MAGISTRADO ULTRACONSERVADOR

El perfil ultraconservador del magistrado Requero, uno de los que ha suspendido la exhumación de Franco

José Luis Requero, magistrado del Tribunal Supremo. EFE/Archivo

Cuando en el año 2005 el magistrado José Luis Requero Ibáñez era vocal del Consejo General del Poder Judicial escribió la siguiente frase: "Llamar matrimonio a las uniones homosexuales supondría un cambio tan radical como llamar matrimonio a la unión entre un hombre y un animal".

Han pasado 14 años desde aquel momento y la carrera de Requeño Ibáñez ha ido viento en popa. Del CGPJ saltó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y, de hecho, ha sido uno de los cinco magistrados que ha decidido suspender la exhumación de Franco.

José Luis Requero Ibáñez es miembro del Opus Dei, tiene diez hijos y en sus tiempos en la Audiencia Nacional declaró nula la campaña gubernamental "Póntelo, pónselo" para fomentar el uso del preservativo porque esta era "inveraz y parcial". La decisión fue polémica. Era el año 1990. Pero no sería su única polémica. La principal de todos fue su férrea oposición al matrimonio igualitario.

El diario El País recogía la siguiente expresión del juez Requero: "Me quedo sin argumentos para decir por qué no se pueden casar dos hermanos o un hombre con muchas mujeres, o la unión entre un hombre y un animal si al fin y al cabo todo depende de la demanda social", proseguía.

Aún así el magistrado Requero siguió ascendiendo aunque fuera siempre con polémica. En 2014, su nombramiento al Supremo supuso una cascada de críticas, tal y como refleja también una noticia de El País. Por dos motivos. 

El sector conservador del CGPJ se saltó el habitual procedimiento de nombramiento y lo impuso como un acto de fuerza rompiendo el pacto con el resto de vocales progresistas. Segundo, porque los vocales progresistas no acertaban a entender cómo el grupo conservador había ascendido a un ultraconservador que había comparado el matrimonio homosexual con un casamiento entre "un animal y un hombre" hasta el Supremo. 

Y allí ha permanecido hasta estos días, en los que Requero ha tenido que decidir si paralizar o no la exhumación de Franco. De hecho, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó el lunes una queja ante el CGPJ en la que avisaba de que la imparcialidad del tribunal podría verse comprometida por la presencia de Requero en el grupo de magistrados.

El motivo, no obstante, no era la contrastada homofobia del magistrado ni la consonancia de algunas de sus sentencias con su ideología ultraconservadora. Tampoco que hubiera pedido al entonces rey Juan Carlos I que no sancionara la ley de Rodríguez Zapatero del matrimonio homosexual.

En esta ocasión la denuncia de la ARMH estaba basada en los vínculos de amistad que unen a este juez con Santiago Milans del Bosch, sobrino del ex teniente general golpista, colaborador de la Fundación Francisco Franco y dueño de un bufete de abogados que ha representado a la familia del dictador en algunos casos como el de las esculturas del pórtico de la gloria de la catedral de Santiago de Compostela. 

"La relación entre José Luis Requero y Santiago Milans del Bosch es larga y estrecha; fueron compañeros durante unos años en la Audiencia Nacional, el magistrado es el padrino de una hija del abogado", denuncia la ARMH, que considera que "la cercanía de Requero y Milans del Bosch plantea serias dudas acerca de su imparcialidad, algo que de ser así comprometería seriamente la decisión que pueda tomar la Sala".

La decisión de la Sala, no obstante, ya está tomada: la exhumación ha sido suspendida a la espera de analizar el recurso presentado por los Franco. La sentencia definitiva se conocerá, según el propio auto, en "un tiempo razonable".

De momento, lo que sí se sabe, es que para los jueces que han tomado esta decisión el dictador Francisco Franco fue jefe del Estado español desde el 1 de octubre de 1936, apenas dos meses después del golpe de Estado del 18 de julio y más de dos años del final de la Guerra Civil. Y eso que hasta 1950 la ONU mantenía vigente una resolución que excluía a España de todos los organismos de esta institución supranacional.

También se conoce que Requero en el año 2010 ya estaba preocupado por el futuro del Valle de los Caídos y no, precisamente, por albergar los restos del dictador ni por le hecho de que España desobederia las recomendaciones de la ONU de exhumar al dictador. Lo que le preocupaba a Requero es, precisamente, el cierre del mismo:

"Y que el monumento más visitado del Patrimonio Nacional –el Valle de los Caídos– lleve camino de convertirse poco a poco en el Valle que se Cae –o que se deja Caer– permitirá justificar su cierre. Lo secundario es su origen franquista; lo relevante es que en un monumento del futuro Estado laicista vive una muy sólida comunidad de Benedictinos", escribía Requero en La Razón. 

FUENTE: publico.es 
Alejandro Torrús 
Madrid - 05/06/2019

"Señores, qué pachanga..."

NEGOCIO REDONDO

10.700 millones de euros al año: los rostros de la pujante industria militar española

Altos mandos militares, políticos que cruzaron la puerta giratoria o familias que se han lucrado con las fábricas de armas durante décadas se unen a las multinacionales para explotar un sector que factura más de 10.000 millones de euros al año

 

Los rostros de la pujante industria militar española

La principal característica de la industria militar española es que no existe. Desde los grandes grupos multinacionales a las empresas familiares, los fabricantes de armas operan en un sistema diseñado para ocultarlos. No producen misiles, ametralladoras, ni explosivos, sino material de defensa. No existen para el Parlamento, que solo puede supervisar su actividad cuando sus productos ya han sido fabricados y vendidos. Productos que ni siquiera existen cuando llegan al país de destino, puesto que el Gobierno no supervisa nunca en qué se emplean.

"La ley española de comercio de armas solo obliga al Gobierno a informar de los países a los que se exporta armamento y del volumen total de la exportación, en euros. No requiere que se haga mención a la empresa ni al tipo de arma que vende, sino que permite que se hagan epígrafes tan amplios como material aeronáutico para definir sistemas de reabastecimiento de combustible en vuelo, que se utilizan en bombardeos. La ley está diseñada para avalar el secretismo", resume Pere Ortega, del Centre Delás d'Estudis per la Pau.

Dicha ley establece que un órgano gubernamental, la JIMDDU, evalúe cada exportación de armas por si hay riesgo de que se utilicen para violar derechos humanos o cometer crímenes de guerra. No obstante de cara al ciudadano este órgano tampoco existe, puesto que las actas de sus deliberaciones son documentos clasificados y, por tanto, secretos. En cualquier caso, el porcentaje de autorizaciones denegadas ronda cada año el 1%, por lo que no está muy claro que exista tampoco para los vendedores de armas.

"Cuando nos hemos reunido con ellos, el Gobierno aduce a que como son tan rigurosos, las empresas presentan solo aquellos contratos que saben que se van a autorizar", relata, incrédulo, Alberto Estévez, portavoz de Armas bajo control.

Esta iniciativa, integrada por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón para regular el comercio de armamento, señala en su último informe que España tiene vastas áreas de mejora en cuanto a la transparencia del proceso, el control parlamentario y la supervisión de las armas sobre el terreno. Sin embargo, en la industria inexistente hay un factor que todos publicitan: el dinero. Según Tedae (la patronal de empresarios de armamento), las 78 empresas de armas españolas facturaron 10.700 millones de euros en 2016. Exportaron el 83% de sus productos, convirtiendo a España en el séptimo exportador mundial de armas, y dieron trabajo a 55.861 personas. Estas son algunas de las caras tras esta boyante y opaca industria:

José Fernando Sánchez-Junco Mans

José Fernando Sánchez-Junco Mans, presidente de Maxam.

“Nuestro objetivo es que nuestra aportación a la cadena de valor de nuestros clientes, en cualquier punto del mundo, se transforme en progreso y desarrollo sostenible para el conjunto de la sociedad”. Aunque parezca increíble, con estas palabras presenta José Fernando Sánchez-Junco Mans a la empresa que preside, Maxam, el primer fabricante de explosivos de Europa y el segundo del mundo.

MaxamCorp ejemplifica cada una de las generalidades que se atribuyen a la industria militar española. Pese a su envergadura (el grupo presume de más de 140 compañías en los cinco continentes, 6.500 empleados en todo el mundo, fábricas en más de 45 países y ventas en más de 100 que le suponen más de 1.000 millones de euros al año de facturación) es una gran desconocida para los ciudadanos. Prueba de ello es que, pese a su envergadura, ni siquiera cuenta con una entrada en la Wikipedia. Esconde su división armamentística, que incluso recibe otro nombre, Expal, y cuando debe hacer referencia a su volumen de negocio militar defiende que solo es "un 20%". Cierto, teniendo en cuenta que el armamento es una de sus cinco divisiones de negocio. Además, asegura que la mayor parte de ese porcentaje viene de "la destrucción y reciclaje de todo tipo de municiones y explosivos, de la descontaminación y de la limpieza y mantenimiento de vehículos aéreos".

El armamento de Maxam ha aparecido en zonas de conflicto, ese al que se supone que nunca debería llegar. En 2015 las autoridades turcas interceptaron un cargamento de 21 toneladas de sustancias explosivas a punto de cruzar a Siria. “Lo que hizo saltar las alarmas a los agentes fronterizos era la vía elegida: el cargamento iba dirigido a Amán, la capital de Jordania, a través de Siria, un país sumido en una cruenta guerra civil, por una ruta controlada por grupos rebeldes, algunos de ellos de corte yihadista”, reveló entonces Vice News. Según los expertos, había muy pocas probabilidades de que el cargamento llegara a su destino. Es cuestionable incluso que alguien lo estuviera esperando en Jordania.

Maxam también hace gala de otro de los baluartes de esta industria: un fuerte apoyo del Estado, que ha financiado su internacionalización con créditos del ICO, así como de "la banca armada". Así denomina el Centre Delàs a los bancos que financian la industria armamentística y que, recoge su último informe, tienen a Maxam como uno de los objetivos favoritos de sus inversiones.

¿Y qué hay de Sánchez-Junco, el capo del grupo? Pues sí, es un ejemplo de puerta giratoria. Llegó a Maxam en 1990, entonces Unión Española de Explosivos, tras ocupar los cargos de director general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales y la Dirección General del Ministerio de Industria con Felipe González. Sánchez-Junco y otros representantes de Maxam ocupan varios cargos en Defex, la empresa pública que intermediaba en las ventas de armamento español al exterior que fue intervenida por la Guardia Civil al constatar que actuaba como una “organización criminal”.

Enrique Sendagorta

Enrique Sendagorta, presidente de honor de Sener, recibe el Premio a la Trayectoria Empresarial, en junio de 2014

Sener es una de las principales productoras de misiles españolas, especializada en todo lo que  permite matar: cubiertas, sistemas de propulsión, de guiado, etc. Esta empresa vasca, de hecho, fabricó a principios de los 80 la SBGL (Sener Bomba Guiada por Laser) para el Ministerio de Defensa, la primera bomba inteligente con capacidad de autoguiado producida en España. En su página web, Sener encuadra esta división de negocio bajo la confusa denominación de "sistemas de actuación y control para la industria aeroespacial".

Enrique Sendagorta fundó la empresa en 1956 apoyado por empresarios de la industria militar alemana y ha permanecido en manos de su familia desde entonces, detalla el colectivo pacifista Gasteizkoak en Estas guerras son muy nuestras, donde analiza las empresas vascas de armamento. Los Sendagorta, reconocidos empresarios de la región, son uno de los clanes fuertes del Opus Dei y tienen intensos vínculos con el ultraconservadurismo y el franquismo.

El padre de Enrique Sendagorta fue el primer alcalde de la localidad vasca de Plentzia tras la Guerra Civil; su primo, Agustín Cotorruelo Sendagorta, fue ministro de Comercio del dictador. Al propio fundador de Sener (autor de El Opus Dei como empresa humana y sobrenatural) se le atribuyen las siguientes palabras: “La guerra de España se había hecho en necesaria defensa de la religión perseguida y martirizada y contra la revolución comunista, porque si no la combatíamos, nos destruiría a todos”.

A pesar de que, como el resto de la industria, Sener intenta camuflar su actividad militar en su imagen institucional, las operaciones armamentísticas son vitales para la empresa. Prueba de ello es su mayor movimiento de 2016, cuando vendió su participación mayoritaria en el Grupo ITP (parte del consorcio europeo de fabricantes del caza Eurofighter Typhon, uno de los más jugosos negocios de la industria militar del Viejo Continente) por 720 millones de euros, una de las operaciones empresariales más destacadas del año.

En 2014 Enrique Sendagorta, hoy presidente de honor de la compañía capitaneada por su hijo Jorge, recibió de manos del rey Juan Carlos I el Premio a la Trayectoria Empresarial. Sin embargo fue su sobrino Andrés Sendagorta, vicepresidente, el que ofreció una de las claves para entender por qué las empresas no abandonan el negocio militar a pesar de diversificar sus operaciones: "La Defensa no es el área más amplia dentro de SENER pero, cualitativamente, es muy importante porque es la cuna de mucha tecnología que luego utilizamos y nos permite ser líderes en otros sectores. Es decir, concebimos los programas de Defensa más como una oportunidad, porque tienen un factor multiplicador muy importante y posibilitan entrar en mercados que nada tienen que ver con la Defensa".

Carlos Gómez Arruche

Carlos Gómez Arruche, teniente general del Ejército del Aire retirado. MD

Algunos quizá le recuerden por ser el último militar en ser nombrado director general de la Guardia Civil, justo después de que José Luis Rodríguez Zapatero prometiera en la campaña electoral de 2004 que desmilitarizaría el cuerpo.  

El caso es que Carlos Gómez Arruche, teniente general del Ejército del Aire, ex responsable del Mando Aéreo General, pasó del cuartel al rascacielos e ingresó en Airbus tras su pase a la reserva. Como él, unos doce altos cargos de Defensa trabajan para las empresas de armas, la versión militar de la puerta giratoria.

Gómez Arruche no es ni mucho menos uno de los hombres fuertes de Airbus. Al contrario, su figura responde al intenso lobby que despliegan las empresas de armamento para conseguir que los estados aumenten más y más su gasto militar. Para ello les resultan extremadamente útiles los altos mandos militares, capaces de hablar sobre las necesidades de los Ejércitos y con contactos entre los responsables de la compra de material. Airbus, consorcio británico-germano-español, es una de las empresas que ejerce más presión en este sentido. Este lobby dejó frutos recientemente, al conseguir que la UE dedicara una partida a la inversión para el desarrollo de armamento en los presupuestos comunitarios para 2017-2020, la primera vez en la historia que la UE pondrá dinero en el negocio militar.

Airbus ha fabricado gran parte de las aeronaves militares de los ejércitos europeos. A saber: el caza Eurofighter, el helicóptero de combate Tigre, el de transporte EC-135 o el NH-90 (multifunción). Sin embargo, el plato principal es sin duda el tristemente célebre A400M, un proyecto de avión de transporte de largo alcance que la empresa aún no ha conseguido poner en servicio a pleno funcionamiento tras más de 20.000 millones de euros de inversión. 

Su accidente en Sevilla en 2015, en el que fallecieron 10 personas, lo puso en el ojo del huracán. Y es que, aunque a día de hoy nadie asegura que el aparato pueda cumplir todas las condiciones que Airbus prometió a los estados que los compraron por adelantado, ya ha empezado a entregar unidades con funciones limitadas con la promesa de mejorarlas en breve. 

Esteban García Vilasánchez

Esteban García Vilasánchez, presidente de Navantia.

Nombrado presidente de Navantia en abril por la SEPI, Esteban García Vilasánchez tiene la misión de consensuar el Plan Estratégico de la empresa pública, con diferencia la más deficitaria del Estado.

No es casualidad que el rey haya realizado varios viajes a Arabia Saudí para rogar a esta dictadura teocrática la firma definitiva del contrato de las famosas corbetas por algo más de 2.000 millones de euros: Navantia y los 37.000 empleos directos e indirectos que genera en zonas deprimidas de A Coruña, Cádiz y Murcia están verdaderamente en la cuerda floja. La empresa acumula 303 millones de deuda. Desde que se constituyera en 2005, Navantia solo ha producido beneficios en 2007 (menos de 200.000 euros). El resto de ejercicios ha tenido pérdidas que en los últimos años están batiendo récords, llegando a los 230 millones en 2016. 

De ahí que hasta uno de los alcaldes más populares de Podemos, José María González “Kichi”, pida ponerse una pinza en la nariz y negociar con la monarquía absolutista saudí. Así lo aprobó la diputación de Cádiz en 2016, con los votos a favor de PP, Por Cádiz Sí Se Puede, PSOE, IU, Partido Andalucista y la abstención de Ganemos Jerez. Pese a todo, la tabla de salvación de Navantia no está en Oriente Medio sino en Australia, donde es finalista de un concurso para construir nueve fragatas por 30.000 millones de dólares.

Una de las primeras medidas de García Vilasánchez al frente de la empresa pública ha sido dar el paso de rejuvenecer la plantilla: el 68% de los más de 5.200 empleados tiene más de 50 años.  

Mientras, el Estado sigue inyectando dinero para mantener la empresa a flote y subvencionar proyectos de I+D que le permitan comercializar nuevos productos (como los criticados submarinos que no flotan S-80, en cuyo desarrollo se han invertido ya más 1.800 millones de euros). Cabe preguntarse qué habría pasado si dicha inversión se hubiera destinado al desarrollo social de las zonas de Ferrol o la Bahía de Cádiz que viven de los astilleros, en vez de profundizar su dependencia de la construcción de buques militares.

Jokin Aperribay

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad y de Sapa Placencia. EFE

Los Aperribay son otra de las familias profundamente ligadas a la industria de las armas. Son los accionistas mayoritarios de Sapa (Sociedad Anónima de Placencia de las Armas), la decana de las fábricas de armas españolas. Y es que Euskadi tiene una larga tradición de producción de armas, de la que quedan muestras en la cultura popular como la denominación de Éibar como "ciudad armera". Sapa es otra de ellas: su origen se remonta al siglo XVI, cuando se fundaron las Reales Fábricas de Armas Portátiles de Fuego de la Villa de Placencia, produciendo desde entonces de artillería pesada, antiaérea y armas ligeras.

En la actualidad, el Aperribay al frente de la compañía es Jokin, conocido por presidir el equipo de fútbol Real Sociedad. Dicho conjunto, miembro de la primera división, apareció en los papeles de Panamá por pagar a sus jugadores a través de paraísos fiscales, práctica por la que ahora Hacienda le reclama 15 millones de euros.

Sapa destaca, precisamente, por reunir en su consejo a un gran número de políticos, miembros de la nobleza y personalidades reconocidas por la sociedad por su perfil público, quedando a la sombra su faceta empresarial como vendedores de armas. Entre ellos se eleva sobremanera la figura del ex ministro de Defensa Pedro Morenés, el mesías de las empresas de armas españolas, artífice de los Programas Especiales de Armamento (PEAs) y "conflicto de intereses andante".

Carlos Villar Turrau

Carlos Villar Turrau, ex Jefe del Estado Mayor del Ejército. ET

Uno de los militares con más peso en la industria armamentística española es sin duda Carlos Villar Turrau, general retirado y ex Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), el más alto mando del Ejército de Tierra.

Turrau es consejero delegado del principal suministrador de carros de combate y blindados del Ejército, Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics. Entre sus mayores contratos se encuentra el tanque Leopardo, de diseño alemán y que, por su tamaño, no puede ser aerotransportado con las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas. Por tanto, su utilidad ha quedado reducida a la defensa de invasiones terrestres producidas desde Francia o Portugal. Numerosas fuentes militares explican que gran parte de los 219 Leopardo que recibió España se encuentran inoperativos por el gran coste en mantenimiento y combustible que llevan aparejado.

Santa Bárbara también ha vendido al Ejército 261 blindados de combate Pizarro, 682 blindados ligeros BMR; produjo los míticos fusiles Cetme y otras armas ligeras con sus respectivas municiones.

FUENTE: publico.es

Carlos del Castillo

Madrid - 31/08/2017

¡A ver, a ver! Que yo entienda eso de la JIMDDU (Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso).

¿Quiere decir que no dan información del tipo de armamento que exportan, ni a dónde lo envían, porque sus actas están clasificadas como "secreto de Estado"?

¿Pero qué mierda de democracia es ésta?

DEBACLE Y RESACA DE SEMANA SANTA

El banco del Opus ruega una oración por su eterno descanso

Muy pertinente con su condición de criatura del Opus, la semana del Banco Popular ha sido muy de pasión, aunque como el cuento ha cambiado una barbaridad, nadie en su sano juicio confía ya en que el banco resucite. La entidad, que en cuatro días ha perdido el 25% de su valor en Bolsa, viene siendo un muerto viviente desde hace cinco años y las reiteradas referencias a su solvencia por parte del ministro de Lehman, el costalero Luis de Guindos, y su cofradía económica han certificado oficialmente su defunción. Por lo visto, en un sistema financiero tan saneado como el nuestro también ocurren estas desgracias.

Es la vieja historia eternamente repetida, en la que los sagaces supervisores, como es tradición, han estado a la luna de Valencia. Centrado en su negocio tradicional de créditos a pequeñas empresas y particulares, el Popular era un banco muy rentable, hasta que la caída de los tipos de interés le pilló con el paso cambiado. Lo razonable hubiera sido entonces abrirse a una fusión, pero eso habría supuesto a la Obra perder el control del juguete y la Prelatura no iba a resignarse a que otros les racionaran el foie gras con el que se untaba el pan suyo de cada día.

Con las mismas, los ‘obreros’ (de dios) se lanzaron a una tarea de engorde muy desaconsejada por los nutricionistas. Entre otras aventuras, compraron el Pastor a cascoporro, y se metieron de lleno en el negocio inmobiliario, cuando ya era evidente que el ladrillo era puro colesterol en vena. Desde 2012 han lanzado tres ampliaciones de capital hasta que fue evidente que el cáncer era imparable. Se llegó así a los 3.485 millones de pérdidas récord de 2016, resultado de provisionar 5.700 millones para cubrir la depreciación de sus activos tóxicos. Paralelamente, se dio el pasaporte al presidente, Ángel Ron, junto a una limosna en forma de pensión de 23 millones de euros, y se fichó a un ex de JP Morgan, Emilio Saracho, para ver si lo de multiplicar el pan y la sardina podía repetirse.

El tal Saracho ha dejado claro que lo suyo no son los milagros sino los entierros. Anunció primero un ajuste de las cuentas de 2016 de 600 millones que no se habían contabilizado entre las provisiones, y expuso las dos alternativas del banco: ofrecerse al mejor postor o ampliar capital por cuarta vez, al tiempo que se ponen en venta algunas de sus filiales, el mobiliario de oficina y hasta los manguitos.

Lo que para algunos ha de considerarse mala gestión, desde la óptica de muchos accionistas ha sido simplemente una estafa. El Popular ha captado en sus anterior ampliaciones cerca de 5.500 millones y ahora necesita otros tantos. La última ampliación, en junio de 2016, se hizo a un precio de 1,25 euros por acción. El título cotizaba este jueves a 0,61 por lo que los compradores de entonces acumulan una pérdida cercana al 90%.

El quebranto no ha sido sólo para las familias del Opus, que en el pecado llevan la penitencia y que para mantener su porcentaje de control han tenido que apoquinar pasta en la instrumental en la que tienen sindicadas sus participaciones. El perjuicio es el de miles de accionistas, clientes del banco y captados en sus sucursales, a los que nadie les advirtió de la situación real de la entidad y que harían bien en interponer las correspondientes demandas ante los tribunales.

Como no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, la cuarta ampliación tendría que ir dirigida a inversores institucionales a precios de saldo, lo que aumentaría la ruina de los pequeños incautos del capitalismo popular, y nunca mejor dicho. Una vez más quienes debían haberles protegido –la CNMV y el Banco de España- se han lavado las manos como Pilatos en la bacinilla de los enjuagues.

Mientras el banco del Opus ruega una oración por su eterno descanso está por ver que el desastre no acabe salpicando a los contribuyentes, que todo puede ocurrir. Desde el Ministerio de Economía se ha insistido en que se trata de un asunto privado que debe resolverse en ese ámbito. Oremos.

FUENTE: publico.es
Tierra de nadie
Juan Carlos Escudier
14/04/2017

LOS FLECOS DE LA CRISIS

La bajada a los infiernos del banco del Opus Dei en doce claves

El Popular, antaño una de las entidades financieras más rentables del mundo, atraviesa una delicada situación anotando pérdidas récord y desplomándose en bolsa

Logo del Banco Popular durante la presentación de los resultados de la entidad. 

REUTERS/Juan Medina

El Banco Popular, el sexto mayor de España por volumen de activos, atraviesa una delicada situación. Sólo en el último año, su capitalización bursátil (su valor de mercado) ha caído a menos de la mitad. La pérdida del valor de las acciones ha sido aún mayor, debido al efecto dilutivo de las dos macroampliaciones acometidas en 2016 para cubrir las exigencias de capital.

La etapa iniciada tras el cese de Ángel Ron y su sustitución por Emilio Saracho tampoco ha empezado con buen pie. El nuevo presidente ha tenido que reformular las cuentas del pasado ejercicio, añadiendo 633 millones de euros a las pérdidas récord de 3.485 millones reconocidas por su antecesor.

La Obra de Dios en La Tierra

Continúa así la bajada a los infiernos de un banco que en sus buenos tiempos, bajo la batuta de hombres del Opus Dei, llegó a estar entre los más rentables del mundo.

¿Cuál es el origen de los males?

El Popular llegó tarde y mal al boom del ladrillo, y no supo prever a tiempo el estallido de la burbuja. Como consecuencia de ello, se cargó de activos tóxicos que aún hoy lastran su balance. Al cierre de 2016, tenía 16.074 millones de euros en inmuebles adjudicados y 19.602 millones en créditos dudosos. Ningún otro banco español arrastra una carga tan pesada en relación con su tamaño. Además, es propietario de suelo por importe de 7.000 millones de euros, más que el BBVA o el Santander, que rondan los 5.000 millones.

¿Cómo reaccionó el banco a la crisis del ladrillo?

Una de las obsesiones del Popular ha sido mantener su independencia incluso cuando desde el sector y desde los poderes públicos se apostaba por la concentración. De ahí que Ron se negara en redondo a estudiar siquiera la fusión de igual a igual con otros bancos medianos (Sabadell), ni mucho menos con alguno de los grandes. El objetivo del ya expresidente fue siempre salir del atolladero por sus propios medios; a costa, si era necesario, de pedir importantes sacrificios a los accionistas.

¿Recibió ayudas públicas?

Ron siempre alardeó de no haber recibido ayudas públicas para hacer frente a la crisis del ladrillo, aunque aprovechó los programas de avales del Estado de 2008 y 2009 para emitir deuda por importe de 3.500 millones de euros. De lo que no se quiso beneficiar fue de la constitución de la Sareb, el banco malo semiestatal que asumió los activos tóxicos de las entidades con mayores problemas, a costa en parte del dinero de los contribuyentes. Para evitar injerencias del Estado, el Popular elaboró un proyecto para crear su propio banco malo, que Ron no ha llegado a ver aprobado por los reguladores. 

¿Fue buena idea absorber al Pastor?

Ésta es una operación que no se entendería sin la rivalidad existente por el liderazgo de la banca mediana en España, que el Popular venía ostentando tradicionalmente. Su posición empezó a peligrar cuando el Sabadell mostró su voluntad de aprovechar el proceso de reordenación bancaria para dar un salto adelante. Tras la compra del Urquijo en 2006, la entidad catalana sumó, primero, al Guipuzcoano (2010) y, después, a la CAM (2011), aparte de otros negocios de menor envergadura. La respuesta de Ron fue la absorción del Pastor, con la que se echó encima otro baldón, pues tuvo que hacer una limpia de 2.683 millones de euros en su cartera de crédito y de 853 millones en la de activos inmobiliarios. 

¿Por qué ha perdido tanto valor en Bolsa?

Con independencia de los oscuros movimientos denunciados desde el Popular, lo cierto es que el mecanismo ideado para reforzar su capital (ampliaciones) y su forma de llevarlas a cabo han pasado factura a la cotización. Entre 2012 y 2016, Ron recurrió tres veces a ese procedimiento, lo que le permitió captar 5.450 millones de euros. La pérdida de valor bursátil del banco desde el inicio de la crisis es del 97%, aunque la mitad de ella se produjo el año pasado. El reciente anuncio de la reformulación de las últimas cuentas ha sido otra mala noticia, a la que el mercado ha respondido con nuevas bajadas.

¿Qué ocurrió con la última ampliación?

En la primera quincena de junio de 2016, el Popular cubrió con sobredemanda una ampliación de 2.505 millones de euros, lanzada con la justificación de fortalecer su balance y mejorar sus índices de rentabilidad y solvencia. Se pusieron en circulación 2.000 millones de acciones nuevas a un precio unitario de 1,25 euros. Entonces, el banco alardeaba de una cuenta de resultados en beneficios y auguraba un futuro prometedor. Pero el tiempo colocó las cosas en su sitio: el año cerró con una pérdidas récord de 3.485 millones, debido a las provisiones adicionales que fue necesario realizar, y hoy aquellas acciones sólo valen 0,8 euros.

¿Pueden reclamar los perjudicados?

Se están haciendo analogías entre la salida a Bolsa de Bankia y la última ampliación de capital del Popular, so pretexto de que en ninguna de las dos se suministró a los inversores información suficiente sobre el estado real de las entidades. Incluso algunos despachos de abogados, que suelen sacar buen provecho de estos casos, han empezado a ofrecerse a los afectados. Las inesperadas pérdidas reconocidas por Ron justo antes de salir del banco y el hecho de que su sucesor las haya rectificado al alza son una potente munición para eventuales demandas.

¿Quién echó al anterior presidente?

El anterior presidente del Banco Popular, Ángel Ron, y su sustituto, Emilio Saracho. 

REUTERS

Todos los dedos señalan a uno de los grandes accionistas, Antonio del Valle. Este poderoso empresario mexicano de origen asturiano, que en diciembre de 2013 compró más del 4% del Popular por 450 millones de euros, no estaba de acuerdo con la independencia a ultranza defendida por Ron para el banco con el beneplácito del resto del consejo de administración. Finalmente, su apuesta por un cambio de rumbo que no excluyera ninguna opción convenció a la Sindicatura de Accionistas, formada por las familias fundadoras y algunos exdirectivos, que posee el 10% del capital; a la aseguradora alemana Allianz (3,5%), y a la francesa Credit Mutual (4%). Después de 32 años de servicios y doce como presidente, rodó la cabeza de Ron.

¿Qué ha hecho su sucesor?

Emilio Saracho se ha incorporado al Popular procedente del JP Morgan Chase, el mayor banco por activos del mundo, del que era vicepresidente. Su misión, de entrada, es recuperar la confianza de los mercados y eso explica que esta semana haya reconocido dos cosas. Primero, que las cuentas de 2016 eran peores de los anunciado. Y segundo, que parte de la última ampliación fue financiada por la propia entidad mediante créditos a sus clientes, lo que distorsiona la situación real de su capital. La consecuencia inmediata ha sido la salida de Pedro Larena, el último consejero delegado que dejó Ron.

¿Cuáles son las opciones ahora?

Tras los saneamientos de 2016, la solvencia del Popular ha quedado en el mínimo exigido: su capital de máxima calidad está en el 8,17%, frente al 11% de sus competidores. La persistencia de un elevado volumen de créditos vinculados al ladrillo todavía sin provisionar hace prever, además, que los ajustes no hayan terminado. Según algunos expertos, para alcanzar una cobertura similar a la de Santander, BBVA o Bankia, necesitaría no menos de 3.000 millones. Ese dinero puede salir de la venta de activos, de mantener en suspenso el dividendo (no hubo en 2016) o de nuevas ampliaciones. Pero hay otra posibilidad: que absorba al Popular uno de los grandes, aunque su fuerza negociadora actual no parece la más idónea.

¿Costará dinero a los contribuyentes?

En principio, no tendría por qué. Pero nunca se sabe. Todo depende de cuál sea la solución definitiva y de si, llegados un momento crítico, las autoridades consideran que se trata de un problema sistémico; es decir, con capacidad de arrastrar en su caída al sector. En tal caso, el Estado podría considerarse legitimado para intervenir y/o facilitar ayudas a un eventual comprador. No sería la primera vez. 

¿Sigue mandando el Opus Dei en el banco?

Rafael Termes Carrero y Luis Valls Taberner

El Popular ha sido identificado tradicionalmente con el Opus Dei y se le ha tachado de ser, incluso, su brazo financiero en España. De hecho, al mando del banco estuvo durante 32 años Luis Valls Taberner, supernumerario de la Obra, que le dio una impronta muy especial con la inestimable ayuda de otro destacado miembro de la organización, el consejero delegado, Rafael Termes Carrero. De la mano de ambos llegaron a la cúpula directiva numerosos seguidores de Escrivá de Balaguer, parte de los cuales siguen en la Sindicatura de Accionistas, el último reducto del Opus Dei en el Popular.

FUENTE: publico.es

Vicente Clavero 
Madrid - 05/04/2017

Lo cojonudo del tema es que el Banco Popular, según todos los datos, es el más duro y el que más trabas pone, de entre todas las entidades españolas, en el asunto de la devolución de las claúsulas suelo a sus clientes. Digo yo que si será por caridad cristiana.

OPUS Y PP (1ª PARTE)

Rebuscando en el pozo insondable de La Red, he hallado este esclarecedor artículo que, a pesar de estar escrito hace casi un año, no ha perdido vigencia (obviando algunos cambios ministeriales) ni mucho menos interés.

El Opus Dei y el PP

Para muchos es evidente que el PP es el brazo político de la secta Opus Dei. Pero hay quienes niegan tal relación, como también niegan que el Opus sea una secta, probablemente amparándose en las versiones “oficiales” que se difunden en los numerosos medios de comunicación que controlan.

En el presente artículo se va a demostrar no solo que el PP es realmente, sin lugar a dudas, el brazo político del Opus Dei, sino que además, según una resolución del Parlamento Europeo sobre sectas, encaja dentro de las actividades delictivas descritas en el documento como son el ejercicio ilegal de la medicina, el fraude fiscal, las transferencias ilegales de fondos, prácticas como la tortura, el trato inhumano y degradante, y en general  violaciones de los derechos fundamentales de la persona.

A continuación algunos textos de Opus Libros donde se describe la relación entre el Opus Dei y el PP.

«Es el retorno del Opus Dei. Su objetivo es recristianizar el aparato del Estado a partir de una red en la que sus miembros se identifican entre sí, se reconocen y se ayudan unos a otros en su carrera hacia los puestos clave», asegura Mariano Sánchez Soler, autor de Las sotanas del PP, libro que se acaba de presentar. De la misma opinión es el ex director general de Asuntos Religiosos y catedrático de Derecho Eclesiástico de la Complutense, Dionisio Llamazares: «El PP se ha echado en brazos de la Iglesia y pretende imponer como ética global la moral católica en su versión más integrista auspiciada por el Opus Dei»

Dionisio Llamazares

 

También es interesante este otro texto extraído de la misma fuente:

“Dirigir o estar muy cerca de los que dirigen. «Aznar llega al PP rodeado por la curia del Opus, que es la que le aúpa a la presidencia y se convierte en su guardia de corps», asegura Sánchez Soler. Los Aznar no son socios de la Obra. Pero el abuelo del presidente, Manuel Aznar, era íntimo amigo de Escrivá. Ana Botella es sobrina de José Botella, uno de los más reconocidos miembros de la Obra durante el franquismo. Los hijos de los Aznar estudiaron en los colegios Peñalba y Pinoalbar, que se rigen por el ideario de la Obra, y su ahora yerno, Alejandro Agag, estudió en el Retamar, buque insignia del Opus en Madrid. Aun así, sigue habiendo en el PP de Aznar cierta prevención hacia el Opus por su deteriorada imagen pública”.

Alejandro Agag

Sobre la no pertenencia de Aznar al Opus, es algo que yo pongo en duda, porque además de que sus  hijos fueron a los colegios Peñalba y Pinoalbar, conocidos por ser del Opus, habría que pensar también en este texto sobre los estatutos del Opus Dei:

“En la constitución del Opus Dei, redactada en 1950, el artículo 191 afirma: “Los miembros numerarios y supernumerarios sepan bien que deberán observar siempre un prudente silencio sobre los nombres de otros asociados y que no deberán revelar nunca a nadie que ellos mismos pertenecen al Opus”.

José María Aznar

Teniendo en cuenta que, como señalan las fuentes consultadas, lo más habitual es que los allegados nieguen pertenecer a la Obra salvo que sea demasiado evidente, es difícil poder determinar con precisión el número de miembros del PP que son del Opus. Pero está claro que los miembros del PP si no son del Opus son “allegados” ya que en el Opus tienen la mentalidad de “o eres de los nuestros o estás en contra de nosotros”. De cualquier forma si a Federico Trillo, después del escándalo de la tragedia del Yak-42, no solo no se le expulsó del partido sino que además se le nombró presidente de la comisión de justicia del PP, se demostró que el PP, aún negando ser el brazo político del Opus, actúa con un descaro sin precedentes cuando se trata de proteger a un conocido miembro de la Orden (de los suyos), y esto, en mi opinión, los hace complices a todos. Bajo el mandato de Rajoy, el opusino Trillo ha sido nombrado nada menos que embajador de España en Londres, a pesar del compromiso del PP de no nombrar como embajadores a quienes no fuesen de la carrera diplomática. Además, Trillo ha colocado a sus dos hijas nada más acabar la licenciatura en dos puestos jurídicos de máxima relevancia estatal, las Cortes y el Consejo de Estado.

Federico Trillo

Pero solo por poner algunos ejemplos de como se beneficia el Opus Dei por medio de su partido, el PP, ver las actuaciones de Esperanza Aguirre con una ONG del Opus, o también este ejemplo de como se conceden terrenos para colegios de esta secta. Si alguien argumenta que el PP no es el brazo político del Opus Dei, quizá podría explicar por qué el PP que recorta en la enseñanza pública, multiplica el gasto público en colegios privados del Opus Dei: La Consejería gasta más dinero en dos colegios del Opus que en todos los públicos.

Esperazna Aguirre

Para averiguar si el Opus Dei es una secta o no, podemos guiarnos por las directrices aportadas sobre sectas por AIS (Atención e Investigación de Socioadicciones) donde se resalta que “el problema de las sectas no son sus ideas sino sus prácticas basadas en la ocultación, el engaño y el control de la personalidad”. En este sentido, no cabe duda de que el Opus es una secta (ver Opus y la mentira), y si además añadimos el hecho de que “las sectas se caracterizan por toda una serie de procedimientos encaminados a fomentar la devoción ciega entre sus miembros (adeptos) hacia el propio líder”, tenemos la certeza de que en el Opus se cumple, en este caso haciendo santo a Escrivá de Balaguer de una forma anómala, para continuar con la beatificación de su sucesor Alvaro del Portillo.

Josemaría Escrivá de Balaguer

Sobre las actuaciones del PP que muestran su condición sectaria, basta resaltar su afición patológica por la mentira, también su insultante opacidad en general,  y en especial en lo referente a temas económicos, sus recortes en Derechos Fundamentales, la manipulación sectaria de la información, soporte manifiesto a la tortura, indultos a condenados por corrupción, y quizá la prueba más evidente, es que una secta nunca suelta a sus víctimas. Cuanto más peligrosa es una secta, más difícil les resulta a las víctimas librarse de ella. En este caso el PP no suelta a su víctima la sociedad española, y asombra en el extranjero que Rajoy no dimita sea cual fuese la gravedad del escándalo del día. Las consecuencias son un empobrecimiento de la sociedad elevando brutalmente la deuda del país mientras aumenta el número de ricos con cuentas en paraísos fiscales.

Mariano Rajoy

La impunidad sistemática de esta secta se consigue en principio por el control de los medios de información, y además mediante el control del Tribunal Supremo que se nutre de vocales del CGPJ que en su mayoría están designados a dedo por el PP.

CONTINÚA...

FUENTE: ttp://kaosenlared.net

Ramón Martínez
20/05/2016