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4/7/18

CORRUPCIÓN AYUNTAMIENTOS

Macrooperación en decenas de municipios por corrupción en la gestión del tráfico



Un total de 580 policías se han desplegado hoy por decenas de ayuntamientos de toda España en una macrooperación contra el fraude en la adjudicación de contratos de gestión del tráfico y multas, en la que han sido detenidas decenas de personas, incluidos alcaldes, ediles, policías y empresarios.

Se trata de la operación Enredadera, desarrollada por la UDEF de la Policía Nacional, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y por la Fiscalía Anticorrupción, y en ella ha sido arrestado, entre otros, el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, primer regidor de Ciudadanos detenido por corrupción.

Fuentes policiales han detallado a Efe que se han realizado 33 detenciones en distintos municipios y 15 pasarán a disposición del juzgado badalonés que empezó las investigaciones. Entre ellos, hay dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta trama y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr, que ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido.


Otro juzgado de León investiga una pieza separada de esta trama en la que han sido arrestados el empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel, y Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León. La UDEF también ha realizado 49 entradas y registros en ayuntamientos, despachos y sociedades y 19 requerimientos de documentación en municipios de al menos cinco comunidades.

Las detenciones, investigaciones y registros afectan a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.


Los investigadores sospechan que también se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.

Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia o Teruel.


También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones (Madrid); Tiana y Mollet del Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (León) y Vélez Málaga. Además, por orden del juzgado, la Policía ha requerido documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño.

También en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí (Barcelona); Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid), La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), O'Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).

Entre los detenidos que han trascendido está, además de los citados, un oficial de Policía Local de Alcobendas, el subinspector de Policía Local de Plasencia y un responsable de informática de Mollet del Vallés.


Se investiga al responsable de Nuevas Tecnologías de Majadahonda y ha declarado ante la Policía (sin que se haya comunicado su situación procesal) la concejal de Seguridad de Villanueva de la Cañada, Julia Tortosa. Ese ayuntamiento ha adjudicado desde 2014 por concurso público tres contratos por valor de más de 300.000 euros a Aplicaciones Gespol, según la documentación que ha comprobado Efe.

En el caso de Torrelodones, fuentes municipales han explicado que fue la anterior administración, del PP, la que adjudicó en 2010 por un "procedimiento negociado sin publicidad" una cantidad de 200.000 euros a la empresa Bibliomática, llamada luego Aplicaciones Gespol.

FUENTE: eldia.es
Madrid - EFE
03/07/2018


Hay chorizos de todos los colores: azules, rojos, naranjas...

El Sistema está tan sumamente podrido que no valen parches. Habría que echarlo todo abajo y comenzar de nuevo.



25/6/17

EL FIASCO DEL BANCO POPULAR

Los contribuyentes pagarán parte del fiasco del Popular

Los accionistas y los titulares de bonos convertibles y de deuda subordinada podrán endosar al Estado parte de las pérdidas sufridas. La normativa vigente les permite compensarlas con las ganancias patrimoniales que obtengan, cuando realicen sus declaraciones de impuestos. Tienen, además, cuatro años para hacerlo.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, gesticula desde su escaño durante el debate de la moción de censura de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy. EFE/Juan Carlos Hidalgo
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, gesticula desde su escaño durante el debate 
de la moción de censura de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy. EFE/Juan Carlos Hidalgo

La compra del Popular por el Santander ha infligido un fuerte quebranto a los accionistas del primero de esos dos bancos, que vieron cómo se evaporaba el valor de sus inversiones de la noche a la mañana. El precio al que se cerró la operación fue de un euro, lo que en la práctica significaba dejar a cero el capital del Popular, pese a que su último día en Bolsa (el 8 de junio) se saldó con una cotización de 0,370 y una capitalización de 1.330 millones.

También han perdido todo su dinero los tenedores de instrumentos como obligaciones convertibles y deuda subordinada, que se convierten automáticamente en acciones cuando el capital baja de un determinado nivel. Esos títulos entrañan menos riesgo que las acciones, pero suponen una segunda línea de fuego en situaciones similares a las que ha protagonizado el Popular, y sus propietarios debieron ser informados de ello al suscribirlos.

De todas formas, unos y otros tienen varias opciones para recuperar algo de la inversión realizada, algunas perfectamente compatibles entre sí. De la que más se ha hablado es de demandar al Popular por no haber ofrecido una imagen real de la situación que estaba atravesando. Eso, lógicamente, requiere tiempo y depende de la decisión que a la postre adopten los tribunales de justicia, que pueden dar la razón a los damnificados o no.

Devorado

Con esa posibilidad juegan los especuladores que están haciendo acopio de los derechos derivados de las obligaciones convertibles y de la deuda subordinada del Popular, que ahora no valen nada, pero pueden proporcionar pingües beneficios si se produjera una avalancha de sentencias favorables. Según algunas fuentes, los precios rondan el 0,2% del valor nominal de los títulos y hay inversores que los venden sólo para minimizar pérdidas.

Éstas, además, pueden compensarlas en todo caso con las ganancias patrimoniales que obtengan a lo largo de los próximos cuatro años, cuando llegue la hora de liquidar sus impuestos. Lo cual significa endosar al Estado parte del quebranto sufrido como consecuencia de las condiciones de la adjudicación del Popular al Santander; un quebranto que contribuiremos a sufragar entre todos, al ser dinero que deja de entrar en las arcas de Hacienda.

Calcular el montante de esa contribución no es fácil, pues se desconoce cuántos antiguos accionistas o tenedores de bonos convertibles y deuda subordinada tendrán ganancias patrimoniales con las que compensar estas pérdidas. Lo que sí se sabe son los créditos fiscales que se anotará el Santander gracias a la operación ascienden a 5.200 millones de euros que el Popular acumulaba por los resultados negativos cosechados en los últimos años.

Devoradora

Según fuentes jurídicas, los accionistas con más probabilidades de pleitear con éxito contra el Popular son los que acudieron a las tres últimas ampliaciones de capital, lanzadas para reforzar la solvencia del banco cuando las cosas empezaron a ir mal para la entidad. También tiene margen de maniobra aquellos que aguantaron hasta el final, pero no tanto quienes se deshicieron a tiempo de sus participaciones, aunque perdieran dinero.

En el caso de los otros instrumentos financieros, las dificultades de ganar en los tribunales son mayores. La última emisión de bonos convertibles, por importe de 1.250 millones de euros, fue en 2013, muchos antes de que la situación del Popular empezara a torcerse. De deuda subordinada se colocaron entre particulares 200 millones en 2001 y otros 250 millones en 2011, y han generado rentabilidades de hasta el 40% de su valor nominal.

FUENTE: publico.es
Vicente Clavero
Madrid - 22/06/2017