La jueza Alaya desencadena una macrooperación en la que prevé detener entre 15 y 20 ex altos cargos de la Junta
La jueza Alaya. // Foto: Laura León
En concreto, a lo largo del día de hoy se espera el arresto de entre 15 y 20 personas en todas las provincias andaluzas. De manera paralela, la Guardia Civil también ha iniciado otra operación en Mijas (Málaga) también dirigida por la jueza Alaya contra un supuesto fraude de dinero público en el Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio. En este operativo habría arrestado a al menos tres altos cargos.
En cuanto al resto de Andalucía, la Guardia Civil está deteniendo a nueve ex directores generales de Empleo en otras tantas demarcaciones andaluzas (Cádiz tiene dos, una en la capital y otra en el Campo de Gibraltar) y también al menos cuatro ex directores generales de Formación de la Consejería de Empleo. Entre los arrestados están los delegados de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, el exdelegado de Empleo en Sevilla y exalcalde de Camas, Antonio Rivas, la exdirectora general de Empleo y cuñada del exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda.
Muñoz y Cosano ha sido destituidos de manera fulminante este mismo martes, aunque el portavoz del Gobierno andaluz ha defendido su honorabilidad.También ha sido detenidos hasta siete exdelegados provinciales de Empleo, entre ellos de Cádiz Juan Bouza, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, y Granada, Marina Martín Jiménez.
Las fuentes han detallado que esta operación nace de un registro que la Guardia Civil llevó a cabo en la Dirección General de Formación hace meses. También se sustenta en los distintos informes elaborados por la Cámara de Cuentas y las ocho intervenciones generales de fondos en las ocho provincias andaluzas. Las fuentes detallan que el operativo se desarrolla en la que es la primera línea de investigación surgida tras los registros y la toma de declaraciones en la sede de la Dirección General de Empleo.
Aunque la operación de la Guardia Civil sigue en marcha, se sospecha que hubiese podido existir falsedad documental a la hora de justificar y certificar los gastos en muchos de los cursos de formación. Las fuentes detallan que en el periodo investigado, que arranca en el año 2002, lo que era una excepción se convirtió en norma. Es decir, lo que era justificaciones puntuales para que las empresas no fuesen sancionadas y pudiesen seguir optando a las subvenciones para cursos de formación se convirtió en algo habitual.
FUENTE: andaluces.es
Alfonso Alba
24/03/2015
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