En las postrimerías del fascismo nacionalista, católico y militar en España y de la vida de quien lo encarnó durante 40 años, el africanista Francisco Franco, que se mantuvo en el poder hasta el final “a Dios rogando y con las armas fusilando”, el grito por la amnistía y la libertad de todos los presos políticos, encarcelados por su común oposición al fascismo, resonó como un clamor coral de la ciudadanía social de todo el país, consciente de que debía suponer la “primera piedra” en la reconquista de las libertades democráticas. Cuarenta años después, durante los cuales las viejas estructuras de poder de la Dictadura perviven en el Régimen del 78, la ofensiva represiva y antidemocrática impulsada por el Gobierno de M. Rajoy contra el procès soberanista catalán en respuesta al referéndum del 1 de Octubre y a la posterior declaración del Parlament en favor de la Republica catalana, ha supuesto la implantación de un auténtico marco político de excepción en Catalunya, diseñado a conciencia, desde el principio, para desmantelar la capacidad de autogobierno de la Generalitat y, de paso, excluir al nacionalismo cívico catalán como opción política real.
En este proceso, las pasadas elecciones del 21 de Diciembre, pensadas para que ganara el “bloque del 155” (Ciudadanos, PSOE y PP) y a las que los partidos políticos soberanistas concurrieron con el veto previo del “tripartito” al cumplimiento de sus programas en caso de obtener el respaldo mayoritario de la ciudadanía, han constituido una verdadera afrenta democrática. El Gobierno del PP, con M. Rajoy al frente, pretendía guardar las apariencias de una democracia liberal y dejó en evidencia su falta de cultura democrática. ¿Desde cuándo en democracia son válidas unas elecciones sólo si el resultado es favorable a quien las convoca?
Sin duda, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santamaría, debió ver cumplido su sueño de descabezar el “independentismo” catalán, explícitado por ella misma tras la destitución del Govern y la disolución del Parlament, con las detenciones añadidas del pasado 24 de Marzo de Jordi Turull, ex-candidato a la presidencia de la Generalitat, Carmen Forcadell, expresidenta del Parlament, y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, fruto de los autos delirantes del juez Pablo Llarena, y, sobre todo, con el ingreso al día siguiente en una prisión alemana de Carles Puigdemont, presidente legítimo de la Generalitat, detenido por el CNI, organismo dependiente de Vicepresidencia del Gobierno. ¡Caza de brujas!
Además, parece que los tiempos que se avecinan son de “suma y sigue”. En el momento de escribir estas líneas, aún está por ver, entre las numerosas causas judiciales aún abiertas, qué ocurre con el mayor de los Mossos d’Escuadra, Josep Lluis Trapero, o con los 712 alcaldes que fueron interrogados antes del 1 de octubre por su predisposición a ceder espacios municipales para el desarrollo del referéndum soberanista.
Lo que ocurre es que el Gobierno de M. Rajoy no está dispuesto a pagar el coste que le supondría reconocer la existencia, bajo su jurisdicción, de persecución política y, por tanto, de presos políticos, algo que contraviene los pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos, y prefiere “quitarse el muerto de encima” delegando su responsabilidad política en los jueces, para que sean éstos los que se saquen de la chistera delitos, como el de sedición y rebelión,entre otros, que permitan tratar a los encausados como presos comunes o como “políticos presos”, con objeto de legitimar la escalada represiva, pensada para conseguir la capitulación del soberanismo catalán y eliminar los puentes del diálogo político.
Es evidente que en esta situación de total asimetría entre quienes defienden el derecho a decidir sobre la autodeterminación de Catalunya y quienes los persiguen en los tribunales, todo llamamiento al diálogo como sustituto de la fuerza, como se plantea desde gran parte del progresismo, sin duda con buenas intenciones, supone, en la práctica, la concesión del privilegio de veto al Estado español. Quien usa la fuerza no tiene el más mínimo interés en dialogar, sino en mantener los privilegios articulados en torno al Estado unitario. Es evidente que frente a este prohibicionismo, la declaración unilateral de independencia era la vía más adecuada para equilibrar la correlación de fuerzas. Ahora, el protagonismo adquirido por los CDR (Comités de Defensa de la República) han situado el procès en una nueva fase de resistencia popular.
Todo ello obedece a un proceso histórico en el que el tránsito del legalismo franquista al reformismo democrático, cristalizado en el Régimen del 78, ha supuesto la conservación de prácticas totalitarias propias de la Dictadura en el sistema judicial que, bajo el mandato del PP, deriva hacia un auténtico “gobierno de los jueces” en la sombra. Y es, precisamente, este modelo de poder, en el que el ensañamiento político ocupa el lugar de la independencia judicial, el que deja las puertas abiertas a toda suerte de interpretaciones sesgadas, arbitrariedades y prevaricaciones para imponer la ley del más fuerte, bajo la falsa neutralidad del imperio de la ley. ¿Por qué hay que atribuir a los jueces el don de la infalibilidad cuando el acceso a la judicatura se obtiene, como en el resto de las profesiones, por concurso-oposición?
En este contexto, constituye un auténtico atropello a la democracia y a los derechos humanos que dirigentes políticos y sociales del soberanismo catalán se encuentren en prisión preventiva sin juicio por delitos que no cometieron. Sólo desde un contorsionismo jurídico que roza el esperpento puede equipararse la movilización popular pacífica en defensa del derecho a decidir en referéndum y la declaración de independencia aprobada por el Parlament, un acto de reafirmación política del veredicto de las urnas, una vez cerrada toda vía de diálogo por el Gobierno de M. Rajoy, con un “alzamiento tumultuoso” (sedición) o un “alzamiento violento” (rebelión), equiparándolo con un golpe de Estado contra la soberanía popular. Algo tan absurdo como como asociar la petición de divorcio de una mujer a un golpe de mano para imponer la soledad al cónyuge. En fin, el victimismo del verdugo.
Más allá del Gobierno de M. Rajoy, este cerco político-judicial al procès soberanista catalán está firmemente amparado en el cierre de filas de los aparatos del Estado, las cúpulas de los partidos autodefinidos como constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, las élites empresariales del IBEX35 y las grandes plataformas mediáticas, donde campan a sus anchas los charlatanes de “la Caverna”, en torno a un mensaje único. Según este discurso unidireccional, la “unidad de España”, eufemismo con el que se pretende confundir la unidad política y territorial del Estado con la unión entre españoles, es lo que prima por encima de las voces disidentes y críticas a este paradigma heredado de la Dictadura franquista.
Rajoy con los dueños del IBEX
Pero quizás, la acusación más recurrente contra el soberanismo catalán es aquella que lo asocia con el deseo de “romper España” sirviéndose para ello de un concepto vacío, de profundas resonancias franquistas: el separatismo. Es falso. ¿Desde cuándo la construcción de un Estado independiente, apoyado en la legítima aspiración de una comunidad que, mayoritariamente, se siente nación, a tener sus propias instituciones, su agencia tributaria o su selección de futbol, es un obstáculo para el entendimiento político y las relaciones fraternales entre los pueblos? ¿Por qué no lo explican sin recurrir a la vieja mística de la ley como algo que se mantiene inquebrantable por encima de la voluntad social? En realidad, el nacionalismo de estado español no tiene respuesta. La razón es que el rechazo al soberanismo cívico catalán no se basa en que éste pueda “romper España”. Más bien, lo que ocurre es que, sin el discurso del peligro de que España se rompa, las élites del nacionalismo español perderían su legitimidad y sus acciones coercitivas se verían como un latrocinio. ¡Pura manipulación!
Todo este conjunto de tergiversaciones, difamaciones y sanciones penales van más allá de la cuestión catalana y pone en cuestión los límites de una democracia en caída libre, desde hace una década, hacia un régimen oligárquico que se congratula, por boca de sus mandarines, de no perseguir a nadie “por sus ideas”, ¡estaría bueno!, pero que no permite que tales ideas, articuladas en proyectos políticos, se puedan implementar de manera efectiva en la realidad si chocan abiertamente con los intereses de las élites privilegiadas en el statu quo. Es algo sobre lo que deberían reflexionar las fuerzas progresistas que pretendan desarrollar políticas sociales o económicas en favor de los derechos de ciudadanía que, de verdad, transgredan los límites de lo que las élites consideran como sus intereses intocables. Estas élites no toleran “excesos democráticos”, ni en el terreno de los derechos sociales ni en el de los derechos nacionales, ambos totalmente conectados. En el cambio hacia un mundo mejor, la solidaridad se impone.
En este régimen, en el que las grandes corporaciones empresariales y financieras gobiernan la economía, el “gobierno de los jueces” se manifiesta de manera evidente en la evolución restrictiva de los derechos y libertades, con más vigilancia, más medidas sancionadoras, más intervenciones policiales abusivas y menos garantías judiciales, con el fin de controlar la discrepancia y castigar la disidencia de personas y colectivos progresistas. Y, mientras, la Dictadura franquista sigue impune, por obra y gracia de un Gobierno de ineptos e hipócritas.
Volviendo a la cuestión catalana: La razón ha de imponerse sobre el tufo a naftalina política. Y es la razón, asentada en la libertad de pensamiento y el análisis objetivo o, al menos, objetivable de la realidad, la que permite concluir que los dirigentes soberanistas catalanes que abandonaron Catalunya son exiliados políticos, que los dirigentes catalanes presos, a quienes se ha expoliado sus derechos políticos al estar en prisión preventiva sin juicio por delitos que no han cometido, son presos políticos.
En un país con un pasado dictatorial de 40 años, donde los derechos humanos, entre ellos los derechos nacionales, fueron sistemáticamente mancillados, debería haber una reacción contundente, en particular de las fuerzas progresistas, reclamando la libertad de los presos políticos, la vuelta de las personas exiliadas y la anulación de todos los procedimientos judiciales en marcha contra el soberanismo catalán dentro de un proyecto solidario de recuperación de la salud democrática en todo el país. ¡Sin miedo!
Desde alicante, un abrazo fraternal a la ciudadanía catalana que ha abierto tantos puentes a la democracia en España. También, por extensión, a todos/as los que han sufrido este intolerable gobierno judicial.
NOTAS
Algunos datos sobre la politización del Poder Judicial:
- La clave del procès soberanista catalán está en la impugnación en 2010 por el Tribunal Constitucional, a instancias del Partido Popular, del Estatuto de Catalunya de 2006, aprobado por los parlamentos catalán y español y refrendado por el 74% de los votantes de Catalunya.
- Aprovechando su mayoría absoluta en las Cortes, el Gobierno de M. Rajoy reformó la ley para otorgar al Tribunal Constitucional competencias sancionadoras propias del poder ejecutivo, como la suspensión en sus funciones de los cargos que rehusaran cumplir sus sentencias. El objetivo real: dinamitar el procès soberanista.
- El órgano de gobierno de todos los jueces es el Consejo General del Poder Judicial. Tiene 21 miembros. Pero ninguno de ellos lo eligen los jueces. Todos sin excepción, son nombrados por el Congreso y el Senado, en la práctica, por los dos grandes partidos, PP y el PSOE. El control del Consejo permite controlar también los nombramientos, entre otros, de los magistrados del Tribunal Supremo o los presidentes de los tribunales superiores de Justicia.
Nada como las propias palabras del rey emérito Juan Carlos I en una entrevista a una televisión francesa en la que desveló el encargo que Franco le hiciera, “cogiéndole la mano” en el lecho de muerte: “Alteza, lo único que le pido es que preserve la unidad de España”.
Parece mentira. Quienes han desatado esta “cruzada” no tienen el más mínimo rubor en utilizar la figura del “preso político” en otro país, léase Venezuela, como arma arrojadiza para desacreditar a los adversarios políticos. Y, en 2006, el Gobierno de M. Rajoy recogió firmas por todo el Estado en favor de un referéndum contrario a la ley constitucional. ¿Se puede ser más cutre?
El extremo interés de Franco por preservar la unidad de España deviene en que "los suyos" no perdieran el control por mucho barniz democrático que se utilizara. De ahí lo de "atado y bien atado".
