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25/6/17

EL FIASCO DEL BANCO POPULAR

Los contribuyentes pagarán parte del fiasco del Popular

Los accionistas y los titulares de bonos convertibles y de deuda subordinada podrán endosar al Estado parte de las pérdidas sufridas. La normativa vigente les permite compensarlas con las ganancias patrimoniales que obtengan, cuando realicen sus declaraciones de impuestos. Tienen, además, cuatro años para hacerlo.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, gesticula desde su escaño durante el debate

de la moción de censura de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy. EFE/Juan Carlos Hidalgo

La compra del Popular por el Santander ha infligido un fuerte quebranto a los accionistas del primero de esos dos bancos, que vieron cómo se evaporaba el valor de sus inversiones de la noche a la mañana. El precio al que se cerró la operación fue de un euro, lo que en la práctica significaba dejar a cero el capital del Popular, pese a que su último día en Bolsa (el 8 de junio) se saldó con una cotización de 0,370 y una capitalización de 1.330 millones.

También han perdido todo su dinero los tenedores de instrumentos como obligaciones convertibles y deuda subordinada, que se convierten automáticamente en acciones cuando el capital baja de un determinado nivel. Esos títulos entrañan menos riesgo que las acciones, pero suponen una segunda línea de fuego en situaciones similares a las que ha protagonizado el Popular, y sus propietarios debieron ser informados de ello al suscribirlos.

De todas formas, unos y otros tienen varias opciones para recuperar algo de la inversión realizada, algunas perfectamente compatibles entre sí. De la que más se ha hablado es de demandar al Popular por no haber ofrecido una imagen real de la situación que estaba atravesando. Eso, lógicamente, requiere tiempo y depende de la decisión que a la postre adopten los tribunales de justicia, que pueden dar la razón a los damnificados o no.

Devorado

Con esa posibilidad juegan los especuladores que están haciendo acopio de los derechos derivados de las obligaciones convertibles y de la deuda subordinada del Popular, que ahora no valen nada, pero pueden proporcionar pingües beneficios si se produjera una avalancha de sentencias favorables. Según algunas fuentes, los precios rondan el 0,2% del valor nominal de los títulos y hay inversores que los venden sólo para minimizar pérdidas.

Éstas, además, pueden compensarlas en todo caso con las ganancias patrimoniales que obtengan a lo largo de los próximos cuatro años, cuando llegue la hora de liquidar sus impuestos. Lo cual significa endosar al Estado parte del quebranto sufrido como consecuencia de las condiciones de la adjudicación del Popular al Santander; un quebranto que contribuiremos a sufragar entre todos, al ser dinero que deja de entrar en las arcas de Hacienda.

Calcular el montante de esa contribución no es fácil, pues se desconoce cuántos antiguos accionistas o tenedores de bonos convertibles y deuda subordinada tendrán ganancias patrimoniales con las que compensar estas pérdidas. Lo que sí se sabe son los créditos fiscales que se anotará el Santander gracias a la operación ascienden a 5.200 millones de euros que el Popular acumulaba por los resultados negativos cosechados en los últimos años.

Devoradora

Según fuentes jurídicas, los accionistas con más probabilidades de pleitear con éxito contra el Popular son los que acudieron a las tres últimas ampliaciones de capital, lanzadas para reforzar la solvencia del banco cuando las cosas empezaron a ir mal para la entidad. También tiene margen de maniobra aquellos que aguantaron hasta el final, pero no tanto quienes se deshicieron a tiempo de sus participaciones, aunque perdieran dinero.

En el caso de los otros instrumentos financieros, las dificultades de ganar en los tribunales son mayores. La última emisión de bonos convertibles, por importe de 1.250 millones de euros, fue en 2013, muchos antes de que la situación del Popular empezara a torcerse. De deuda subordinada se colocaron entre particulares 200 millones en 2001 y otros 250 millones en 2011, y han generado rentabilidades de hasta el 40% de su valor nominal.

FUENTE: publico.es
Vicente Clavero
Madrid - 22/06/2017

16/6/17

EL DINERO DE LA IGLESIA

El espíritu pagano de los 'negocios de Dios'

La Iglesia católica, pese a decirse al servicio de los pobres, maneja su patrimonio financiero con los mismos criterios que cualquier empresa. Compra títulos deuda pública, se beneficia de las sicav y busca ganar rentabilidad e influencia con sus multimillonarias inversiones.

La cúpula de la Conferencia Episcopal (el presidente, Ricardo Blázquez,

el vicepresidente, Antonio Cañizares, y el secretario general, José María Gil Tamayo)

en un encuentro con el Papa Francisco, en su despacho en el Vaticano.

Aunque su reino no sea de este mundo, la Iglesia católica nunca ha descuidado los asuntos terrenales. Como cualquier empresa, procura administrar su copioso patrimonio con criterios de rentabilidad y/o influencia. Sobre todo, el patrimonio financiero: los miles y miles de millones que cada año pasan por sus manos, procedentes de las arcas públicas o de las donaciones de sus fieles.

Los negocios de Dios son tan universales como su Iglesia y tienen su epicentro en la sede apostólica de Roma, aunque se extienden por los centenares de diócesis del planeta que cuentan con recursos para hacerlos. Hay ejemplos muy reveladores de hasta dónde llega el poderío económico y cuál la forma en la que gestiona su dinero una institución que se proclama al servicio de los pobres.

A finales de 2012, el Banco Vaticano no quiso quedarse al margen de los pingües beneficios derivados de la crisis de la deuda, que puso por las nubes la rentabilidad de los bonos del Estado. Para sumarse al festín, colocó en ese tipo de productos cerca de dos mil millones, la mayor parte en dos países sobre los que pendía la espada de Damocles de la intervención: Italia (1.179 millones) y España (589 millones).

Se trata sin duda de cifras modestas, comparadas con las que movilizaron por aquella época los grandes inversores institucionales, pero constituyen una prueba irrefutable de que el modus operandi de quienes gestionan la Iglesia no difiere del más habitual en las entidades con ánimo de lucro. A pesar de que, al menos en teoría, los fines que persiguen son radicalmente distintos.

Sede en el Vaticano del Instituto para las Obras de Religión o IOR,

conocido popularmente como el Banco Vaticano

Por supuesto, la Iglesia española no constituye ninguna excepción y, cuando opera en los mercados financieros, parece regirse por aquello de “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. De ahí que, durante años, no haya tenido el más mínimo pudor en utilizar unos de los instrumentos favoritos de los ricos para engordar su patrimonio con el menor coste fiscal.

A principios de 2008, la Iglesia controlaba varias sicav, las sociedades de inversión colectiva cuyos beneficios gozan del privilegio de tributar sólo al 1%. Umasges tenía como socios a los arzobispados de Madrid y de Burgos y a la Mutua Umas, perteneciente a la órbita de la Conferencia Episcopal. En Vayomer y Gran Premier había también una clara presencia eclesiástica, aunque el aliado era en este caso (quién mejor) el banco portugués Espirito Santo.

La crisis se llevó por delante algunas de estas sicav: Umasges fue disuelta en el mismo 2008 y Gran Premiere, en 2011. Vayomer cambió en 2012 su nombre por el de Naujirdam Inversiones, y otro tanto ocurrió con Finanzas Querqus, propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que pasó a llamarse Relian Capital. Pero el objetivo seguía siendo idéntico: sacar la máxima rentabilidad y pagar los mínimos impuestos.

Para saber en qué activos colocan sus activos estas sicav, basta con echar un vistazo a último informe de Naujirdam depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y correspondiente al primer trimestre de 2017. Títulos de renta fija y acciones de grandes empresas, como Banco Santander, Telefónica o Repsol, forman parte de su cartera, por un importe total que rondaba los cinco millones de euros a esa fecha.

Por cierto que la existencia de Naujirdam se compadece mal con el manual de inversiones financieras que aprobó el Plenario de la Conferencia Episcopal celebrado en noviembre de 2016. Según la información que trascendió entonces sobre su contenido, los obispos se comprometieron a no invertir en paraísos fiscales, ni realizar operaciones de carácter especulativo… ni utilizar sicav.

La afición de la Iglesia a poner su dinero bajo el sol que más calienta viene de antiguo y ha hecho que sobre ella caiga algún inesperado chaparrón. El más sonado fue, sin duda, el escándalo de Gescartera, la agencia de valores intervenida en 2001 por defraudar a sus clientes después de ofrecerles altas rentabilidades. Unos veinte millones de euros perdieron las instituciones religiosas que confiaron en ella.

Al menos dos diócesis figuraron entre los damnificados: la de Valladolid y la de Astorga. El ecónomo (administrador) de esta última, el sacerdote Ángel Lucio Vallejo Balda, fue nombrado tiempos después secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede, seguramente en recompensa por su buen olfato. Ya con Francisco como papa, Vallejo Balda protagonizaría la filtración de documentos pontificios secretos bautizada con el nombre de Vatileaks 2, por la que fue condenado en 2016 a 18 meses de prisión.

Si Gescartera constituyó un ejemplo de las consecuencias de la avaricia en la gestión del patrimonio financiero de la Iglesia, el más reciente del Banco Popular refleja hasta qué punto organizaciones vinculadas a ella están dispuestas a arriesgar mucho dinero a cambio de mantener ciertas cuotas de influencia y de poder.

Última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.

Uno de los pesos del banco ha sido tradicionalmente la Sindicatura de Accionistas, que tenía el 9,8% del capital antes de la absorción por el Santander. Pertenecía a ella la Unión Europea de Inversiones (UEI), promovida por personas e instituciones cercanas al Opus Dei, el movimiento religioso que nutrió la alta dirección del Popular durante años, incluidos al menos un presidente (Luis Valls-Taberner) y un consejero delegado (Rafael Termes).

La participación de la UEI, que era del 3%, valía más de 260 millones de euros hace dos años. Para que no se diluyera en las tres ampliaciones llevadas a cabo desde entonces, tuvo que desembolsar una fuerte suma de dinero (74 millones en la última). Como parte lo obtuvo a crédito, el desplome posterior de la acción puso a la sociedad al borde de la quiebra técnica.

Todos estos asuntos, aunque estuvieran en juego fondos de distinta procedencia, han proporcionado argumentos a quienes defiende que la Iglesia debe estar sujeta fiscalización por el Tribunal de Cuentas, al ser perceptora de recursos públicos. Sólo a través de la asignación tributaria (la casilla del IRPF), recibe del orden de 250 millones de euros anuales, a los que hay que añadir las subvenciones de todo tipo provenientes de las distintas administraciones.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas se niega a entrar en las de la Iglesia, como quedó de manifiesto en la votación de su plan para 2017. Nunca antes se había visto el asunto en el pleno, y los siete consejeros nombrados a propuesta del PP hicieron valer su mayoría, frente a los cinco del PSOE. Eso impedirá que se sepa con detalle a qué dedica el dinero una institución como la Conferencia Episcopal, que incluso en los momentos más duros de la crisis ha gastado más en mantener su propia televisión (13TV) que en ayudar a Cáritas .

FUENTE: publico.es
Vicente Clavero
13/06/2017

17/4/17

DEBACLE Y RESACA DE SEMANA SANTA

El banco del Opus ruega una oración por su eterno descanso

Muy pertinente con su condición de criatura del Opus, la semana del Banco Popular ha sido muy de pasión, aunque como el cuento ha cambiado una barbaridad, nadie en su sano juicio confía ya en que el banco resucite. La entidad, que en cuatro días ha perdido el 25% de su valor en Bolsa, viene siendo un muerto viviente desde hace cinco años y las reiteradas referencias a su solvencia por parte del ministro de Lehman, el costalero Luis de Guindos, y su cofradía económica han certificado oficialmente su defunción. Por lo visto, en un sistema financiero tan saneado como el nuestro también ocurren estas desgracias.

Es la vieja historia eternamente repetida, en la que los sagaces supervisores, como es tradición, han estado a la luna de Valencia. Centrado en su negocio tradicional de créditos a pequeñas empresas y particulares, el Popular era un banco muy rentable, hasta que la caída de los tipos de interés le pilló con el paso cambiado. Lo razonable hubiera sido entonces abrirse a una fusión, pero eso habría supuesto a la Obra perder el control del juguete y la Prelatura no iba a resignarse a que otros les racionaran el foie gras con el que se untaba el pan suyo de cada día.

Con las mismas, los ‘obreros’ (de dios) se lanzaron a una tarea de engorde muy desaconsejada por los nutricionistas. Entre otras aventuras, compraron el Pastor a cascoporro, y se metieron de lleno en el negocio inmobiliario, cuando ya era evidente que el ladrillo era puro colesterol en vena. Desde 2012 han lanzado tres ampliaciones de capital hasta que fue evidente que el cáncer era imparable. Se llegó así a los 3.485 millones de pérdidas récord de 2016, resultado de provisionar 5.700 millones para cubrir la depreciación de sus activos tóxicos. Paralelamente, se dio el pasaporte al presidente, Ángel Ron, junto a una limosna en forma de pensión de 23 millones de euros, y se fichó a un ex de JP Morgan, Emilio Saracho, para ver si lo de multiplicar el pan y la sardina podía repetirse.

El tal Saracho ha dejado claro que lo suyo no son los milagros sino los entierros. Anunció primero un ajuste de las cuentas de 2016 de 600 millones que no se habían contabilizado entre las provisiones, y expuso las dos alternativas del banco: ofrecerse al mejor postor o ampliar capital por cuarta vez, al tiempo que se ponen en venta algunas de sus filiales, el mobiliario de oficina y hasta los manguitos.

Lo que para algunos ha de considerarse mala gestión, desde la óptica de muchos accionistas ha sido simplemente una estafa. El Popular ha captado en sus anterior ampliaciones cerca de 5.500 millones y ahora necesita otros tantos. La última ampliación, en junio de 2016, se hizo a un precio de 1,25 euros por acción. El título cotizaba este jueves a 0,61 por lo que los compradores de entonces acumulan una pérdida cercana al 90%.

El quebranto no ha sido sólo para las familias del Opus, que en el pecado llevan la penitencia y que para mantener su porcentaje de control han tenido que apoquinar pasta en la instrumental en la que tienen sindicadas sus participaciones. El perjuicio es el de miles de accionistas, clientes del banco y captados en sus sucursales, a los que nadie les advirtió de la situación real de la entidad y que harían bien en interponer las correspondientes demandas ante los tribunales.

Como no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, la cuarta ampliación tendría que ir dirigida a inversores institucionales a precios de saldo, lo que aumentaría la ruina de los pequeños incautos del capitalismo popular, y nunca mejor dicho. Una vez más quienes debían haberles protegido –la CNMV y el Banco de España- se han lavado las manos como Pilatos en la bacinilla de los enjuagues.

Mientras el banco del Opus ruega una oración por su eterno descanso está por ver que el desastre no acabe salpicando a los contribuyentes, que todo puede ocurrir. Desde el Ministerio de Economía se ha insistido en que se trata de un asunto privado que debe resolverse en ese ámbito. Oremos.

FUENTE: publico.es
Tierra de nadie
Juan Carlos Escudier
14/04/2017

14/4/17

LOS FLECOS DE LA CRISIS

La bajada a los infiernos del banco del Opus Dei en doce claves

El Popular, antaño una de las entidades financieras más rentables del mundo, atraviesa una delicada situación anotando pérdidas récord y desplomándose en bolsa

Logo del Banco Popular durante la presentación de los resultados de la entidad.

REUTERS/Juan Medina

El Banco Popular, el sexto mayor de España por volumen de activos, atraviesa una delicada situación. Sólo en el último año, su capitalización bursátil (su valor de mercado) ha caído a menos de la mitad. La pérdida del valor de las acciones ha sido aún mayor, debido al efecto dilutivo de las dos macroampliaciones acometidas en 2016 para cubrir las exigencias de capital.

La etapa iniciada tras el cese de Ángel Ron y su sustitución por Emilio Saracho tampoco ha empezado con buen pie. El nuevo presidente ha tenido que reformular las cuentas del pasado ejercicio, añadiendo 633 millones de euros a las pérdidas récord de 3.485 millones reconocidas por su antecesor.

La Obra de Dios en La Tierra

Continúa así la bajada a los infiernos de un banco que en sus buenos tiempos, bajo la batuta de hombres del Opus Dei, llegó a estar entre los más rentables del mundo.

¿Cuál es el origen de los males?

El Popular llegó tarde y mal al boom del ladrillo, y no supo prever a tiempo el estallido de la burbuja. Como consecuencia de ello, se cargó de activos tóxicos que aún hoy lastran su balance. Al cierre de 2016, tenía 16.074 millones de euros en inmuebles adjudicados y 19.602 millones en créditos dudosos. Ningún otro banco español arrastra una carga tan pesada en relación con su tamaño. Además, es propietario de suelo por importe de 7.000 millones de euros, más que el BBVA o el Santander, que rondan los 5.000 millones.

¿Cómo reaccionó el banco a la crisis del ladrillo?

Una de las obsesiones del Popular ha sido mantener su independencia incluso cuando desde el sector y desde los poderes públicos se apostaba por la concentración. De ahí que Ron se negara en redondo a estudiar siquiera la fusión de igual a igual con otros bancos medianos (Sabadell), ni mucho menos con alguno de los grandes. El objetivo del ya expresidente fue siempre salir del atolladero por sus propios medios; a costa, si era necesario, de pedir importantes sacrificios a los accionistas.

¿Recibió ayudas públicas?

Ron siempre alardeó de no haber recibido ayudas públicas para hacer frente a la crisis del ladrillo, aunque aprovechó los programas de avales del Estado de 2008 y 2009 para emitir deuda por importe de 3.500 millones de euros. De lo que no se quiso beneficiar fue de la constitución de la Sareb, el banco malo semiestatal que asumió los activos tóxicos de las entidades con mayores problemas, a costa en parte del dinero de los contribuyentes. Para evitar injerencias del Estado, el Popular elaboró un proyecto para crear su propio banco malo, que Ron no ha llegado a ver aprobado por los reguladores.

¿Fue buena idea absorber al Pastor?

Ésta es una operación que no se entendería sin la rivalidad existente por el liderazgo de la banca mediana en España, que el Popular venía ostentando tradicionalmente. Su posición empezó a peligrar cuando el Sabadell mostró su voluntad de aprovechar el proceso de reordenación bancaria para dar un salto adelante. Tras la compra del Urquijo en 2006, la entidad catalana sumó, primero, al Guipuzcoano (2010) y, después, a la CAM (2011), aparte de otros negocios de menor envergadura. La respuesta de Ron fue la absorción del Pastor, con la que se echó encima otro baldón, pues tuvo que hacer una limpia de 2.683 millones de euros en su cartera de crédito y de 853 millones en la de activos inmobiliarios.

¿Por qué ha perdido tanto valor en Bolsa?

Con independencia de los oscuros movimientos denunciados desde el Popular, lo cierto es que el mecanismo ideado para reforzar su capital (ampliaciones) y su forma de llevarlas a cabo han pasado factura a la cotización. Entre 2012 y 2016, Ron recurrió tres veces a ese procedimiento, lo que le permitió captar 5.450 millones de euros. La pérdida de valor bursátil del banco desde el inicio de la crisis es del 97%, aunque la mitad de ella se produjo el año pasado. El reciente anuncio de la reformulación de las últimas cuentas ha sido otra mala noticia, a la que el mercado ha respondido con nuevas bajadas.

¿Qué ocurrió con la última ampliación?

En la primera quincena de junio de 2016, el Popular cubrió con sobredemanda una ampliación de 2.505 millones de euros, lanzada con la justificación de fortalecer su balance y mejorar sus índices de rentabilidad y solvencia. Se pusieron en circulación 2.000 millones de acciones nuevas a un precio unitario de 1,25 euros. Entonces, el banco alardeaba de una cuenta de resultados en beneficios y auguraba un futuro prometedor. Pero el tiempo colocó las cosas en su sitio: el año cerró con una pérdidas récord de 3.485 millones, debido a las provisiones adicionales que fue necesario realizar, y hoy aquellas acciones sólo valen 0,8 euros.

¿Pueden reclamar los perjudicados?

Se están haciendo analogías entre la salida a Bolsa de Bankia y la última ampliación de capital del Popular, so pretexto de que en ninguna de las dos se suministró a los inversores información suficiente sobre el estado real de las entidades. Incluso algunos despachos de abogados, que suelen sacar buen provecho de estos casos, han empezado a ofrecerse a los afectados. Las inesperadas pérdidas reconocidas por Ron justo antes de salir del banco y el hecho de que su sucesor las haya rectificado al alza son una potente munición para eventuales demandas.

¿Quién echó al anterior presidente?

El anterior presidente del Banco Popular, Ángel Ron, y su sustituto, Emilio Saracho.

REUTERS

Todos los dedos señalan a uno de los grandes accionistas, Antonio del Valle. Este poderoso empresario mexicano de origen asturiano, que en diciembre de 2013 compró más del 4% del Popular por 450 millones de euros, no estaba de acuerdo con la independencia a ultranza defendida por Ron para el banco con el beneplácito del resto del consejo de administración. Finalmente, su apuesta por un cambio de rumbo que no excluyera ninguna opción convenció a la Sindicatura de Accionistas, formada por las familias fundadoras y algunos exdirectivos, que posee el 10% del capital; a la aseguradora alemana Allianz (3,5%), y a la francesa Credit Mutual (4%). Después de 32 años de servicios y doce como presidente, rodó la cabeza de Ron.

¿Qué ha hecho su sucesor?

Emilio Saracho se ha incorporado al Popular procedente del JP Morgan Chase, el mayor banco por activos del mundo, del que era vicepresidente. Su misión, de entrada, es recuperar la confianza de los mercados y eso explica que esta semana haya reconocido dos cosas. Primero, que las cuentas de 2016 eran peores de los anunciado. Y segundo, que parte de la última ampliación fue financiada por la propia entidad mediante créditos a sus clientes, lo que distorsiona la situación real de su capital. La consecuencia inmediata ha sido la salida de Pedro Larena, el último consejero delegado que dejó Ron.

¿Cuáles son las opciones ahora?

Tras los saneamientos de 2016, la solvencia del Popular ha quedado en el mínimo exigido: su capital de máxima calidad está en el 8,17%, frente al 11% de sus competidores. La persistencia de un elevado volumen de créditos vinculados al ladrillo todavía sin provisionar hace prever, además, que los ajustes no hayan terminado. Según algunos expertos, para alcanzar una cobertura similar a la de Santander, BBVA o Bankia, necesitaría no menos de 3.000 millones. Ese dinero puede salir de la venta de activos, de mantener en suspenso el dividendo (no hubo en 2016) o de nuevas ampliaciones. Pero hay otra posibilidad: que absorba al Popular uno de los grandes, aunque su fuerza negociadora actual no parece la más idónea.

¿Costará dinero a los contribuyentes?

En principio, no tendría por qué. Pero nunca se sabe. Todo depende de cuál sea la solución definitiva y de si, llegados un momento crítico, las autoridades consideran que se trata de un problema sistémico; es decir, con capacidad de arrastrar en su caída al sector. En tal caso, el Estado podría considerarse legitimado para intervenir y/o facilitar ayudas a un eventual comprador. No sería la primera vez.

¿Sigue mandando el Opus Dei en el banco?

Rafael Termes Carrero y Luis Valls Taberner

El Popular ha sido identificado tradicionalmente con el Opus Dei y se le ha tachado de ser, incluso, su brazo financiero en España. De hecho, al mando del banco estuvo durante 32 años Luis Valls Taberner, supernumerario de la Obra, que le dio una impronta muy especial con la inestimable ayuda de otro destacado miembro de la organización, el consejero delegado, Rafael Termes Carrero. De la mano de ambos llegaron a la cúpula directiva numerosos seguidores de Escrivá de Balaguer, parte de los cuales siguen en la Sindicatura de Accionistas, el último reducto del Opus Dei en el Popular.

FUENTE: publico.es

1/3/17

LOS GRANDES BANQUEROS ESPAÑOLES

Los seis grandes banqueros ganaron 140 veces el salario medio en 2016

Su retribución conjunta fue de 22,2 millones de euros. La mejor pagada sigue siendo la presidenta del Santander.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, el presidente del BBVA, Francisco González,
la del Santander, Ana Botín, el de Caixabank, Jordi Gual, el ex presidente del Popular, Ángel Ron,
el del Sabadell, Josep Oliú, y el de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. EFE/REUTERS

Los presidentes de los seis mayores bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular) ganaron un total de 22,2 millones de euros durante 2016, según los informes de gobierno corporativo en poder de la CNMV. La retribución media per cápita alcanzó los 3,7 millones, equivalentes a más de 140 veces el salario medio español, que ascendía a 26.259 euros en 2015, último año completo del que existen estadísticas oficiales.

La mejor pagada en 2016 fue, una vez más, la presidenta del Santander, Ana Botín, que se embolsó 9,9 millones de euros: 7,4 en efectivo y acciones del banco y 2,5 como aportación a su fondo de pensiones.

Le siguieron, a notable distancia, Francisco González, máximo responsable del BBVA, que percibió 4,9 millones, y Josep Oliu, del Sabadell, con algo más de cuatro.

De todos ellos, el presidente que menos dinero ganó fue el de Bankia, entidad mayoritariamente controlada por el Estado y que todavía tiene pendiente de devolución buena parte de las ayudas públicas concedidas para evitar su quiebra. José Ignacio Goirigolzarri percibió una retribución en metálico de 625.000 euros y acciones por valor de otros 125.000 euros.

El consejo de Bankia fue el que tuvo en 2016 un coste más bajo, como viene siendo habitual desde su nacionalización hace casi cinco años: tres millones de euros, muy lejos de los 30,5 del Santander. Cuatro miembros del principal órgano de administración de la entidad presidida por Ana Botín, dos del BBVA y otros dos del Sabadell ganan individualmente más que todos los consejeros de Bankia juntos.

En total, los seis principales bancos españoles se gastaron el año pasado 93,8 millones de euros en retribuir a sus administradores, con un descenso del 10% respecto a 2015, imputable a una menor dotación a fondos de pensiones.

FUENTE: publico.es