COSAS DE RICOS

Los ricos retiraron 650 millones de las sicav coincidiendo con la salida del PP del Gobierno

El patrimonio de estas sociedades, cuya privilegiada fiscalidad está cuestionada por las fuerzas políticas de izquierda, cayó un 9,5% en 2018.

Las sociedades de inversión de capital variable (las conocidas sicav) cerraron 2018 con un patrimonio de 28.193 millones de euros, lo que supone una disminución del 9,5% respecto a 2017, según datos facilitados por la empresa de servicios financieros VDOS.

Ese descenso obedece a dos razones: las pérdidas que cosecharon las sicav durante el año, debido al mal comportamiento de los mercados, y los reembolsos solicitados por los socios "ante el riesgo de un cambio en la favorable fiscalidad que ahora disfrutan".

"Actualmente tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades", muy por debajo del tipo general del 25% vigente desde 2016, y las fuerzas políticas de izquierdas que apoyaron la moción censura de Pedro Sánchez son partidarias de suprimir este privilegio.

Sicav de las grandes fortunas españolas

En concreto, las pérdidas de las sicav fueron el año pasado de 2.315 millones de euros y los reembolsos alcanzaron la cifra de 651,5 millones, una vez deducidas las suscripciones (es decir, la entrada de dinero nuevo), siempre según los datos de VDOS.

Durante 2017 también se habían registrado captaciones netas negativas, pero muy inferiores (241,3 millones de euros), a pesar de la estrategia desplegada por muchas entidades financieras para ofrecer a sus clientes otras opciones de inversión.

La demanda de algunos partidos de que se modifique el marco normativo (y sobre todo fiscal) de las sicav es antigua y figura desde hace tiempo en los programas electorales de Izquierda Unida y Podemos, si bien ningún Gobierno ha dado aún el paso de tocarla. 

VDOS recopila y distribuye información de fondos de inversión, 

sicavs, IIC extranjeras y planes de pensiones

Sólo ahora, con la Ley de Presupuestos para 2019, se ha introducido un pequeño cambio, pero sustancial, al devolver a Hacienda la facultad (que en 2007 se dió a la CNMV) de controlar si estas sociedades cumplen el requisito de tener al menos 100 partícipes, y que éstos no son testaferros.

La mayoría de las sicav están controladas por los bancos, que gestionaban a 31 de diciembre casi 16.800 millones de euros a través de estos vehículos de inversión, muy utilizados por los ricos para eludir o como mínimo diferir el pago de impuestos.

Hay que tener en cuenta que, aunque los beneficios tributen al 1%, los dividendos repartidos entre los socios están sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las mismas condiciones que el resto de los rendimientos del capital mobiliario.

Banco Santander, directivos

El banco con más peso en el ámbito de las sicav es el Santander, con 4.845 millones de euros gestionados a finales de 2018; seguido por BBVA (2.894 millones), Banca March (2.799 millones), Bankinter (2.365 millones) y Banco Sabadell (1.823 millones).

En esa misma fecha, "la mayor sicav era Torrenova, liderada por la familia March (1.156 millones)". A mucha distancia se situaban Morinvest, de Alicia Koplowitz (510,6 millones); Cartera Belver, también de los March (495), y Elitia Invest, de los hermanos Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall (386,5).

FUENTE: publico.es 
Vicente Clavero 
Madrid - 18/01/2019

La familia March aún continúa rentabilizando el haber sido los mecenas económicos del régimen franquista.  

"Su financiación del golpe de Estado de 1936 contra el gobierno de la República fue clave para el éxito de los sublevados".

 Juan March, contrabandista, empresario y financiero,

popularmente conocido como "el banquero de Franco"

(1880 - 1962)

PACTO GOBIERNO - PODEMOS

El principio del fin de la benevolencia fiscal con los más ricos

El acuerdo para los Presupuestos del Estado apuesta por la progresividad y propone comenzar a revertir la indulgencia tributaria sobre los grandes patrimonios y las rentas más altas, aunque su aplicación chocará con varios escollos legales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias - EFE/ Zipi

La reforma fiscal incluida por PSOE y Unidos Podemos en su acuerdo presupuestario va a atenuar, si se materializa, la benevolencia con la que el sistema tributario español trata a las grandes fortunas, los grupos empresariales y los perceptores de rentas altas.

Lo que resulta evidente es que va a chocar con algunos escollos que dejan en el aire su materialización como norma en algún caso y su propia aplicación en otros.

La principal de esas trabas se encuentra en la Comunidad de Madrid y, en menor medida, en La Rioja, que bonifican el Impuesto de Patrimonio con, respectivamente, un 100% y un 50% de la cuota que debería ir a parar a las arcas públicas.

El acuerdo contempla incrementar un 1% ese tributo, cuya presión fiscal oscila en la práctica entre el 0,25% y el 0,37% , a las fortunas de más de 10 millones de euros.

Las grandes "familias " españolas

Sin embargo, según explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), la mitad de esos patrimonios, 1.500 de 3.000, están domiciliados en Madrid, con lo que seguirían sin tener que pagarlo, una situación que ya genera a sus propietarios un ahorro fiscal de más de 800 millones de euros al año.

“Más del 60% de esos patrimonios no tributan”, explica, al tiempo que anota que, de mantenerse la situación, el volumen de la exención crecería al librarse de pagar cuotas mayores. Revertirlo requeriría modificar las normas autonómicas.

Cruzado considera que “estas propuestas son un primer paso, importante, que aumentará la recaudación y elevará la progresividad”, aunque falta por conocer cómo se aplicarán en la práctica.

La necesidad de tramitar leyes

Otras dos medidas requieren una tramitación específica como leyes. Se trata del Impuesto a las Transacciones Financieras, que grava con un 0,2% la compra de acciones de empresas españolas cuya capitalización bursátil supere los mil millones de euros por “operadores del sector financiero”, y el tributo sobre Determinados Servicios Digitales, que prevé recaudar un 3% las operaciones de publicidad, intermediación y venta de datos realizadas por sociedades que ingresen más de 750 millones al año y obtengan al menos tres de ellos en España.

En este caso, está por ver el posicionamiento de grupos como PNV o PDCat, que apoyaron la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno pero cuyos planteamientos económicos han tenido tradicionalmente más sintonía con los de PP y Ciudadanos. 

El primero de esos impuestos, no obstante, está siendo impulsado por diez estados miembros de la UE.

Doblar el Impuesto de Sociedades a la gran empresa

Sede de Coca-Cola en Madrid

El acuerdo presupuestario propone una reforma de calado en el Impuesto de Sociedades, del que actualmente se libran la mitad de las ganancias de las empresas y en el que los grandes grupos empresariales han soportado en los últimos años una presión fiscal real de entre el 3,8%  y el 7,9% de sus beneficios contables mientras que en el caso de las pymes se dispara por encima del 15%.

Según la última Estadística por Partidas del Impuesto de Sociedades, más de un tercio de las empresas españolas que facturan más de 30 millones de euros al año eluden tributar en el Impuesto de Sociedades, en el 13% de los casos (1.188) por dar pérdidas y en otro 24% (1.924) gracias a las deducciones y bonificaciones.

El pacto presupuestario propone crear un tipo único del 15% de la base imponible, una vez descontados gastos y deducciones, para los grupos empresariales y para las sociedades independientes cuya cifra de negocios supere los veinte millones de euros, mientras las pymes quedan al margen.

Esa medida duplicaría la aportación de la gran empresa, que fue de 18.446 millones de euros en 2017, la cual, en el caso de los grupos, debería también comenzar a tributar por un 5% de los beneficios y plusvalías que obtiene de sus filiales en el extranjero.

Paralelamente, el tipo nominal del impuesto, es decir, el porcentaje de la base imponible a pagar, se reduce dos puntos (del 25% al 23%) para las pymes que facturen menos de un millón de euros al año.

“Todo lo que sea ahondar en ese diferencial parece positivo”, señala Cruzado, quien, no obstante, matiza que buena parte de esas sociedades no tributan en la práctica por no obtener beneficios.

Ocurrió en 2016 con el 27,9% (515.359) de las que facturan menos de 600.000 euros, a las que se suma otro 53,28% (983.812) con cuota negativa.

A las sicav les sale casi a devolver

Las sicav, las sociedades de inversión colectiva en las que las grandes fortunas gestionan parte de su patrimonio, son otro de los instrumentos que ahora atenúan las obligaciones fiscales de los más ricos.

Según los últimos datos disponibles en la Agencia Tributaria, las 5.336 registradas en 2016 acumulaban un patrimonio de 294.353 millones de euros, la mayor parte de él, 263.539, en inversiones financieras. Sin embargo, tras obtener unas ganancias de 5.119 millones y aplicarse unas deducciones de 1.504 por pérdidas de años anteriores, el pago final se quedó en apenas siete millones de euros, lo que sitúa la presión fiscal en el 0,13%.

El acuerdo propone aumentar las competencias de inspección de la Agencia Tributaria y vincular la posibilidad de que puedan seguir tributando solo al 1% en Sociedades a que su capital no esté concentrado en una o pocas manos, algo que ahora resulta habitual pese a la exigencia de contar con un mínimo de cien socios, y apuesta también por elevar la tributación de las socimi, las sociedades de inversión inmobiliaria, al 15% en el caso de los beneficios que no distribuye entre sus socios.

Las rentas altas tributan al 32%

El acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos entra también en la regulación del IRPF, el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, aumentando dos puntos la tributación para las rentas de 130.000 a 300.000 euros y cuatro a partir de esa cifra.

La última reforma estableció cuatro tramos con los que, una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones, quienes ganan hasta 12.450 euros tributaban un 19%; de ahí a 20.200, un 24%; entre esa cifra y 35.200, un 30%; de 35.200 a 60.000, un 37%, y a partir de 60.000, un 45%.

La propuesta afecta a apenas el 0,5% de los contribuyentes, uno de cada 200, ya que solo 91.408 entre 19,6 millones declaran ingresos superiores a los 150.000 euros. Con una base imponible de 33.914 millones (21.296 en la general y 12.614 en ahorro), en la declaración del año pasado acabaron pagando 10.988, un 32,4%, casi un tercio por debajo del 45% teórico.

“Es otra medida que va en la línea de generar una mayor progresividad, que es lo que ocurre cuando se crean nuevos tramos”, señala Cruzado, que la considera “un paso positivo”.

FUENTE: publico.es
Eduardo Bayona

Zaragoza - 14/10/2018

EL DINERO DE LA IGLESIA

El espíritu pagano de los 'negocios de Dios'

La Iglesia católica, pese a decirse al servicio de los pobres, maneja su patrimonio financiero con los mismos criterios que cualquier empresa. Compra títulos deuda pública, se beneficia de las sicav y busca ganar rentabilidad e influencia con sus multimillonarias inversiones.

La cúpula de la Conferencia Episcopal (el presidente, Ricardo Blázquez, 

el vicepresidente, Antonio Cañizares, y el secretario general, José María Gil Tamayo) 

en un encuentro con el Papa Francisco, en su despacho en el Vaticano.

Aunque su reino no sea de este mundo, la Iglesia católica nunca ha descuidado los asuntos terrenales. Como cualquier empresa, procura administrar su copioso patrimonio con criterios de rentabilidad y/o influencia. Sobre todo, el patrimonio financiero: los miles y miles de millones que cada año pasan por sus manos, procedentes de las arcas públicas o de las donaciones de sus fieles.

Los negocios de Dios son tan universales como su Iglesia y tienen su epicentro en la sede apostólica de Roma, aunque se extienden por los centenares de diócesis del planeta que cuentan con recursos para hacerlos. Hay ejemplos muy reveladores de hasta dónde llega el poderío económico y cuál la forma en la que gestiona su dinero una institución que se proclama al servicio de los pobres.

A finales de 2012, el Banco Vaticano no quiso quedarse al margen de los pingües beneficios derivados de la crisis de la deuda, que puso por las nubes la rentabilidad de los bonos del Estado. Para sumarse al festín, colocó en ese tipo de productos cerca de dos mil millones, la mayor parte en dos países sobre los que pendía la espada de Damocles de la intervención: Italia (1.179 millones) y España (589 millones).

Se trata sin duda de cifras modestas, comparadas con las que movilizaron por aquella época los grandes inversores institucionales, pero constituyen una prueba irrefutable de que el modus operandi de quienes gestionan la Iglesia no difiere del más habitual en las entidades con ánimo de lucro. A pesar de que, al menos en teoría, los fines que persiguen son radicalmente distintos.

Sede en el Vaticano del Instituto para las Obras de Religión o IOR, 

conocido popularmente como el Banco Vaticano

Por supuesto, la Iglesia española no constituye ninguna excepción y, cuando opera en los mercados financieros, parece regirse por aquello de “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. De ahí que, durante años, no haya tenido el más mínimo pudor en utilizar unos de los instrumentos favoritos de los ricos para engordar su patrimonio con el menor coste fiscal.

A principios de 2008, la Iglesia controlaba varias sicav, las sociedades de inversión colectiva cuyos beneficios gozan del privilegio de tributar sólo al 1%. Umasges tenía como socios a los arzobispados de Madrid y de Burgos y a la Mutua Umas, perteneciente a la órbita de la Conferencia Episcopal. En Vayomer y Gran Premier había también una clara presencia eclesiástica, aunque el aliado era en este caso (quién mejor) el banco portugués Espirito Santo.

La crisis se llevó por delante algunas de estas sicav: Umasges fue disuelta en el mismo 2008 y Gran Premiere, en 2011. Vayomer cambió en 2012 su nombre por el de Naujirdam Inversiones, y otro tanto ocurrió con Finanzas Querqus, propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que pasó a llamarse Relian Capital. Pero el objetivo seguía siendo idéntico: sacar la máxima rentabilidad y pagar los mínimos impuestos.

Para saber en qué activos colocan sus activos estas sicav, basta con echar un vistazo a último informe de Naujirdam depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y correspondiente al primer trimestre de 2017. Títulos de renta fija y acciones de grandes empresas, como Banco Santander, Telefónica o Repsol, forman parte de su cartera, por un importe total que rondaba los cinco millones de euros a esa fecha.

Por cierto que la existencia de Naujirdam se compadece mal con el manual de inversiones financieras que aprobó el Plenario de la Conferencia Episcopal celebrado en noviembre de 2016. Según la información que trascendió entonces sobre su contenido, los obispos se comprometieron a no invertir en paraísos fiscales, ni realizar operaciones de carácter especulativo… ni utilizar sicav.

La afición de la Iglesia a poner su dinero bajo el sol que más calienta viene de antiguo y ha hecho que sobre ella caiga algún inesperado chaparrón. El más sonado fue, sin duda, el escándalo de Gescartera, la agencia de valores intervenida en 2001 por defraudar a sus clientes después de ofrecerles altas rentabilidades. Unos veinte millones de euros perdieron las instituciones religiosas que confiaron en ella.

Al menos dos diócesis figuraron entre los damnificados: la de Valladolid y la de Astorga. El ecónomo (administrador) de esta última, el sacerdote Ángel Lucio Vallejo Balda, fue nombrado tiempos después secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede, seguramente en recompensa por su buen olfato. Ya con Francisco como papa, Vallejo Balda protagonizaría la filtración de documentos pontificios secretos bautizada con el nombre de Vatileaks 2, por la que fue condenado en 2016 a 18 meses de prisión.

Si Gescartera constituyó un ejemplo de las consecuencias de la avaricia en la gestión del patrimonio financiero de la Iglesia, el más reciente del Banco Popular refleja hasta qué punto organizaciones vinculadas a ella están dispuestas a arriesgar mucho dinero a cambio de mantener ciertas cuotas de influencia y de poder.

Uno de los pesos del banco ha sido tradicionalmente la Sindicatura de Accionistas, que tenía el 9,8% del capital antes de la absorción por el Santander. Pertenecía a ella la Unión Europea de Inversiones (UEI), promovida por personas e instituciones cercanas al Opus Dei, el movimiento religioso que nutrió la alta dirección del Popular durante años, incluidos al menos un presidente (Luis Valls-Taberner) y un consejero delegado (Rafael Termes).

La participación de la UEI, que era del 3%, valía más de 260 millones de euros hace dos años. Para que no se diluyera en las tres ampliaciones llevadas a cabo desde entonces, tuvo que desembolsar una fuerte suma de dinero (74 millones en la última). Como parte lo obtuvo a crédito, el desplome posterior de la acción puso a la sociedad al borde de la quiebra técnica.

Todos estos asuntos, aunque estuvieran en juego fondos de distinta procedencia, han proporcionado argumentos a quienes defiende que la Iglesia debe estar sujeta fiscalización por el Tribunal de Cuentas, al ser perceptora de recursos públicos. Sólo a través de la asignación tributaria (la casilla del IRPF), recibe del orden de 250 millones de euros anuales, a los que hay que añadir las subvenciones de todo tipo provenientes de las distintas administraciones.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas se niega a entrar en las de la Iglesia, como quedó de manifiesto en la votación de su plan para 2017. Nunca antes se había visto el asunto en el pleno, y los siete consejeros nombrados a propuesta del PP hicieron valer su mayoría, frente a los cinco del PSOE. Eso impedirá que se sepa con detalle a qué dedica el dinero una institución como la Conferencia Episcopal, que incluso en los momentos más duros de la crisis ha gastado más en mantener su propia televisión (13TV) que en ayudar a Cáritas.

FUENTE: publico.es
Vicente Clavero
13/06/2017

EL PATRIMONIO DE LOS RICOS CRECE, CRECE Y CRECE

El patrimonio de los más ricos de España crece un 12% en 2014

Al cierre de septiembre, el patrimonio gestionado por las ocho sicav se eleva exactamente a 3.050 millones de euros, frente a los 2.723,31 millones del cierre de 2013

Amancio Ortega Lara, fundador de Inditex. EFE

"Vean la contentura que tiene"

El patrimonio de ocho de las grandes fortunas españolas gestionado a través de Sicav -sociedades de inversión de capital variable- aumentó hasta septiembre un 12% y superó los 3.000 millones de euros, según datos del mercado.
 
Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio de estas ocho sociedades fue entre enero y septiembre de 2014 del 5,62%, menos de la mitad de lo que se revalorizaron en 2013, un 11,22 %.

Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado principalmente por grandes fortunas porque les permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros. Pero no son sólo las grandes fortunas las que eligen este instrumento para gestionar su patrimonio, y los fondos de inversión también se aprovechan de sus ventajas fiscales: se paga un 1% de impuestos por los rendimientos y plusvalías que generen.

Para constituir una Sicav, hay que cumplir determinados requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital mínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por compartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros. Existen también restricciones a la inversión del capital de la sicav, que debe estar destinado principalmente a valores admitidos a cotización y diversificado entre distintas sociedades. Por lo que respecta a las principales sicav españolas, no todas estas sociedades incrementaron el valor de sus activos, pero su crecimiento general estuvo propiciado por el notable repunte patrimonial de la sociedad Torrenova, vinculada a la familia March, que incrementó un 27,60 % su patrimonio hasta 950 millones de euros.

Entre enero y septiembre, su rentabilidad media fue del 3,37 %. Inmediatamente detrás de Torrenova se sitúa Morinvest, gestionada por BBVA y depositaria de activos de la empresaria Alicia Koplowitz, que en el primer semestre redujo su patrimonio de 496,9 a 491,7 millones, un 1,05 %, tras revalorizarse un 5,15 %. Soandres, la sicav de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex, administraba un patrimonio al cierre del pasado mes de septiembre de 397,3 millones de euros, un 5,60 % más que al cierre de 2013; en este periodo se ha revalorizado un 5,61 %. En cuanto a Elitia -antes Agrippa-, vehículo de inversión de la familia Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall,contaba en septiembre con unos activos de 381,6 millones de euros, el 20,90 % más que en diciembre de 2013. Su revalorización ha sido del 7,39 % en el semestre.

La familia Del Pino, principales accionistas de la empresa constructora y de servicios Ferrovial, gestionaba a través de Allocation 335,2 millones de euros al terminar septiembre, el 8,92 %más que al cierre de 2013, con una revalorización del 8,93 %. Por lo que respecta a los Hernández Calleja, de Ebro Foods, lasicav Soixa acumulaba al cierre de septiembre un patrimonio de 275,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 2 % respecto al cierre del año anterior, con una rentabilidad del 0,05 % hasta septiembre. Y a través de sus sociedades Arbarin y Naira, Juan Abelló acumulaba un patrimonio de 217,7 millones de euros, el 7,6 % más que en diciembre; la primera logró una rentabilidad del 10,09 %, y la segunda, del 4,38 %.

A nosotros, ciudadanos de a pie de este país, también nos han aumentado cosas:

Sobre todo los cataplines, que se nos están hinchando desmesuradamente con la #uta crisis estafa de la #uñeta, que nos está hundiendo en la #utísima miseria, mientras los de siempre se forran a destajo.

RUEGUEN PORQUE NO NOS ESTALLEN DE REPENTE.