Mariano Rajoy presidiendo la inauguración del Memorial
por las víctimas del terrorismo del Cuerpo Nacional de Policía. Fotografía: Diego Crespo.
Daniel Mayrit se ha leído muchas veces la ley, despacio y a conciencia, analizándola; y subraya que la redacción de muchos artículos de la eufemísticamente llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que entró en vigor en España el 1 de julio de 2015, resulta tan buscada y rebuscadamente ambigua, que cualquier ciudadano puede convertirse en un “terrorista” sobre el que caiga el peso de esta ley apuntalada por el hiperconservador Jorge Fernández Díaz, el ministro que monta tramas para imputar delitos y escándalos inexistentes a sus adversarios políticos, y así desacreditarlos, tal como ha revelado el diario Público en las últimas semanas con todo lujo de detalles, actuaciones fuera de cualquier sistema democrático y por las que no está dispuesto a rendir cuentas. El ministro anti-sistema y el partido conservador sacaron adelante una ley en cuyo capítulo 23 leemos: “Es infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”. Esa coletilla de “con respeto al derecho fundamental a la información” suena ya a broma pesada, a mala conciencia y a tratar de esquivar su inconstitucionalidad.
A partir de ahí, queda prohibido por ejemplo que los reporteros gráficos documenten los violentos desahucios o las cargas de los antidisturbios en manifestaciones, cuando resulta imposible que se identifique a ningún agente bajo el casco que usan. No es de extrañar, pues, que la nota de prensa de la exposición resuma: “Apelando a diferentes motivos que afectan de lleno a la sensibilidad de la opinión pública occidental, unas veces el terrorismo, otras la inmigración, no son pocos los países que se han sumado a esta tendencia de desarrollar legislaciones cada vez más restrictivas respecto a la libertad de expresión e información amparados en la excusa de reforzar la seguridad frente a supuestas amenazas internas y externas. El penúltimo de estos ejemplos lo representa la llamada "Ley Mordaza”. Dicha ley, además, convierte “en delito formas de protesta ciudadana que eran legales anteriormente y transfiere a la policía capacidades que hasta ahora eran terreno exclusivo del poder judicial”. Y concluye la nota de presentación de Imágenes Autorizadas: “El Estado ha pasado de ostentar el monopolio de la violencia a reclamar para sí mismo también el monopolio de su propia imagen”.
Hay ya casos sangrantes que han saltado a la prensa en esa privatización de la imagen de unos funcionarios públicos a los que pagamos entre todos: en agosto de 2015 se imponía 300 € de multa a un conductor por llamar “colega” a un agente, y pocos días más tarde se multaba con 800 € a un joven que subió a Facebook una foto de un coche patrulla aparcado en una plaza para discapacitados. La pregunta era obvia: ¿cómo puede afectar a la seguridad de un coche patrulla una foto de una matrícula cuando a la vista de todos están tanto el coche como la matrícula?, ¿no se trata simplemente de soberbia antidemocrática, como cuando otros agentes quisieron multar con 600 € a una mujer en Madrid por llevar un bolso con las iniciales ACAB, que puede traducirse como All Cops Are Bastards, All Cats Are Beautiful o Aquí Comió Alí Babá?
Daniel Mayrit ya adquirió el prestigio de la profesión por su valiente fotolibro You haven’t seen their faces (No habéis visto sus caras), que recopila los retratos de las 100 personas más poderosas de Londres, políticos y banqueros en su mayoría, manipulados de forma que parezcan capturas de cámaras de vídeo-vigilancia. Ponía rostro así a aquellas personas que han tenido un importante papel en la crisis y, al presentarlos como se hace habitualmente con los delincuentes, convertía este libro en una muestra de fotografía activista, tal como explicaba en la entrevista que hace un año le hizo El Asombrario. Entonces ya avanzaba este proyecto, que ahora, comisariado por Laura Tabarés, se ha materializado en la Galería Cero, dependiente de la Escuela EFTI de Fotografía, en Madrid.
Galería Cero
A Mayrit (que lleva como apellido el nombre de Madrid en árabe), no le cabe duda de que todo esto responde a la estrategia del miedo -“siempre hay una excusa para alimentar el miedo, bien sea el terrorismo yihadista, bien los inmigrantes que llegan a quitarnos el trabajo”-, y que persigue la autocensura y que la gente se quede en su casa y no ejerza el libre derecho a expresarse manifestándose de modo pacífico en la calle, tan democrático como acudir cada cuatro años a las urnas. Se trata de coartar el ejercicio pleno de las ciudadanía y poner en manos de las fuerzas policiales privilegios propios de dictaduras. Mayrit admite que está claro hace falta proteger a las fuerzas de seguridad, y es obvio que no se van a publicar las caras de los policías que detienen a un narcotraficante o desarrollan una operación antiterrorista. Eso siempre existió; y por ello se cubrían el rostro con pasamontañas, o en prensa se les tapaba el rostro. Pero de ahí se ha dado un salto cualitativo a una ley con redacción tan generalista que, aplicada en sentido estricto, lleva a un estado casi policial, o al absurdo, que es lo que ha hecho el fotógrafo en su proyecto, pixelando las caras de las fotos que los propios Cuerpos de Seguridad del Estado distribuyen continuamente en prensa y por redes. “Decidí aplicar hasta sus últimas consecuencias, a pies juntillas, la ley; porque el propio Ministerio de Interior no se la aplica”. Así, el proyecto Imágenes Autorizadas va más allá del espacio físico de la Galería Cero, y se expande por ejemplo a través de la cuenta de Instagram @Imagenesautorizadas, que aplica la "Ley Mordaz"a a las fotos colgadas en la cuenta @Policíanacional (674 publicaciones en dos años, 119.000 seguidores; con imágenes en las que abundan perros, caballos, apuestos agentes y niños a los que tampoco se les protege borrándoles la cara; es la teoría del “ puedo hacer lo que quiera, y tú harás lo que yo diga”). Llega Mayrit a pixelar la cara de la imagen obtenida en impresora 3D de Nuestra Señora María Santísima del Amor, segunda virgen malagueña condecorada por el ministro de Interior tras la Santísima Virgen de los Dolores. El resultado recuerda a una tétrica calavera con manto.
Una de las vírgenes condecoradas por el Ministro del Interior,
con el rostro pixelado por la "Ley Mordaza".
Si la muestra -en la que abunda la parafernalia oficial, con banderas de España, mesas de metacrilato, retratos oficiales del ministro de Interior, fotos de Cifuentes, Cospedal y Rajoy-, se abre con un photocall, colocado a la puerta de la galería y en el que los viandantes pueden colocar su cara en el musculado cuerpo de un agente del Cuerpo, se cierra con un inquietante vídeo en negro, en el que ha quedado sólo el sonido. Es un vídeo que recopilaba imágenes de cargas policiales disponibles en YouTube. “Al consultarlo con un abogado”, explica el fotógrafo, “me advirtió de que la exhibición pública de estas imágenes en una galería puede ser constitutiva de delito según la "Ley Mordaza", aunque sean imágenes de libre acceso en Internet”.
¿Es que la ley es retroactiva, lo cual vulnera cualquier Estado de Derecho? ¿Es retroactiva 10 años, 20, 50 años? ¿Hay que borrar todos esos vídeos disponibles en Internet?”. La imágenes no aparecen por la aplicación de la "Ley Mordaza", pero los gritos de miedo, la rabia y la protesta, sí que se oyen.
FUENTE: elasombrario.com
Rafa Ruiz - 06/07/2016
Hay que ver lo guapos que quedaron todos en las fotos.
Estarán contentos.
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