Existen en la actualidad 260 miembros de los sindicatos mayoritarios que se enfrentan a una petición global, por parte de la fiscalía, de 120 años de cárcel por haber ejercido su derecho a la huelga, o lo que es lo mismo, por haberse echado a la calle a defender sus puestos de trabajo.
Está más claro que el agua clara, que la intencionalidad del Gobierno del PP es criminalizar la huelga aprovechando la precariedad laboral actual, el descalabro económico familiar y la paulatina desaparición de nuestros servicios públicos, fagocitados por las sucesivas privatizaciones, en respuesta a directrices internacionales.
Extrangulada la posibilidad de aumentar los ingresos mediante una reforma fiscal progresiva, la estrategia del gobierno es atraer inversión extranjera como sea, para lo cual no dudan en poner en venta nuestros sectores productivos.
La imposibilidad de luchar para conseguir la reestructuración de la deuda, denunciando su ilegitimidad, provoca que nuestra economía se vea afectada por una fortísima devaluación, tanto de salarios como de precios, lo que, dado el control empresarial sobre la producción nacional, les permite llevar a cabo una desregulación laboral que, a la vez, les genera la expectativa de poder imponer limitaciones al ejercicio de libertad que supone el derecho a la huelga. Para ello se pretende que la huelga sea regulada por el Estado, basándose en que, tal situación, puede afectar negativamente la convivencia ciudadana. Con tal medida lo que quieren es deslegitimizarla, intentando que primen los efectos adversos en la opinión pública sobre ese derecho inalienable de los trabajadores:
El derecho a la huelga
Ciudadanos: recuerden que a los trabajadores nadie nos ha regalado nada. Todo lo que hemos conseguido (y que ahora desaparece por un desagüe insaciable) siempre ha sido fruto de la lucha social.
Ciudadano Plof
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