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19/11/18

¿POR QUÉ?

¿Por qué llamó Óscar Reina, portavoz del SAT, “miserable” a Felipe VI?

Óscar Reina

Nada más conocer la detención en Granada del portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Óscar Reina, por llamar “miserable” a Felipe VI, una pregunta atormentaba mis pensamientos: ¿qué quiso decir?

Vamos a ver, según la RAE, miserable es una persona “ruin o canalla”, “extremadamente tacaña” o “extremadamente pobre”; una cosa “insignificante o sin importancia”; o también “desdichado, abatido o infeliz”. Atendiendo a las acepciones anteriores se antoja enormemente complicado considerar a Felipe VI como “miserable”. Yo, al menos, no convivo con él, con lo que no sabría decir si es tacaño, ruin o canalla, pero lo veo cuanto menos forzado. Quizás habría sido más apropiado denominar “avaricioso”, “egoísta” o “inhumano” si lo que se pretendía era hacer mención a la asignación cercana a los ocho millones de euros anuales mientras gran parte de su ciudadanía vive una situación de gran precariedad. Pero ¿y si refería a otra cuestión?

¿Quizás quiso llamarle fascista/franquista?

Felipe VI de Borbón

Tal vez, a lo que se quiso referir Óscar Reina al afirmar que Felipe VI es un “miserable” era a su filia fascista/franquista. Según la RAE, fascista es lo “perteneciente o relativo al fascismo”, “partidario del fascismo” o “excesivamente autoritario”. En este caso, usar fascista/franquista para dirigirse a Felipe VI encajaría mucho mejor que “miserable”.

No resulta muy complejo percatarse que reina en España gracias a la designación de un dictador fascista y genocida o que jamás se ha manifestado antifascista como si lo han hecho de forma inequívoca la mayoría de dirigentes políticos europeos.

No solo eso, sino que ha sido capaz de mantener el título nobiliario a la familia del dictador y a otros cuarenta franquistas. También ha consentido que se les entregue contratos en la Guardia Real a descendientes de Franco o que las Fuerzas Armadas que dirige se encuentren infectadas de fascistas/franquistas sin que se haya mostrado públicamente contrariado por ello (más de 1.000 altos mandos, entre ellos generales y coroneles, llegaron a firmar un manifiesto a favor de Franco, muchos de ellos cercanos a la Casa Real).

Franco al amparo de la cruz

Por si fuera poco, nadie puede dudar de los lazos de amistad de Felipe VI con fascistas, su respaldo público e incluso su afecto personal. Pensemos, y solo es un ejemplo, en la familia real saudí, la cual encaja a la perfección en la definición de fascista: “No hay ningún secreto que el Reino de Arabia está dirigido por una familia, en el sentido más doncorleánico de la palabra, que aplica el Apartheid y un totalitarismo teocrático, el más severo del mundo que, como castigo a delitos como apostasía, adulterio, la homosexualidad y la hechicería no sólo amputa manos y pies, sino ejecuta con lapidación y decapitación, para luego crucificar sus cadáveres en público” (Nazanín Armanian).

En estas condiciones, denominar a Felipe VI como fascista/franquista difícilmente habría podido ser catalogado como un insulto, menos aún como una injuria.

¿Y si lo que quiso fue llamarle delincuente/criminal?

Principales personajes de la familia real saudí

En cuanto a delincuente, la RAE considera que un delincuente es aquel que delinque, esto es, que comete un delito. Por ahí, quizás Óscar habría estado más acertado, porque si lo que pretendía era llamar “miserable” a Felipe VI por estar fomentando la venta de armas a Arabia Saudí cuando este es responsable de la mayor hambruna en los últimos cien años y la mayor catástrofe humanitaria que se vive en la actualidad, los términos “criminal” o “delincuente” se antojan más correctos. Aunque yo tampoco soy un experto en el asunto.

Pensemos que España ha vendido armas a toda la coalición de países que están bombardeando Yemen por valor de 1.200 millones de euros entre 2015 y 2017, años en los que ha durado el conflicto. Y el Jefe del Estado español es Felipe VI, lo cual le posiciona como claro responsable de esta violación de los derechos humanos y del derecho internacional.

Sobre todo, porque sus relaciones son tan excelentes con la familia real saudita que sería rocambolesco pensar que las ventas se han realizado contra su voluntad. No le imagino llorando desconsolado y abatido por las ventas, especialmente si tenemos en cuenta que existen acusaciones sobre comisiones de su padre y la amante de éste. Esta violación, por otra parte, constituye un delito por cuanto transgrede el artículo octavo de la ley 54/2007, sobre control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, y lo hace en los apartados a) y c).

Masacrando Yemen

En el apartado a) se especifica que España no podrá vender armas “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.

Y en el apartado c) se asevera que se denegarán las ventas de armas “cuando vulneren las directrices acordadas en el seno de la Unión Europea, en particular los criterios del Código de Conducta, de 8 de junio de 1998, en materia de exportación de armas, y los criterios adoptados por la OSCE en el documento sobre Armas Pequeñas y Ligeras de 24 de noviembre de 2000, y otras disposiciones internacionales relevantes de las que España sea signataria. Para la aplicación de los criterios del Código de Conducta se atenderá a las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario”.

Pero es que, además, ya hay informes que denuncian que Arabia Saudí posiblemente está cometiendo crímenes de guerra, según expertos de la ONU, o incluso el Parlamento Europeo ha solicitado hasta en tres ocasiones en los últimos dos años el cese de la venta de armas a los sauditas.


De hecho, en 2016 Arabia Saudí fue incluida en la “lista negra” de países responsables de ataques a niños, tal y como admitió el propio Ban ki-moon, y solo las presiones internacionales consiguieron que fuera borrada de la misma.

Así pues, Felipe VI como jefe del Estado español y como persona conocedora de toda esta información podría ser catalogado, en todo caso, como “delincuente” o “criminal”, pero, difícilmente no como “miserable”. Incluso se podría aseverar que sería deseable que algún día fuera juzgado en un tribunal internacional junto a Pedro Sánchez, Margarita Robles, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Pedro Morenés y todos los que hayan participado de tales ventas en la comisión interministerial que concede los permisos (JIMMDU), pero ¿”miserable”?

¿Y si Óscar quiso denominar déspota a Felipe VI?


Tal vez, cuando denominó como “miserable” a Felipe VI lo que quería decir fue "déspota". Según la RAE, un déspota es el “soberano que gobierna sin sujeción alguna a la ley”. Dada la supervivencia, gracias a PP-PSOE-Cs, de la inviolabilidad jurídica del rey, es evidente que Felipe VI reina sin ningún tipo de responsabilidad jurídica como antes lo hizo Juan Carlos I, cuyas múltiples acusaciones jamás han sido juzgadas.

Por todo ello, habría sido un gran acierto, casi incuestionable, ya no jurídicamente, sino también moralmente, aseverar que Felipe VI es un déspota. Al menos, atendiendo al diccionario de la RAE, claro.

Óscar se equivocó y ahora merece pagar por ello

Óscar Reina

Después de este breve análisis, queda claro que Óscar cometió un error imperdonable al emplear el término “miserable” para dirigirse a Felipe VI, jefe del Estado español y, por tanto, merece que caiga sobre él todo el peso del Estado de Derecho.

Por ejemplo, recibir una lección magistral en un oscuro y tétrico calabozo impartida por Manuel Sánchez Corbí, Billy el Niño o el general Galindo. O como mínimo, sufrir a los magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional, tan representativos del Estado de Derecho como los anteriores. 

FUENTE: publico.es
Un paso al frente
Luis Gonzalo Segura
18/11/2018
 

El remate de la puñeta es que el pobre Óscar se apellida Reina. O sea, que no puede quitarse a la monarquía de arriba ni pa' dios.

14/11/18

PLAN DE MAGNICIDIO

La Audiencia urdió una mentira inverosímil para ocultar que se inhibió en el caso del francotirador

FotografÍa facilitada por los Mossos d'Esquadra del material incautado al hombre detenido por anunciar su intención de matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/Mossos d'Esquadra
El arsenal intervenido por los Mossos al francotirador franquista que quería matar a Sánchez.
MOSSOS D´ESQUADRA

Tanto el juez Fernando Andreu como la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional estuvieron al corriente desde el primer momento de la detención del franquista que tenía un arsenal y planeaba matar a Pedro Sánchez, pero decidieron no investigar el caso. Mes y medio después, cuando 'Público' desveló la noticia en exclusiva, la Audiencia negó conocerla, pero acabó retractándose 24 horas más tarde porque el desconocimiento era un escándalo aún mayor que el de haberse inhibido.

Primero, pasaron 14 horas, desde que estalló la exclusiva de Público, antes de que la Audiencia Nacional negase rotundamente haber tenido conocimiento ninguno de que un vigilante privado franquista, con licencia de armas y larga práctica de tiro olímpico, había sido detenido mes y medio antes con un arsenal de armas largas y de guerra tras buscar cómplices para asesinar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después, transcurrieron otras 24 horas desde ese desmentido increíble –pues suponía o bien la más grave descoordinación de la Fiscalía que se haya conocido en España o una irresponsabilidad temeraria por parte de los fiscales y jueces implicados en el caso en Terrassa (Barcelona)– hasta que la propia Audiencia Nacional se volvió a poner en contacto con el medio al que había comunicado su desmentido inicial para retractarse de plano: no sólo conoció perfectamente el asunto desde el primerísimo momento, sino que incluso lo debatieron y valoraron tanto los fiscales del alto tribunal como uno de sus magistrados más veteranos, con 16 años de experiencia en esa instancia judicial.

Y, en esas 24 horas, prácticamente la totalidad de los medios de comunicación, comentaristas y tertulianos dieron por bueno el falso desmentido de la Audiencia y pusieron en la picota a Público, cuya información incluía literalmente este párrafo:

Pedro Sánchez

En cuanto a las diligencias judiciales, pasaron del Juzgado de Guardia –el 2 de Terrassa, ese día– al de Instrucción Nº3 porque la Audiencia Nacional rechazó el caso, considerando que no se trataba de una amenaza terrorista, sino meramente una "proposición de homicidio de autoridad", con "tenencia ilícita" de un "depósito de armas".

El único error de ese párrafo era que el juzgado de guardia ese día era el 4, y no el 2. Y la única otra imprecisión en esa larga exclusiva, con innumerables detalles correctos del caso, era atribuir 63 años de edad al detenido –Manuel Murillo Sánchez–, cuando en realidad cuenta 62 años. Ambos fallos, atribuibles a la memorización de los hechos por las fuentes empleadas por este diario para desentrañar "un caso que había sido mantenido en absoluto secreto durante 50 días".

No obstante, el fraudulento desmentido de la Audiencia llevó a la interpretación generalizada de que el hecho no era tan grave como se pintaba, porque supuestamente ni los Mossos, ni los fiscales ni el juez se habían siquiera molestado en comunicárselo a ese tribunal, al que competen todos los actos de terrorismo.

Conclusión que se difundió ampliamente sin que se examinase el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó tres días antes la prisión incondicional de Murillo por estar imputado de "un delito de conspiración para cometer atentado contra el Jefe del Gobierno español y de un delito de tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos":

Fragmento del auto de los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó la prisión sin fianza del francotirador franquista que quería asesinar a Pedro Sánchez.Fragmento del auto de los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó la prisión sin fianza del francotirador franquista que quería asesinar a Pedro Sánchez.

En ese auto, los tres magistrados de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona constatan, además, que "no le ha cabido duda al instructor de la seriedad del propósito del investigado de llevar a efecto el crimen planeado por el mismo, proponiendo el modo de llevarlo a cabo, el material con el que cuenta para ello, sus habilidades como tirador, lo certero que sería para privar de la vida a su objetivo, recabando sólo para asegurar su propósito información sobre el momento y el lugar en que se realizaría".

Así que la gravedad del caso era más que evidente, según al menos cuatro jueces (el instructor y los tres que suscriben el auto), y por tanto habría sido igualmente muy grave que no se hubiera informado de ello a la Audiencia Nacional. También la policía autonómica encargada de las investigaciones policiales, en su rueda de prensa para confirmar la exclusiva de Público, constató que el acusado tenía la "clara voluntad" de atentar contra el presidente, así como el armamento, la experiencia como tirador y "un claro compromiso y convencimiento" de que podía matar a Pedro Sánchez.

¿Cómo se podía entender, pues, que los investigadores policiales, fiscales y judiciales no hubieran alertado, ninguno, a la Audiencia Nacional? Pues así lo asumieron todos los periodistas y observadores, salvo los autores de la exclusiva, cuyas fuentes seguían insistiendo en que todo eso se presentó al alto tribunal pero rechazó el caso.

En esas 24 horas, letrados, fiscales, juristas y magistrados nos expresaron unánimemente su incredulidad y desconcierto frente a las protestas de ignorancia de la Audiencia. Así como su sorpresa de que se pretendiera demostrar ese desconocimiento por la ausencia de diligencias o comunicaciones por escrito desde Terrassa a Madrid, ya que en esos casos las consultas son siempre telefónicas para acelerar la toma de decisiones sobre diligencias urgentes.


"Cuando eso lo hacemos los jueces, también lo hacemos por teléfono", nos explicaba un veterano magistrado. "Porque, además, si tienes a un preso es un lío, ya que hay decidir de inmediato si se le envía a un centro penitenciario local o a otro en Madrid. Lo normal es que se pida al de juez guardia allí que consulte con los suyos, si me van a aceptar el caso y cómo lo ven". 

"Y las consultas son telefónicas entre fiscales incluso para cosas más leves. Pero cuando ves que puede afectar a toda España, por ejemplo estafas que pueden ser cosa de la [Audiencia] Nacional… Entonces, efectivamente, antes de tomar una decisión evidentemente sí que necesitas esa opinión".

Lo normal es que sea Fiscalía la que se haga cargo de la comunicación, agrega un letrado, "porque sí que es verdad que tienen una unidad y una jerarquía que les obliga a coordinar. Pero, vamos, aunque sólo sea para informarse mutuamente… Y en un caso así es imposible que eso no lleve un “visto” de alguien superior a la fiscal jefe de Terrassa".

Pero ese "visto bueno" no se da por escrito, porque la necesaria celeridad obliga a prescindir de los trámites formales y "sólo se me ocurre que se presentase la consulta por escrito en el caso de que un fiscal tuviera problemas con su jefe y quisiera guardarse las espaldas", subraya un fiscal bregado en casos complejos.


"Formalmente, no tenemos una obligación de consultar... pero, vamos a ver: Tú, en un caso tan excepcional por supuesto que necesitas de entrada el visto bueno de tu jefe. Y le dices: ‘Tengo esto, voy a pedir prisión’… ¡Por supuesto! Y le preguntas: ¿qué más hacemos?... Incluso ‘¿qué nivel de información damos?'… Y eso ya pone en danza a portavoces y a jefes. Es poco creíble que el fiscal que está de guardia en ¡Terrassa!... Es que no es sólo por precaución, sino también por lealtad institucional. ¿Tú te imaginas que la Fiscal General del Estado, o sin más sus jefes directos, se enteren por la prensa de que hemos tenido un intento de asesinato del presidente?... ¡¡¡y con armas de guerra!!!"

Fuentes de la Fiscalía General del Estado, reconocieron a este diario que en esa institución es fundamental "la unidad de acción", por lo que cualquier duda que tenga un fiscal sobre a qué órgano corresponde la competencia de un caso concreto la plantea de inmediato a sus superiores jerárquicos, al Consejo Fiscal correspondiente o a la Fiscalía Técnica. En cualquier caso la coordinación entre todos los escalafones de la Fiscalía es prioritaria.

Así que todo fiscal tiene el deber jerárquico de informar a sus superiores de cualquier caso relevante, por lealtad institucional, y no cabe duda de que al fiscal que le tocó el del francotirador franquista dispuesto a cometer una magnicidio nunca le había caído entre sus manos un caso tan relevante.

"Llevo 20 años haciendo guardias con diversos fiscales", cuenta un juez de provincias, y no me imagino ni a uno que, teniendo semejante caso, no telefonee de inmediato a su jefe y le diga: “Espero órdenes”. Porque esto no es ninguna tontería. Es tan sumamente excepcional que son ellos, los jefes, los que tienen que plantear esa competencia o no. Porque, salvando las distancias, es el mismo conflicto que el de la competencia de la [Audiencia] Nacional en el delito de rebelión, ya que es el tribunal competente ante amenazas a los altos organismos de la nación. Y ¿cómo se va a excluir de ello a la Presidencia del Consejo de Ministros?"


Entre todos los juristas consultados, el veredicto es unánime: en un caso de conspiración para atentar contra una autoridad que es, ni más ni menos, el presidente del Gobierno, no puede caber duda a ninguna autoridad judicial de que es competencia de la Audiencia Nacional.

Más todavía, apunta otra magistrada, "están deteniendo por la presunta intención de “subvertir el orden constitucional” a gente que en realidad no lo pueden subvertir de ninguna manera. En cambio, éste quería matar a Pedro Sánchez porque iba a sacar a Franco del Valle de los Caídos. Y eso sí que es subvertir el orden constitucional: pretender volver al franquismo o al enaltecimiento de la dictadura".

Así que esas 24 horas de falsas protestas de ignorancia sembraron la estupefacción entre abogados, jueces y fiscales. Más todavía cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional afirmó que no había elaborado informe alguno sobre el francotirador supuestamente porque ni los Mossos ni el juez le dieron traslado del procedimiento para que informase al respecto, pero que una vez conociendo el asunto "evita por el momento pronunciarse sobre la naturaleza de los hechos sin perjuicio de que lo pueda hacer en un futuro".

La realidad era todo lo contrario de la versión inicial que difundió la Audiencia Nacional


Ahora bien, cuando la Audiencia Nacional pasó de fingir desconocimiento a admitir todo lo contrario, el shock fue sísmico:

No sólo fueron puntualmente informados tanto el tribunal como la Fiscalía, sino que el magistrado Fernando Andreu debatió el tema con el juez de guardia en Terrassa y los dos quedaron en que era la Fiscalía quien tenía quien resolver el caso, así que se lo pasaron para que decidiera a la institución que mes y medio más tarde aseveraba no haber sabido nunca nada del asunto.

La verdad, pues, fue que los fiscales de guardia que estaban en Terrasa y los que estaban en la Audiencia Nacional mantuvieron varias comunicaciones y que después de consultar con la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidieron que el caso no era de su competencia y que por lo tanto la Audiencia Nacional no era competente para indagar los hechos. Ergo, habían estado mintiendo a la ciudadanía durante 24 horas. Evidentemente, a sabiendas.

Además, para quitarse de encima toda responsabilidad, el tribunal subrayó que "en cualquier caso era potestad del juez de Terrassa decidir si consideraba el caso como terrorismo y en ningún momento se inhibió para el caso fuese asumido por la Audiencia Nacional".


Esto último ya roza el ridículo. Que un juez de instrucción de provincias sea el que tiene la última palabra, cuando debate con un veterano magistrado de la Audiencia Nacional, sobre quién es competente para instruir una amenaza de magnicidio –que además es extraterritorial, puesto que el complot se efectúa en Catalunya pero el blanco está en Madrid– es más que absurdo. Es un despropósito.

"Eso no es así ni en sueños", afirma el magistrado más veterano de los consultados. "Ahí hay una relación patrón-marinero. Aunque formalmente el juez de Terrassa es independiente, es el de la Audiencia el que le argumenta que no es terrorismo y él, convencido o no, se lo queda".

Ahora bien, ¿por qué tanto empeño en no asumir el primer caso serio de lobo solitario que hemos padecido en España? ¿Por qué negaron haber tenido conocimiento de los hechos, como avergonzados de haber rechazado el asunto? Y ¿por qué se insiste en que un ultrafranquista, tirador entrenado y equipado con armas de guerra, no es terrorista aunque esté planeando asesinar al presidente del Gobierno?

La Audiencia Nacional tiene muchas cosas que explicar a la ciudadanía.


FUENTE: publico.es
Carlos Enrique Bayo / Patricia López 
Barcelona / Madrid
12/11/2018



¡¡¡Tremenda trapisonda!!!
 

8/11/18

FRUSTRAN UN ATENTADO CONTRA PEDRO SÁNCHEZ

El francotirador que quería matar a Sánchez es hijo del último alcalde franquista de Rubí


Manuel Murillo Sánchez, el francotirador detenido que planeaba atentar contra el presidente del Gobierno, es hijo del que fuera el último alcalde franquista de la localidad catalana de Rubí. Nunca había participado en actos violentos ni tenía antecedentes policiales, pero frecuentaba ambientes ultraderechistas.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno español

MÁS INFORMACIÓN:
Manuel Murillo Sánchez, detenido por planear presuntamente un atentado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /PÚBLICO
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contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. /PÚBLICO

Manuel Murillo Sánchez, el francotirador detenido por intentar atentar contra el presidente del Gobierno, nació en la localidad de Rubí en agosto de 1956. Es hijo del que fuera el último alcalde franquista de esta población catalana, Manuel Murillo Iglesias, alcalde entre 1962 y 1977.

Manuel Murillo tiene licencia que le habilita como vigilante de seguridad, experto en armas, y cuando fue detenido por los Mossos le fue intervenido un arsenal de 16 armas cortas y 6 armas largas, entre ellas rifles de precisión y un subfusil de asalto militar Cetme, un subfusil ametrallador Skorpion vz. 61, además de dos pistolas ilegales modificadas que escondía en su vehículo.

No tenía antecedentes policiales ni había participado en actos violentos, pero frecuentaba ambientes ultraderechistas. Con este perfil era muy difícil que las fuerzas de seguridad se fijaran en él como posible terrorista.

Arsenal de armas incautadas al detenido

Manuel Murillo ha cambiado de domicilio varias veces en los últimos años, entre Sabadell y Sant Cugat del Vallés, rodeándose siempre de un entorno de amigos aficionados a las armas y muchos de ellos nostálgicos del franquismo, especialmente en los últimos años que llevaba residiendo en Terrassa.

Algunas organizaciones de seguimiento y documentación de la extrema derecha ya manejaban en 2015 datos acerca de Manuel Murillo y el entorno ultraderechista que puntualmente frecuentaba, aunque en las redes era especialmente discreto con estos temas. Esa circunstancia ideológica, motivada seguramente por el pasado franquista de su progenitor, llamó poderosamente la atención a los investigadores al detectar curiosas y singulares diferencias ideológicas con su pareja.

FUENTE: publico.es
Joan Cantarero
Valencia - 08/11/2018



Hay una llamada de atención de Javier Aroca quién, a través de las páginas del Eco Republicano, nos calienta las orejas merecidamente, por pasivos y crédulos:




"¡Es la ultraderecha, estúpidos!"

"Los nuevos fascistas son de verdad, vienen con chequera, los encabeza la plutocracia, aupada sobre una multitud de desencantados de todo, debidamente masajeados e inoculados por miles de miedos e insatisfacciones por la derecha acomodada y la izquierda desaparecida y disuelta en el establishment."


"El fascismo no crece entre los políticamente activos, sino entre las masas despolitizadas, objetivo, ése de la despolitización, felizmente cumplido, al alimón, por la derecha instalada y una izquierda convencional, cómoda en sus cenáculos y puertas giratorias."

7/8/17

FRANQUISTA CONFESA




¡Pues vete a vivir con él!
Citizen Plof