo yo que habrá que hacer
lo que quiera el pueblo ¿no?
El soberanismo popular sorprendió a sus propios dirigentes el día 1 de octubre. Una parte muy importante de la población catalana dio un ejemplo extraordinario de civilidad y eso sacó de casillas a los gobernantes que habían pensado, por decirlo de manera indulgente, que la convocatoria a las urnas se podía hacer fracasar a base de detenciones, registros, requisas, amenazas, pelotas de goma y golpes de porra a discreción.
Prometieron que el referéndum no existiría, pero existió, con menos participación de la deseada por los participantes, pero mucho más alta de la prevista, teniendo en cuenta la intimidación de las “autoridades” de Madrid, y equiparable a la registrada en otras convocatorias a las urnas no desautorizadas por el Estado.
Y como que no pudieron impedirlo, y como el Parlament de entonces no pudo ignorar el resultado, el ejecutivo del PP aplicó mucha más mano dura. Disolvió el Parlamento destituyó el gobierno de la Generalitat, cesó a 260 cargos de la Administración catalana. Entendió que el artículo 155 de la Constitución le autorizaba a ignorar totalmente la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana y en ello sigue.
Su objetivo no es el pacto, ni ninguna solución dialogada. Lo que exige es la capitulación de un amplio sector de la sociedad catalana y cree que lo conseguirá con una escalada de medidas coercitivas.
El tiempo que se avecina es de más 155, más detenciones, más “investigaciones”, juicios, sanciones económicas, encarcelamientos, y esto pondrá a prueba la capacidad de entendimiento entre gente normal, dispuesta a defender su derecho a convivir en libertad y democracia.
Hará falta que las personas republicanas, independentistas o no, reflexionen sobre el apoyo social que se necesita para hacer efectivo en algún momento un régimen político republicano y que tomen conciencia tanto de las fortalezas como de sus debilidades, para ver si la República es realmente un objetivo o sólo una palabra representativa de un tiempo político del pasado y de unos “valores” imprecisos. Tendrán que identificar claramente quiénes son y dónde se encuentran sus aliados, y también sus enemigos, los responsables del deterioro de la democracia, los interesados al mantener la inseguridad, la precariedad, la pobreza… Y explicarlo.
Tendrán que revisar esquemas del pasado y distinguir entre quién defiende hoy en día privilegios de clase, de género y de poder administrativo y quien apoya a discriminadas y discriminados.
Y necesitarán mecanismos de solidaridad, de la sociedad civil, también económicos, porque a estas alturas ya son muchos lo que han tomado conciencia de la existencia de un conflicto de larga duración, en el cual el Estado, lejos de prestar protección, ha dejado y dejará damnificados.
El gobierno del PP no esconde sus cartas, herederas de una lógica militar. En vez de diálogo utiliza la fuerza. Y si el enemigo se retira, le persigue.
Lo que tiene delante, por el momento, es una movilización independentista excepcional, pacífica, atípica, no comparable a ninguna otra de las que se han visto en Europa occidental. La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió indica que los catalanes partidarios de la independencia habrían perdido apoyo en los últimos meses, del 48,7 al 40,8%; pero hay que recordar que, según el mismo estudio, si hubiera elecciones, los partidos independentistas podrían obtener en el Parlamento una mayoría algo más sólida que la actual.
Siempre queda la incógnita sobre si el tejido asociativo soberanista conserva su capacidad de convocatoria en la calle. Depende de la coyuntura, está claro, y de su propia organización, y de la conducta de sus dirigentes, pero no parece debilidatado. En las movilizaciones de este viernes no ha dado muestras de flaqueza.
Conviene, en cualquier caso, que demócratas de todas partes del Estado se pregunten por el escenario de un eventual repliegue del independentismo al autonomismo, del que provienen muchos de sus actuales representantes. Que se pregunten sobre quién sería el beneficiario de una eventual pérdida de impulso del movimiento soberanista catalán. Hace cuatro años, el actual teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, el constitucionalista Gerardo Pisarello, ya señalaba en Madrid que una derrota del proceso en Catalunya significaría una derrota para movimientos de todo el Estado. Hoy parece más evidente que entonces.
Si el soberanismo cede, ¿quién lo celebraría? ¿Quién sacaría provecho? ¿Habría menos represión si sus dirigentes renunciaran a lo que se aprobó el 1 de octubre? ¿El PP, C’s y el PSOE harían algún gesto de reconocimiento de la realidad nacional catalana?
El gobierno de España utilizará todos los recursos que tiene para impedir que el Parlamento trabaje como cámara con capacidad de legislar. Rajoy, Sáenz de Santamaría, Rivera, Arrimadas, Sànchez, Robles, Ábalos han negado de todas las maneras posibles la consideración de Catalunya como un sujeto político soberano, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. Es por este motivo que ninguno de ellos ha pronunciado nunca en relación a Catalunya una frase tan sencilla como esta: “sentémonos a hablar”.
La intervención del Estado sobre la Administración catalana se convertirá en algo permanente. Lo dice y reitera el ministro portavoz. Lo confirma el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, hombre clave en la aplicación del artículo 155. Mientras no haya un gobierno catalán que se conforme con el actual orden constitucional y estatutario, el gobierno español seguirá en Catalunya, dice.
¿Qué se puede hacer con un Estado que considera delictiva una aspiración política como es el ejercicio del derecho de autodeterminación, que en tiempos de la transición reivindicaban todos los demócratas?
Un gobierno de la “Generalitat” adaptado a las actuales exigencias del aparato de Estado podrá utilizar, de la mejor manera posible los espacios institucionales propios de una comunidad autónoma, pero si la nueva izquierda y la tradicional no hacen frente al autoritarismo y al régimen monárquico, sin ambigüedades, si no se dispone a tejer alianzas con todos los soberanistas y republicanos para sacarse de encima un poder judicial estrechamente vinculado al poder político, los márgenes de actuación desde la Generalitat, y seguramente desde cualquier administración autonómica, se irán haciendo cada vez más estrechos.
Un “autogobierno” marcado por la doctrina del miedo, lejos de hacer respetar los derechos democráticos de la ciudadanía, dejaría pista libre para todo tipo de oportunistas, que entienden la política como un juego de maniobras, de golpes bajos, amenazas, inconfesables alianzas y traiciones, para conseguir adhesiones, fidelidades, negocios y espacios miserables de poder.
Hay que hacer todo el posible para tener una administración cercana y totalmente alejada de los gustos de los que este viernes han celebrado o intentado ridiculizar el exilio de Marta Rovira y el encarcelamiento de Carme Forcadell, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva.
FUENTE: publico.es
Marià de Delàs
23/03/2018
Digo yo que habrá que hacer
lo que quiera el pueblo ¿no?
28/3/18
27/3/18
HAY QUE QUITARSE DE ENCIMA ESTE PODER JUDICIAL (I)
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Hay individuos y también colectivos que no saben disimular su tendencia a apoyar a los privilegiados, a los poderosos o a todo aquel que tenga pinta de ‘jefe’. No lo hacen por obligación. Se trata normalmente de personas educadas en el servilismo, a menudo humilladas, a veces corruptas, pero esto no las hace necesariamente crueles y desprovistas totalmente de buenos sentimientos. Sus codazos, sus acciones insolidarias, y también sus omisiones, para obtener algún beneficio o promoción, a menudo resultan asquerosas, pero hasta cierto punto, a veces, resultan relativamente comprensibles.
Cuesta más entender la satisfacción que expresan otros conciudadanos ante el sufrimiento de los diferentes, los insumisos, discrepantes, extranjeros, rebeldes…. Hay quien no se conforma con “hacer la pelota al encargado” y quiere ver castigado a quien no se resigna a ceder ante el más fuerte.
Entre estos, desde hace un tiempo, en Catalunya, llaman particularmente la atención las palabras de personas que quieren ver a otras privadas de libertad, por el hecho de haberse significado en defensa de derechos políticos elementales. Convendría entender el motivo real de ese deseo. Son los que han aplaudido el largo encarcelamiento de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Joaquim Forn y los que no esconden su satisfacción por la privación de libertad de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull.
A determinados dirigentes ya les va bien la idea de intervenir en la vida política con adversarios apaleados, atemorizados, encarcelados, encausados o bajo la amenaza de serlo. No representan ninguna novedad. Los libros de historia están llenos de personajes que se mostraron dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir poder económico o administrativo, conservarlo y hacerlo crecer. Individuos que explotaron y explotan la extensión del miedo entre la población para conseguir negocios, fidelidades, adhesiones, envilecimientos, docilidades…
Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial.
Felipe VI de Borbón, rey de España.
Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia del Reino de España
Las palabras y actuaciones de dirigentes de los partidos que apoyan en el gobierno de Mariano Rajoy resultan sospechosamente coherentes con la conducta de altos estamentos de la Fiscalía y con las decisiones de la cúpula del poder judicial. Demasiado a menudo parecen coordinadas.
Gobernantes que supeditan la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas, a las decisiones de jueces y magistrados de dudosas convicciones democráticas. Y lo hacen sin complejos, abiertamente, sin vergüenza, impunemente. Fiscales y jueces que, cómo ha denunciado no hace mucho el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, se creen con la facultad de decir a los representantes de la voluntad popular a quien pueden elegir y a quien no, qué pueden hacer o dejar de hacer en su actividad parlamentaria.
Todo esto resulta muy preocupante. Mucho. Porque pone en cuestión la separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, minimiza el valor del sufragio universal y hace tambalear las bases de la democracia.
Hay que buscar explicaciones al hecho de que fuerzas democráticas, más o menos comprometidas tradicionalmente con la justicia social, hagan hincapié en la falta de flexibilidad de las víctimas de la represión y acepten de forma sumisa, como un dato invariable, inamovible, como si se tratara de una fuerza de la naturaleza, la voluntad del gobierno del PP y de la cúpula judicial de intervenir las instituciones catalanas, encarcelar dirigentes políticos y sociales y de cargar contra el soberanismo sin miramientos.
Reproches, más que manifestaciones de disconformidad, contra los independentistas, y pasividad ante las resoluciones de un poder judicial que califica de violenta la acción pacifica de activistas de indudable trayectoria pacifista y que con esta conducta han acompañado la movilización permanente, pacífica y solidaria de millones de personas.
Gente que siempre se ha proclamado de izquierdas, defensora de los derechos humanos, que ahora regatea el reconocimiento, como presos políticos, de personas privadas de libertad desde hace meses por su ideología, que han podido escuchar como todo el mundo lo que dice la Fiscalía y lo que reconoce reiteradamente el propio juez instructor sobre los motivos reales de las órdenes de prisión preventiva.
Las víctimas de la represión que hoy practica el Estado contra el soberanismo catalán no son delincuentes comunes. Se encuentran en prisión o fuera del Estado español debido a su actividad política. Quién niega la evidencia o se instala en la neutralidad, en la equidistancia respecto a esta realidad complica la convivencia.
Hace falta que gente intelectualmente honesta, que en algún momento se ha proclamado como defensora incondicional de las libertades, se esfuerce al buscar explicaciones a los comportamientos brutales, al lenguaje gratuitamente hostil contra gente pacífica, al fomento de la represión que abre heridas que necesariamente dejan cicatrices, imborrables y que sólo se pueden curar con un tratamiento: democracia.
CONTINÚA...
26/3/18
PUIGDEMONT: LA RESURRECCIÓN DE RAJOY
Mariano Rajoy, presidente del gobierno español
Procesión del Domingo de Ramos en El Vaticano
La detención de Puigdemont es obra del CNI. Quien hoy lo dirige, el teniente general Félix Sánz, despacha con la misma vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien en las últimas recientes elecciones catalanas se jactaba mucho antes de tiempo de haber descabezado todo el movimiento soberanista nucleado en torno a la Generalitat. La Policía alemana se limitó a actuar una vez que fue avisada por los servicios de inteligencia españoles. Todos estos datos están en casi todos los medios de comunicación. El mérito de esta detención corresponde al propio Mariano Rajoy que ha supervisado, coordinado y dirigido desde la Moncloa.
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat Catalana
La secuencia de la captura de Puigdemont es clara. Rajoy apela al Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena demanda su detención y el CNI procede rapido para que la policía de Alemania lo ponga a disposición del juez alemán que deberá decidir su extradición. No tiene sentido alguno pensar que tanto el aparato judicial como el policial del Estado van a su aire, e incluso contra la orientación estatal. Máxime en cuestiones de Estado como la que comentamos. Desde el 3 de octubre, mensaje de Felipe VI, no cabe duda alguna sobre la postura del Rey y del presidente del Gobierno.
Se entiende la desazón de Albert Rivera, que viene combatiendo al soberanismo catalán desde 2006, o la incomodidad de Pedro Sánchez, desenfocado desde las inteligentes reflexiones de Felipe González sobre la necesidad de que los políticos no se cubran con las togas o las puñetas; pero Rajoy se ha atrevido a hacer lo que Rivera proponía con la ayuda sumisa de Sánchez. Así, Ciudadanos seguirá de Cirineo del Partido Popular y el PSOE de costalero de la procesión del 155. Nadie lo sabe mejor que el PNV, el mejor equipo político de todas las siglas españolas, a juzgar por su lucidez analítica.
El mejor regalo para celebrar este éxito de Rajoy se lo va ofrecer la Merkel sirviéndole en bandeja la cabeza de Puigdemont. Pese a las protestas de Die Linke, no cabe esperar que tras haber interceptado el coche del líder catalán, gracias al aviso del CNI, Berlín vaya a rechazar la extradición a España. Los alemanes le hubieran dejado viajar desde la frontera danesa a la belga, de tener alguna duda sobre su entrega a Madrid. Sin atentar para nada contra la separación de poderes, la justicia alemana sabrá, al igual que la policía, cumplir con su deber.
Contra lo que pensaba Marx, hay situaciones históricas que se repiten sin que se repitan en forma de farsa. Puigdemont repite doblemente a Companys, sin que quepa establecer analogía alguna sobre ambos presidentes de la Generalitat. En 1934, la República metió en prisión a Companys; en 2018, la Monarquía de Felipe VI acaba también de ingresar a Puigdemont. En 1940, los alemanes entregaron a Franco la cabeza de Lluis Companys; en 2018, los alemanes entregarán a Rajoy la cabeza de Carles Puigdemont. Será, ya lo es, el mejor cartel electoral del Partido Popular en una España barrida por el peor nacionalismo español. No es ninguna caricatura, lamentablemente, sino la reedición del mismo drama histórico.
Lluis Companys* (1882 - 1940)
FUENTE: publico.es
Fernando López Agudín
(*) Lluis Companys i Jover (presidente de de la Generalitat de Catalunya entre 1934 y 1940)exiliado tras la Guerra Civil, fue capturado en Francia por la Gestapo, a petición de la policía franquista, y trasladado a España, donde fue torturado, sometido a un consejo de guerra y finalmente fusilado en el castillo de Montjuic el 15 de octubre de 1940.
WIKIPEDIA: La enciclopedia libre.
25/3/18
GRANDES CASOS DE CORRUPCIÓN EN ESPAÑA
Nóos: 2.300.000€
Palau: 25.000.000€
Púnica: 7.500.000€
Gürtel: 120.000.000€
ERES: 152.000.000€
Castor: 1.350.000.000€
Tarjetas Black: 15.000.000€
Palma Arena: 42.000.000€
Rescate: 60.600.000.000€
Evasión: 80.000.000.000€
Suma y sigue...
Palau: 25.000.000€
Púnica: 7.500.000€
Gürtel: 120.000.000€
ERES: 152.000.000€
Castor: 1.350.000.000€
Tarjetas Black: 15.000.000€
Palma Arena: 42.000.000€
Rescate: 60.600.000.000€
Evasión: 80.000.000.000€
Suma y sigue...
"PARA CUANDO TE DIGAN
QUE NO HAY PARA PENSIONES"
Gabriel Rufián
Citizen Plof
Citizen Plof
24/3/18
EL ARRESTO DE PUIGDEMONT
Puigdemont arrestado en Alemania.
¡Perdón!... ésta no es la imagen.
¡Perdón!... ésta no es la imagen.
Citizen Plof
23/3/18
22/3/18
DESMADRE A LA CAMPECHANA
Universidad Rey Juan Carlos I
El subgénero de las comedias universitarias ha dado un montón de escenas hilarantes donde abundan adolescentes en celo, estudiantes borrachas, competiciones de eructos, alumnos pasados de fecha, profesores merluzos y celebraciones etílicas hasta altas horas del mediodía. En esas películas podían darse fenómenos curiosísimos, como que un burro acabara muerto en un ascensor por una sobredosis de anfetaminas o que John “Bluto” Blutarsky (interpretado por el inolvidable John Belushi) llegara a senador de los Estados Unidos.
Pero seamos serios. Porky’s, Desmadre a la americana, Retorno a la escuela, American Pie: ninguna de esas universidades de ficción -ni siquiera una síntesis de todas ellas- puede competir con la universidad Juan Carlos I, un centro educativo que concedió un doctorado honoris causa a Rodrigo Rato, que tuvo a un plagiario convicto de rector y aún conserva a Francisco Marhuenda de catedrático.
Francisco Marhuenda
En efecto, no se podía esperar otra cosa de una universidad que lleva el nombre del rey emérito, nada salvo orgullo y satisfacción. Hay tantos y tan variados elementos del PP trufados en el organigrama de la institución (miembros, familiares y amigotes, desde su fundador, Gallardón, hasta una cuñada de Granados, pasando por una sobrina de Mayor Oreja) que a primera vista uno pensaría que quizá se trate de una universidad privada. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: allí no se privan de nada, incluidas las ayudas públicas, los cargos a dedo y los títulos a plazos.
Nada demuestra mejor el impresionante nivel educativo de la Juan Carlos I que los logros profesionales de algunos de sus profesores: un director general de la Administración Pública durante el gobierno de Aznar y un presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Pozuelo de Alarcón, por citar únicamente dos de sus grandes estrellas docentes. Curiosamente, el primero, Enrique Álvarez Conde, fue director del máster de Cristina Cifuentes, y el segundo, Pablo Chico de la Cámara, profesor de una de las controvertidas asignaturas de calificación mutante.
Enrique Álvarez Conde
Pablo Chico de la Cámara
Este último, además, es un ejemplo del fervor y la concentración con que estos pedagogos se dedican a su tarea. Preguntado por el reciente escándalo en torno al máster de la presidenta de la Comunidad, declaró: “No recuerdo a esa alumna, probablemente no era tan famosa”.
Tiene toda la razón, porque en 2012 Cifuentes únicamente era Delegada del Gobierno en Madrid y no la conocía casi nadie aparte de unos cuantos antidisturbios y unos cuantos lomos de manifestantes. Entre lo que desconocía ella de su trabajo y lo que la desconocía él fuera de clase, se podía escribir otra tesis doctoral con típex. Resulta enciclopédica la ignorancia de esta gente.
Cristina Cifuentes
A última hora del miércoles, Cifuentes presentó unos documentos sin sellos acreditativos que algunos desalmados han comparado con el ajuar académico de la Señorita Pepis. Cuánta maldad, cuánta envidia y cuánta mala leche evidencian estos comentarios, justo en el momento en que la presidenta acaba de inaugurar el máster cuántico, ése que si sabes la fecha no sabes la puntuación y si sabes la puntuación no sabes la fecha.
Durante todo el día de ayer la universidad -amiga- y la prensa -más amiga incluso- se lanzaron a una operación de salvamento tan arriesgada que es posible que le quiten también el graduado escolar. Total, que se ha formado un enorme pifostio entre los que defienden que Cifuentes sacó notable en 2014 y los que aseguran que ya aprobó de sobra en 2012, aunque no se descarta tampoco que lo hiciera en 1976, junto con Trabajos Manuales. Otros investigadores sostienen que el máster de Cifuentes, al igual que el gato de Schröndinger, podría estar presentado y no presentado a la vez. Hasta Cospedal ha salido en su ayuda y en breve presentará otra tesis doctoral en diferido y en forma de simulación.
Como la duda ofende y hay que dejar bien alto el pabellón, la Universidad Juan Carlos I ha iniciado una investigación interna con el fin de dilucidar lo sucedido con el máster de las narices, encontrar todos los boletines de notas alternativos y revisar los discos duros de la secretaría a martillazos. No sólo eso, sino que, muy posiblemente, el año que viene se impartirá una nueva asignatura, Cifuentetología Comparada, y se estrenarán dos remakes de Porky’s.
FUENTE: publico.es
David Torres
23/03/2018
21/3/18
CURRÍCULUM EN B
Según publica Eldiario.es, Cifuentes consiguió un máster en una universidad pública con notas falsas.
Lo más gordo es la contradicción entre la versión de Cifuentes (me dejé 2 asignaturas para 2014) y la versión del Rector (lo aprobó todo en 2012).
A Cristina Cifuentes le corresponde una "dimisión a la japonesa".
No dimiten por robarte en la puta cara, y van a dimitir por falsear el currículum... ¡Vamos, no me jodas!
Un abrazo para los compañeros que estén ahora mismo escribiendo el trabajo de fin de máster de Cifuentes que aparecerá dentro de unos días.
Ya veréis cuando investiguen el bachiller de Froilán.
¡Saca algo de Venezuela, por dios!
Begotx
Citizen Plof
20/3/18
DETIENEN A SARKOZY
Nicolas Sarkozy pidiendo la nacionalidad española...
"Gojo, amaguillo,
cologues que bgillan en mi cogazón..."
cologues que bgillan en mi cogazón..."
—Detienen a Nicolas Sarkozy por supuesta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007
—¿En España?
—No hombre, no jodas
—JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
—¿En España?
—No hombre, no jodas
—JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Falta Canarias que no salió en el mapa
Esos franceses no respetan nada. Menos mal que en este “pís” no pasan esas cosas.
Citizen Plof
A Sarkozy en España lo único que le podrían caer son 20 años sentado en un consejo de administración.
Citizen Plof
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