Respetada Canciller Federal:
Hace tres semanas, el profesor e historiador norteamericano David Spengler publicaría una carta abierta en The Asian Times dirigida a su persona, en la que la pedía “que dejara caer a España”, y explicaba las razones, que iban desde la incompetencia, el despilfarro y la corrupción generalizadas del Gobierno y particularmente de las administraciones territoriales, donde nadie controla nada y nadie responde de nada, lo que implica una asignación del grueso de los recursos públicos (45 % del PIB) en forma tan disparatada e ineficaz que supera todo lo imaginable. Adicionalmente, según el Dr. Spengler, el Gobierno miente en todo: sobre su situación económica, sobre la bancaria y sobre la fiscal. Su deuda y los intereses son ya inasumibles y, en consecuencia, somos insalvables.
David Spengler
Con una deuda pública total -no solo la computable- del 118 % del PIB oficial, un déficit 2012 estimado en más de 110.000 millones y unos intereses del 4,5% del PIB oficial en los próximos 12 meses, España ha superado el punto de no retorno y ocurre que sólo Ud. como Canciller de Alemania y líder más cualificada de Occidente tiene el poder de acabar con una situación que supondrá la ruina, no solo de España sino tal vez el fin de la zona euro. Y para evitarlo bastaría exigir, condicionando a ello cualquier ayuda, la reforma radical de las instituciones territoriales responsables de los dos tercios del gasto público. Es absolutamente inaceptable, tanto social como económicamente, que la UE y el FMI exijan a España que suba impuestos y recorte prestaciones, sin antes acabar con el despilfarro autonómico. ¿Cómo se puede subir el IVA y recortar pensiones y mantener 30.000 coches oficiales o dos millones de empleados públicos inútiles? ¿Cómo destruir la economía productiva y de las familias y mantener intacta la improductiva? Y es ahí Sra. Canciller, donde los españoles necesitamos desesperadamente su ayuda.
Vivimos bajo un modelo que dividió la nación en 17 autonomías territoriales, totalmente contrarias, excepto dos, a la Historia y a la realidad objetiva de España. Estas autonomías, cuyas competencias más que duplican a las de los Estados federales, son el vehículo con el que la oligarquía política fue colocando a sus familiares, amigos y correligionarios, creando para ello, el equivalente a 17 miniestados con todos los órganos propios de una nación, desde 17 Parlamentos a 19 televisiones públicas (todas en pérdidas), 23 Universidades sin alumnos que las justifiquen a 22 aeropuertos con 300 pasajeros/mes, pasando por infraestructuras absolutamente ruinosas. A ello se unen 8.200 Ayuntamientos, cuando no se justifican más de 3.000, y con niveles de despilfarro inauditos. Sólo Madrid, la capital más endeudada de Europa, tiene 1.500 asesores inútiles, 180 coches oficiales, personal cinco veces más que los grandes ayuntamientos mundiales y ha gastado 500 millones de euros en dotarse de la sede-palacio más lujosa de Occidente, mientras el 23% de madrileños vive por debajo del umbral de la pobreza, de ellos 140.000 niños. Y ahora ¡quieren organizar los Juegos Olímpicos!
El grueso de la crisis bancaria derivaría también del modelo de Estado. El 54% de los depósitos de la banca se concentraba hasta el año 2.000 en cajas de ahorro, que habían sido el referente de las clases humildes españolas durante casi dos siglos y que se convertirían en botín preferido de los Presidentes autonómicos, que impondrían a personas políticas afines no profesionales al frente de las mismas, al objeto de poder disfrutar de un poder económico casi ilimitado para financiar sus obras faraónicas y los disparates más inauditos.
Veinte “gestores” irresponsables y moralmente corruptos, interrelacionados política y económicamente por 14 presidentes autonómicos, que les garantizaría la no intervención del Banco de España primero y la ocultación de la realidad de sus balances después, financiarían los proyectos inmobiliarios más inauditos, que junto con las grandes obras públicas llevarían a la quiebra a la mayoría de estas instituciones bicentenarias en solo ocho años. PP, PSOE y nacionalistas sellarían un pacto de silencio para que ninguno de los responsables de tamaña catástrofe fuera procesado. La última acción al respecto la protagonizaría el Sr. Rajoy, de acuerdo con el PSOE, al no destituir al Gobernador del Banco de España por grave incumplimiento de sus obligaciones a cambio de su silencio.
En conjunto, esta situación ha llevado a España a un nivel de endeudamiento público y privado del orden del 400% del PIB, el más elevado del planeta, una cantidad que jamás podrá ser devuelta. Dentro de ella, la deuda pública no cesa de crecer, gracias a la actitud absolutamente irresponsable del BCE, cuyos préstamos se entregan sin control alguno para financiar el gasto corriente y los agujeros bancarios, y donde ni un euro va a la economía productiva, lo que arruinará España para varias generaciones. El rescate bancario ha sido de nuevo insuficiente, porque se ha infravalorado la morosidad –la real es doble de la oficial– y porque las viviendas caerán aún un 35% y no se ha tenido en cuenta. Además crea un círculo vicioso de bancos quebrados comprando deuda con el dinero del BCE para mantener un Estado quebrado, que a su vez se endeuda para salvar a estos mismos bancos quebrados. Sólo la actuación simultánea sobre el sistema financiero, cerrando los bancos inviables y cambiando de modelo de Estado, puede salvarnos.
Sin embargo, si la ya inevitable intervención se hace en forma indiscriminada, desconociendo la realidad económica de la nación, reduciendo salarios y prestaciones y subiendo impuestos, sin cortar de raíz los focos de despilfarro y manteniendo intactos los 450.000 políticos, parásitos sociales en su mayoría, que nos han llevado a la ruina, el resultado sería un desastre histórico y la miseria y el hambre para millones. Es por ello Sra. Canciller, que como única persona que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español, me dirijo a Ud. para pedirla que antes de la intervención exija en su lugar la supresión la locura económica que implica la actual administración autonómica y local. La eliminación de un gasto inútil de 120.000 millones de euros anuales, permitiría reducir el endeudamiento y crear empleo significativamente en relativamente poco tiempo, mientras que la alternativa conllevaría una brutal deflación interna con unas consecuencias económica y socialmente devastadoras. Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles actuales y futuros, para mantener los privilegios de una oligarquía política parasitaria y corrupta.
Roberto Centeno
Catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid
25/06/2012
(Se envían copias a Wolfgang Schäuble, Ministro de Finanzas de Alemania; Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI; Olli Rehn, responsable de Asuntos Económicos y Euro de la Comisión, y Mario Draghi presidente del BCE
Datos tomados de Cotizalia.com
Publicado el lunes, 10 de septiembre de 2012
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