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24/6/18

POBRES: DEL BIENESTAR A LA CARIDAD

La gestión neoliberal de la pobreza

Como recuerda Mark Fisher, la narrativa terapéutica de la autorresponsabilidad heroica es el último recurso personal en un mundo en el que las instituciones ya no garantizan seguridad alguna

1. Los datos de la vergüenza


La “marca” España tiene su contraportada. Una lista llena de números rojos. Son los números más vergonzantes que un Estado que alardea de social pueda presentar. Quizás por eso se obvian, se maquillan, se ignoran o incluso se banalizan. Pero están ahí. Son los números de la pobreza, la exclusión, el paro, la tasa de protección por desempleo, la pobreza infantil o la mala calidad de sus Servicios Sociales.

Estos números bailan al compás de una crisis que se iniciara en 2008 y cuyo final algunos certifican, mientras otros, la mayoría, continúan padeciendo. Y son esos números los que desafían los discursos hegemónicos de la clase política gobernante y el establishment mediático. Y es que en España malviven 10,2 millones de personas con una renta por debajo del umbral de la pobreza.

Solo Rumania y Bulgaria son más pobres. España padece una epidemia de paro que llega al 16,4%. Casi tres millones de personas viven con 11,4 euros al día. Como en Angola y Bielorrusia. Más del 60% de la población española tiene dificultades para llegar a fin de mes y solo el 54% de quienes se apuntan al paro perciben algún tipo de ingreso por desempleo.


La renta del empleo empeora, es decir se trabaja más desde el 2012, de hecho, los beneficios empresariales se han disparado desde entonces hasta el 200,7%, pero el coste salarial apenas ha aumentado un 0,6%. Y las mujeres se llevan la peor parte, ya que suponen el 58% de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Siete de cada diez personas que reciben los salarios más bajos son mujeres. Ellas cobran hasta un 14% menos que los hombres. Y también la juventud que logra acceder a un empleo comprueba cómo su sueldo anual es un 33% inferior respecto al de 2008.

Estos datos, por si solos, no dicen nada. Se han banalizado. Pero son arte y parte de una estrategia, de una gobernanza y de una política austericida iniciada en 2008 que se activó como consecuencia de una crisis mundial autogenerada con la intención de inaugurar una nueva manera de gobernar y gestionar el mundo.

2. El discurso neoliberal de la pobreza


Ser pobre hoy tiene un alto precio personal que se paga muy caro en el mercado del estigma asignado. Ser precario o precaria, trabajadora pobre o excluido del circuito del consumo y la normalización social no es solo una situación vivida y padecida, es también una realidad interpretada y etiquetada por el poder, que se encarga de diseñar dispositivos ideológicos y argumentales para hacer digerible y amable el discurso en torno a la pobreza y la exclusión.

Y es que no solo la crisis ha cambiado o reformulado el discurso sobre la pobreza, el desempleo, la precariedad o la exclusión social. No solo han cambiado sus ecos y sus resonancias sociales. También el discurso político y económico, que justifica la crisis y la reproduce, ha creado un nuevo sujeto social perfectamente adaptado a esta nueva situación. Un sujeto que, además de padecer una grave crisis de individualidad, ahora se autoinculpa de su situación personal y social. Ahora este sujeto tiene una noción de sí mismo y de su experiencia vital moralmente reprochable.

Obsérvese al desempleado o el usuario de los servicios sociales que acude a éstos para solicitar un subsidio o prestación económica. No sólo evidencia una situación de precariedad o exclusión social, consecuencia de una estructura social desigual que raramente es observada o identificada por los profesionales que le atienden; incorpora además un juicio moral sobre sí mismo y así es evaluado.


La crisis económica ha agudizado la individualización de las conductas hasta el paroxismo, pero no como un profiláctico ante la misma al estilo sálvese quien pueda, que también, sino como herramienta del poder. Y esto tiene que ver con el concepto denominado “gobierno de las voluntades” que vendría a ser algo así como las prácticas y los discursos centrados en el control de las conductas y los pensamientos de la gente con el objeto de conseguir que la propia ocupación y la propia manera de estar en el mundo y enfrentar la realidad, por dura que sea, refuerce el control del Estado, exculpe a éste de toda responsabilidad y justifique la inviabilidad natural de alterar el orden de las cosas.

Como bien recuerda Mark Fisher, la narrativa terapéutica de la autorresponsabilidad heroica es el último recurso personal en un mundo en el que las instituciones ya no garantizan seguridad alguna.

3. Políticas sociales y neoliberalismo: de la protección al castigo


Dos grandes teóricos europeos nos ayudan a interpretar estas derivas, a encontrarle sentido a esta nueva gobernanza y autogobernanza ante la adversidad. Por un lado, Loïc Wacquant con su obra "Castigar a los pobres" incide en un nuevo gobierno de inseguridad social encaminado a modificar los desajustes sociales provocados por la desregularización de la crisis económica y la reconversión del bienestar. Por otro lado, Maurizio Lazzarato en "La fábrica del hombre endeudado", reclama que “la deuda sirve para disciplinar a las personas, pues no se trata sólo de un problema contable, sino que tiene una dimensión más profunda, en la que convergen elementos morales, políticos y estratégicos”.

Y es que el neoliberalismo no es solo una ideología aséptica o un sistema segregatorio de acumulación del capital; es una herramienta de dominación y de autodominación personal y social. Porque el actual capitalismo es una picadora de carne que no sería nada sin nuestra activa colaboración. Y para ello se han articulado estrategias que transversalizan todos los sistemas sociales, económicos, culturales o políticos. Nos detendremos en los sistemas de protección social. Y es que desde hace tiempo las políticas públicas patologizan e individualizan aquellas biografías, itinerarios o sucesos que escapan a los procesos de normativización y normalización social. El sistema de salud y el de los servicios sociales victimizan los procesos personales haciendo creer al sujeto que él es el culpable de su situación.

Reconversiones, paro de larga intensidad, precariedad laboral, exclusión social, pobreza endémica, divorcios, estrés, ansiedad, se envuelven en nuevas categorías gnoseológicas que explican los nuevos problemas sociales, problemas por otra parte absolutamente despolitizados en su origen, análisis y significado.


Por ejemplo, los Servicios Sociales han inventado herramientas de normativización social como la Búsqueda Activa de Empleo, los acuerdos de incorporación, el itinerario de inserción y otras lindezas técnico-burocráticas, descontextualizadas de la realidad social en las que los sujetos victimizados y desautorizados se ven obligados a desprenderse de su protagonismo histórico.

Ya no interesan las causas que han generado esas biografías de la pobreza, el abandono o la desesperación, como si los sujetos hubiesen elegido su propia miseria. Nada se opina sobre las condiciones y relaciones laborales, sociales, familiares, patriarcales, sexistas o de dominación. Nada sobre la inseguridad, las infraviviendas, los salarios parciales, los talleres ilegales y las múltiples formas de explotación invisible. Nada. Como si sólo nos interesara asistencializar a quienes van a la deriva, a quienes no asimilan su naufragio voluntario.

4. Gestión de la pobreza: la redención del pobre


Mientras la clase corrupta sale inmune de sus tropelías, los pobres se ven obligados a sentarse a diario ante el tribunal del Santo Estigma. Y no es una exageración. Una especie de culpabilización colectiva les obliga a rendir cuentas por su propia pobreza. A ser investigados por cobrar –los que cobran–, por percibir las ayudas que reciben: paro, subsidios de todo tipo y rentas garantizadas o rentas de inserción. A decir donde están, donde viven, con quién, donde están empadronados, si viajan o no, si salen del país o no, si se casan, se juntan o si les toca la lotería. En definitiva, un control de la propia subjetividad que ya anunciara Foucault el siglo pasado. La pobreza también tiene su propia gestión neoliberal. Una gestión que recorre de forma transversal casi todos los dispositivos de los sistemas de protección social, especialmente los de Empleo y Servicios Sociales.

Porque es aquí, en la cola del paro, en la ventanilla del desempleo o en las oficinas de los Servicios Sociales y en sus dispositivos de acompañamiento, acogida, orientación y prestación de ayudas económicas donde se han implementado dinámicas neoliberales de atención y control de la ciudadanía. Control que se realiza a través de herramientas formativas, de acompañamiento o enmarcadas en las denominadas políticas de activación y la autogobernanza amparada por el falso mito de la autonomía personal o la ilusoria empleabilidad. Muchos trabajadores pobres, precarios y precarias, subsidiados y desempleadas recorren las oficinas del SEPE y cuando no reciben ayuda aquí –hay que recordar que 1.200.000 parados no perciben ninguna prestación– acaban en los Servicios Sociales demandando Renta Garantizada.

Uno de los principales dispositivos de lucha contra la exclusión social son los programas de Rentas Mínimas de Inserción cuyos destinatarios son personas con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, trabajadores y trabajadoras pobres. Estos programas contienen dos elementos: un ingreso económico mensual que varía en función de cada Comunidad Autónoma y un Itinerario Personalizado de Incorporación Social, título rumboso donde los haya para denominar un contrato entre la administración pública y la persona beneficiaria donde se pactan una serie de acciones para favorecer la supuesta inserción social a cambio de la prestación recibida. Y en estas prácticas es donde las tecnologías del yo hacen su aparición en forma de herramientas de control y dinamización neoliberal basadas en la pedagogía del déficit.


La formación se configura, así, como un mito, un estadio al que llegar. Sin formación no hay paraíso, aunque el paraíso ya no exista. Y es que en los distintos programas de activación para el empleo destinados a la población desempleada y a la población que está protocolizada y monitorizada por los Servicios Sociales, la formación actúa como motor de cambio. Y esto es lo que se vende a los pobres y desempleados como productos de salvación: cursos de formación pre laboral, de formación profesional, cursos para elaborar un currículum o cómo abordar una entrevista de trabajo, aunque sea precario, o la búsqueda activa de empleo, como si los sujetos estuvieran infantilizados para tal fin, o de habilidades sociales, personales y actitudinales.

O incluso para mejorar la autoestima, cuando la autoestima no se mejora si no es con un empleo digno y una resocialización igualitaria, o de habilidades sociales, como si una no las hubiera demostrado antes para soportar esa pobreza o precariedad que padece. Y el colmo es la oferta de los cursos de inteligencia emocional entendidos como recurso reparador y redentor de nuestra situación, como si los culpables del desempleo fueran fuerzas internas que haya que gestionar emocionalmente pero no políticamente.

5. Sobredosis de solidaridad social que no repara el déficit de igualdad


Frente al descalabro de los sistemas públicos de protección social, frente a la saña de los recortes en los principales seguros vitales que nos han proporcionado más o menos seguridad ante la adversidad, frente al acoso y derribo de lo público como estructura de protección; no pocos colectivos civiles y religiosos, oenegés, entidades privadas de solidaridad con y sin ánimo de lucro y grupos ciudadanos de variada tipología, han izado la bandera de la desigualdad y la pobreza como formas de solidaridad redencionista.

Numerosas iniciativas sociales y de apoyo mutuo tratan de salvar a la gente de los desahucios, de la pobreza, del frío, del hambre, de los cortes de agua y luz, de la precariedad y la carencia de las necesidades más básicas. Prácticas todas ellas loables, de reconocida solvencia solidaria, de gran reconocimiento social, pero que sigilosamente se formalizan como desplazamientos de las formas de distribución garantistas procedentes de los sistemas públicos. Como si los sistemas públicos, invisibilizados y descapitalizados, por no decir despolitizados, fueran incapaces de abordar este socavón social creado por la crisis. Y esto tiene efectos secundarios de obligada lectura.

Los medios de comunicación al servicio de la ideología neoliberal dominante están fabricando un discurso tras el cual ese tercer sector de carácter benéfico es presentado como el único actor posible para responder a las situaciones de emergencia, pobreza y precariedad generalizada. Y eso provoca, no ya una desconfianza en los sistemas públicos, ultrajados como ineficaces por la ideología neoliberal, sino algo mucho peor: su retirada simbólica del imaginario colectivo como correctores de las desigualdades.


De ahí a aceptar la caridad bien entendida y la beneficencia intensiva como únicas posibilidades para salir de la ciénaga vital, va solamente un paso: la aceptación merecida de la pérdida de ciudadanía reconvertida ahora en un sucedáneo de ciudadanía premiada con prestaciones graciables.

Pero la cuestión de fondo es cómo esa ingente sobredosis e inflación de solidaridad horizontal entre iguales se está convirtiendo, por acción u omisión de los sistemas públicos de protección ultrajados y descapitalizados, en la estrategia dirigida e invisibilizada de la nueva gestión neoliberal de la pobreza. Porque esta instauración de la caridad privada, la que nos sale del alma, con vocación social y aceptada como un valor innato de la gente a pie de obra y voluntarios de todo tipo y condición, está contribuyendo al apuntalamiento discursivo del final del estado social y democrático de derecho. Porque esa caridad bien entendida rompe, a sabiendas o no, con el principio de igualdad vital en democracia social. Cuesta decirlo, pero en esto también, como dice Marta Sanz, los que creen que no forman parte del discurso dominante cada día lo apuntalan más.

FUENTE: ctxt.es
Paco Roda
20/06/2018

2/7/17

SEGUNDO ANIVERSARIO DE MIERDA

Dos años con mordaza: las libertades que te han robado a golpe de ley


Se cumplen dos años de la entrada en vigor de la conocida como ley mordaza, es decir, la Ley de Seguridad Ciudadana y las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Expertos denuncian el retroceso en libertades que ha sufrido España en los dos últimos años.

Una activista de Greenpeace amordaza los leones del Congreso de los Diputados. - Foto: EFE
 Una activista de Greenpeace amordaza los leones del Congreso de los Diputados. - Foto: EFE

Hubo un tiempo en España, no demasiado lejano, en el que era inconcebible que un ciudadano fuera condenado por un mensaje irónico en Twitter. En el que los activistas de la PAH podían realizar una perfomance en la sucursal bancaria responsable de su desahucio sin miedo a entrar en prisión y en el que Greenpeace podía desplegar una pancarta enorme en el edificio España de Madrid sin que fueran multados. Pero ese tiempo acabó hace ahora dos años. El 1 de julio de 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó las conocidas como 'leyes mordaza' poniendo coto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y manifestación en España.

"Cuando las imposiciones de los acreedores condicionaron para España una política de recortes en derechos sociales, la respuesta de los ciudadanos fue la movilización. Y contra esa movilización que se manifestaba en la calle, orquestada en buena parte en las redes sociales, se dirigió el arsenal jurídico del partido gobernante durante la primera legislatura de Rajoy", explica el jurista Carlos Sánchez Almeida en la guía El periodismo y el activismo frente a las leyes mordaza, que fue editado por la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

Este arsenal jurídico, que señala Sánchez Almeida, consistió en la aprobación de una Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley mordaza, mucho más restrictiva y punitiva que la anterior, ; en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y en los cambios introducidos en el Código Penal, algunos de ellos en virtud del conocido como Pacto antiyihadista. El resultado, dicen los expertos, es que somos menos libres. El letrado Jaime Montero, que entre otros asuntos tuvo que pelear por la absolución de los titiriteros y que ahora está metido en el caso Alsasua, lo define de esta manera:


"Hay más represión, más castigo, más intromisión del Estado en la sociedad civil.  Es triste pero es la jodida realidad. Hemos perdido libertad", dice Montero, que denuncia que el Estado está más cerca "de controlarlo todo a su antojo". La abogada penalista Sara Ruiz Calvo denuncia, además, que estas leyes imponen "un régimen legislativo que criminaliza, principalmente, los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad de pensamiento, expresión y reunión consagrados en la Constitución Española".

"La Ley mordaza debería derogarse ya que choca frontalmente con los derechos constitucionales que asisten a todos los ciudadanos", sentencia la letrada, vocal en la Asociación Pro Derechos Humanos en España. En este sentido, Jaime Montero dice que la pregunta que todos debemos hacernos es la siguiente: "¿El Gobierno de Rajoy quería más seguridad ciudadana o quería castigar a los colectivos que en ese momento lideraban las protestas sociales?".

Una perfomance en un banco para protestar por los desahucios

Imagen del desalojo de miembros de la PAH de la sucursal del Banco Popular.- EFE
Imagen del desalojo de miembros de la PAH de la sucursal del Banco Popular.- EFE

La explosión de la crisis económica en España y de la burbuja inmobiliaria llevó a miles de españoles a perder sus casas. Muchos de ellos, además, sin alternativa habitacional. El shock fue tremendo. De repente, las televisiones se hacían eco de cómo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado servían para desahuciar a la fuerza a ciudadanos que nada tenían. Salvo deudas. Así nació la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y así se fortaleció un activismo que hizo habitual escenas como la que protagonizaron el 11 de julio de 2013 en una oficina del Banco Popular en las ramblas de Barcelona.

Aquel día unas 120 personas se encerraron en el interior de la sucursal bancaria en solidaridad con un ciudadano que había contratado una hipoteca a la que no podía hacer frente tras divorciarse y perder su trabajo. Fue entonces cuando Los Mossos d'Esquadra desalojaron la sucursal del Popular, pero ¿qué hubiera pasado en 2017? Los 120 activistas podrían estar violando el nuevo artículo 557-ter del Código Penal que prohíbe este tipo de acciones y lo castiga con una pena de prisión de entre tres a seis meses.

Alentar o jalear movilizaciones desde Twitter 

El Estado nunca pensó que el "juguetito" de Internet pudiera lograr esto

La reforma del Código Penal también incluye penas de prisión de entre tres a doce meses por "la distribución o difusión pública" de "consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público" o "que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo". 

En palabras del reconocido abogado Sánchez Almeida este artículo del Código Penal lo que está haciendo es criminalizar que se aliente o se jalee movilizaciones en la calle, incluso cuando los mensajes o consignas se lancen a través de internet. El abogado pone el siguiente ejemplo de tuit que podría constituir un delito según el Código Penal.

Un chiste de humor negro sobre el holocausto


La reforma del Código Penal se tomó muy en serio la protección de las víctimas del terrorismo o de delitos tan graves como el Holocausto, por lo que se reguló también contra todo tipo de incitación directa o indirecta al odio, hostilidad, discriminación y violencia contra grupos o personas por razón de su pertenencia a determinados colectivos.

Sin embargo, la reforma del artículo 510 del Código Penal terminó provocando en España ha sido una persecución del humor negro o sarcástico que se ha podido ver en el caso de Cassandra Vera, condenada por un chiste sobre Carrero Blanco, o de Guillermo Zapata, que fue juzgado por chistes en Twitter sobre el holocausto.

Escalar un edificio para denunciar la 'ley mordaza'

Pancarta en el edificio España desplegada por Greenpeace
Pancarta en el edificio España desplegada por Greenpeace.- EFE

Escalar un edificio y desplegar una pancarta gigante fue una de las vías que utilizó Greenpeace para denunciar las políticas de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy y los anteproyectos de leyes mordaza que el Ejecutivo iba filtrando a la prensa.

Pues bien, la Ley mordaza incluyó dentro de su artículado la prohibición de trepar por un edificio y colgar una pancarta. Una norma que parece ideada y plasmada en la ley únicamente para sancionar a Greenpeace y su forma de protestar. La ley recoge para este aspecto una sanción que oscila entre los 100 y los 600 euros.

Desórdenes públicos para que el Gobierno cambie una ley


Los supuestos por los cuales un grupo de personas pueden ser responsables de acciones terroristas se ampliaron de una manera importante el 1 de julio de 2015. Con la reforma del Código Penal en la mano, la comisión de delitos contra la vida, la integridad física" o "contra la Corona", entre otros muchos, puede ser considerado como un delito terrorista si el objetivo de los autores es "subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública" o "provocar el estado de terror".

Asimismo, los desórdenes públicos pueden ser considerados como terrorismo si la Justicia considera que detrás de ellos hay una organización terrorista o, en su defecto, se amparan en esta organización para provocar los disturbios.

"Se ha pasado de un sistema anterior donde estaba muy tasado qué es el terrorismo a una situación donde cada vez hay más delitos que pueden ser considerados como terrorismo", dice Sánchez Almeida, que denuncia que cada vez es más posible que un ciudadano cualquiera pueda ser considerado "terrorista". "Incluso podría pasar que un periódico, por publicar una información, se convierta en terrorista", señala el jurista.


"Entre estos delitos se encuentran también delitos informáticos relacionados con la revelación de secretos, lo que afecta de lleno a la actividad informativa, especialmente la relacionada con el periodismo de investigación.

Si se publica en internet información sobre cómo puede boicotearse la web de una institución pública, dicha información puede ser considerada terrorismo", añade Sánchez Almeida.

Que sea el juez el que hace de juez y no la Administración


Otra de las reformas que incluye la conocida como Ley Mordaza es la desaparición casi total en la práctica de la autoridad judicial como árbitro imparcial en un buen número de situaciones. Con esta ley mordaza desaparecieron las llamadas faltas, que eran infracciones leves que instruían y enjuiciaban los jueces, y la mayor parte de estas pasaron a ser sanciones administrativas, que son castigadas con multas que impone la Administración y que solo a posteriori se conseguiría la intervención judicial.

La reforma se produce en un contexto en el que muchos manifestantes estaban consiguiendo demostrar en los juzgados que la multa con la que habían sido sancionados era completamente injusta o, al menos, la Policía no tenía pruebas de los hechos que imputaba. Así, es destacable que en 2013, por ejemplo, las ocho resoluciones judiciales dictadas por multas de desobediencia a la autoridad en el marco del 15M en Madrid fueron favorables a los manifestantes quitando la razón a la Delegación del Gobierno que entonces ocupaba Cristina Cifuentes.

De esta manera, con la nueva ley mordaza las multas a ciudadanos por conceptos como "falta de respeto a la autoridad" o "desobediencia o resistencia a la autoridad" se han disparado. Tal y como informó Público, solo en el año 2016 los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad impusieron 19.497 multas por "faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad"; y 12.094 multas por "desobediencia y/o resistencia a la autoridad".

Manifestantes en Sol durante un aniversario del 15M.- EFE
Manifestantes en Sol durante un aniversario del 15M.- EFE

¿Un troyano en tu ordenador?

La Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también "tiene una vertiente preocupante para las libertades civiles, en la medida que puede afectar a las opiniones que se vierten por internet", tal y como denuncia Carlos Sánchez Almeida.

"Un tuit puede ser investigado mediante troyanos, al igual que un secuestro o un asesinato", sentencia Sánchez Almeida.

Carlos Sánchez Almeida

Básicamente, la reforma de esta ley permitió a la Policía introducir un virus espía en el ordenador de ciudadanos que estén siendo investigados por delitos graves castigados con más de tres años de prisión o, en su defecto, que hayan sido cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información.

El problema es que, como ya se ha denunciado, la Audiencia Nacional considera que un chiste sobre la muerte del presidente del Gobierno de una dictadura es delito por lo que con este pretexto la Administración puede espiar a ciudadanos. "A la hora de inmiscuirse en la intimidad de las personas investigadas, la nueva legislación procesal pone al mismo nivel delitos gravísimos de crimen organizado o terrorismo, con cualquier delito cometido a través de medios informáticos. Un tuit puede ser investigado mediante troyanos, al igual que un secuestro o un asesinato", sentencia Sánchez Almeida.


FUENTE: publico.es
Alejandro Torrús
Madrid - 27/06/2017

No pierdan de vista este dato: 

La ley "Mierdaza" deja 131 millones de euros en las arcas del Estado en sólo 18 meses.

Oigan: ¿Y los desalojos por desahucio no pueden considerarse terrorismo urbano?

24/2/17

SI TE VIOLA UN "EXTRARRETRETE"...

 
STRAMBOTIC

"Si un extraterrestre te viola,
no existe legislación que lo castigue”


 
¡Ja!... 

Que lo intenten con el rey de España. 
Verán que resulta de todo punto imposible.
La Constitución le blindó 
los cuartos traseros 
convirtiéndolo en un ser inviolable". 

       
                 Citizen Plof

5/3/15

NI ENTERRAR A LOS MUERTOS

Teniente Luis Gonzalo Segura

Siempre supe —y el tiempo me lo ha confirmado—, que no sería nada fácil. Sabía que en las Fueras Armadas hay excelentes militares por los que merece la pena luchar: oficiales que no rehúyen sus obligaciones —aunque escasos—, suboficiales a los que deben permitir ascender y tropa a la que deben permitir ser militar de carrera.

También sabía que una parte de la cúpula militar comete abusos, corruptelas y disfruta de unos privilegios inadmisibles mientras el resto de la cúpula militar lo tolera por miedo o por interés o por ambos.

Era fácil prever que nunca se haría una auditoría en condiciones, que la justicia militar se dedicaría a tapar lo sucedido, que el Rey miraría para otro lado o que me encontraría con una obscena persecución. 


Lo que jamás llegué a imaginar, es que no me concediesen un permiso de tres o cuatro horas para poder enterrar a mi tío —fallecido ayer— y poder abrazar y consolar a mi familia, al tiempo que ellos lo hacían conmigo. No lo pude imaginar porque pensaba que podrían ser mezquinos o ruines, pero tendrían un código de honor, uno de esos códigos que hasta los delincuentes poseen.

Lo pensé porque yo, que pienso luchar hasta el final por conseguir justicia me encierren el tiempo que me encierren, sí les habría dado ese permiso. No lo habría hecho por caridad, ni tampoco por ser buena persona, lo habría hecho porque hay un código de honor no escrito que permite poder hacer concesiones como que cada uno entierre a sus muertos, sin que por ello se pierda un ápice en la batalla, sea del tipo que sea, hasta en el caso de su vendetta.

Esta noche, sólo en la habitación, después de casi 130 días de arresto (más de lo que sufrirán la mayoría de corruptos) y de haber pasado por todo tipo de abusos, siento más que nunca que este no es el Ejército que había soñado, ni el que quiero, ni el que debería ser.

 

Esta noche lloro porque no podré cumplir mi promesa de ver a mi tío el día que recupere mi libertad porque ya no estará, lloro porque no he podido abrazar y consolar a mi familia y que ellos me consolaran, lloro porque ninguna otra noche me dolió tanto ser prisionero de esta batalla, pero esta noche también lloro por un Ejército que ya no tiene un código de honor, ni tan siquiera, el que comparten los ladrones.

FUENTE: publico.es
Un paso al frente
Teniente Luis Gonzalo Segura
02/03/2015

COMENTARIOS


Después de leer el artículo del teniente Segura me he quedado sin palabras. Un oficial que, tras denunciar casos de corrupción que ha conocido por su trabajo, ¡y que no han sido investigados! se está viendo sometido a una auténtica persecución, con prolongados arrestos injustificados... ¡Esto no es una democracia!


Una estructura franquista que no ha cambiado con el tiempo.


Lo de no dejarle ir a abrazar a sus familiares es de canallas. Sus jefes tienen el cerebro de una rata de alcantarilla.