VOX CONTRA MADURO

La imagen de Nicolás Maduro en 1984

Nicolás Maduro no lo tiene fácil. Es más, una treintena de gobiernos ya no lo reconocen como presidente de Venezuela mientras su país agoniza. El futuro de este hombre es incierto. Y para algunos su pasado, también.

 Nicolás Maduro

Maduro es un personaje que ha presenciado cómo cerca de tres millones de personas abandonan su país desde que él es presidente. Un dirigente que para valorarlo basta con escucharle en uno de sus enésimos discursos, como cuando afirmó que él fue al futuro y no hay problema: “Yo ya fui allí, yo ya lo vi y todo sale bien”.

Es ya como un Sandro Rey caribeño. "Mira que lo pone a huevo", además, pero se ve que los detractores de este hombre no encuentran suficientes argumentos para desacreditarle en las tonterías que dice y en su nefasta gestión. Además, están compartiendo ahora en masa una imagen en la que sale un presunto Nicolás Maduro joven, en 1984, de la mano de otro hombre, "documento que probaría que el líder bolivariano era y es gay". El 23 de noviembre de 2018 cumplió 58 años, así que por entonces tendría solo 22.

A los “Afiliados de Vox”, por ejemplo, les encanta esta idea de que Maduro sea gay, qué más se puede pedir… Por eso difunden la imagen en sus redes sociales con esta leyenda: “Nicolás maduro cuando hacía el amor y no la guerra. No se sabe si era activo o pasivo pero se rumorea que incluso fue amante de Chavez”. Y la verdad es que el supuesto Maduro inmaduro de la foto se le parece mucho; mucho no ¡muchísimo! Y tanto que sí... "porque es su cara, pero no su cuerpo".

Nicolás Maduro fue jipi de joven, y digo “jipi” porque la RAE ya lo escribe así oficialmente “hippie” o “hippy”, pero vamos, es lo de menos en esta historia. El caso es que Maduro lució el pelo largo y rizado y tuvo incluso una etapa “rastafari” en su juventud, según ha comentado él mismo en algunas de sus arengas de horas: “¡Éramos jipis, rockeros y hasta rastafaris!”. Si es homosexual no lo ha dicho nunca.

Pero esta foto que se comparte en redes sociales de "un supuesto Nicolás Maduro" de la mano de otro hombre de peculiar indumentaria hace 35 años, "ni es de 1984 ni sale en ella el presidente de Venezuela", y además está trucada. 

La foto, "que no está prohibida en Venezuela", es un montaje realizado sobre "una imagen que captó el fotógrafo franco-argelino Jean Pierre Laffont en 1971", durante la celebración del Segundo Orgullo Gay de Nueva York.

La cara del hombre de la fotografía original ha sido "sustituida por el rostro del presidente de Venezuela", cuando contaba algo más de 22 años.

Esta imagen manipulada circula ahora por las redes sociales en España de la mano de simpatizantes de Vox y similares, pero lleva rulando con mayor o menor intensidad por las redes de buena parte de América al menos desde 2014.  Ese no es Nicolás Maduro, aunque sí es su rostro. Pero a algunos les reconforta pensar que lo es para poder añadir de manera "legítima" la palabra “maricón” a la lista de descalificativos que pueden dedicarle al gerifalte venezolano.

  

FUENTE: blogs.publico.es/bulocracia

AUTOR: Luis M. García (Soy periodista desde hace décadas. Me gustaba más el papel pero me hice experto en Internet. Llevo desmintiendo bulos de la Red desde que empezaron a difundirse, o lo que es lo mismo: desde los inicios de Internet. En Bulocracia alertamos de los bulos, de las noticias falsas, de cualquier tipo de patraña, para que no te las creas y no las difundas. Porque Internet es un reflejo del mundo en que vivimos y podemos encontrar de todo, verdadero y falso.

FECHA: 12/02/2019

No es que Nicolás Maduro sea santo especial de mi devoción, pero de ahí a falsear imágenes fotográficas para humillarlo y desprestigiarlo, media un abismo. El individuo en cuestión, como presidente legalmente elegido de un país soberano (aún) merece un respeto.

Queda claro que la extrema derecha es una gran manipuladora de la realidad, y su completa carencia de escrúpulos le permite tales barrabasadas. Y eso que "modus religiosius" consideran "pecado" las calumnias y los falsos testimonios.

             ¡Hipócritas!

EL EXJUEZ BALTASAR GARZÓN

EEUU y España utilizan al exjuez Garzón para que los militares de la petrolera de Venezuela abandonen a Maduro

Baltasar Garzón es el abogado de Petróleos de Venezuela (PDVSA), sociedad estatal dirigida por la cúpula militar del Gobierno, que ha tenido varios desertores desde la muerte del expresidente Hugo Chávez. El oro negro es el sector estratégico que Trump ansía cazar si Juan Guaidó logra la caída de Nicolás Maduro, como anunció su consejero de Seguridad, John Bolton.

Baltasar Garzón, en una conferencia en Montevideo. — Miguel Rojo / AFP

Una salida digna, pactada, ofrecer un puente de plata al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y mientras, ir lanzando mensajes de abandono por parte de altos mandos de las fuerzas armadas. Ésa parece ser la estrategia del autoproclamado presidente, Juan Guaidó, quién vaticinaba este sábado en un tuit: "El pronunciamiento del General de Aviación, Francisco Yánez, y la negativa de la PNB a reprimir al pueblo en Lara, muestran que cada vez más funcionarios policiales y militares están del lado de la Constitución y respaldan nuestra lucha. ¡Se sumarán más Venezuela, muchos más!".

Detrás de esa arenga de Guaidó, hay una estrategia de negociación que pasa por ofrecer a la cúpula militar que dirige Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) –el verdadero poder del país– unas buenas condiciones de salida del país si rompen con el Gobierno de Nicolás Maduro, lo que traería, asimismo, una grave fractura en el Ejército. En este tablero, España y Estados Unidos tienen su propio canal abierto a través del "abogado de la PDVSA, el exjuez Baltasar Garzón", según han confirmado fuentes de la inteligencia española. Sin embargo, Público se ha puesto en contacto con el exjuez que niega estar intermediando y asegura que la PdVSA le llegó como cliente a través de un despacho de EEUU.

España ya ha hecho algunos movimientos respecto a los exdirectivos de la petrolera venezolana, acusados en nuestro país de blanqueo de capitales y, en Andorra, de defraudar 2.000 millones de euros a la compañía pública. En este sentido, la semana pasada, "España confirmó la entrega a Estados Unidos del viceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2017, junto a otro grupo de exchavistas". La Fiscalía Anticorrupción había recurrido esta decisión y "Villalobos había comenzado a cooperar, hasta el extremo de denunciar cómo la cúpula policial española sólo le requería información sobre Podemos y sus dirigentes". La confesión de Villalobos ya la desveló Público en octubre de 2016.

De defender a los exchavistas, a trabajar para la petrolera estatal

Baltasar Garzón accedió a la sociedad estatal venezolana a mediados de 2017, aunque ya en 2012, su nombre había aparecido en grabaciones de la Operación Clotilde, donde se investigaba un posible blanqueo de capitales en el Banco Madrid, propiedad en ese momento de la Banca Privada de Andorra (BPA). En esas conversaciones, uno de los empleados andorranos asegura a un cliente venezolano residente en EEUU –con una fortuna forjada al calor del petróleo- que "han contratado a Garzón para atacar". El multimillonario era el conocido empresario venezolano Diego Salazar, primo hermano del exdirector de la PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, que fue embajador de Venezuela ante la ONU.

En su momento, Garzón negó haber sido contratado por la Banca Privada de Andorra (BPA) para ser el abogado de Salazar. Lo hizo durante la presentación de su último libro en Madrid, en 2016, al día siguiente de que el diario ABC desvelara la información. Asimismo, el exmagistrado dejó clara ya entonces su postura sobre la situación del país caribeño: "Hay un grave problema de derechos humanos en Venezuela que se ve en el día a día de las noticias".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/PRENSA MIRAFLORES

Por eso sorprendió entre investigadores de las diferentes causas que implican a los exchavistas que, presuntamente, están blanqueando 2.000 millones en España y Andorra, que Garzón aceptara como cliente a la petrolera del Estado que preside Nicolás Maduro para interponer una querella contra los exdirectivos Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera. "Venezuela acusa a éstos de amañar contratos y defraudar a PDVSA, al menos, 500 millones de euros que fueron invertidos en España, concretamente, en fincas y pisos de lujo".

La querella contra la familia Rincón y otros millonarios venezolanos llevó a la detención de su hijo en España, en junio de 2018, por las inversiones que estaba realizando en nuestro país, aunque su padre llevaba ya procesado en EEUU desde 2015. "Rincón Fernández admitió ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos a la PDVSA para asegurar que se le diera prioridad a sus compañías", según informó en un comunicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

FUENTE: publico.es

Patricia López

Madrid - 03/02/2019

Al tal Garzón, este ciudadano lo tiene calado desde lo de aquel plato de lentejas. Si, hombre, aquel que le ofreció el PSOE, pero que resultaron estar frías como las patas de un muerto, porque Juan Fernando López Aguilar se había llevado el infiernillo para el Ministerio de Justicia. ¿Se acuerdan?

Y es que manda cojones que una democracia tenga Ministerio de Justicia. Ya me dirán dónde queda la imparcialidad de la Judicatura. 

¡Habrase visto!

VENEZUELA; LA CRISIS MORAL DE LA PRENSA ESPAÑOLA (III)

(Esta publicación forma parte de una serie de cuatro artículos)

Obviar el trecho que media entre la cobertura que la prensa española ha venido haciendo de la «crisis venezolana» y aquello que cabe analizar desde el punto de vista de su adecuación a la realidad histórica o los criterios morales más elementales es algo que requiere de un sutil talento para el autoengaño.

Es poco probable que un par de párrafos alcancen a ofrecer una estimación ajustada de esa distancia. Aproximarse a ella resulta en cualquier caso imposible sin un intento de trazar, por una parte, los contornos de la historia reciente de la «lucha por la democracia» en Latinoamérica y, por otra, los de la situación económica y política en Venezuela. Sólo tras perfilar esos contornos resulta razonable echar un vistazo a los principios que rigen aquella cobertura.

La situación política en Venezuela

Chávez gozó de unos índices de popularidad desacostumbradamente altos. Ciertamente, también gozó del favor de la coyuntura: la evolución del precio del petróleo le fue favorable. Ni la tendencia en su último par de años a concentrar excesivos poderes en el ejecutivo ni el peso de la propaganda doméstica y exterior lograron dañar su imagen entre sus bases y "se impuso holgadamente en las elecciones de octubre de 2012". 

Tras la muerte de Chávez, se celebraron nuevas elecciones presidenciales en abril de 2013. Tan siquiera la confluencia de un recrudecido ataque mediático y la mímesis socialista ensayada por una oposición milagrosamente integrada lograron desbancar al heredero de Chávez, aunque su victoria fue mucho más estrecha que las de su predecesor. "La oposición reaccionó con violencia a la derrota, tratando desde un primer momento de disponer los medios para alcanzar el poder sin pasar por las urnas". La arremetida de Capriles se prolongaría en la desmedida incitación a la violencia de López, miembro de una de las familias más poderosas de Venezuela.

Con López entre rejas y en medio de una orgía mediática, la oposición volvió a presentarse unida a unas elecciones, esta vez legislativas, en diciembre de 2015. La confluencia de una decena de partidos opositores lograría por primera vez imponerse al partido en el poder. En este punto surgen las tensiones que han conducido a la situación actual. Se denunciaron fraudes en las elecciones de diciembre. Aparecieron grabaciones en las que la secretaria de la gobernación del estado Amazonas compraba paquetes de votos opositores. El Tribunal Supremo declaró en desacato al órgano legislativo a causa de la negativa de éste a acatar su fallo y suspender a los tres diputados implicados. De haberlo hecho, la oposición hubiera perdido la mayoría absoluta cualificada en la cámara.

Desde entonces, la oposición se ha negado a participar en las sucesivas elecciones legislativas y ejecutivas, optando en su lugar por el recurso a mercenarios en las calles y eslóganes estridentes en los medios. En este contexto, y aunque la oposición decidió no presentarse a las presidenciales, adelantadas a mayo de 2018, Maduro obtuvo en ellas 6,2 millones de votos, apenas un millón menos que en 2013. Lo curioso de este resultado es que la prensa española continúe incidiendo en la «abstención histórica en Venezuela» en lugar de indicar lo realmente reseñable: que "la participación fue tan alta como en las típicas elecciones occidentales a pesar de que no se presentara la oposición".

Los zapatos que asoman bajo la cortina parecen seguir siendo los de López, que, tal y como informa la prensa española, ha conseguido mantener «viva la llama», motivo por el cual «hoy todos reconocen su parte del mérito».

El principio de objetividad y el de relevancia de la fuente

Los medios españoles han recurrido con disciplina militar a dos principios elementales del rigor periodístico para presentar los hechos que superficialmente hemos repasado hasta aquí: "el principio de objetividad y el de relevancia de la fuente".

Siguiendo el primero de estos principios, por ejemplo, "cuando Obama justifica la imposición de sanciones económicas al «régimen» arguyendo que Venezuela supone una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional» de Estados Unidos", un periodista objetivo ha de limitarse a reproducir con exactitud sus palabras. Apuntar a los obvios motivos por los cuales esa acción viola el derecho internacional, o a los motivos por los cuales semejante afirmación no alcanzan el nivel de la burla hubiera constituido una flagrante violación del principio de objetividad.

En cuanto al principio de la relevancia de la fuente, si el ministro de exteriores británico dice que en las últimas elecciones venezolanas «se impidió la participación de los candidatos de la oposición», un periodista preocupado por la relevancia de sus fuentes debe evitar profundizar en la cuestión contrastando dichas declaraciones con las de, pongamos por caso, un experto independiente para la promoción del orden internacional democrático del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues puede que tenga cosas inconvenientes que decir: "ha habido 27 elecciones en Venezuela desde 1998. Y miembros del Centro Carter fueron a observar esas elecciones, y expresaron su muy buena opinión del sistema y de las salvaguardas de las elecciones venezolanas". Entonces, si la oposición realmente se considera democrática, tiene que jugar al juego democrático, y tiene que participar en las elecciones. Sin embargo, ha optado por boicotearlas.

Observando escrupulosamente los señalados principios, los medios españoles se han limitado durante dos décadas a alimentar la clase de propaganda corporativa que cabía esperar de un país cuyas multinacionales –incluyendo las mediáticas, encabezadas por el grupo Prisa– tienen enormes intereses económicos en Venezuela. El espectro de opinión es de este modo tan estrecho que pasar de uno a otro de los cuatro periódicos más leídos del país supone, meramente, deambular por el laberinto de la retórica estridente, la ausencia de fuentes relevantes y la objetividad en la transmisión de notas de prensa estatales o corporativas. A nadie extraña que los artífices de sucesivos golpes militares y guerras en Oriente Medio y Latinoamérica instiguen una nueva guerra civil. 

Los periodistas españoles debieran tener la suficiente altura moral como para detestar la idea de hacerse cómplices de las miles de muertes que esa guerra podría causar. Tampoco estaría de más que nos cupiera atribuirles la suficiente altura intelectual como para suponerles capaces de comprender que ello no equivale a «apoyar al ‘régimen’ de Maduro».

Estar del lado de la democracia y del pueblo venezolano puede significar muchas cosas, pero desde luego no puede equivaler a forzar un resultado electoral: «si votáis a nuestro candidato, os levantamos las sanciones». Esta presión exterior para el «cambio de régimen» no sólo es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, sino que ha resultado, una y otra vez, primero en miseria y luego en violencia. Estar del lado del pueblo venezolano sólo puede equivaler hoy a alzar la voz contra su estrangulamiento económico. Los periodistas demócratas contrarios a Maduro deberían aborrecer la idea del «cambio de régimen». Un demócrata votante del PP no puede desear –a menos que renuncie al adjetivo– que el PSOE salga del gobierno en el contexto de la constricción económica y la amenaza militar alemana.

Es difícil concebir una idea más absurda, y es triste verse en la necesidad de hacer explícita semejante clase de truismos. Los demócratas contrarios a Maduro pueden –y quizá deban– abogar por un nuevo adelanto de elecciones, escenario nada inverosímil si no estalla una guerra civil. Pero antes deberían sugerir al pueblo español "que exija al Estado español la defensa incondicional del derecho internacional, el cese de las amenazas militares y el levantamiento de las sanciones", porque aquel adelanto sólo tendría sentido con «garantías», y es claro que sin estos requisitos previos resulta absurdo hablar de «garantías». Si se defiende que las elecciones de mayo fueron ilegítimas porque no fueron libres, como se ha repetido insistentemente, resulta incomprensible que se suponga que en las actuales circunstancias puedan celebrarse elecciones «libres».

«Lo ridículo no es que Maduro haga referencia a las obvias injerencias exteriores, sino que la prensa le ridiculice por su habitual retórica del enemigo exterior». De hecho, apenas instalada en la Casa Blanca, la administración Trump comenzó a amenazar con intervenir militarmente en Venezuela. Desde el punto de vista de la prensa occidental, estas acciones no resultan reprensibles por su flagrante violación del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, sino porque ponen al gobierno venezolano en bandeja el argumento del enemigo exterior.

La no intervención en los asuntos domésticos de otros países es la base del derecho internacional. La indiferencia de Estados Unidos hacia esta base y todo lo que sobre ella se erige no puede sorprender a nadie con una mínima familiaridad con la historia reciente. "Lo sorprendente es que ahora Canadá o los países europeos secunden abiertamente el habitual intervencionismo de Estados Unidos". Es más que probable que ello se deba a razones tan simples como el miedo a verse salpicados por sanciones, guerras comerciales u otras acciones análogas emprendidas por el director de la orquesta. En este sentido, el general canadiense Lewis MacKenzie le explicó en 2004 a Paul Jay que, al enviar sus tropas a Afganistán, su país pagaba en sangre el precio de enviar sus productos a través de la frontera. "Si quiern participar en la función, cada instrumentista ha de sentarse en su sitio y tocar su partitura".

Queda implícito en lo antedicho el punto crucial, a saber: "que la responsabilidad moral elemental de cualquier periodista consiste en dirigir contenidos verídicos y análisis relevantes a la audiencia apropiada". Informar acerca de las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte no está mal: quizá satisfaga la curiosidad al tiempo que pone al corriente de desgracias acerca de las cuales poco o nada puede hacer el lector español. Resulta por tanto imperioso que nuestros periodistas se pregunten por la utilidad social de "dos décadas de denuncias de las «atrocidades» bolivarianas en paralelo al silencio respecto de la sintonía comercial y diplomática que nos une a la democracia modélica de Arabia Saudí", por poner un ejemplo obvio.

El lector español tiene cosas extremadamente relevantes que decirle al Estado español acerca del Reino de Arabia Saudita. Respecto de Venezuela, lleva dos décadas siendo bombardeado sin tener nada moralmente relevante que decirle a nadie, excepto ahora, momento en el cual "la prensa le invita a la complicidad con la violación del derecho internacional, el estrangulamiento económico del pueblo venezolano y la preparación de una guerra".

FUENTE: publico.es
Dominio público

Asier Arias

04/02/2019

VENEZUELA: LA CRISIS MORAL DE LA PRENSA ESPAÑOLA (II)

(Esta publicación forma parte de una serie de cuatro artículos)

Obviar el trecho que media entre la cobertura que la prensa española ha venido haciendo de la «crisis venezolana» y aquello que cabe analizar desde el punto de vista de su adecuación a la realidad histórica o los criterios morales más elementales es algo que requiere de un sutil talento para el autoengaño.

Es poco probable que un par de párrafos alcancen a ofrecer una estimación ajustada de esa distancia. Aproximarse a ella resulta en cualquier caso imposible sin un intento de trazar, por una parte, los contornos de la historia reciente de la «lucha por la democracia» en Latinoamérica y, por otra, los de la situación económica y política en Venezuela. Sólo tras perfilar esos contornos resulta razonable echar un vistazo a los principios que rigen aquella cobertura.

La situación económica en Venezuela

De acuerdo con el espíritu y la letra de la Carta Económica para las Américas, cuando en un país latinoamericano aparecía petróleo, «grandes empresas extranjeras asumían el control de facto de los recursos nacionales hasta tal punto que las élites gobernantes comenzaban a dudar que fueran realmente ellas las que aún dirigían su propio destino». Esto sucedió en Venezuela durante los años veinte. Desde entonces y hasta 1999, "el petróleo venezolano fue controlado por gobiernos aliados de Estados Unidos". En 1999 cundió el pánico, pero no a causa de la nacionalización del petróleo en sí misma –eso no era nada nuevo–, sino a causa del nuevo gobierno, que podía ser desobediente y hacer cosas inapropiadas con los beneficios. La cuestión estriba en quién utiliza los beneficios y para qué, y "un gobierno que los emplea en programas sociales dentro y fuera de sus fronteras puede ser un incordio", hasta el punto que la oligarquía nacional puede declarar huelgas de capital sólo para que cesen semejantes despropósitos, tal y como sucedió en 2002.

"Antes de entrar en materia es necesario dejar claro que resulta ridículo presentar a la economía venezolana como un ejemplo de economía socialista. Eso no fue así con Chávez ni, mucho menos, lo es ahora con Maduro". Menos de una tercera parte de la economía venezolana está fuera de las manos del sector privado. Por otra parte, el impulso a los esfuerzos cooperativistas no aparece ni mucho menos en el núcleo de la actual agenda económica. Finalmente, y "al igual en todas las economías mixtas del planeta –esto es, todas las economías del planeta–, el poder político y el económico cohabitan a sus anchas". En el caso de Venezuela, al parecer, ello se ha acentuado con el desplome económico del último par de años, que la oligarquía venezolana ha aprovechado para arremeter desde los medios contra el gobierno, metérselo en el bolsillo, acurrucarse frente a su hoguera, o todo ello a la vez.

Sea como sea, "la pregunta a realizar en este punto es, justamente, la relativa al modo en que se gestó ese desplome". No se trata de algo que quepa explicar en un par de párrafos, pero tampoco es física cuántica.

A Hugo Chávez debió resultarle ciertamente sencillo encontrar la melodía que el electorado venezolano necesitaba escuchar en 1998. "Las tasas de pobreza e inflación estaban por aquel entonces saliéndose de las gráficas. Las de inflación eran, de hecho, las mayores de la región, y asimismo las mayores de la historia previa de Venezuela". [No, Maduro no se sacó de la chistera la profundamente enraizada tendencia a la inflación de la economía venezolana]. "Así las cosas, no era difícil convencer al electorado de la conveniencia de hacer públicos los beneficios de la riqueza natural del país con mayores reservas petrolíferas del mundo". Resulta un poco embarazoso tener que mencionar lo obvio: esa melodía no le sonó tan bien a la pequeña oligarquía venezolana, ni tampoco a los inversores extranjeros. Como cabía esperar, pues, la persecución mediática del «régimen» no se hizo esperar. "A lo largo de la década siguiente a la elección de Chávez los índices de pobreza cayeron del 50% al 25% y los de pobreza extrema del 25% al 7%."

Por su parte, "el PIB per cápita se duplicó holgadamente mientras la mortalidad infantil y el desempleo cayeron un 50%". No obstante, la historia de la economía venezolana durante de era Chávez es ciertamente compleja, e incluye una considerable cantidad de graves errores, entre los que cabe destacar el unilateralismo extractivista. "Los esfuerzos por diversificar la economía y reducir su dependencia de la exportación de materias primas, si existieron, fueron totalmente ineficaces".

"La economía venezolana depende esencialmente del petróleo". Su exportación proporciona al país la práctica totalidad de las divisas extranjeras –fundamentalmente dólares– que obtiene y sin las cueles no puede importar los bienes que necesita pero no produce. De este modo, "la caída del precio del petróleo, agravada por la decisión de Arabia Saudí de sostener el exceso de la oferta, condujo en 2014 a la economía venezolana a una situación crítica". Nicolás Maduro llevaba apenas un año en el gobierno, y prometió que los programas sociales no cesarían a pesar de la caída del precio del petróleo. «A nadie va a faltarle de nada», dijo.

No obstante, la política de control de cambios y precios que el gobierno venezolano ha mantenido desde 2003 a fin de garantizar el acceso universal a bienes indispensables no logró evitar el desabastecimiento, sino que muy probablemente lo fomentara. "Las empresas que dominan la distribución de cada uno de los bienes básicos disponen de la posibilidad de crear mercados alternativos al fijado por el gobierno, propiciando ciclos de desabastecimiento y alza de precios". Además, a pesar de estar obligadas a importar al tipo de cambio fijado por el Estado, pueden luego vender en el mercado interior al tipo de cambio extraoficial, "echando leña al fuego de la inflación y obteniendo grandes beneficios".

Estos problemas internos se ven agravados por factores externos. Entre ellos, es preciso hacer mención de al menos dos. En primer lugar, la manipulación de tipos de cambio a través de compañías como DolarToday, dedicada al control cambiario desde Miami y acérrima opositora del gobierno venezolano. En segundo lugar, las sanciones económicas. "En 2014 la administración Obama impuso sanciones económicas a Venezuela alegando razones de seguridad nacional". Más tarde, en agosto de 2017, la administración Trump prohibió las transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal (PDVSA), así como las transacciones con bonos del sector público venezolano y los pagos de dividendos al gobierno, "lo que redunda, en resumidas cuentas, en un bloqueo comercial y financiero que obstruye la afluencia de los dólares necesarios para las importaciones de las que Venezuela depende".

"Las presiones económicas no han cesado en el año y medio transcurrido desde entonces". La última vuelta de tuerca tuvo lugar el pasado lunes 28, cuando la administración Trump anunció su ataque a PDVSA, cuadragésima empresa a nivel mundial por volumen de ingresos y núcleo de la economía venezolana. Las anteriores rondas de sanciones impedían ya a la empresa refinanciar su deuda o emitir nuevos bonos. Ahora, además, se congelan todos sus fondos en Estados Unidos y se le bloquea el acceso a su principal mercado, pues queda prohibida toda relación con ella a toda entidad estadounidense. Al día siguiente, "el Departamento de Estado anunciaba su decisión de poner en manos de Guaidó las cuentas bancarias venezolanas en Estados Unidos".

John Bolton añadía una nueva nota al pie de la Carta Económica para las Américas al apuntar a "la bonanza que la nueva situación habrá de suponer para las petroleras estadounidenses, libres ya para invertir y explotar el petróleo venezolano". No obstante, como veremos, los más elevados principios rectores del quehacer periodístico permiten despachar esta nueva serie de delitos internacionales señalando, sencillamente, que «el apoyo estadounidense es clave para la viabilidad del plan que busca impulsar una transición hacia la democracia en Venezuela».

"Hablamos de delitos internacionales dado que estas medidas unilaterales constituyen una obvia violación tanto de la letra como del espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, así como de numerosos acuerdos internacionales". Por otra parte, el efecto de estas sanciones en la economía venezolana no es nada parecido a un bulo bolivariano. De este modo, Francisco Rodríguez, consejero económico del opositor Henri Falcón, publicaba en enero de 2018 un artículo haciendo explícitos los "graves efectos de las sanciones sobre la economía venezolana".

"Estas medidas afectan siempre a los más débiles". Es el caso de los entre uno y dos millones –las cifras bailan, y parece verosímil que los más de cinco millones de los que ha llegado a hablar el gobierno venezolano estén «hinchados de colombianos desplazados en Venezuela» . Su regreso a Colombia a causa del declive económico venezolano forma parte de la reciente «crisis migratoria». Su desplazamiento desde Colombia, que de forma consistente ha venido liderando el ranking mundial de desplazados y violaciones de los derechos humano, no. Hay razones para ello: Colombia no es, en la terminología de Kissinger, un virus que podría infectar a la región. En otras palabras, "obedece y no pone en riesgo el buen clima para las inversiones extranjeras".

A pesar de la desastrosa situación económica, el gobierno venezolano ha mantenido sus programas sociales en los contextos de la sanidad, la educación y la vivienda, expandiéndolos de hecho para hacer frente a la escasez y la caída de las rentas. De este modo, hace tres años puso en marcha un programa de suministro de alimentos importados a través de los así llamados "Comités Locales de Abastecimiento y Producción".

En el contexto del desbocado proceso hiperinflacionario experimentado durante el último año, las constantes subidas del salario mínimo habrían sido por sí solas insuficientes para mantener a flote a la población, cuyo 50% más pobre ha salido adelante gracias a este programa. Pero "para la prensa española, esto no es más que una estratagema para el control de los votos a través de subsidios".

No obstante, no es descabello sugerir que Venezuela ha venido mostrando en este punto un respeto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos infrecuente en los países occidentales. Como es sabido, la Declaración incluye una serie de derechos socioeconómicos. Así, por ejemplo, el artículo 25 establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure (…) la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios». Esto es lo que Jeane Kirkpatrick, la embajadora de Reagan ante las Naciones Unidas, definió como una «carta a Santa Claus».

Jeane Kirkpatrick
(1926 - 2006)

FUENTE: publico.es
Asier Arias
03/02/2019

VENEZUELA: LA CRISIS MORAL DE LA PRENSA ESPAÑOLA (I)

(Esta publicación forma parte de una serie de cuatro artículos)

Obviar el trecho que media entre la cobertura que la prensa española ha venido haciendo de la "crisis venezolana" y aquello que cabe analizar desde el punto de vista de su adecuación a la realidad histórica o los criterios morales más elementales es algo que requiere de un sutil talento para el autoengaño.

Es poco probable que un par de párrafos alcancen a ofrecer una estimación ajustada de esa distancia. Aproximarse a ella resulta en cualquier caso imposible sin un intento de trazar, por una parte, los contornos de la historia reciente de la "lucha por la democracia" en Latinoamérica y, por otra, los de la situación económica y política en Venezuela Sólo tras perfilar esos contornos resulta razonable echar un vistazo a los principios que rigen aquella cobertura.

La celebración de las victorias democráticas en Latinoamérica

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

El pasado 10 de enero, mientras Nicolás Maduro renovaba su cargo como presidente de Venezuela, Mike Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense, llamó por teléfono a un tal Juan Guaidó para felicitarle por su nombramiento como líder del inhabilitado órgano del legislativo venezolano. De acuerdo con datos publicados "el día 20, el 81% de los venezolanos no sabía quién era Juan Guaidó". A pesar de ello, sus índices de aceptación no eran muy inferiores a los del resto de las figuras de la oposición, encabezadas por Leopoldo López, al que sólo un 63% de la población se mostró desfavorable.

Transcurridas unas horas desde la llamada de Pompeo, John Bolton declaró ilegitimo el gobierno del «dictador venezolano Nicolás Maduro». El Consejero de Seguridad Nacional, definido por sus propios compañeros de filas como «el hombre más peligroso de la administración Bush» no deja escapar la ocasión de subrayar que «lucha» es la noción que le interesa en la locución «lucha por la democracia», y ello siempre con la «opción nuclear»como trasfondo.

Por su parte, Jair Bolsonaro, que había manifestado el día 17 su intención de «restablecer el orden y la democracia» en Venezuela, declaró presidente a Guaidó el sábado 19. Después, el día 22, Mike Pence les dijo a los venezolanos: «Hola, Nicolás Maduro es un dictador y nosotros permaneceremos del lado de las fuerzas democráticas, que a partir de ahora encarnará ese tal Guaidó». Esa misma noche llamó a Guaidó para ponerle al corriente. Finalmente, el miércoles 23, "Guaidó se auto proclamó presidente". Sólo un par de días más tarde la evidencia acumulada era de tal magnitud y claridad que tan siquiera el Wall Street Journal evitaba las conclusiones obvias.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil

Pero volvamos a Pompeo, Bolton, Bolsonaro y el resto de los "adalides de la «paz», la «libertad», la «democracia» y los «derechos humanos". ¿A qué se refieren cuando usan estos términos? La historia reciente puede ayudarnos a responder a esta pregunta.

«Tan pronto como llegó a sus oídos la noticia de la gestación de un nuevo golpe de Estado en Venezuela, Albert Rivera exigió que España no se quedara a la cola en la celebración de la democracia oficiada por Bolsonaroy la administración Trump». Este entusiasmo democrático traería a la memoria de cualquiera con cierta familiaridad con la historia reciente de Latinoamérica el modo en que Lincoln Gordon, embajador estadounidense en Brasil, aplaudió el golpe militar que instaurara en 1964 la primera de las dictaduras ultraderechistas que barrieran el continente.

Gordon se refirió al alzamiento militar como «una gran victoria para el mundo libre en su lucha por la democracia» y, en un desacostumbrado alarde de sinceridad, añadió que esa lucha era también una lucha destinada a «mejorar sustancialmente el clima para las inversiones privadas». Bolsonaro, que se sienta ahora a los mandos que sus añorados camaradas abandonaron hace treinta y cuatro años, entiende que la dictadura cometió graves errores. En concreto, «considera que sus secuaces no mataron a suficientes personas: debieron matar a 30.000 más».

Lincoln Gordon fue embajador estadounidense en Brasil entre 1961 y 1966

"El siguiente hito cardinal de la lucha por la democracia en Latinoamérica llegó el 11 de septiembre de 1973, día en que las fuerzas armadas chilenas bombardearon la sede presidencial". Los chilenos habían confundido la noción de democracia con la participación popular en la toma de decisiones. Por suerte, Henry Kissinger encontró arrestos para asistirles en la enmienda de su error pues, como explicó, "había demasiado en juego como para que se dejara a los votantes chilenos decidir por sí mismos".

Kissinger se encargó de dirigir no sólo "la brutal operación de democratización chilena", sino asimismo de extenderla desde Chile a Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela al capitanear la "Operación Cóndor", que coordinara el asesinato de decenas de miles y la tortura y encarcelamiento de cientos de miles de latinoamericanos que no habían comprendido el significado de la voz «democracia».

La noble empresa de democratización se prolongaría después con la hilera de "40.000 cadáveres" que resultaran del apoyo de la administraciónCarter al régimen de Anastasio Somoza en Nicaragua. La administración Reagan redobló el ímpetu democrático de Carter, y fue por ello condenada por el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas a causa de su "promoción del terrorismo internacional". Una de las piezas claves de la embestida democrática de Reagan en Centroamérica fue su Secretario para los Derechos Humanos, Elliott Abrams, que «logró gran notoriedad tanto por sus desmentidos de las violaciones cometidas contra los derechos humanos como por sus justificaciones de las mismas». El pasado viernes día 25, anotemos al margen, la administración Trump anunció que «Abrams será el encargado de gestionar la nueva crisis venezolana».

Elliot Abrams

Los programas de expansión democrática de la administración Reagan constituyeron otro de los pilares fundamentales de su política humanitaria en Latinoamérica. Thomas Carothers, reputado experto académico en relaciones internacionales que participara en los referidos programas, señala en su favorable análisis de los mismos que, por algún motivo, "los esfuerzos 'democratizadores' de Estados Unidos en la región desembocaron sin excepción en el patrocinio del poder de las élites establecidas en sociedades ciertamente antidemocráticas". En la época de Carothers los hechos resultaban completamente transparentes, pero lo cierto es que llevaban mucho tiempo haciéndolo. Así, en 1966, el historiador británico Gordon Connell-Smith concluía en su historia de las relaciones exteriores hemisféricas que la cháchara acerca de "la promoción de la democracia en Latinoamérica no era más que la capa retórica con la que se cubría el objetivo real: el fomento de las condiciones más favorables para la inversión privada en el extranjero".

De hecho, no se trata, meramente, de las conclusiones de los expertos académicos, sino de las propias declaraciones de los planificadores de la política exterior estadounidense. En este sentido, ya en 1954, el Consejo de Seguridad Nacional de Eisenhower establecía que el primer objetivo de la política estadounidense en Latinoamérica era el de «crear un clima político y económico propicio para la inversión privada» y, particularmente, para la «repatriación del capital». Los planificadores advertían que "para ello era necesario que Latinoamérica no se plegara a la creciente demanda popular de mejoras inmediatas en los bajos niveles de vida de las masas".

Latinoamérica es, de hecho, el lugar en el que con más claridad puede apreciarse la planificación exterior de posguerra de la nueva potencia hegemónica, y ello tanto en el plano de la implementación como en el de las declaraciones. Así, en la Conferencia de Chapultepec, seis meses antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos les explicaba a sus vecinos del sur los lineamientos generales de las que habrían de ser sus relaciones, identificando un problema que podría enturbiarlas y que sería combatido de forma contundente: «la filosofía del nuevo nacionalismo».

Castillo de Chapultepec (Ciudad de México) donde tuvo la conferencia en 1945

entre todos los países de América con excepción de Argentina y Canadá.

Los planificadores estadounidenses se referían con esta expresión a una tendencia incipiente en Latinoamérica hacia «políticas diseñadas para lograr una distribución más amplia de la riqueza y elevar el nivel de vida de las masas» partiendo de una errónea concepción según la cual «los primeros beneficiarios de la explotación de los recursos de un país deberían ser las personas de ese país». Como antídoto contra estas erróneas concepciones geopolíticas, "Estados Unidos presentó su Carta Económica para las Américas, haciendo explícito que en lo sucesivo el FMI se encargaría de determinar la estructura financiera de la región" y que las medidas contra el movimiento de mercancías y capitales estadounidenses debían desaparecer, de forma que los inversores privados del norte habrían de gozar de un trato preferencial para operar en la región. La propuesta fue atinadamente percibida por los latinoamericanos como «un plan para el establecimiento del dominio» estadounidense en la región. Sin embargo, dado el desequilibrio de fuerzas, prevaleció.

La línea que desde entonces se prolonga hasta nuestros días es, esencialmente, recta. No obstante, "hubo una década oscura en la que remitió esta noble batalla por la democratización de Latinoamérica". Fue la primera década del siglo XXI, marcada por tres acontecimientos dramáticos. El primero de ellos fue la expulsión de las bases militares estadounidenses en la región. Es famoso el modo en que "Rafael Correa propuso en 2007 al gobierno estadounidense negociar la permanencia de su base militar en Manta, a condición de que se permitiera asu país, Ecuador, establecer una base militar en Miami".

A pocos griegos o españoles debiera extrañarles que se sugiera la existencia vínculos entre el segundo y el tercero de esos dramáticos acontecimientos, a saber: «la ruptura con la disciplina del FMI en la región y el drástico incremento del PIB per cápita, acompañado de una inequívoca disminución de la desigualdad de ingresos». De hecho, tan siquiera cogería por sorpresa a los propios economistas de FMI, que consideran económicamente injustificable su receta para el desarrollo.

Los buitres del FMI

Esta desviación de la línea trazada desde la época de la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto debía cesar, y los mecanismos del poder estatal y corporativo estadounidenses se pusieron inmediatamente manos a la obra. "El golpe de Estado de 2002 en Venezuela fue un primer intento de restablecer el orden. La operación fue aprobada por Elliott Abrams, que, como indicábamos, ha vuelto a ser designado para supervisar la nueva tentativa". Aquel primer intento falló a causa de un levantamiento popular contra los golpistas, pero aquella oscura década tenía que terminar y dar nuevamente paso a la celebración de la democracia.

Así, cuando en 2009 volviera a emplearse el método habitual para deponer a Manuel Zelaya del gobierno de Honduras a causa de sus errores económicos –aumento del salario mínimo, fomento de la educación pública, respaldo económico a los pequeños agricultores y, sobre todo, moderadas reformas que dificultaban a los inversores extranjeros el ejercicio de su derecho a controlar la política fiscal–, la administración Obama reconoció en solitario a los golpistas como gobierno legítimo del país. Nuevamente, el embajador norteamericano recibió con entusiasmo lo que denominó «una gran celebración de la democracia». Desde entonces, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha venido denunciado centenares de detenciones arbitrarias y decenas de asesinatos de periodistas, activistas y líderes políticos.

Asimismo, "Amnistía Internacional ha documentado decenas de asesinatos y torturas a manos de las fuerzas de seguridad". Por su parte, "Global Witness documentó más de 120 asesinatos de activistas medioambientales a manos de las fuerzas del Estado, guardias de seguridad y asesinos a sueldo". Mientras estas violaciones de los derechos humanos permanecen impunes y "Estados Unidos continúa respaldando económicamente al régimen, Honduras se desploma hasta el fondo de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa" y nuestra prensa libre sigue atendiendo prioritariamente a violaciones más graves de los derechos humanos, como el encarcelamiento de Leopoldo López por delitos menores, tales como tramar un golpe de Estado en 2014 y encabezar revueltas en las que pandilleros opositores asesinaron a decenas de personas.

FUENTE: publico.es
Dominio público

Asier Arias

02/02/2019

CARTA ABIERTA A LOS ESTADOS UNIDOS:

"Dejen de interferir en la política interna de Venezuela"

Un grupo de 71 intelectuales, entre ellos Noam Chomsky, pide a la administración de Trump que deje de apoyar a quienes buscan derrocar a Maduro por vías no democráticas

Venezuela - EE.UU. - Petróleo / PEDRIPOL

El gobierno de los Estados Unidos debe dejar de interferir en la política interna de Venezuela, especialmente con el objetivo de derrocar al gobierno del país. Las acciones de la administración Trump y sus aliados regionales empeorarán casi seguro la situación en Venezuela, lo que llevará a un sufrimiento humano innecesario, violencia e inestabilidad.

La polarización política en Venezuela no es nueva; el país lleva mucho tiempo dividido por las diferencias raciales y socioeconómicas. Pero la polarización se ha profundizado en los últimos años. Esto se debe, en parte, al apoyo de los Estados Unidos a una estrategia de la oposición para destituir al gobierno de Nicolás Maduro por medios extraelectorales. Si bien la oposición está dividida respecto a esta estrategia, "los EE.UU. han apoyado a los partidarios de la línea dura en su objetivo de derrocar al gobierno de Maduro mediante protestas a menudo violentas, un golpe de Estado militar u otras vías que eluden las urnas".

Bajo la administración de Trump, la retórica agresiva contra el gobierno venezolano se disparó a un nivel más extremo y amenazador, con sus representantes hablando de “acción militar” y condenando a Venezuela, junto con Cuba y Nicaragua, como parte de una “troika de tiranía”. Los problemas derivados de las políticas del gobierno venezolano han empeorado por las sanciones económicas de Estados Unidos, que serían ilegales bajo los parámetros de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, así como de la legislación de los Estados Unidos y otros tratados y convenciones internacionales.

Estas sanciones han reducido los medios por los cuales el gobierno venezolano podría haber escapado de la recesión económica, y a la vez han causado una dramática caída en la producción de petróleo y han agravado la crisis económica, causando la muerte de muchas personas que no pudieron acceder a medicamentos que hubieran podido salvar sus vidas. Mientras tanto, los gobiernos de EE.UU. y sus aliados continúan culpando únicamente al gobierno de Venezuela por el daño económico, incluso el causado por las sanciones estadounidenses.

"EE.UU. y sus aliados, incluido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, han empujado a Venezuela al precipicio". Al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó como el nuevo presidente de Venezuela –algo ilegal según la Carta de la OEA– la administración Trump ha acelerado drásticamente la crisis política de Venezuela con la esperanza de dividir a los militares venezolanos y polarizar aún más a la población, obligándola a elegir un bando. El obvio y a veces explícito objetivo es expulsar a Maduro a través de un golpe de Estado.

La realidad es que, a pesar de la hiperinflación, la escasez y una profunda depresión, Venezuela sigue siendo un país políticamente polarizado. Los Estados Unidos y sus aliados deben dejar de alentar la violencia presionando por un cambio de régimen violento y fuera de la legalidad.

Estados Unidos debería haber aprendido algo de sus iniciativas de “cambio de régimen en Irak, Siria, Libia" y su larga y "violenta historia de patrocinio de cambios en América Latina"

Ninguna de las partes en Venezuela puede simplemente vencer a la otra. El ejército, por ejemplo, tiene al menos 235.000 efectivos de primera línea, y hay al menos 1,6 millones en las milicias. Muchas de estas personas lucharán, no solo sobre la base de la creencia en la soberanía nacional que se mantiene ampliamente en América Latina, frente a lo que parece ser una intervención liderada por Estados Unidos, sino también para protegerse de una posible represión si la oposición derroca al gobierno por la fuerza.

En semejante situación, la única solución es un acuerdo negociado, como sucedió en el pasado en países latinoamericanos cuando las sociedades políticamente polarizadas no pudieron resolver sus diferencias a través de las elecciones. Ha habido esfuerzos con potencial, tales como los liderados por el Vaticano en el otoño de 2016,  pero no recibieron apoyo de Washington y sus aliados, concentrados en el cambio de régimen. Esta estrategia debe cambiar para que exista una solución viable a la crisis actual en Venezuela. Por el bien del pueblo venezolano, la región y por el principio de la soberanía nacional, estos actores internacionales deben apoyar las negociaciones entre el gobierno venezolano y sus oponentes que permitirán que el país salga finalmente de su crisis política y económica.

FUENTE: ctxt.es
26/01/2019 

Firmantes:

Noam Chomsky, Profesor Emérito, MIT y Profesor Laureate, Universidad de Arizona
Laura Carlsen, Directora, Programa de las Américas, Centro de Política Internacional
Greg Grandin, profesor de Historia, Universidad de Nueva York
Miguel Tinker Salas, profesor de Historia de América Latina y Estudios Chicanos
Sujatha Fernandes, profesora de Economía Política y Sociología, Universidad de Sydney
Steve Ellner, editor gerente asociado de Perspectivas de América Latina
Alfred de Zayas, exexperto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo y único relator de la ONU que ha visitadoVenezuela en 21 años
Boots Riley, escritor / director de Sorry to Bother You, músico
John Pilger, periodista y cineasta
Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política
Jared Abbott, PhD Candidate, Departamento de Gobierno, Universidad de Harvard
Dr. Tim Anderson, director, Centro de Estudios Contra Hegemónicos
Elisabeth Armstrong, profesora del estudio de mujeres y género, Smith College
Alexander Aviña, PhD, profesor asociado de Historia, Universidad Estatal de Arizona
Marc Becker, profesor de Historia, universidad estatal de Truman
Medea Benjamin, cofundadora de CODEPINK
Phyllis Bennis, Directora de Programas, New Internationalism, Institute for Policy Studies
Dr. Robert E. Birt, profesor de Filosofía, Bowie State University
Aviva Chomsky, profesor de Historia, Universidad Estatal de Salem
James Cohen, Universidad de París 3 Sorbonne Nouvelle
Guadalupe Correa-Cabrera, Profesora Asociada, Universidad George Mason
Benjamin Dangl, PhD, editor de Hacia la libertad
Dr. Francisco Dominguez, Facultad de Ciencias Sociales y Profesionales, Universidad de Middlesex, Reino Unido
Alex Dupuy, John E. Andrus Profesor de Sociología Emérito, Universidad de Wesleyan
Jodie Evans, Cofundadora, CODEPINK
Vanessa Freije, profesora asistente de Estudios Internacionales, Universidad de Washington
Gavin Fridell, Cátedra de Investigación de Canadá y Profesor Asociado en Estudios de Desarrollo Internacional, St. Mary’s University
Evelyn González, Consejera, Montgomery College
Jeffrey L. Gould, Profesor Rudy de Historia, Universidad de Indiana
Bret Gustafson, profesor asociado de Antropología, Universidad de Washington en St. Louis
Peter Hallward, profesor de Filosofía, Universidad de Kingston
John L. Hammond, profesor de Sociología, CUNY
Mark Healey, profesor asociado de Historia, Universidad de Connecticut
Gabriel Hetland, profesor asistente de Estudios Latinos de América Latina, el Caribe y los Estados Unidos, Universidad de Albany
Forrest Hylton, Profesor Asociado de Historia, Universidad Nacional de Colombia-Medellín
Daniel James, Bernardo Mendel Cátedra de Historia Latinoamericana
Chuck Kaufman, Co-Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global
Daniel Kovalik, profesor adjunto de Derecho, Universidad de Pittsburgh
Winnie Lem, profesora, Estudios de Desarrollo Internacional, Universidad de Trent
Dr. Gilberto López y Rivas, profesor investigador, Universidad Nacional de Antropología e Historia, Morelos, México
Mary Ann Mahony, profesora de Historia, Universidad Estatal de Connecticut Central
Jorge Mancini, Vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)
Luís Martin-Cabrera, profesor asociado de Literatura y Estudios Latinoamericanos, Universidad de California San Diego
Teresa A. Meade, Florence B. Sherwood Profesora de Historia y Cultura, Union College
Frederick Mills, profesor de Filosofía, Bowie State University
Stephen Morris, profesor de ciencias políticas y relaciones internacionales, Middle State State University
Liisa L. North, profesora emérita, Universidad de York
Paul Ortiz, profesor asociado de Historia, Universidad de Florida
Christian Parenti, profesor asociado, Departamento de Economía, John Jay College CUNY
Nicole Phillips, profesora de Derecho en la Universidad de la Fundación, Dra. Aristide Faculté des Sciences Juridiques et Politiques y profesora adjunta de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Hastings
Beatrice Pita, profesora del Departamento de Literatura de la Universidad de California en San Diego
Margaret Power, profesora de Historia, Instituto de Tecnología de Illinois
Vijay Prashad, Editor, El TriContinental
Eleanora Quijada Cervoni, FHEA, facilitadora de educación del personal y mentora de EFS, Centro de Educación Superior, Aprendizaje y Enseñanza en la Universidad Nacional de Australia
Walter Riley, abogado y activista
William I. Robinson, profesor de Sociología, Universidad de California, Santa Bárbara
Mary Roldan - Dorothy Epstein, profesoras de Historia Latinoamericana, Hunter College / CUNY Graduate Center
Karin Rosemblatt, profesora de Historia, Universidad de Maryland
Emir Sader, profesor de Sociología, Universidad del Estado de Río de Janeiro
Rosaura Sánchez, profesora de Literatura Latinoamericana y Literatura Chicana, Universidad de California, San Diego
TM Scruggs Jr., profesor emérito, Universidad de Iowa
Victor Silverman, profesor de Historia, Pomona College
Brad Simpson, profesor asociado de Historia, Universidad de Connecticut
Jeb Sprague, profesor de la Universidad de Virginia
Christy Thornton, profesora asistente de Historia, Johns Hopkins University
Sinclair S. Thomson, profesor asociado de Historia, Universidad de Nueva York
Steven Topik, profesor de Historia, Universidad de California, Irvine
Stephen Volk, profesor de Historia emérito, Oberlin College
Kirsten Weld - John. L. Loeb, profesores Asociados de Ciencias Sociales, Departamento de Historia, Universidad de Harvard
Kevin Young, profesor asistente de historia, Universidad de Massachusetts Amherst
Patricio Zamorano, investigador de estudios latinoamericanos; Director Ejecutivo, InfoAmericas

Gran parte de la actual problemática social venezolana ha sido producida por el desabastecimiento de productos de primera necesidad, generado principalmente por las duras sanciones económicas de los Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que no se pliega a las condiciones del vecino del Norte.