DESORBITADAS CIFRAS DE LA TEMPORALIDAD

En los últimos diez años se han firmado en España más de ¡¡¡165 millones de contratos!!!

La rotación permanente entre el desempleo y el trabajo precario hace que el número de contratos firmados en España alcance un volumen inusitado.

El uso y el abuso de la contratación temporal provoca un nivel de rotación en el empleo que llega a la categoría de lo absurdo, porque alcanza cifras que hasta son de difícil comprensión.  

La cortísima duración de los contratos –el 40% son inferiores a 7 días– y la rotación permanente entre el desempleo y el trabajo precario hace que el número de contratos firmados en España alcance un volumen inusitado, tanto en valores absolutos totales como en los que de media firma cada persona.

Un solo dato pone de evidencia la irracionalidad del mercado laboral español: en los últimos diez años se han registrado 165.290.712 contratos de trabajo en las oficinas públicas de empleo, ahora denominado SEPE y antes INEM. Una cifra difícil de asimilar, más de 165 millones de contratos entre 2008 y 2017, la década de la gran recesión en la que se destruyeron varios millones de empleos netos.

Son cifras absurdas, sin lógica: en un país que tiene de media 15 millones de personas asalariadas ––incluidos en esta cifra los funcionarios–– se firmaron 165 millones de contratos. Si dividimos ambas cantidades sale una media de 11 contratos por cada asalariado que hay en nuestro país. Esto obviamente es una media aritmética que no se corresponde con lo que sucede en la realidad, porque hay muchas personas con contrato indefinido y antigüedad en su empresa que no firman ningún contrato.

Por eso la precariedad alcanza valores extremos en el segmento de la población asalariada más afectada: en diez años se formalizaron 152 millones de contratos temporales, el 91% del total, cuando el número medio de personas asalariadas con contratos de duración determinada fue de algo menos de 4 millones como media en este periodo.

Si relacionamos ambas cifras se obtiene el denominado índice de rotación, esto es, el número medio de contratos firmados por cada persona asalariada temporal. Este ratio es aterrador: la rotación en el empleo de los temporales en España es de 5,6, lo que significa que cada uno firma 5,6 contratos cada año y por lo tanto 56 en la última década.

Expresado de forma gráfica, en las oficinas de empleo de nuestro país hay dos largas colas: una es la de las casi 4 millones de personas que están allí buscando un empleo y otra, cinco veces más larga, formada por los que pasaron por allí a lo largo del año para registrar uno de los más de 21 millones de contratos de trabajo precario.

En realidad es la misma cola porque la inmensa mayoría de las personas pasan de una a la otra: son el universo de lo precario, de las personas asalariadas que transitan del paro al empleo temporal, que rotan entre el desempleo y la sobreexplotación de los empleos de salarios bajos.

El absurdo flujo de entrada y de salida del empleo que sufren las personas asalariadas en España queda sobradamente demostrado con la evolución de la afiliación a la Seguridad Social. Entre 2007 y 2017 la Seguridad Social registró 236 millones de altas en los diferentes regímenes del sistema, una cifra casi estratosférica, que vendría a señalar que en España no hay ningún problema para encontrar empleo sino fuera porque en ese mismo periodo se registraron también 237 millones de bajas.

Sumadas ambas se obtiene una cifra de difícil asimilación: en una década se produjeron 473 millones de movimientos en la Seguridad Social con un balance neto final de un millón menos de cotizantes. Es una cifra tan brutal que hasta cuesta entenderla, que demuestra la irracionalidad del modelo de relaciones laborales en España al mismo tiempo que señala parte de la explicación del problema del déficit actual de sistema.

España es el país con más desempleo y con más temporalidad de toda la Unión Europea y eso no es una coincidencia casual: son las características estructurales de nuestro mercado de trabajo que se retroalimentan una a la otra. 

FUENTE: nuevatribuna.es
Manuel  Lago
17/07/2018

A este ciudadano le queda claro, reclaro y requeteclaro, que la verdadera Marca España es la precaridad laboral.

IBEX-35, GENERADOR DE DESIGUALDAD

Subcontratación ruinosa y multiservicios, ejemplos en el Ibex-35

Bolsa de Madrid

Si reducimos costes, aumentamos beneficios. Cuando el gran potencial de impacto positivo que las grandes empresas tienen en nuestra sociedad se ve truncado o, incluso, acaban impactando negativamente en la vida de los ciudadanos, suele deberse a una aproximación pobre de lo que entendemos por beneficios. Si el único beneficio digno de maximizar es el que se llevan los accionistas, el resto de los posibles beneficiarios de la actividad empresarial, incluidos los trabajadores, son únicamente costes a reducir.

Desde la deslocalización a la automatización, o el uso desmedido de mecanismos de flexibilización laboral, las formas de reducir dichos costes son múltiples. Y, si nos acercamos a los datos, parecen estar logrando su objetivo: cada vez las rentas al trabajo tienen menos peso en nuestra economía frente a las rentas al capital. En la década de los 80, suponían entorno al 60% del PIB; en 2016 el 47,64%. A menos “costes”, más “beneficios”.

Siendo conscientes de que la paulatina reducción de las rentas al trabajo es una de las causas más relevantes del aumento desmedido de la desigualdad económica, vamos a profundizaren una forma concreta de reducción de costes laborales: la subcontratación.

Antes de empezar a hablar de ella habría que distinguir la subcontratación legítima de la que no lo es tanto. Dentro de la primera encontramos empresas que contratan a otras para prestar un servicio como, por ejemplo, desarrollar un software para el registro de sus ventas o reformar sus instalaciones. En el otro extremo, tenemos subcontrataciones que tienen como propósito acceder a empleados con condiciones salariales y laborales distintas –y peores- que las de sus trabajadores propios; algo conocido como cesión ilegal de trabajadores, cuyo máximo exponente serían los falsos autónomos.

Resulta un poco raro que algo que se supone ilegal, no pare de aumentar, y es que la regulación de la subcontratación está tan insuficientemente definida que forzar la ley para hacer trampas es muy factible. Las denuncias son escasas y las condenas complicadas. La frontera entre la subcontratación válida y la cesión ilegal, recogida en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, es sumamente difusa.

En Oxfam Intermón acabamos de publicar el informe Diferencias abismales. El papel de las empresas del IBEX-35 en la desigualdad donde hablamos, entre otras muchas cosas, de las formas en las que algunas de las grandes empresas cotizadas de este país juegan en esa frontera.

Si una empresa externaliza un servicio que antes hacían sus propios trabajadores y lo saca “al libre mercado”, pasarán dos cosas: En primer lugar, serán varias las empresas potencialmente subcontratadas que competirán por llevarse el servicio, lo que reducirá el precio, incluidos los salarios; y en segundo, se atomizará la plantilla, convirtiéndose en grupos más pequeños de trabajadores con menos representación sindical, menos fuerza de negociación y más precarios.

Hace algo más de un año, la inspección del trabajo de la Generalitat de Cataluña multaba a dos de las grandes empresas de telecomunicaciones presentes en el IBEX-35 por lo que el Consejero de Trabajo de la Generalitat calificó en uno de los casos de “trama de subcontratación irregular”, una nebulosa de contratas, subcontratas y falsos autónomos que precarizaba el empleo y reducía salarios. Una de estas empresas fue multada con 3,1 millones de euros que debía pagar a la Seguridad Social como responsable subsidiario.

Con la reforma laboral de 2012 apareció otra forma de exprimir legalmente los salarios a través de la subcontratación que ha tenido en las kellys o camareras de piso su víctima más visible. Antes el mínimo a pagar lo fijaban los convenios sectoriales pactados entre patronal y sindicatos. Los de empresas sólo podían mejorar o adaptar condiciones, pero, tras el 2012, los convenios de empresa son los que priman. A partir de este cambio decenas de empresas que vivían de la subcontratación, las conocidas como multiservicio, desarrollaron sus propios y peores convenios de empresa, abriéndose la veda de la subcontratación bajo mínimos.

En nuestro informe recogemos como en 2014 una gran empresa hotelera del IBEX-35 despedía a 43 camareras de piso para luego contratar, semanas después, a otras 52 a través de una subcontrata. Las camareras de piso despedidas cobraban, según el convenio sectorial de hostelería, unos 1.200 euros brutos. Las nuevas eran retribuidas según el convenio propio de la subcontrata, marcado con el salario mínimo interprofesional que ese año estaba en los 645,30 euros, una reducción salarial del 40%.

Desde 2012, el número de camareras de piso subcontratadas no ha parado de crecer. Pero el mismo problema lo tienen guardas de seguridad, personal de mantenimiento o de cuidados. El número de trabajadores empleados por una multiservicio ha aumentado, según cálculos de los sindicatos, en un 70% desde la reforma laboral y su cuota del mercado de servicios a empresas no ha parado de incrementarse. Según UGT, en 2015 ya se llevaban 1 de cada 5 euros.

No parece tener mucho sentido que las Administraciones públicas subcontraten al mejor postor a empresas de este tipo y, sin embargo, lo hacen continuamente. Los trabajadores son ciudadanos a los que subcontratándoles por sueldos, de miseria están empobreciendo, lo que desemboca en que tienen menos capacidad de contribuir con sus impuestos y más necesidad de servicios y asistencia pública. Mires por donde lo mires, la contratación pública precarizadora es tirar piedras sobre tu mismo tejado.

Lo barato sale caro; caro también al medio y largo plazo para la propia empresa que decidió reducir salarios ya que los trabajadores son consumidores y los trabajadores pobres son, por tanto, pobres consumidores. En una economía donde el 13% de los trabajadores son costes reducidos que viven por debajo del umbral de la pobreza (me gustaría saber cuántos de ellos son subcontratados) hay menos negocio que en otra donde el crecimiento esté auspiciado por un potente consumo interno.

El último informe de la Comisión Europea sobre empleo califica a nuestro país de “en situación crítica” en cuanto a desigualdad salarial. Es posible que ésta y otras recientes y potentes llamadas de atención de la Unión Europea a España sobre la necesidad de subir los salarios más bajos, lleven a reformas que permitan acabar con la subcontratación ruinosa; con trabajadores entendidos como costes susceptibles siempre de ser reducidos y no como los beneficiarios centrales de la actividad económica.

FUENTE: publico.es
Otras miradas
Liliana Marcos
30/11/2017

¿Sabían ustedes que los altos directivos del Ibex-35 cobran de media 207 veces el salario mínimo de sus respectivas empresas?

¿Es o no es una inmoralidad?