LAS CONDENAS A LOS BANQUEROS NO PROSPERAN

Gobiernos y reguladores de todo el mundo han aumentado su vigilancia a los bancos y han actuado contra los delitos financieros ante el clamor  de los ciudadanos por los costosos rescates. Pero apenas han podido presentarse cargos en los tribunales contra los que se encuentran en lo más alto del escalafón bancario.

¿Terminarán los grandes banqueros en la cárcel alguna vez por su conducta? ¿O las mala decisiones empresariales no son realmente un delito? Cinco años después de la bancarrota de Lehman Brothers, aún persiste el debate sobre cuánto deben costarles las decisiones fallidas a los presidentes de los grandes bancos y la posibilidad de sanciones legales para altos cargos del sector se mantiene como una amenaza lejana. Incluso aunque las leyes han evolucionado (en Reino Unido, el gobierno quiere penalizar la imprudencia bancaria), una repetición de la crisis financiera y el caso colapso mundial de 2008 no llevaría aún hoy necesariamente a demasiadas imputaciones, según algunos abogados. El problema radica en la dificultad de culpar a una persona por la toma de riesgos y decisiones en toda la cadena de mano de una entidad, lo que se convierte en uno de los mayores obstáculos para iniciar un proceso.

Los reguladores en todo el mundo aumentaron su escrutinio a los bancos y actuaron contra los delitos financieros ante la ira de sus ciudadanos por los costosos rescates públicos y sus consecuente escándalos. Pero todo ello apenas ha resultado en unos pocos intentos de presentar cargos contra aquellos que se encuentran en lo más alto del escalafón bancario.

En Estados Unidos, sede de Lehman Brothers, ningún alto cargo en todo Wall Street o la banca comercial ha sido condenado en relación a la crisis bancaria de 2008. En territorio europeo, la implosión del sector financiero de Islandia hace cinco años, ha finalizado con algunas de las sentencias más importantes, incluída la del expresidente de la entidad bancaria Glitnir, que fue condenado a prisión. En Alemania y Países Bajos también se se han producido, de manera aislada, condenas de directivos, y algunos casos relevantes pudieron materializarse. La cúpula ejecutiva al completo del banco alemán HSH Nordbank está siendo juzgada por las decisiones tomadas en el transcurso de la crisis.

Pero en Reino Unido, donde Royal Bank of Scotland y Lloyds fueron rescatados con un coste de 66.000 millones de libras (78.500 euros), ningún alto cargo bancario ha sido acusado de delito alguno. Tres ejecutivos de la entidad irlandesa Anglo Irish Bank serán juzgados en 2014, cinco años después de que la investigación al banco comenzara, mientras que en España, unas 100 personas están siendo investigadas por los tribunales por dejar las entidades arruinadas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, aunque ninguna ha sido procesado aún.

El hecho de que se produzcan tan pocas condenas se origina en parte en que, en algunos países, las leyes que podrían haberse aplicado contra tales delitos simplemente no existen. El ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osbore, dijo en julio que adoptaría las recomendaciones realizadas por un influyente grupo de parlamentarios de que los banqueros deberían afrontar la pena de cárcel por un nuevo delito de "conducta imprudente en la gestión de un banco". "El regulador debería considerar responsible a la gente de manera personal por sus decisiones. Tienen que tener miedo al regulador, lo que desde luego no ocurrió en el pasado", dijo Mark Garnier, un diputado conservador de la Comisión Parlamentaria de Normas Bancarias.

En Estados Unidos, los fiscales siguen buscando nuevas estrategias para incriminar a banqueros de Wall Street que concedieron las hipotecas basura que iniciaron la crisis financiera, incluyendo el uso de una vieja ley que pretende castigar a aquellas personas de defraudar en banca minorista.

A pesar del alto coste de los rescates, en España, por ejemplo, los políticos de los principales partidos han evitado pedir investigaciones sobre distintos bancos fallidos, como ocurrió en Reino Unido después de que el Gobierno británico se viese ante una fuerte presión pública con motivo de la crisis. "(En España) es más la ausencia de voluntad de llevar estos casos que la falta de instrumentos, ya que algunos casos podría probarse sin gran dificultad", dijo Juan Torres, profesor de Economía en la Universidad de Sevilla, quien agregó que algunos estaban relacionados con claros ejemplos de fraude.

"En España, no hay voluntad de llevar estos casos adelante", dice Juan Torres López

En su defecto, las demandas de clientes y grupos de activistas han llevado a la Audiencia Nacional a investigar varios colapsos bancarios como el de Bankia, que fue rescatada en 2012 menos de un año después de salir a bolsa. La frustración por el lento avance de los procesos probatorios en España está llevando a algunos grupos activistas a considerar hacer lobby en Naciones Unidas para conseguir que incluyan los delitos económicos como crímenes contra la humanidad, aunque admiten que conseguirlo sería muy difícil.

FUENTE: Público.es

Sarah White / REUTERS 

Londres 14/09/2013