Ismael Bojórquez recuerda que antes “aquí sólo había marihuana, amapola, heroína, goma de opio. Este crecimiento no puede explicarse sin el cobijo del Gobierno, en todos los niveles, llámese alcalde, gobernador, distintos estamentos del Gobierno federal, Ejército, Marina, Cisen (servicio de inteligencia), Fiscalía, Policía Federal, etc. El aumento del narcotráfico ha sido permanente en los últimos 40 años, con raíces en la sociedad, la cultura, la Iglesia…Con intereses en la economía, en la política, en los congresos locales, en el Congreso federal, en el Senado, en la Presidencia de la República, en las instituciones encargadas de combatirlo. El drama es que está más preparado el narcotráfico para sobrevivir que el Estado para acabar con el crimen organizado”.
La gran batalla se libra en el territorio donde el Cártel de Sinaloa ha sido el más poderoso comercialmente, porque está en juego el control de la frontera más rica, que es la frontera con California y su gran mercado. Un mercado que tiende a menguar, según Adrián López, “a medida que avanza la legalización de la marihuana en Estados Unidos”, lo que obliga a los narcotraficantes a diversificar el negocio, pasar a otras drogas, metanfetaminas, y a actividades criminales como trata de personas, alquiler de túneles para pasar la frontera, etc. Y sobre todo, el control de la plaza, es decir de tu región, como mercado para colocar las drogas que no se pueden introducir en EEUU.
El pasado 3 de julio, el director de Ríodoce pronunció un discurso en el Woodrow Wilson Center, invitado por la Washington Office on Latin America (WOLA), para hablar de periodismo y derechos humanos en México, 44 días después del asesinato de Javier Valdez. Ante una cualificada audiencia en la capital estadounidense relató los riesgos de los periodistas mexicanos que investigan y escriben sobre los capos “de las redes de distribución de drogas en buena parte del territorio norteamericano para que las drogas lleguen puntualmente a los barrios y a las mansiones de Chicago, San Francisco, Nueva York, Washington”.
Dijo en voz alta que el mayor peligro para ejercer el periodismo es “la narcopolítica, esa perversión criminal de los políticos que echan mano del dinero sucio del narcotráfico para escalar posiciones administrativas y de elección popular”. Recordó que el gobernador anterior, Mario López Valdez, “pactó con el Cártel de Sinaloa. Eso lo dijimos una y otra vez, pero nunca nadie, ni el Gobierno federal, lo investigó”. Y, mirando a los ojos de quienes estaban sentados enfrente, preguntó: “Hacia dónde voltear entonces si tenemos como vecino el mercado de las drogas más apetecible para las fauces de nuestros señores del narco?”
Agradeció la solidaridad del secretario de Estado, Rex Tillerson, y de la embajadora en México, Renata Jacobson, tras el asesinato de Javier Valdez. Pero pidió más: “La sociedad entera demanda del Gobierno norteamericano que ponga un alto al tráfico ilegal de armas a México. Y que si funcionarios de este país incurrieron en algún delito sean castigados”. Y concluyó: “La lucha contra la impunidad empieza en México, llevando a juicio a quienes matan a un periodista como Javier Valdez; pero hay mucho por hacer también en los Estados Unidos, para que proyectos como el Gunrunner (Traficante de armas) y operaciones como Rápido y Furioso no existan más”.
Ismael Bojórquez puso el dedo en la llaga, al mencionar la cuestión clave del origen y suministro de las armas de los narcotraficantes mexicanos. El operativo Rápido y Furioso, puesto en marcha desde 2005 por el Gobierno de EEUU a través la , fue diseñado, aparentemente, para determinar el uso de armas estadounidenses por grupos criminales mexicanos. En cooperación con algunos vendedores legales, rastreó armas de compradores minoristas a quienes consideraba proveedores ilegales de los cárteles del narcotráfico mexicano.
Ismael Bojórquez
Se perdió el rastro de 2.000 armas de fuego del programa y algunas aparecieron en escenas de crímenes, en México y en EEUU, como el del agente de la Patrulla Fronteriza Brian A. Terry, asesinado en Arizona en diciembre de 2010.
La investigación judicial culpabilizó a la ATF (que depende del Departamento de Seguridad Interior de EEUU), a su agencia en Phoenix (Arizona) y a la oficina del secretario de Justicia en Arizona de la operación fallida.
Ismael Bojórquez subraya que “un fenómeno nuevo de gran importancia y que permea hacia la sociedad es la conversión de México en un gran mercado de drogas. Hace 20 años, en ciudades como Culiacán sólo las élites consumían cocaína y marihuana, hoy el consumo se ha extendido a todos los barrios. Esto ha cambiado el panorama, y ha facilitado la irrupción de pequeñas organizaciones y ha horizontalizado el negocio. Se acabaron las organizaciones piramidales que dirigía un líder, el Chapo, el Mayo, Félix Gallardo… Ahora hay un montón de apellidos. En una ciudad como Culiacán puede haber miles de hombres armados, hay centenares de casas de seguridad donde se guardan armas, dinero, droga.”
El narcotráfico inunda todos los poros de la sociedad regional y se instala la llamada narcocultura en los años ochenta, “pieza fundamental de la subcultura de la violencia en la región”, en palabras de González Valdés. La sociedad se divide entre quienes defienden la ley como código ético, y quienes se identifican con las letras de los corridos, que vitorean a los narcos y sus enfrentamientos con la Policía y el Ejército. Los narcotraficantes son vistos como héroes para un sector de la población y también como “jefes” deseados. El popular corrido Jefe de jefes simboliza el elogio del capo de una organización mafiosa, a quien todos respetan o temen.
Pablo Escobar
Hay opiniones encontradas entre quienes hablan de presuntas acciones filantrópicas de los narcos en el mundo rural que les granjearía el apoyo de los más pobres, y quienes niegan un supuesto prestigio social y una buena reputación en sus regiones natales. Probablemente, no es ni blanco ni negro. Los narcotraficantes no son hermanitas de la caridad, pero tampoco los jueces y cuerpos de seguridad son los mejores ejemplos de probidad y confiabilidad. González Valdés lo resume así: “Tan denigrante (en este caso autodenigrante) es la apología de los narcotraficantes, como denigrante es la impunidad que ha prohijado esa desconfianza social en las instituciones y los programas de gobierno en materia de seguridad pública y justicia”.
La gran aportación, entre comillas, del nuevo gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, en el poder desde el 31 de diciembre pasado, es la militarización de la lucha contra el narcotráfico, con el despliegue por todo el Estado de 2.200 efectivos de la Marina y la Policía Militar enviados por el Gobierno federal. Una decisión pactada por el ministro de Defensa y el secretario de Seguridad del Estado, al margen del Congreso. La debilidad institucional en la seguridad pública es clamorosa, denuncia Adrián López Ortiz. “Sinaloa tiene un déficit en los cuerpos policiales de más del 52%. Nos faltan unos 5.000 agentes. Y de los 4.900 que tenemos el 60% ha sido reprobado en los exámenes de control y confianza. Tenemos sólo una cuarta parte de la policía en términos funcionales”.
Quirino Ordaz Coppel
FUENTE: ctxt.es
Francesc Relea
Sinaloa - México
16/08/2017
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