EL GIRO NEOLIBERAL

La austeridad acelera la abolición de la protección social en Reino Unido

Lo que comenzó como un giro neoliberal para “legislar mejor” ha provocado una pérdida de conocimientos especializados, una reducción de los procesos judiciales y riesgos para la salud pública

Fábrica de Cadbury's cerca de la estación de tren de Moreton, Merseyside, Reino Unido. R/DV/RS

"Va a llegar un momento en que esto afectará a los residentes, a la población local; en muchos sentidos ya hemos llegado a ese punto, la salud pública y la protección están siendo destruidas". 
Funcionario de salud ambiental de Merseyside.

"Regulando mejor"

En 2004, el canciller Gordon Brown encargó a Sir Philip Hampton la supervisión de los 63 cuerpos reguladores más importantes y 468 autoridades locales. El informe resultante representó un hito en la historia de la regulación empresarial en Gran Bretaña, pues acuñaba un concepto formal de “mejor regulación” que imponía el abandono político de la aplicación de la ley formal.

Los efectos de esa iniciativa han sido asombrosos. Entre 2003/04 y 2014/15:

-Las inspecciones sobre higiene y estándares alimentarios cayeron un 15% y 35%, respectivamente, mientras los procesos sancionadores se redujeron otro 35%.

-En lo referente a seguridad y salud laboral, las inspecciones llevadas a cabo por la autoridad reguladora (Health and Safety Executive) y la plantilla de inspectores locales de salud y de seguridad se redujo un 69%. Los procesos cayeron un 35% a nivel nacional y un 60% en las jurisdicciones locales.

-Las visitas realizadas por inspectores locales de salud ambiental encargados de hacer cumplir la ley de control de la contaminación se redujeron un 55%. Sus expedientes cayeron un 30%.

La "mejor regulación" y el estado local

Para evaluar las consecuencias sobre el terreno de esta combinación entre políticas de “mejor regulación” y medidas de austeridad, entrevisté a 35 inspectores locales de primera línea en 5 áreas diferentes de la autoridad local de Merseyside (Knowsley, Liverpool, Wirral, St Helens y Sefton) entre 2014 y 2015. Así pude estudiar cuál era su margen de intervención en materia de seguridad alimentaria, control medioambiental o seguridad y salud laboral.

En el contexto de la regulación y la aplicación de la legislación mercantil, las autoridades locales son un campo de análisis especialmente apropiado. En las tres esferas mencionadas de protección social, el grueso de la ejecución de las normas tiene lugar a nivel local, pero ese es también el ámbito que más ha reducido su financiación.

Desde 2009/10, el gobierno local de Westminster no ha parado de recortar fondos. De hecho, de entre todos los recortes a los ministerios entre 2010-16, el Departamento de Comunidades y Gobierno Local ha sufrido el mayor impacto. Más aún, el resultado de los análisis de la distribución y el impacto de estos recortes es abrumador: las zonas más pobres son las más perjudicadas.

Como muestra un cálculo de 2014, “los ayuntamientos de las 10 áreas más pobres de Inglaterra –medidas según el índice múltiple de privación– pierden 782 libras en promedio por hogar, mientras las autoridades de las zonas más ricas pierden solo 48. El consejo de distrito de Hart (Hampshire), que es el menos necesitado, pierde 28 libras por hogar, mientras que el Distrito B de Liverpool, la zona más deprimida, pierde 807”.

Newham, uno de los barrios más pobres de Londres

La conclusión más clara de esas entrevistas en cinco jurisdicciones locales fue que todas sufrieron importantes reducciones en la dotación de personal, especialmente durante la última fase del período estudiado. 

El número de inspectores de primera línea cayó significativamente entre abril de 2010 y abril de 2015 en todas las zonas. La reducción total en las tres funciones superaba el 52% –de 0,65 a 47,78 puestos a tiempo completo–. Los recortes afectaron a todas las funciones y departamentos, empezando por los inspectores de salud y seguridad. De hecho, en 2015 ya no había inspectores de seguridad y salud en dos de esas áreas (Liverpool y Sefton) y ni un solo inspector para el control de la contaminación en Knowsley.

Los inspectores tienen muy claro qué significan estos recortes de personal. Uno de ellos me respondió: “Va a llegar un momento en que esto afectará a los residentes, a la población local, en muchos sentidos ya hemos llegado a ese punto, la salud pública y la protección están siendo destruidas”. Casi con las mismas palabras, otro inspector decía: “Hemos llegado a un punto en el que ya no queda carne, esto está empezando a ser peligroso, un peligro para la salud pública”.

Los inspectores denunciaban obstáculos cada vez mayores a la realización de su trabajo: falta de tiempo y personal, miedo a perder los casos, falta de apoyo por parte de los departamentos de servicios jurídicos y un creciente riesgo político.

Con menos personal, no es sorprendente que los inspectores entrevistados insistieran en la disminución a largo plazo de inspecciones, medios formales de ejecución y procesos judiciales. Una y otra vez, los inspectores denunciaban obstáculos cada vez mayores a la realización de su trabajo: falta de tiempo y personal, miedo a perder los casos, falta de apoyo por parte de los departamentos de servicios jurídicos y un creciente riesgo político (por críticas u obstáculos internos) de los procesos. Sus respuestas describen un marco político de ejecución legal que amenaza a la idea de regulación e ilustran cómo los discursos y las políticas impuestas a nivel nacional se traducen en barreras a su eficacia en el ámbito local.

Aunque todas las autoridades locales habían sufrido reducciones de personal, esto no significa solo una pérdida global de recursos sino también la reducción de un tipo concreto: conocimientos y experiencia. Los despidos no significan solo que el personal no será reemplazado, sino también una pérdida de conocimientos especializados ante las presiones generalistas de los reguladores.

Como afirmaba otro inspector, “el personal con experiencia ha sido despedido, y eso nos ha hecho perder efectivos y conocimientos”. De hecho, el cambio de los reguladores de especialistas a generalistas fue uno de los temas recurrentes en las entrevistas. Muchos entrevistados en todas las zonas lo repetían: “la gente ha tenido que hacerse generalista”; “la mayoría se limita a celebrar que, por lo menos, aún tiene trabajo”.

¿El fin de la protección social?

Tomadas en conjunto, las tendencias recién expuestas pueden marcar el principio del fin del compromiso del Estado con la provisión de protección social. Lo que comenzó como un giro político neoliberal para “legislar mejor” ha puesto el “turbo” en la fase de austeridad: el estado afirma ahora que no puede permitirse hacer cumplir la ley y que la recuperación debe dejarse en manos de las empresas.

La consiguiente institucionalización del incumplimiento de la ley anuncia al mercado que su violencia rutinaria, sistemática y generalizada será tolerada, permitiendo a las empresas privadas externalizar costes en perjuicio de los trabajadores, los consumidores, las comunidades y el medio ambiente.

También reduce la calidad y la esperanza de vida de quienes no pueden elegir dónde vivir, cómo ganarse la vida o dónde comprar sus alimentos. Y eso añade otra dimensión a nuestra comprensión de la violencia multidimensional impuesta por la austeridad, por escasa o nula que sea la atención política dedicada a esta historia.

En resumen: asistimos a la transformación de un sistema de regulación (un sistema de protección social) que ha existido en el Reino Unido desde la década de 1830. Pese a su marco político, esta no es una historia sobre normas, reglamentos, burocracias o exigencias de austeridad. Esta es una historia sobre la desigualdad social y la violencia evitable, generadas por el mercado y facilitadas por el estado. Dicho con otras palabras: es la historia de un asesinato social.

FUENTE: ctxt.es
Traducción de Daniel Jiménez Franco.
Este artículo fue publicado originalmente en el blog de Criminología de la Open University

Autor: Steve Tombs - 02/08/2017

EUROPA EMPIEZA A DAR ASCO

¿Cómo se justifica que se pueda “perdonar” el déficit que genere el gasto militar y no el gasto necesario para salvar vidas humanas o el empleo y los ingresos de millones de personas y empresas? No hay respuesta para esta pregunta

Los dirigentes europeos parecen empeñados en que no pase un día sin que las personas corrientes tengamos que sentir algo más que vergüenza de lo que hacen en materia económica (por no hablar de otras decisiones en temas incluso de mayor calado humano como el de los refugiados).

Se dijo por activa y pasiva que los recortes sociales y las ayudas multimillonarias a la banca eran la condición necesaria para recobrar la actividad y el empleo, para reducir la deuda y para asegurar definitivamente el sistema financiero. Pero lo cierto es que desde que empezaron a aplicarse en la Unión Europea al estallar la crisis hay unos siete millones menos de empleos a tiempo completo, seis millones más de parados, otros casi seis millones más de empleos no voluntarios a tiempo parcial (en la UE28), cinco millones más de personas en riesgo de pobreza y 35 puntos más sobre el PIB de deuda pública (en la Eurozona). Y los bancos se siguen encontrando en insolvencia y muchos de ellos a punto de estallar de nuevo en cualquier momento. Pero eso no es solo un fracaso o un error sino un engaño porque eran multitud los economistas que habían advertido que esto era justamente lo que iba a ocurrir cuando las autoridades decían a los ciudadanos que sus políticas frente a la crisis eran seguras, las adecuadas y plenamente infalibles.

 

Se siente algo mucho peor que vergüenza cuando se tiene noticia de propuestas como la que acaba de lanzar la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, como siempre de modo sibilino y completamente al margen de las instituciones representativas y del debate democrático.

Según ha dejado caer la comisaria, la Comisión Europea pretende promover un amplio programa de gasto militar que quedaría exento a la hora de calcular el déficit público que, como se sabe, no debe superar el 3% del PIB de cada economía.

Como he explicado en el libro que acabo de publicar (Economía para no dejarse engañar por los economistas. Ediciones Deusto), este criterio del tres por cien no tiene base científica alguna. No hay nada, absolutamente nada que lo justifique. Se podría haber puesto el 1, el 5 o el 30 por ciento con el mismo fundamento económico, es decir, con ninguno. El criterio del 3% del PIB como límite del déficit público se lo inventó un funcionario francés, Guy Abeille, cuando su jefe le pidió alguna norma para que el recién elegido presidente Mitterrand pudiera frenar las demandas de más presupuesto que le hacían sus ministros. En unos minutos tuvo que inventarse algo siendo plenamente consciente de que no había ningún economista ni teoría económica alguna que proporcionaran algo así. Pero como tenía que ofrecer rápidamente una solución a sus superiores se decidió por el 3%.

Tal y como reconoció el propio Abeille años después, el 1% o el 2% le parecía demasiado poco mientras que “el tres es una figura sólida que tiene detrás de él precedentes ilustres [...], un amplio eco en la memoria común: las tres Gracias, la Trinidad, los tres días de la Resurrección, los tres órdenes de la alquimia, la triada hegeliana, las tres edades de Augusto Compte, los tres colores fundamentales, el acuerdo perfecto..., la lista es infinita…”.

Aunque pueda parecer mentira, esa y no otra es la teoría o la ciencia económica que hay detrás del criterio del 3% del PIB que se impone como límite del déficit público a las naciones europeas. Ninguna. Un engaño que hasta el que fue presidente del Instituto Monetario Europeo, Alexandre Lamfalussy, reconoció sin tapujos: “Los gobernadores son gente demasiado honesta y que saben que los criterios son arbitrarios. Yo jamás habría aceptado cifras de este género”.

El criterio del 3% es una arbitrariedad, una farsa, pero, además, algo completamente inútil para lo que aseguraban que iba a servir, es decir, para reducir la deuda:  cuando comenzó a utilizarse como criterio de cumplimiento obligatorio para todos los países la deuda era aproximadamente de un 55% del PIB, como media de los países europeos, y ahora, como he señalado, supera el 90%.

La prueba de que se trata de una cifra completamente arbitraria, que no se establece así porque sea mejor o peor para la economía o para reducir la deuda, sino como recurso de los dirigentes europeos para disciplinar y someter a los gobiernos y para anular su capacidad de maniobra, es que se puede incluir o dejar de incluir dentro de ese porcentaje lo que le venga en gana a quien lo impone. Si de verdad fuese imprescindible que el déficit público no sobrepase el 3% del PIB daría igual que fuese a causa del gasto militar o del gasto en educación porque no hay ninguna razón que pueda justificar que el gasto militar sea inocuo desde el punto de vista de la deuda que genere y cualquier otro no. Y si no hay ningún problema para dejar fuera del cómputo del déficit el gasto militar, con el exclusivo propósito de que los grandes grupos industriales hagan negocio con el dinero de la gente ¿por qué no se deja fuera el gasto social, que es imprescindible para evitar que millones de personas vivan en la indigencia, pierdan su vivienda, carezcan de recursos y formación o incluso mueran por falta de atención? ¿dónde está escrito que la economía no se resienta si (al margen de ese 3%) se incrementa el gasto militar y que, por el contrario, sí sufra si aumenta el gasto social que se necesita para que la inmensa mayoría de la población sobreviva y disponga de bienes y servicios esenciales para su sustento diario? ¿qué argumento económico justifica que se pueda “perdonar” el déficit que genere el gasto militar y no el gasto necesario para salvar vidas humanas o el empleo y los ingresos de millones de personas y empresas?

No se cansen: no hay respuesta para esas preguntas. O, al menos, no hay respuesta económica, científica o razonable. Se permite el gasto militar y no cualquier gasto social o humanitario, o incluso de apoyo a la vida empresarial que crea riqueza efectiva, porque el criterio del 3% solo busca amedrentar a los gobiernos y a la ciudadanía para conseguir lo que efectivamente se viene logrando con él: que los más ricos y poderosos lo sean cada vez más.

Decía hace unos días el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que la integración europea se había debilitado en los últimos tiempos por los populismos. Una opinión que demuestra que las autoridades europeas han perdido completamente el norte y que no entienden el sentido de las cosas que están pasando y de las que se encuentran ya a la vuelta de la esquina en Europa. Eso que llaman los populismos no es lo que debilita la integración europea sino la consecuencia de haber querido integrar a Europa a base de mentiras y de políticas que constantemente han dado como resultado lo contrario de lo que se decía que traerían consigo.

Cuando se ha hecho sufrir a millones de personas y cuando han muerto miles a causa de los recortes, cuando se han deteriorado los servicios públicos y no se han atendido las necesidades básicas de la población porque, según se decía, había que cumplir a rajatabla la norma del déficit, y de pronto se dice que no hay límite para comprar armamento, carros de combate o minas...¿tienen también culpa los populismos del asco o de los oscuros fantasmas que comienzan de nuevo a recorrer  Europa?

 

FUENTE: ctxt.es

Tribuna - Juan Torres López

04/12/2016

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA GOBERNAR

5 RECORTES QUE SALVARÍAN A ESPAÑA SIN TOCAR A LOS MÁS DÉBILES

Hoy, que se cumplen seis meses de su publicación en http://www.elplural.com, quiero volver nuevamente al artículo referenciado de Marcos Paradin, que me he permitido ilustrar con una serie de imágenes y viñetas, a fin de que pueda refrescarnos la conciencia.

Querido Mariano Rajoy:

Supongo que no dará abasto con todo este marrón de ser presidente del Gobierno: que si hay que madrugar entre semana, que si Wert vuelve a meter la pata, que si hay que viajar a Bruselas cada dos por tres... ¡con el miedo que le da a usted volar! Vamos, normal que viva "en el lío". Como dentro de unas semanas cumplirá 57 primaveras, me he permitido ofrecerle, como regalo, un quinteto de medidas para reducir el déficit que tanto aprieta. Así podrá dedicarse con calma a organizar su fiesta de cumpleaños.

1º Fin del Concordato con el Vaticano. Todo el mundo tiene derecho a creer en zarzas ardiendo, magos con turbante o unicornios rosas invisibles, pero los vicios derivados, que se los paguen de sus bolsillos. El que quiera ir a hospitales religiosos o recibir clase (de Matemáticas o Religión) por parte de monjas tiene que financiárselo él. Y por supuesto, nada de exenciones de impuestos para quienes viven de un cuento milenario. El ahorro final estaría entre los 6.000 y los 10.000 millones de euros.

2º Erradicar el fraude fiscal. Según el profesor Vicenç Navarro, el fraude fiscal en España ronda los 90.000 millones de euros al año. Eso sí, querido presidente, no caiga en el error fácil de culpar al fontanero que no pasa factura o al paleta que cobra en negro. El 72% de este fraude proviene de las grandes fortunas, de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca. Para perseguir este delito podrían sus señorías amenazar con esa cadena perpetua que han creado a quien defraude más de cierta cantidad. Pero también, gastar un poquito del ahorro previsto en incorporar más inspectores. Así, de paso, reducen el paro. Para no pasarnos de optimistas, imaginemos que al final recupera sólo la mitad. Ahí van otros 45.000 millones de euros.

3º Eliminación de las Diputaciones: Gobierno central, Comunidades Autónomas, Diputaciones, mancomunidades… Señor Rajoy, esto es un descoloque. O más bien, un coloque porque tengo la impresión de que estas arcaicas instituciones sirven en gran medida para repartir dádivas. Que se lo digan si no a la presidenta de la Diputación de León, de la que ya he perdido la cuenta de los cargos que tiene… ¿13? ¿14? ¿20? Muchas de las gestiones de estos entes pueden ser asumidas por las autonomías o mancomunidades de municipios. Teniendo en cuenta que las diputaciones cuestan al año 20.000 millones de euros, y que habrá que destinar algunos fondos a quienes asuman sus principales competencias, podría ahorrarse entre 5.000 y 10.000 millones de euros.

4º Regulación de la prostitución y las drogas blandas: Son muchos los que han calculado cuánto podría sacar el Estado de unas prácticas que, gusten más o menos, existen. Incluso tirando por lo bajo (un IVA del 7% para la prostitución e impuestos para marihuana y hachís similares a los del tabaco) la cifra no bajaría de los 15.000 millones de euros. Y todo esto sin tener en cuenta cómo se descongestionaría el sistema penitenciario (más de la mitad de reclusos lo son por delitos derivados de las drogas) y el tiempo libre que tendrían policías y jueces para perseguir la corrupción fiscal de la que hablábamos antes.

5º Instauración de la III República: Sí, ya lo sé, presidente, le parecerá un capricho. ¡Pero déjeme soñar! Seamos serios: lo de que la Monarquía cuesta 8 milloncejos y que el Rey cobra sólo el doble que usted es un cuento muy bonito, pero ambos sabemos que no es así. A todo esto hay que sumar el mantenimiento de palacios, coches (¡300!), yates… el coste de los viajes, las galas, las audiencias, las bodas reales, personal de seguridad… Un jaleo, lo sé, presidente, pero tengo una buena noticia: hay gente que se ha tomado la molestia de sumar todas las partidas y aseguran que la cantidad anual que nos cuesta tener Rey asciende a 560 millones de euros.

Resumiendo. Haciendo unas simples medias para limar las horquillas a mí me sale que le acabo de ahorrar más de 76.000 millones de euros sin tocar el Estado del Bienestar. Eso dejaría nuestro déficit por debajo del 1%. No se olvide de que en Bruselas quieren que tengamos un 3% para el año 2013. ¡Imagínese lo que podrías presumir (usted o su traductor) en las cumbres europeas!

Pero ahora viene lo mejor, el bonus track. Podría limitar el sueldo de los alcaldes para que no cobren más de 45.000 euros (que es la mitad de lo que cobra usted como presidente del Gobierno); meter la tijera a los coches oficiales (que en mantenimiento diario sólo en las autonomías se nos van más de 56 millones de euros al año); meter en cintura a los militares (que tienen una deuda de 26.000 millones en armamento) y eliminar el Senado (o le damos poderes reales o evitamos que siga costando 50 millones anuales).

Si hace todo esto, para su próximo cumpleaños seguro que hasta tiene superávit. Si es así, no quiero que me de las gracias ni que me haga presidente de la Agencia EFE. Sólo le pido que no se gaste los beneficios en aeropuertos peatonales, carreras de Fórmula 1 o macrocasinos…

Marcos Paradinas

Fuente: www.elplural.com
11-03-12

GANAS ME DAN...

¡No compren nada, coño!... ¡No compren nada!... Cíñanse a lo estrictamente necesario... Consuman sólo lo imprescindible... No les sigan el juego a estos "mammones".



¿Por qué si nos recortan los salarios, nos rapiñan las mejoras sociales, nos suben los impuestos, nos hacen trabajar gratis, nos elevan la edad de jubilación (todo en beneficio de los de siempre)... por qué, repito, hemos de colaborar con ellos para que la economía (su economía) mejore, si todas las medidas adoptadas van en nuestro perjuicio?

Que consuman ellos que se lo pueden permitir, sin necesidad de hacer cábalas como hace el obrero, para ver si con su mísero sueldo, la familia puede o no puede llegar a fin de mes.

Que saquen ellos adelante la economía. Tienen medios y recursos suficientes para hacerlo. Pero cuando, insaciablemente, han engullido lo público y casi todo está privatizado (lo que significa que, de los beneficios, a nuestros bolsillos no llegará una lata), este puto gobierno, siguiendo directrices externas, tiene el morro de obligar al pueblo a que se sacrifique en aras de banqueros ladrones, empresarios explotadores, políticos corruptos... para seguir sacándoles las castañas del fuego.

Imbricados en las estructuras de la Banca, la Bolsa, la Industria, la Iglesia... intentan reanimar ¡¡¡con nuestro esfuerzo!!! el cadáver, corrompido ya, de un capitalismo salvaje que terminó, como Saturno, devorando a sus hijos.

Ganas me dan de ponerme a gritar como un loco, en la entrada de los centros comerciales:

¡No compren nada, coño!... ¡No compren nada!

Ciudadano Plof

EL BOBIERNO

¡Oiga!... lo que son las cosas. A veces está uno escribiendo seriamente y, de pronto, se le cuela un gazapo que lo cambia todo de golpe, como le ocurrió ayer a magyanes que, intentando explicar la postura de Karlos Arguiñano con respecto a los recortes sociales, erró el tiro (seguro que fue algún duende) e inventó una palabra nueva por casualidad: BOBIERNO.

¡BRAVO POR ARGUIÑANO!

Quién, ayer, 24 de mayo de 2012, "se mojó" públicamente en su programa televisivo en Antena-3, recriminando al Bobierno (perdón, quise decir... Gobierno) por sus recortes en Educación.

"Que recorten de los barcos de guerra", se atrevió a apuntar.

Como decía mi abuelo: "me cae simpático el vasco este", y es que, gane lo que gane, se lo curra.

magyanes