PACTO GOBIERNO - PODEMOS

El principio del fin de la benevolencia fiscal con los más ricos

El acuerdo para los Presupuestos del Estado apuesta por la progresividad y propone comenzar a revertir la indulgencia tributaria sobre los grandes patrimonios y las rentas más altas, aunque su aplicación chocará con varios escollos legales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias - EFE/ Zipi

La reforma fiscal incluida por PSOE y Unidos Podemos en su acuerdo presupuestario va a atenuar, si se materializa, la benevolencia con la que el sistema tributario español trata a las grandes fortunas, los grupos empresariales y los perceptores de rentas altas.

Lo que resulta evidente es que va a chocar con algunos escollos que dejan en el aire su materialización como norma en algún caso y su propia aplicación en otros.

La principal de esas trabas se encuentra en la Comunidad de Madrid y, en menor medida, en La Rioja, que bonifican el Impuesto de Patrimonio con, respectivamente, un 100% y un 50% de la cuota que debería ir a parar a las arcas públicas.

El acuerdo contempla incrementar un 1% ese tributo, cuya presión fiscal oscila en la práctica entre el 0,25% y el 0,37% , a las fortunas de más de 10 millones de euros.

Las grandes "familias " españolas

Sin embargo, según explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), la mitad de esos patrimonios, 1.500 de 3.000, están domiciliados en Madrid, con lo que seguirían sin tener que pagarlo, una situación que ya genera a sus propietarios un ahorro fiscal de más de 800 millones de euros al año.

“Más del 60% de esos patrimonios no tributan”, explica, al tiempo que anota que, de mantenerse la situación, el volumen de la exención crecería al librarse de pagar cuotas mayores. Revertirlo requeriría modificar las normas autonómicas.

Cruzado considera que “estas propuestas son un primer paso, importante, que aumentará la recaudación y elevará la progresividad”, aunque falta por conocer cómo se aplicarán en la práctica.

La necesidad de tramitar leyes

Otras dos medidas requieren una tramitación específica como leyes. Se trata del Impuesto a las Transacciones Financieras, que grava con un 0,2% la compra de acciones de empresas españolas cuya capitalización bursátil supere los mil millones de euros por “operadores del sector financiero”, y el tributo sobre Determinados Servicios Digitales, que prevé recaudar un 3% las operaciones de publicidad, intermediación y venta de datos realizadas por sociedades que ingresen más de 750 millones al año y obtengan al menos tres de ellos en España.

En este caso, está por ver el posicionamiento de grupos como PNV o PDCat, que apoyaron la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno pero cuyos planteamientos económicos han tenido tradicionalmente más sintonía con los de PP y Ciudadanos. 

El primero de esos impuestos, no obstante, está siendo impulsado por diez estados miembros de la UE.

Doblar el Impuesto de Sociedades a la gran empresa

Sede de Coca-Cola en Madrid

El acuerdo presupuestario propone una reforma de calado en el Impuesto de Sociedades, del que actualmente se libran la mitad de las ganancias de las empresas y en el que los grandes grupos empresariales han soportado en los últimos años una presión fiscal real de entre el 3,8%  y el 7,9% de sus beneficios contables mientras que en el caso de las pymes se dispara por encima del 15%.

Según la última Estadística por Partidas del Impuesto de Sociedades, más de un tercio de las empresas españolas que facturan más de 30 millones de euros al año eluden tributar en el Impuesto de Sociedades, en el 13% de los casos (1.188) por dar pérdidas y en otro 24% (1.924) gracias a las deducciones y bonificaciones.

El pacto presupuestario propone crear un tipo único del 15% de la base imponible, una vez descontados gastos y deducciones, para los grupos empresariales y para las sociedades independientes cuya cifra de negocios supere los veinte millones de euros, mientras las pymes quedan al margen.

Esa medida duplicaría la aportación de la gran empresa, que fue de 18.446 millones de euros en 2017, la cual, en el caso de los grupos, debería también comenzar a tributar por un 5% de los beneficios y plusvalías que obtiene de sus filiales en el extranjero.

Paralelamente, el tipo nominal del impuesto, es decir, el porcentaje de la base imponible a pagar, se reduce dos puntos (del 25% al 23%) para las pymes que facturen menos de un millón de euros al año.

“Todo lo que sea ahondar en ese diferencial parece positivo”, señala Cruzado, quien, no obstante, matiza que buena parte de esas sociedades no tributan en la práctica por no obtener beneficios.

Ocurrió en 2016 con el 27,9% (515.359) de las que facturan menos de 600.000 euros, a las que se suma otro 53,28% (983.812) con cuota negativa.

A las sicav les sale casi a devolver

Las sicav, las sociedades de inversión colectiva en las que las grandes fortunas gestionan parte de su patrimonio, son otro de los instrumentos que ahora atenúan las obligaciones fiscales de los más ricos.

Según los últimos datos disponibles en la Agencia Tributaria, las 5.336 registradas en 2016 acumulaban un patrimonio de 294.353 millones de euros, la mayor parte de él, 263.539, en inversiones financieras. Sin embargo, tras obtener unas ganancias de 5.119 millones y aplicarse unas deducciones de 1.504 por pérdidas de años anteriores, el pago final se quedó en apenas siete millones de euros, lo que sitúa la presión fiscal en el 0,13%.

El acuerdo propone aumentar las competencias de inspección de la Agencia Tributaria y vincular la posibilidad de que puedan seguir tributando solo al 1% en Sociedades a que su capital no esté concentrado en una o pocas manos, algo que ahora resulta habitual pese a la exigencia de contar con un mínimo de cien socios, y apuesta también por elevar la tributación de las socimi, las sociedades de inversión inmobiliaria, al 15% en el caso de los beneficios que no distribuye entre sus socios.

Las rentas altas tributan al 32%

El acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos entra también en la regulación del IRPF, el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, aumentando dos puntos la tributación para las rentas de 130.000 a 300.000 euros y cuatro a partir de esa cifra.

La última reforma estableció cuatro tramos con los que, una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones, quienes ganan hasta 12.450 euros tributaban un 19%; de ahí a 20.200, un 24%; entre esa cifra y 35.200, un 30%; de 35.200 a 60.000, un 37%, y a partir de 60.000, un 45%.

La propuesta afecta a apenas el 0,5% de los contribuyentes, uno de cada 200, ya que solo 91.408 entre 19,6 millones declaran ingresos superiores a los 150.000 euros. Con una base imponible de 33.914 millones (21.296 en la general y 12.614 en ahorro), en la declaración del año pasado acabaron pagando 10.988, un 32,4%, casi un tercio por debajo del 45% teórico.

“Es otra medida que va en la línea de generar una mayor progresividad, que es lo que ocurre cuando se crean nuevos tramos”, señala Cruzado, que la considera “un paso positivo”.

FUENTE: publico.es
Eduardo Bayona

Zaragoza - 14/10/2018

LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL NO CREA VAGOS

Suiza, cuya mayor contribución a la humanidad, posiblemente sea haber perfeccionado el reloj de cuco y la navaja multiusos, se ha hecho aquí muy popular por sus cuentas numeradas, que son el orgullo de nuestra delincuencia de cuello blanco. Estos días, sin embargo, los suizos han vuelto a ocuparnos por su rechazo en referéndum a que el Estado proporcione una renta básica mensual de 2.250 euros (27.000 anuales) a cada ciudadano por el mero hecho de serlo. Nuestro liberales de cabecera se han apresurado a alabar la sabiduría helvética y sus raíces calvinistas que, según entienden, han hecho que triunfe el trabajo frente a la molicie.

De la renta básica incondicionada hemos tenido pocos profetas. La propuso Podemos en algún momento y tardó poco en meterla en un cajón y sustituirla por una renta mínima de 600 euros para hogares sin ingresos cuando empezó a darse cuenta de que el partido terminaría haciéndose socialdemócrata, pero a la española. Se trata, sin embargo, de la culminación lógica del Estado del Bienestar, y así se ha entendido en el norte de Europa, donde ya se ha pasado la etapa del debate y se camina hacia su implantación.

Si aceptamos que el ser humano al nacer tiene derecho a tener cubiertas sus necesidades más básicas, la única pregunta que cabe hacerse es si el modelo es financiable y sostenible o, por el contrario, se trata de una idea peregrina que hay que rechazar de plano. Según se verá ahora, es perfectamente realizable tal y como demuestran los estudios económicos y las experiencias prácticas de las que ya se disponen.

Varios de los promotores de la Red Renta Básica (Daniel Raventós, Antoni Doménech, Jordi Arcarons y Lluís Torrens, llevaron a cabo hace unos años una simulación para el conjunto de España con una muestra de casi dos millones de liquidaciones del IRPF de 2010. Los criterios fueron los siguientes: asegurar una renta incondicionada de 7.500 euros anuales a los mayores de 18 años (que es donde se sitúa el umbral de la pobreza en España) y de hasta un 30% de esta cantidad a los menores. Dicho importe estaría libre de impuestos y sustituiría a toda prestación pública inferior o se subsumiría en las superiores (los pensionistas que cobren 1.000 euros en la actualidad recibirían la misma cantidad, de la que 625 euros serían renta básica y 375 euros de pensión, y los que no llegaran a 625 euros verían complementado lo que reciben). Y todo ello asegurando que no se generase déficit y que se pudiera seguir financiando el gasto público actual, especialmente sanidad y educación.

Pues bien, con una reforma fiscal que eliminase el tratamiento favorable a las rentas del capital, que se integrarían en la base general, hiciera desaparecer todas las reducciones y deducciones actuales y aplicase un tipo único del 49%, la reforma no generaría déficit, haría ganar renta a más del 50% de la población y tendría un impacto distributivo muy progresivo. En resumen, sería perfectamente aplicable.

La propia Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que no es sospechosa de rojerío, entre otras razones porque está vinculada al Banco de España, revelaba ayer mismo que en la actualidad el 20% de los hogares más pobres soporta una carga fiscal casi similar al del 10% más rico. Lo que viene a significar que el actual sistema impositivo no redistribuye la riqueza sino que consolida la desigualdad, y que sólo las prestaciones públicas directas son las que logran acortar hasta en un 33% la distancia entre hogares pobres y ricos.

La primera aplicación práctica de la renta básica de la que se tiene conocimiento tuvo lugar en un pequeño pueblo canadiense, Dauphin (Manitoba), dentro de una experiencia piloto que se prolongó cinco años, de 1974 a 1979. Cada residente recibió una renta mensual incondicionada que oscilaba entre los 100 dólares al mes para quienes ya trabajaban y los 5.800 dólares anuales para quines carecían de otros ingresos Los resultados se arrumbaron hasta que una socióloga, Evelyn Gorget, publicó en 2011 sus conclusiones. ¿Qué se conseguía eliminando la pobreza? De entrada, reducir los accidentes, la violencia doméstica y las hospitalizaciones psiquiátricas. Los beneficiarios no se entregaban a la pereza sino que siguieron trabajando, con un pequeño descenso de la ocupación en adolescentes que completaron sus estudios y madres con niños pequeños, que cumplieron así una inestimable función social.

La renta básica universal está ahora sobre la mesa en Finlandia, donde un gobierno de centro derecha se dispone a ensayar su aplicación en una muestra piloto antes de generalizarla a toda la población. Una experiencia similar se llevará a cabo en la ciudad holandesa de Utrech con tres grupos de control. Y existe desde hace años en Alaska, donde desde hace años se reparte entre la población un cheque petrolífero de alrededor de 2.000 euros anuales, que ha hecho de este estado el segundo de EEUU con menor desigualdad. En Namibia, tras comprobar cómo en una región del país la entrega de 100 dólares a cada residente menor de 60 años disminuyó la pobreza del 76% al 16%, aumentaron los negocios, se eliminó prácticamente el absentismo escolar y la delincuencia se redujo casi a la mitad, el Gobierno estudia su introducción en todo el país. Son sólo algunos ejemplos.

Si puede establecerse que la distribución de un ingreso mínimo a cada ciudadano es viable, se daría un paso de gigante contra la pobreza, justamente lo contrario de lo que ocurre ahora con las ayudas del Estado, ligadas a que los receptores sigan siendo pobres. ¿Por qué va a aceptar un trabajo precario de 600 euros, con los gastos de transporte y comida aparejados, quien recibe un subsidio de 400 que perdería de inmediato? ¿Cuál es el incentivo?

Los estudiosos de la renta universal han enumerado sus ventajas, que son muchas. En primer lugar, no disuade de trabajar sino justamente lo contrario. Al no estar condicionada por ningún requisito la percepción del ingreso, facilitaría la aceptación no sólo de trabajos estables sino de ocupaciones temporales u ocasionales, lo que aumentaría la ocupación y la recaudación fiscal. Al mismo tiempo, impediría los abusos laborales, ya que nadie se vería obligado a aceptar trabajos penosos por necesidad, y paralelamente elevaría los sueldos y contribuiría a aflorar en parte esa economía sumergida de quienes se ven obligados a compatibilizar ayudas oficiales y trabajos puntuales.

En segundo lugar, serviría para eliminar de un plumazo los costes administrativos de un sistema de ayudas que exige control, verificación e inspección de cada una de ellas. Eliminar la pobreza haría disminuir drásticamente además sus consecuencias asociadas, ya sean sanitarias –drogodependencia o alcoholismo- o sociales –desestructuración familiar, violencia y delincuencia-, que también tienen un coste elevadísimo.

Ahora que tanto se habla del emprendimiento, facilitaría el autoempleo, un camino vedado para quien no tiene recursos ni para pagar la calefacción en invierno y ha de ocuparse de conseguir de cualquier manera el dinero necesario para sobrevivir. Habría, en consecuencia, más actividad económica y más recursos para el Estado. ¿Qué existiría gente que se conformara con la renta básica y se dedicara a la vida contemplativa? Quizás en un porcentaje mínimo, aunque es algo que también ocurre ahora. Lo que sin duda facilitaría es la autonomía necesaria para elegir un camino en la vida, que no sea forzosamente el que imponen las circunstancias.

Los suizos, gente tan previsora que ante un eventual conflicto nuclear tienen montado un sistema de refugios antiatómicos para más del 110% de su población, no han visto claro lo de la renta universal, posiblemente porque la pobreza y la desigualdad no les atenaza. Sólo les preocupa la radicación. Igual les ocurre a nuestros nacionales que tienen en Suiza o en distintos paraísos fiscales el fruto de sus robos, y que en caso de ataque nuclear también se salvarían porque seguro que les pillaba en alguna sucursal del Credit Suisse en Berna. Para el resto, que lo del átomo nos pilla lejos por ahora y que respiramos los neumáticos ardientes de Seseña, es una opción que merece la pena ser estudiada.

FUENTE: publico.es
Tierra de nadie
Juan Carlos Escudier
08/06/2016

JODIDOS PERO CONTENTOS

Con esa frase, los trabajadores de antañazo, queríamos significar o lo que es lo mismo, dejar constancia, de que había que poner al mal tiempo buena cara porque siempre se podía ir a peor:

Pero con este gobierno de m... tal máxima ya no resulta aplicable. Parece prácticamente imposible que nos puedan dar por el "orto" más de lo que nos dan... aunque todo se andará, me temo.

Han llevado el país a un extremo de penuria y desencanto social que asusta, hasta el punto de que los jóvenes se ven obligados a emigrar ante la falta de empleo o la precariedad del existente. De hecho ocupamos el segundo puesto a nivel europeo, tras Grecia, en tan vergonzoso ranking.

La tasa de paro juvenil en España se acerca ya al 60%. ¡¡¡Alrededor de 1.000.000 de jóvenes sin empleo!!! Algo realmente inadmisible.

Pues para más inri, el gobierno de los "hppp" se sacan de la manga una reforma fiscal con dos nueva medidas estrella:

1) Que los trabajadores despedidos paguen a Hacienda una parte de su indemnización.

2) Eliminar la deducción de IRPF por alquiler de vivienda.

Y ahora... ¡¡¡SIGAN VOTANDO... SIGAN VOTANDO...!!!

Ciudadano Plof

PARA LOS DE SIEMPRE

Una reforma fiscal para los de siempre

Si algo ha demostrado Rajoy en los dos años y medio que lleva gobernando es un absoluto desprecio por los compromisos electorales y una descarada propensión a favorecer a los de siempre. En materia fiscal, su trayectoria no deja lugar a dudas: ha subido los impuestos en contra de lo que prometió, y ahora que parece decidido a bajarlos quiere dar una alegría a las rentas más altas.

La idea del Ministerio de Hacienda es reducir del 52 al 48% a partir de 2015 el tipo marginal máximo del IRPF, que recae sobre los contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 300.000 euros. En el supuesto de que se hiciera de golpe, la rebaja permitiría ahorrar a cada uno de ellos al menos 12.000 euros cuando llegue el momento de hacer la correspondiente declaración en la primavera de 2016.

 Los ricos de España

Para que el plato sea menos indigesto, el Gobierno baraja aderezarlo con un recorte del tramo inferior de la escala del impuesto, siguiendo las recomendaciones que hizo el comité presidido por Lagares. El informe de los sabios proponía restar “cuatro o cinco puntos” del 24,7% actual, pero el efecto en el bolsillo de los beneficiados por la medida sería sólo de 885 euros al año en el mejor de los casos.

Lo de favorecer fiscalmente a los de siempre no es cosa de Rajoy, sino que forma parte del modus operandi del PP allí donde gobierna y muy especialmente en algunas autonomías. En Madrid, por ejemplo, una renta de 300.000 euros anuales tributa 133.559 por IRPF, un 7% menos que en Andalucía, mientras que la diferencia en la parte baja de la tabla es de sólo el 3%.

Este agravio comparativo, más irritante si cabe viniendo de un partido que se dice defensor de las clases medias, puede hacerse extensivo a otros impuestos, como el del Patrimonio y el de Sucesiones. En Madrid, no se aplica el primero de ellos y el resto de las comunidades del PP tienen fijados tipos mínimos, salvo Galicia y Extremadura, región ésta última donde los populares necesitan el apoyo de IU.

Por lo que se refiere a Sucesiones, hay ejemplos que hablan por sí solos: un soltero de treinta años que herede 800.000 euros paga 1.586 en Madrid, cien veces menos que en Andalucía o Asturias. Lo cual ayuda explicar que luego Ignacio González tenga que emprenderla a hachazos con los servicios sociales, incapaz de sufragarlos después de tanto bocado a la recaudación.

FUENTE: publico.es
Aquí no se fía - Vicente Clavero
20 jun 2014