CORRUPCIÓN AYUNTAMIENTOS

Macrooperación en decenas de municipios por corrupción en la gestión del tráfico

Un total de 580 policías se han desplegado hoy por decenas de ayuntamientos de toda España en una macrooperación contra el fraude en la adjudicación de contratos de gestión del tráfico y multas, en la que han sido detenidas decenas de personas, incluidos alcaldes, ediles, policías y empresarios.

Se trata de la operación Enredadera, desarrollada por la UDEF de la Policía Nacional, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y por la Fiscalía Anticorrupción, y en ella ha sido arrestado, entre otros, el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, primer regidor de Ciudadanos detenido por corrupción.

Fuentes policiales han detallado a Efe que se han realizado 33 detenciones en distintos municipios y 15 pasarán a disposición del juzgado badalonés que empezó las investigaciones. Entre ellos, hay dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta trama y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr, que ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido.

Otro juzgado de León investiga una pieza separada de esta trama en la que han sido arrestados el empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel, y Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León. La UDEF también ha realizado 49 entradas y registros en ayuntamientos, despachos y sociedades y 19 requerimientos de documentación en municipios de al menos cinco comunidades.

Las detenciones, investigaciones y registros afectan a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.

Los investigadores sospechan que también se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.

Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia o Teruel.

También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones (Madrid); Tiana y Mollet del Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (León) y Vélez Málaga. Además, por orden del juzgado, la Policía ha requerido documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño.

También en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí (Barcelona); Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid), La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), O'Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).

Entre los detenidos que han trascendido está, además de los citados, un oficial de Policía Local de Alcobendas, el subinspector de Policía Local de Plasencia y un responsable de informática de Mollet del Vallés.

Se investiga al responsable de Nuevas Tecnologías de Majadahonda y ha declarado ante la Policía (sin que se haya comunicado su situación procesal) la concejal de Seguridad de Villanueva de la Cañada, Julia Tortosa. Ese ayuntamiento ha adjudicado desde 2014 por concurso público tres contratos por valor de más de 300.000 euros a Aplicaciones Gespol, según la documentación que ha comprobado Efe.

En el caso de Torrelodones, fuentes municipales han explicado que fue la anterior administración, del PP, la que adjudicó en 2010 por un "procedimiento negociado sin publicidad" una cantidad de 200.000 euros a la empresa Bibliomática, llamada luego Aplicaciones Gespol.

FUENTE: eldia.es
Madrid - EFE
03/07/2018

Hay chorizos de todos los colores: azules, rojos, naranjas...

El Sistema está tan sumamente podrido que no valen parches. Habría que echarlo todo abajo y comenzar de nuevo.

LOS "SEÑORES DEL LADRILLO"

Los 'señores del ladrillo' están implicados en los grandes casos de corrupción de la última década

Ninguno de los presidentes de ACS, FCC, Acciona o Ferrovial ha sido imputado en los diversos casos de corrupción. Gürtel, Pujol, Acuamed... Los contratos públicos se encuentran en el epicentro de estas tramas

Sede de Acuamed en Madrid durante el registro de la Guardia Civil. EFE/Víctor Lerena

Toda una década al banquillo. Las grandes empresas supervivientes del boom del ladrillo figuran como implicadas en los grandes casos de corrupción de los últimos años: Gürtel, Púnica, Pujol o Palau son algunas de las causas donde figuran las principales constructoras del Ibex-35.

Sin embargo, ninguno de sus presidentes ha sido procesado en las causas que se instruyen en los diversos juzgados y tribunales de España, en especial en la Audiencia Nacional. 

Los detenidos en las operaciones suelen ser los segundos 'espadas', directores generales o presidentes de filiales. Pero las investigaciones nunca salpican a los presidentes de las grandes constructoras, que aún forman parte del Ibex-35. Las corporaciones suelen crear cortafuegos para evitar que sus consejos de administración se vean salpicados por los escándalos de corrupción.

Sacyr, prescrito

Luis del Rivero

Tan sólo Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, figuró como investigado por el escándalo de la caja B del PP, -descubierto con los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas- pero no fue procesado por donar 480.000 euros a dicho partido porque el delito había prescrito.

La última operación, centrada en la sociedad pública Acuamed, desvela la trama tejida entre las empresas constructoras de grandes obras hidráulicas y los contratos públicos supuestamente fraudulentos, como son los casos de FCC, Acciona, Befesa (filial de Abengoa), Sogecosa y Altec (actual Altyum). 

Entre los detenidos que declaran este miércoles ante el juez central de instrucción Eloy Velasco se encuentran el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado Fernández, y el director general de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini.

FCC: comisiones y supuestas mordidas

Sede central de FCC (Fomento de Construcciones y Contratas)

La empresa FCC ya ha sido involucrada en otras investigaciones que se realizan en la Audiencia Nacional, como la trama de la Operación Púnica (de supuestos sobornos a políticos autonómicos y locales a cambio de adjudicaciones públicas); así como en la pieza separada que investiga la Caja B del PP dentro de los papeles de Luis Bárcenas, extesorero de este partido y el caso abierto sobre los negocios de Jordi Pujol Ferrusola.

Sin embargo, ni el magnate mexicano Carlos Slim ni Esther Koplowitz han declarado nunca por los escándalos de su empresa FCC. La compañía suele apartar a los directivos imputados en los sucesivos escándalos.

Esther Koplowiz - Carlos Slim

Así ocurrió con uno de los antecesores de Miguel Jurado, José Mayor Oreja, quien presidió FCC Construcción entre 2001 y 2013. El nombre de Mayor Oreja, hermano de Jaime Mayor Oreja, ex europdiputado y el exministro del Interior del Gobierno de José María Aznar, aparecía en los papeles de Bárcenas, junto a dos supuestos pagos por un total de 165.000 euros a dicho partido.

FCC es una de las grandes adjudicatarias de obras públicas, pero Mayor Oreja no fue procesado porque nadie ha podido demostrar que estas donaciones de la empresa al PP fueran finalistas; esto es, que hubieran consistido en un cohecho por un pago a cambio de una adjudicación concreta. Mayor Oreja cesó en 2013 y fue sustituido por Fernando Moreno quien ocupó el cargo durante una breve transición -se jubiló en septiembre de 2014- para dar paso a su director general, Miguel Jurado, como presidente.

Fernando Moreno

FCC Construcciones también es investigada en la Audiencia Nacional por supuestas comisiones ilegales pagadas a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de supuestas labores de asesoría. La compañía pagó 710.000 euros en 25 transferencias a través de una sociedad interpuesta (Brandtrigde Holdings Limited) entre los años 2006 y 2009.

Dicha compañía aparece además en el 'caso Innova', centrado en la construcción del Hospital de Sant Joan de Reus y en el que aparecen como investigados (antiguos imputados) los últimos responsables del Servicio Catalán de la Salud, así como por el intento de soborno a concejales del ayuntamiento de Xàbia por la contrata del servicio de basuras, entre otras causas abiertas.

Acciona: supuestos sobornos y amaños

Se supone que la imagen corresponde a Justo Vicente Pelegrini

Acciona, cuyo director general de la rama de Infraestructuras, , Justo Vicente Pelegrini, ha sido detenido por el caso Acuamed, también aparece en otros casos de supuesta corrupción política. sin que haya salpicado a su presidente, José Manuel Entrecanales.

Dos altos directivos de Acciona están a punto de ser procesados por el 'caso Plaza', sobre la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza, por supuestos sobornos y amaños de contratos públicos que comportaron una supuesta desviación de 365,58 millones de euros.

José Manuel Entrecanales

En esta causa, la administración autonómica acaba de solicitar para los altos cargos de la UTE formada por Acciona-MLN José María Jordán y Miguel Ángel Bretón un total de 14 años de prisión para el primero y de 7 años de cárcel para el segundo. Para el ex director de la obra de Plaza, Miguel Ángel Pérez, ha solicitado una pena de 6 años por malversación.

ACS y las tramas sin fronteras

Florentino Pérez

Otro presidente, Florentino Pérez (ACS), acudió como testigo a declarar en la Audiencia Nacional dentro del sumario de la Operación Púnica, sobre supuestos sobornos a políticos a cambio de contratos públicos. En este caso, declaró ante el juez por pagar 300.000 euros para un servicio de posicionamiento en redes sociales al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro.

A Florentino Pérez no le gustaron las preguntas del instructor, Eloy Velasco, pero accedió a responderlas después de que el magistrado expusiera con cierta ironía que era su obligación hacérselas, porque era el juez. Entre ellas, se le preguntó si había financiado irregularmente al PP.

 

ACS aparece en los famosos papeles de Bárcenas porque habría pagado 30.000 euros para financiar la reelección de Manuel Fraga como presidente de la Xunta de Galicia. 

Entre las 23 empresas que aportaron dinero al PP se encuentran Aldesa, AZVI, Construcciones Rubau, Constructora Hispánica, FCC, Grupo Bruesa, Grupo José Antonio Romero Polo, Mercadona, OHL, Sacyr y Sando.

 Plataforma del Proyecto Castor

La empresa ACS figura en el centro de la investigación judicial sobre la autorización que le permitió construir la plataforma de gas Castor (en Castellón) sobre una falla activa. El fiasco de Castor, que ocasionó mil terremotos y que costará a los consumidores españoles la friolera de 4.000 millones de euros, es investigado por un juzgado de Vinaròs y ha sido abierta por los supuestos delitos de prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. 

El presidente de la empresa concesionaria de Castor (Escal UGS), Recaredo del Potro, ha declarado en la causa que los terremotos sean debidos a las inyecciones de gas, sino que representaron "una coincidencia en el tiempo con la inyección de gas".

OHL y los casos 'Son Espases' y México

Juan Miguel Villar Mir

Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL, tampoco ha sido procesado por ninguna causa de corrupción. Sus supuestas donaciones a la Caja B del PP en el caso de los papeles de Bárcenas han prescrito, al igual que en el caso del anterior responsable de Sacyr-Vallehermoso, Luis del Rivero.

OHL está salpicada en el 'caso Son Espases' que investiga el juez de instrucción de Palma José Castro sobre la construcción del mayor hospital de Baleares con dicho nombre. Como si fuera un racimo de uvas, esta causa ha abierto una vía de otra supuesta trama de corrupción en Cádiz, donde aparecerían implicados funcionarios locales y directivos de constructoras por la adjudicación de la red de alumbrado público y las señales de tráfico.

OHL México

Además, directivos de la filial en México de OHL aparecen en unas conversaciones grabadas sobre supuestos sobornos a altos funcionarios del Estado de México para la concesión de obras públicas en el país, donde la constructora se instaló en 2003. OHL México ha presentado denuncia por las supuestas grabaciones ilícitas.

Ferrovial y el 'caso Palau'

Sede de Ferrovial

Otra constructora del Ibex-35, aparece vinculada al caso Palau: Ferrovial, cuyo directivo Pedro Buenaventura y Juan Elizaga se sentarán en el banquillo por supuestas mordidas a través del Palau de la Música al que la constructora realizaba generosos patrocinios.

Millet y Montull

Según el escrito de acusación del fiscal, Fèlix Millet y Jordi Montull se apropiaron de fondos públicos y privados del Palau de la Música de Barcelona y crearon un "entramado delictivo" junto a Ferrovial y cargos convergentes para la "financiación ilícita" de CDC por medio de la adjudicación de obras públicas, como la Ciutat de la Justícia y la línea 9 del metro de Barcelona. La cuantía de la supuesta financiación asciende a 5,1 millones de euros.

Los Sumarroca y el 3%

 

Jordi y Carles Sumarroca

Otro caso que salpica a una constructora es la famosa causa del 3% que investiga el juez de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch Mitjavil. Está centrado en la supuesta financiación irregular de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC).

La empresa Teyco, de la familia Sumarroca, es investigada por donar casi 370.000 euros a Fundació Catalanista i Demòcrata (Catdem) y Fórum Barcelona, ambas vinculadas a CDC, así como a la Fundación independentista Òmnium.
  

Sede de la empresa Teyco

En este caso, el consejero delegado de Teyco, Jordi Sumarroca, es la excepción ya que figura como imputado en la causa.  La constructora ha negado cualquier pago irregular a CDC.

Las constructoras de los Sumarroca fueron las que más adjudicaciones de contratos de obras públicas recibieron durante la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat catalana. Esta familia está muy vinculada a la de los Pujol, que son investigados por la Audiencia Nacional por formar parte de una supuesta organización de corte criminal.

FUENTE: publico.es

Julia Pérez

Madrid - 19/01/2016

QUE ALGUIEN CIERRE LA PUERTA

Es el “efecto goteo”, dicen: el apoyo gubernamental a las multinacionales españolas redunda en beneficio de toda la sociedad… Está por ver. pero mientras ese maná llega, los auténticos beneficiados son toda una pléyade de políticos que recalan con sueldos desorbitados en las empresas que mimaron desde sus cargos oficiales. Nadie, sin embargo, parece capaz de impulsar una regulación que cierre de un portazo tanta puerta giratoria.  

Cuando en abril de 2012, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación de YPF, el Gobierno español se apresuró a asegurar que defendería “los intereses de cualquier empresa española en el resto del mundo”, como lo expresó el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Los dirigentes del Gobierno y de Repsol, en una lectura hecha casi en clave patriótica, aunaron sus voces al calificar la decisión de la Casa Rosada como un atentado a la seguridad jurídica. En España, la decisión del Gobierno argentino se leyó como una afrenta; al otro lado del océano, la expropiación del 51% de YPF, la petrolera estatal que fue privatizada en 1992, se entendía como una deuda pendiente del Estado que ni siquiera la agresiva prensa opositora se atrevió a criticar más allá de cuestiones de forma.

Pasada la tormenta, surge la pregunta de si tendrían razón los argentinos para alegrarse tanto, y los españoles para indignarse, con la expropiación de YPF. Pese a las amenazas del Estado español, a Argentina pronto le salieron novias para explotar las recién descubiertas reservas de petróleo y gas de Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén, con la polémica técnica de la fractura hidráulica o fracking. El socio escogido por Argentina fue Chevron-Texaco, una compañía prófuga de la justicia ecuatoriana, donde fue condenada a pagar 7.000 millones de euros por 20 años de vertidos contaminantes en la selva amazónica. Es más: la Corte Suprema de Argentina anuló el embargo decretado por un juez para pagar la multa, al mismo tiempo que YPF y Chevron llegaban a un acuerdo sobre Vaca Muerta que otorga notables privilegios a la petrolera norteamericana. Las comunidades mapuches que durante años plantaron cara a Repsol no parecen haber mejorado su situación.

¿Y del lado español? El apoyo diplomático brindado a las corporaciones por los políticos de uno y otro signo y también por Juan Carlos I, que fue durante su reinado el embajador de las empresas españolas, contiene un argumento implícito -y a veces explícito-: que el bienestar de esas compañías privadas redunda en el bienestar de la sociedad española en general. “El efecto goteo”, que dicen los economistas. Sin embargo, Repsol, como casi todas las empresas que cotizan en el Ibex 35, elude pagar impuestos en España a través de una trama de empresas filiales localizadas en paraísos fiscales. En un cuestionario remitido a esta reportera, Repsol admite que dos empresas de su entramado societario están radicadas en territorios con beneficios tributarios. “Una sociedad está constituida en Bermudas y se dedica a actividades aseguradoras; la otra está constituida en las Islas Caimán y se dedica a actividades financieras”; eso sí: según Repsol, la presencia del grupo en esos paraísos fiscales obedece a “legítimas razones de negocio y no a un propósito de limitar la transparencia de sus actividades”.

  Obras de ampliación del Canal de Panamá (Sacyr)

Sacyr también tributa en paraísos fiscales, lo que no ha sido obstáculo para obtener el apoyo de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy. Hoy, tras la polémica desatada en Panamá por las obras de ampliación del Canal, el ‘caso Sacyr’ ha puesto en entredicho la llamada marca España. La constructora española encabeza el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que exigió a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) un sobreprecio de 1.200 millones de euros para terminar las obras por “costos imprevistos”. La ACP se negó a lo que calificó de “chantaje” y las obras llegaron a paralizarse.

Esos “sobrecostos” rondan el 50% del total presupuestado por Sacyr y sus socios, que en 2009 ganaron el concurso para realizar la monumental obra con una oferta de 2.243 millones de euros, muy por debajo de lo presupuestado por la favorita, la estadounidense Bechtel. En aquel momento, no pocas voces tacharon la oferta de “temeraria a la baja”, es decir, un precio por debajo de los valores reales de mercado y, por tanto, abocado al incumplimiento del contrato. También extrañó a algunos que el Estado panameño confiara una obra tan decisiva para el país y para el comercio internacional a una empresa que ya tenía problemas financieros.

Bechtel afirmó que el presupuesto de GUPC no daba “ni para el hormigón”; por su parte, la embajada de Estados Unidos en Panamá, que ejerció una enorme presión para dar la vuelta a aquella decisión, calificó la victoria de Sacyr de “desconcertante” y aseguró que “Sacyr está considerada en bancarrota y está siendo apuntalada por el Gobierno español”. Sin embargo, Zapatero ofreció a la compañía su apoyo diplomático e incluso financiero: pese a los informes contrarios de la aseguradora pública CESCE (Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación), el Estado español concedió un aval de unos 150 millones de euros. De modo que los españoles pagarían los platos rotos en caso de que las obras no llegaran a buen puerto.

Ya con Rajoy en el poder, en 2013 la ministra de Fomento, Ana Pastor, visitó las obras del Canal y enfatizó que crearían empleo tanto en Panamá como en España. Poco importaba que para entonces ya fueran públicas las irregularidades contables en el balance de 2012: con todo y con eso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegó a proponer que el Estado apoye financieramente a Sacyr para evitar un agujero mayor en las cuentas públicas, que podría llegar a los 3.447 millones de euros si la empresa llegara al concurso de acreedores. Los mayores riesgos derivan de las ayudas a autopistas radiales de Madrid.

Amistades peligrosas

  ¿Recuerdan al Monstruo de las Galletas?

Como vemos, el apoyo estatal a las transnacionales no deriva apenas de acciones diplomáticas y de una legislación favorable, sino también de ayudas económicas directas. Según un reciente informe de Intermón Oxfam (IO), el apoyo público del Gobierno español a inversiones privadas en el extranjero se ha multiplicado en los últimos años hasta alcanzar en 2013 los 4.215 millones de euros, casi el triple que lo que se destina a la ayuda oficial al desarrollo.

Además, la nueva política de cooperación coloca a las empresas como un eje clave, que a veces termina convirtiéndose en un “instrumento generador de deuda externa”. Lo denunciaba recientemente, Mercedes Ruiz Giménez, presidenta de la Coordinadora de ONGD (Organización No Gubernamental para el Desarrollo): “La política pública de cooperación está siendo golpeada de manera persistente, y lo poco que queda de ella se entrega progresivamente a la gestión del Ministerio de Economía y Hacienda”. Ruiz Giménez cree que la reforma del Fondo de Promoción al Desarrollo (FONPRODE) le asestará el golpe de gracia a la ayuda al desarrollo.

Para Intermón, lo más grave es que las empresas que reciben dinero público no cumplen unos mínimos requisitos de transparencia y respeto de los derechos humanos y laborales. Es el caso, añade IO, de Pescanova en Nicaragua: la empresa se benefició de los créditos de Financiación al Desarrollo (FAD) que el Gobierno español concedió a Nicaragua, mientras mantenía a sus trabajadores con jornadas de doce horas sin descanso, en pésimas condiciones higiénicas y sin derechos sindicales, como han denunciado el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y la propia IO.

¿Por qué brinda el Gobierno apoyo a las empresas sin exigir nada a cambio? Pedro Ramiro apunta a las puertas giratorias: en los últimos años, 24 ex cargos públicos en España, la gran mayoría de PP y PSOE, pasaron a formar parte de empresas del sector eléctrico como Endesa, Abengoa, Iberdrola, Red Eléctrica de España, Repsol, Acciona o Gas Natural Fenosa, entre otras. 

Recientemente, de golpe se sumaban cinco históricos del PP al consejo de administración de Enagás, entre ellos Isabel Tocino y Ana Palacio, en un momento en el que el Ministerio de Industria debe decidir la nueva regulación gasística, que será decisiva para la compañía.

La legislación española no lo impide: la ley de incompatibilidades se limita a pedir a ministros y consejeros de Estado que dejen pasar dos años entre su actividad parlamentaria y su desembarco en los consejos de administración de las empresas. Pero muchas veces ni siquiera eso se cumple: fue el caso de la exvicepresidenta Elena Salgado, que no tardó ni tres meses en fichar por Endesa Chile después de dejar el Gobierno. En el caso de Sacyr, las opacas relaciones entre empresas y Gobiernos son aún más evidentes: la empresa figura entre los donantes ilegales del Partido Popular, según los ‘papeles de Bárcenas’  y la causa sobre la presunta contabilidad B del PP que investiga el juez Pablo Ruz.

Esas puertas giratorias no son una particularidad del caso español. Un total de 150 organizaciones y movimientos sociales de América Latina, Europa y Canadá han suscrito una declaración conjunta en la que cuestionan la validez de los códigos de carácter voluntario para las empresas que, como el Pacto Global y los Principios Ruggie, está promoviendo la ONU. “Este tipo de iniciativas son promovidas por personas que se mueven entre el sector privado transnacional y el sector público, para defender los intereses corporativos”, señala la declaración, que denuncia “la corrupción de la puerta giratoria” y el poder de los lobbies que se han instalado en los pasillos de las Naciones Unidas.

Solo buenas palabras

El Pacto Global y, en general, el auge de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) promueven códigos voluntaristas sin carácter vinculante; las legislaciones de los Estados eluden plasmar con claridad las obligaciones de las empresas que invierten en el país; y tampoco el Derecho Internacional relativo a Derechos Humanos dispone de mecanismos jurídicos para garantizar su cumplimiento. Las transnacionales que lideran la inversión extranjera directa (IED), en cambio, sí han sabido armarse de un sistema legal que protege sus intereses: es el llamado Derecho Comercial Global, que las voces más críticas han bautizado como Lex Mercatoria .La ley de la mercancía globalizada. El economista Jeffrey Sachs lo resumió así: “[Tenemos] una cultura de impunidad basada en la expectativa bien comprobada de que los crímenes corporativos son rentables”.

Esa ‘arquitectura legal’ brinda protección a las inversiones de las multinacionales, tales como los tratados de libre comercio (TLC) y los tratados bilaterales de inversión (TBI). Estos tratados son vinculantes y las empresas los hacen valer a través de instancias que velan por su cumplimiento, como el Sistema de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el que un Gobierno puede procesar a otro por poner trabas al régimen de liberalización comercial, o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, donde las empresas pueden demandar a los Estados por incumplimientos de contrato. Apenas un ejemplo: el CIADI se apoya para su arbitraje en los TBI y TLC, pero no en las legislaciones de los países ni mucho menos en el derecho internacional en materia de derechos humanos.

“Existe un problema global, un conflicto creciente entre los convenios que firman los Estados y las multinacionales y las leyes nacionales. Es una cuestión que no puede esperar”, afirma Mario Jursich, director de la revista colombiana El Malpensante. Frente a esta situación, cada vez más, surgen iniciativas de las comunidades para hacer frente a esa impunidad: desde el Tribunal Permanente de los Pueblos a la Campaña Global Desmantelemos el Poder Corporativo, emprendida por 150 organizaciones, su principal demanda es crear un tratado con obligaciones vinculantes para las transnacionales.

A finales de junio, esta campaña obtuvo su primera victoria importante: la ONU aprobó, pese a la resistencia de Estados Unidos y de los países europeos, una resolución por la que los Estados se comprometen a crear un grupo intergubernamental encaminado a elaborar un tratado contra la impunidad corporativa. Los lobbies opondrán resistencia: solo la movilización popular puede obligar a los Gobiernos a que impongan restricciones legales a las actuaciones de las grandes multinacionales.

FUENTE: Revista Números Rojos
Nazaret Castro (Buenos Aires).