FISCALIDAD DE COLEGIOS CONCERTADOS

Las claves de por qué cientos de miles de familias deberán devolver a Hacienda 2.400 euros de los recibos de la concertada

La Agencia Tributaria recuerda que “exigirá la regularización cuando se detecte que un contribuyente se ha deducido como donación lo que en realidad es el pago por un servicio”, que son obligatorios en dos de cada tres colegios.

Los contribuyentes se deducen más del 30% del dinero que entregan como donativo

a las fundaciones que gestionan la escuela concertada. / EFE

La Agencia Tributaria se ha decidido a poner el foco sobre el negocio de los donativos de la enseñanza concertada, que cada año genera cientos de millones de euros al margen de las aportaciones públicas, y de los que cientos de miles de familias se deducen en el IRPF más de un tercio de las entregas, cuando en buena parte de las ocasiones se trata de meras cuotas por servicios educativos que, al canalizarse a través de fundaciones, dan derecho, aparentemente, a esa rebaja fiscal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmaba en declaraciones a Antena3 recogidas por EuropaPress la información adelantada por El Confidencial: se trata de "un dinero que se entrega a cambio de una prestación" y, por lo tanto, no se puede deducir como donativo".

El ministerio ya había adelantado ese criterio en una respuesta parlamentaria a dos diputados de Ciudadanos, en la que explica que los beneficios fiscales de los donativos, que suponen una deducción del 75% para los primeros 150 euros y del 30% para el resto, solo son aplicables cuando “no se correspondan con el derecho a percibir una prestación presente o futura” y siempre que se hayan realizado de manera voluntaria y con “ánimo de liberalidad”, para lo que es necesario analizar “los derechos que, a cambio del pago de tales cantidades, se otorguen a quienes las satisfacen”.

¿Qué son las cuotas-donativo?

Se trata de una aportación que las familias de los alumnos de la enseñanza concertada pagan en la mayoría de los colegios, pese a que la ley establece que "esas unidades educativas se financian con los fondos públicos que aportan las comunidades autónomas".

No se pagan directamente al centro, sino a las fundaciones que los gestionan, que es lo que les da la apariencia de donativos y, en consecuencia, genera el aparente derecho de los padres a la deducción en el IRPF. Se trata de desgravaciones indebidas por unas donaciones cuya obligatoriedad no ampara la ley. Sin embargo, su pago no es voluntario. 

Según el informe Estudio de Precios de Colegios Concertados elaborado por Ceapa (Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos) para este curso, "se paga en el 96,36% de los centros visitados” y alcanza el 100% en comunidades como Madrid y Catalunya. Su desembolso es obligatorio en el 63% de los centros concertados y únicamente es voluntario en el 9%, mientras que otro 6% aplica fórmulas flexibles.

En ocasiones se vinculan a actividades complementarias a la formación de los alumnos, lo que hace que el 21% restante de centros obliguen a retirar de sus instalaciones a los chavales cuyas familias no las pagan, y en otras tienen como objetivo declarado mejorar la financiación del centro.

Solo uno de cada tres colegios detalla los horarios y el contenido de esas actividades, según Ceapa. "Cuando hay una contraprestación no se trata de un donativo".

¿A cuánto ascienden los pagos?

El estudio de Ceapa hace referencia a una cuota media de 159 euros mensuales (de septiembre a junio), promedio que se dispara a 249 en Catalunya mientras no alcanza los 60 en comunidades como Galicia o Aragón o no llega a 65 en Andalucía.

"Los extremos los marcan, entre los que las cobran, los diez euros anuales del colegio Galaxia, en Galicia, y los 860 del Saint Pauls, en Catalunya".

¿Y cuántas familias los cubren?

Según los datos del Ministerio de Educación, "algo más de dos millones de alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller y FP estudian en colegios concertados".

"Suponen algo más de la cuarta parte del alumnado de escolarización obligatoria", con 2.087.474 frente a 5.490.022 de la pública y 558.380 de la privada autónoma, y sus principales grupos son los 837.269 de Primaria, 580.346 de Secundaria y 449.168 de Infantil. "El cruce de esos datos con los de Ceapa sitúa el volumen de alumnos cuyas familias lo pagan, ligeramente por encima de los dos millones".

¿A cuánto asciende la deducción?

Depende de la cuantía del pago, ya que el beneficio fiscal es del 75% para los primeros 150 euros del ejercicio tributario y del 30% para el resto.

Así, los 1.590 euros de media por los diez meses del curso generarían una deducción de 544,50 euros, 112,50 por el primer tramo y 432 por el resto, aunque el descuento en el IRPF crece en volumen cuanto mayor es el gasto: los diez euros anuales del Galaxia darían lugar a una deducción de 7,5 mientras los del Saint Pauls generarían una de 2.647,50 (112,50 y 2.535 por tramo).

¿Todas las familias se aplican la desgravación?

La ministra Montero sostiene que no.

"La mayoría de las familias han consignado estas cuotas adecuadamente y no ha habido ningún problema, ya que no las han declarado como donativos ni se han deducido nada en el IRPF por ella".

¿Y qué ocurre con las que se han deducido como donativos lo que en realidad eran recibos por servicios?

“Como no puede ser de otra manera, se exigirá la regularización cuando se detecte que un contribuyente se ha deducido como donación lo que en realidad es el pago por un servicio”, informó la Agencia Tributaria a través de un comunicado.

La regularización, que suele comenzar a instancias de Hacienda aunque puede realizarse de manera voluntaria, consiste en una declaración complementaria en la que el contribuyente devuelve al fisco el dinero que se ha deducido indebidamente.

¿Por cuántos años se puede tener que devolver?

Por todos los ejercicios fiscales no prescritos, lo que significa que en estos momentos la Agencia Tributaria puede reclamar las deducciones vinculadas a recibos pagados a partir de enero de 2014.

No obstante dicha horquilla, el 30 de junio pasará al mismo mes de 2015, explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha, sindicato de los técnicos de Hacienda.

¿Puede haber además una sanción?

Cruzado estima que es difícil, ya que “son las mismas fundaciones las que dan la información fiscal de esos pagos tanto a la Agencia Tributaria como a las familias”, por lo que podría estimarse que el contribuyente se aplica las deducciones de manera errónea pero si ánimo de defraudar. 

En cualquier caso, matiza que, al haberse detectado hasta ahora casos aislados, Hacienda carece de un criterio formal sobre ese extremo. No obstante, anota que “se trata de algo generalizado” a pesar de que “la gente sabe perfectamente cuando está donando dinero a cambio de nada o pagando por algo”.

¿A cuánto asciende el fraude?

“Es imposible de calcular, porque no hay datos desagregados de cada tipo de donativos”, señala Cruzado. El conjunto de los donativos a fundaciones, entes sin ánimo de lucro y entidades de utilidad pública, que incluye desde grupos ecologistas y oenegés a organizaciones como Cáritas o como Hazte Oír, generan en su conjunto deducciones por 240,2 millones al año de las que se benefician 3.256.194 contribuyentes, una cifra muy superior a la de las familias que llevan a sus hijos a centros de enseñanza concertados.

Llama la atención cómo la cuantía media de las deducciones por donativos, que incluyen las que se disfrutan por aportar fondos, crece conforme aumenta la renta de los contribuyentes: oscila entre los 38 y los 78 para ingresos de 6.000 a 60.000 euros anuales, ronda 112 euros para quienes ingresan entre esa cifra y 150.000 y se dispara a 204 y a 1.056 a partir de ahí.

¿Hacienda va a iniciar una campaña contra este fraude?

No. O sí. La mezcla de ambigüedad y discreción que caracteriza al ministerio en asuntos tributarios hace que no quede claro. Pese a que la Agencia Tributaria está habilitada para inspeccionar ese tipo de donativos desde que en 2002 entró en vigor la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, prácticamente nunca ha entrado en el asunto.

“Se exigirá la regularización cuando se detecte que lo que se declara como donativo es en realidad una contraprestación por un servicio”, explica un portavoz de ese organismo, que asegura que “no hay una campaña específica sobre ese tema” ahora mismo. La propia Agencia Tributaria emitió este martes un comunicado en el que insistía en que “no se ha producido ningún cambio legal ni de criterio” y en que su actuación “en este ámbito sigue siendo la misma que en los últimos años”.

¿Solo afecta al IRPF?

En realidad, el fraude de declarar el pago de servicios como donativos merma también la recaudación del impuesto de Sociedades, ya que las fundaciones no anotan esos ingresos como entradas corrientes de dinero por su actividad comercial.

“Habría que hacer un esfuerzo en controlar las fundaciones” que reciben esos fondos y los tratan como donativos, explica Cruzado, que, al mismo tiempo, considera “complicada esa tarea": exige, por un lado, determinar si cada fundación tiene actividad real o es una tapadera para recaudar las cuotas y, en cualquier caso, qué parte de sus ingresos supone ese segundo flujo. Y, por otro, las normas tributarias son distintas para las fundaciones civiles y para las promovidas por la iglesia católica.

¿Es la primera iniciativa para atajar el fraude?

La iniciativa de Hacienda no es la primera que pone en el punto de mira la gestión de los donativos de la escuela concertada: la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón mantiene abiertos expedientes a varios centros concertados de Zaragoza "por imponer a los alumnos de las unidades subvencionadas con fondos públicos la obligación de pagar las cuotas a las fundaciones que los gestionan".

“No se puede cobrar de forma obligatoria. Tienen que garantizar la educación gratuita a las familias, que es el motivo por el que reciben fondos públicos”, señalaron fuentes de ese departamento.

FUENTE: publico.es
Eduardo Bayona
Zaragoza - 06/02/2019

Este ciudadano, lo único que sabe al respecto es qué, a raíz de la entrada en vigor de la famosa "Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo", organizaciones de todo tipo (gran parte de ellas bajo el negro paraguas de la Iglesia) han brotado como las setas a principios de otoño. ¡...oño!

VOX Y EL EXILIO IRANÍ

El exilio iraní financió el 80% de la campaña europea de Vox en 2014

Integrantes del Consejo Nacional de la Resistencia, que ha estado incluido en la lista de organizaciones terroristas, hicieron 146 donaciones por valor de 800.000 euros. La propia formación ha admitido estos ingresos.

José Antonio Ortega Lara, Alejo Vidal-Quadras y Santiago Abascal en una imagen de archivo. EFE

El exilio iraní financió el 80% de la campaña europea de Vox en 2014". Según una información publicada por El País, el partido de extrema derecha recibió 146 donaciones procedentes de seguidores de un grupo opositor iraní, un hecho que el partido ha admitido este domingo.

En concreto, "integrantes del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) ingresaron desde una quincena de países casi un millón de euros –800.000 euros–, que fueron a parar a las arcas de la formación ultra". Ese dinero financió la mayor parte de la campaña de su candidato al Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, anteriormente dirigente del PP. Por aquel entonces, el actual líder de Vox, Santiago Abascal, era el secretario general.

Vidal-Quadras reconoció vínculos

Alejo Vidal-Quadras

Vidal-Quadras, que no consiguió el escaño en Bruselas, abandonó la formación e informó a los suyos de la procedencia del dinero, según ha asegurado el propio político a El País. No obstante, las acusaciones acerca de la posible financiación ilegal de Vox no son nuevas, pues ya en 2015, Vidal-Quadras reconoció vínculos con la "oposición democrática iraní en el exilio" –según sus palabras–, "esto es, con el CNRI, una organización que defiende a los muyahidines y que ha estado incluida en la lista de organizaciones terroristas".

Abascal, en respuesta a unas acusaciones del dirigente del PP Javier Maroto de financiación ilegal, aseguró que su partido sólo se financia a través de los españoles: "No tenemos financiación de nadie, más que de los españoles".

La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha reconocido que durante la etapa de Vidal-Quadras al frente del partido "recibieron donaciones particulares del exilio iraní", pero ha matizado que "todas son legales". "En Vox todas las donaciones son legales. Esas donaciones son de particulares del exilio iraní, de esos que salen huyendo de los enemigos de la libertad, de los que financian a Pablo Iglesias", ha dicho Monasterio en una entrevista concedida a la Cope recogida por Europa Press.

Rocío Monasterio

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, también ha admitido esta información y ha asegurado que los donativos que la formación recibió para su campaña europea fueron "legales y totalmente transparentes".

Sin embargo, de cara a las elecciones europeas de 2014, la Junta Electoral Central advirtió precisamente de que "ninguna persona o entidad extranjera podía contribuir a los gastos de campaña de un partido o una agrupación de electorales en los comicios al Parlamento Europeo, ya que lo prohíbe la vigente Ley Electoral (LOREG)", tal y como recogió en su momento Europa Press y se ha hecho eco este domingo la periodista Pilar Velasco.

FUENTE: publico.es 
Madrid - 13/01/2019

EL DINERO DE LA IGLESIA

El espíritu pagano de los 'negocios de Dios'

La Iglesia católica, pese a decirse al servicio de los pobres, maneja su patrimonio financiero con los mismos criterios que cualquier empresa. Compra títulos deuda pública, se beneficia de las sicav y busca ganar rentabilidad e influencia con sus multimillonarias inversiones.

La cúpula de la Conferencia Episcopal (el presidente, Ricardo Blázquez, 

el vicepresidente, Antonio Cañizares, y el secretario general, José María Gil Tamayo) 

en un encuentro con el Papa Francisco, en su despacho en el Vaticano.

Aunque su reino no sea de este mundo, la Iglesia católica nunca ha descuidado los asuntos terrenales. Como cualquier empresa, procura administrar su copioso patrimonio con criterios de rentabilidad y/o influencia. Sobre todo, el patrimonio financiero: los miles y miles de millones que cada año pasan por sus manos, procedentes de las arcas públicas o de las donaciones de sus fieles.

Los negocios de Dios son tan universales como su Iglesia y tienen su epicentro en la sede apostólica de Roma, aunque se extienden por los centenares de diócesis del planeta que cuentan con recursos para hacerlos. Hay ejemplos muy reveladores de hasta dónde llega el poderío económico y cuál la forma en la que gestiona su dinero una institución que se proclama al servicio de los pobres.

A finales de 2012, el Banco Vaticano no quiso quedarse al margen de los pingües beneficios derivados de la crisis de la deuda, que puso por las nubes la rentabilidad de los bonos del Estado. Para sumarse al festín, colocó en ese tipo de productos cerca de dos mil millones, la mayor parte en dos países sobre los que pendía la espada de Damocles de la intervención: Italia (1.179 millones) y España (589 millones).

Se trata sin duda de cifras modestas, comparadas con las que movilizaron por aquella época los grandes inversores institucionales, pero constituyen una prueba irrefutable de que el modus operandi de quienes gestionan la Iglesia no difiere del más habitual en las entidades con ánimo de lucro. A pesar de que, al menos en teoría, los fines que persiguen son radicalmente distintos.

Sede en el Vaticano del Instituto para las Obras de Religión o IOR, 

conocido popularmente como el Banco Vaticano

Por supuesto, la Iglesia española no constituye ninguna excepción y, cuando opera en los mercados financieros, parece regirse por aquello de “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. De ahí que, durante años, no haya tenido el más mínimo pudor en utilizar unos de los instrumentos favoritos de los ricos para engordar su patrimonio con el menor coste fiscal.

A principios de 2008, la Iglesia controlaba varias sicav, las sociedades de inversión colectiva cuyos beneficios gozan del privilegio de tributar sólo al 1%. Umasges tenía como socios a los arzobispados de Madrid y de Burgos y a la Mutua Umas, perteneciente a la órbita de la Conferencia Episcopal. En Vayomer y Gran Premier había también una clara presencia eclesiástica, aunque el aliado era en este caso (quién mejor) el banco portugués Espirito Santo.

La crisis se llevó por delante algunas de estas sicav: Umasges fue disuelta en el mismo 2008 y Gran Premiere, en 2011. Vayomer cambió en 2012 su nombre por el de Naujirdam Inversiones, y otro tanto ocurrió con Finanzas Querqus, propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que pasó a llamarse Relian Capital. Pero el objetivo seguía siendo idéntico: sacar la máxima rentabilidad y pagar los mínimos impuestos.

Para saber en qué activos colocan sus activos estas sicav, basta con echar un vistazo a último informe de Naujirdam depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y correspondiente al primer trimestre de 2017. Títulos de renta fija y acciones de grandes empresas, como Banco Santander, Telefónica o Repsol, forman parte de su cartera, por un importe total que rondaba los cinco millones de euros a esa fecha.

Por cierto que la existencia de Naujirdam se compadece mal con el manual de inversiones financieras que aprobó el Plenario de la Conferencia Episcopal celebrado en noviembre de 2016. Según la información que trascendió entonces sobre su contenido, los obispos se comprometieron a no invertir en paraísos fiscales, ni realizar operaciones de carácter especulativo… ni utilizar sicav.

La afición de la Iglesia a poner su dinero bajo el sol que más calienta viene de antiguo y ha hecho que sobre ella caiga algún inesperado chaparrón. El más sonado fue, sin duda, el escándalo de Gescartera, la agencia de valores intervenida en 2001 por defraudar a sus clientes después de ofrecerles altas rentabilidades. Unos veinte millones de euros perdieron las instituciones religiosas que confiaron en ella.

Al menos dos diócesis figuraron entre los damnificados: la de Valladolid y la de Astorga. El ecónomo (administrador) de esta última, el sacerdote Ángel Lucio Vallejo Balda, fue nombrado tiempos después secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede, seguramente en recompensa por su buen olfato. Ya con Francisco como papa, Vallejo Balda protagonizaría la filtración de documentos pontificios secretos bautizada con el nombre de Vatileaks 2, por la que fue condenado en 2016 a 18 meses de prisión.

Si Gescartera constituyó un ejemplo de las consecuencias de la avaricia en la gestión del patrimonio financiero de la Iglesia, el más reciente del Banco Popular refleja hasta qué punto organizaciones vinculadas a ella están dispuestas a arriesgar mucho dinero a cambio de mantener ciertas cuotas de influencia y de poder.

Uno de los pesos del banco ha sido tradicionalmente la Sindicatura de Accionistas, que tenía el 9,8% del capital antes de la absorción por el Santander. Pertenecía a ella la Unión Europea de Inversiones (UEI), promovida por personas e instituciones cercanas al Opus Dei, el movimiento religioso que nutrió la alta dirección del Popular durante años, incluidos al menos un presidente (Luis Valls-Taberner) y un consejero delegado (Rafael Termes).

La participación de la UEI, que era del 3%, valía más de 260 millones de euros hace dos años. Para que no se diluyera en las tres ampliaciones llevadas a cabo desde entonces, tuvo que desembolsar una fuerte suma de dinero (74 millones en la última). Como parte lo obtuvo a crédito, el desplome posterior de la acción puso a la sociedad al borde de la quiebra técnica.

Todos estos asuntos, aunque estuvieran en juego fondos de distinta procedencia, han proporcionado argumentos a quienes defiende que la Iglesia debe estar sujeta fiscalización por el Tribunal de Cuentas, al ser perceptora de recursos públicos. Sólo a través de la asignación tributaria (la casilla del IRPF), recibe del orden de 250 millones de euros anuales, a los que hay que añadir las subvenciones de todo tipo provenientes de las distintas administraciones.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas se niega a entrar en las de la Iglesia, como quedó de manifiesto en la votación de su plan para 2017. Nunca antes se había visto el asunto en el pleno, y los siete consejeros nombrados a propuesta del PP hicieron valer su mayoría, frente a los cinco del PSOE. Eso impedirá que se sepa con detalle a qué dedica el dinero una institución como la Conferencia Episcopal, que incluso en los momentos más duros de la crisis ha gastado más en mantener su propia televisión (13TV) que en ayudar a Cáritas.

FUENTE: publico.es
Vicente Clavero
13/06/2017