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27/6/17

INCENDIOS

El incendio de Huelva comenzó en los despachos


Hoy tod@s nos lamentamos sobre el terrible incendio que se está viviendo en Huelva, amenazando el Parque Nacional de Doñana y toda su riqueza natural. Hoy, mientras miramos horrorizados cómo todavía luchan los bomberos por extinguir un fuego que todo indica que fue provocado, olvidamos que este incendió se inició en los despachos de nuestros representantes políticos.

En los últimos años, la Junta de Andalucía ha ido recortando la plantilla de agentes forestales y de plantilla del Plan Infoca. A veces, con un goteo, que casi no se percibe, como cuando se redujo a la mitad el dispositivo de agentes forestales para los fines de semana, pasando de patrullar por parejas a individualmente. Otras, con auténticos tajos a los efectivos de una plantilla envejecida para la que los sindicatos al fin consiguieron jubilaciones anticipadas para iniciar el proceso de renovación.


Hace años, incluso, desde la Junta se emitió una orden que impedía a los agentes de medio ambiente presentar denuncias en el Registro General o, lo que es lo mismo, impedía que quedara constancia de las mismas, quizás, por si hubiera alguna que no interesara, que ésta se pudiera traspapelar. Un despropósito. Quizás para que no perjudicara a empresas como Gas Natural Fenosa, a la que el Gobierno de Susana Díaz permite construir su almacén de gas en pleno Doñana.

Más recientemente, los recortes afectaban al combustible. Desde la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía denunciaban cómo la reducción de combustible impuesta desde la Junta no les permite realizar con normalidad su cometido. Según indicaban, a los recortes aplicados en meses anteriores en la partida para el combustible se ha sumado una adicional de 66% en la partida para el parque móvil, cuyas condiciones no son las más óptimas en muchos casos.


No es un situación que únicamente se dé en Andalucía; sucede en la práctica totalidad del territorio nacional, sujeto a una deleznable Ley de Montes made in PP, que no sólo abrió la puerta a la posibilidad de construir en zonas incendiadas, sino que sumergía a los agentes forestales en la más absoluta inseguidad jurídica.

Aquella ley limitaba la condición de estos agentes como policía judicial lo que, a efectos prácticos, imposibilita su actuación frente a los delitos medioambientales. Tras la aprobación de aquella ley, los agentes forestales únicamente intervienen “de forma auxiliar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, lo que a todas luces complica la persecución de delitos medioambientales.


¿Qué se perseguía con esta ley que entonces afectaba a cerca de 6.000 agentes forestales -que habían tenido que aprobar una oposición? Privatizar la gestión del medio natural, ni más ni menos. Todo es un negocio, incluida la naturaleza. Como ya sucede en las cárceles, por ejemplo, el sector de la seguridad privada hace años que se frota las manos viendo cómo llenarán sus bolsillos con el monte.

Mientras, las llamas los devoran todo porque, entre los recortes y la precarización de las condiciones laborales de los agentes forestales, es imposible vigilar el monte en condiciones, mantenerlo como es debido para que los cortafuegos estén despejados. Hoy, tod@s lamentamos esta catástrofe medioambiental. Ojalá la misma cobertura mediática, las mismas conversaciones de bar, los mismos clics de ratón se hubieran dado cuando el incendió se inició en los despachos. A ver si de este modo despertamos y aprendemos a poner remedio antes de que el problema no tenga solución. Y no hablo ahora de incendios forestales, sino de auténticos incendios sociales que nos achicharran todos los días.


FUENTE: publico.es
Posos de Anarquía
David Bollero
26/07/2017
Ha peligrado incluso el centro de cría del lince Ibérico de Doñana, hasta el punto de que, aunque las llamas no han llegado a alcanzarlo, la densa humareda resultaba asfixiante, por lo que se decidió su evacuación. Las parejas reproductoras y las crías de este felino en peligro de extinción, fueron reubicadas en otros centros, mientras que al resto de ejemplares (los que se hallaban en condiciones de semilibertad) se les han abierto las puertas del recinto para que pudieran escapar, dado el poco tiempo del que disponía ante el incontrolado avance del fuego. Uno de los ejemplares falleció víctima del estrés provocado por la captura y el posterior traslado.


4/12/16

LA "MAREA SANITARIA"

La Junta andaluza, desbordada por la incapacidad de frenar la 'marea sanitaria'

Manifestación en Granada, en protesta por las fusiones hospitalarias que tiene programada la Junta de Andalucía, con el doctor Jesús Candel, conocido como 'Spiriman', en la cabecera de la marcha. EFE/PEPE TORRES

Manifestación en Granada, en protesta por las fusiones hospitalarias programadas por la Junta de Andalucía 
EFE/PEPE TORRES
La mayor oposición al Gobierno de Susana Díaz en este momento está en la calle, no en el Parlamento andaluz. La ola de manifestaciones ciudadanas contra la gestión de la sanidad pública andaluza, “joya de la corona” del Ejecutivo andaluz, ha ido a más en estos dos últimos meses, culminando en tres macroprotestas que han movilizado a casi 70.000 personas en las calles de Granada, Huelva y Málaga.

En la capital granadina, donde se repitió una concentración de más de 50.000 personas, no se recordaba una manifestación tan multitudinaria desde 2003, cuando 150.000 personas tomaron las calles en protesta por la guerra de Irak.

El bastón de mando de estas movilizaciones lo sustenta la gente, los médicos, los enfermeros, los usuarios. Entre la multitud se leían pancartas con un cierto aire al 15-M, reclamaciones individuales, demandas públicas y un cartel bien grande en la cabeza de la comitiva donde podía leerse: “Absténganse cualquier partido político de traer sus banderas”.

Movimiento 15-M

La multitud en la calle evidencia que el discurso firme de Susana Díaz como defensora del Estado de Bienestar hace aguas. Es un duro golpe en la línea de flotación de su Administración y de sus planes para liderar el PSOE federal, pero por mucho que esto beneficie colateralmente a sus adversarios políticos, ni PP ni Podemos están detrás de las manifestaciones. Ni pueden ni les han dejado ni tienen esa capacidad de movilización. Mala noticia para ellos, sobre todo para la formación morada, que acaba de constatar que la calle y la indignación ciudadana se mueve con impulsos propios, y que por mucho que la esencia de Podemos haya surgido de las calles, Podemos es ahora un partido político y está en las instituciones.

Pero sobre todo es una mala noticia para Susana Díaz, porque si PP y Podemos no están detrás de las protestas, la presidenta no tiene con quién confrontar. No puede hacerlo contra sus profesionales de la sanidad pública ni contra sus usuarios.

El Gobierno andaluz no ha sabido articular un relato claro en estos 40 días (desde que se vio sorprendido por la primera protesta multitudinaria de Granada con 50.000 personas el pasado 16 de octubre) ni un discurso nítido que contenga el incendio. Díaz ha tenido que pedir disculpas públicas hasta en siete ocasiones (en varias entrevistas televisadas, en sesión parlamentaria y en la inauguración de instalaciones sanitarias) y observa, alarmada, cómo el cabreo ciudadano contra su gestión oscurece el inicio de su carrera personal hacia la dirección del PSOE.


La Junta ha paralizado provisionalmente el proyecto de fusión hospitalaria de Granada que dio origen al tsunami de críticas, pero no tiene un plan b, y lejos de aplacar los ánimos, las protestas del fin de semana se multiplicaron y extendieron a tres provincias. Esta vez, diputados de PP, Podemos e IU intentaron visibilizarse más entre la multitud, lo cual ha facilitado a Díaz una estrategia de defensa más cómoda: denunciar la pinza entre el PP y Podemos, denunciar una especie de complot de la derecha para desprestigiar la sanidad pública y alarmar a la ciudadanía con el oscuro objetivo de abrir la puerta al negocio de las farmacéuticas y las empresas sanitarias privadas.

Pero el relato no ha calado, porque la indignación de los médicos y de los usuarios es real.
No sólo no ha calado, sino que los suyos se le empiezan a volver en contra, porque además del poder regional que ostenta Díaz existe el poder provincial, y ahora el alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, el regidor de Huelva, Gabriel Cruz, y los líderes provinciales del PSOE en estas provincias han pedido a la presidenta que reaccione, que haga “algo contundente” para frenar la sangría de apoyos e impedir que se ponga en riesgo el favor de sus ciudadanos. El primer edil granadino, que apenas lleva seis meses en el cargo, se ha tragado ya tres manifestaciones masivas en las calles de su ciudad, y ha advertido a Díaz que a la cuarta, si no hay una respuesta firme por parte de la Junta, él mismo se unirá a las protestas.

Dimisiones y viejas leyes

Aquilino Alonso, en el acto de promesa de su cargo como consejero de Sanidad, 
en presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía. EFE

En el aire está el posible cese del consejero de Salud, Aquilino Alonso, que, sin embargo, no es el responsable directo del proyecto sanitario que ha indignado a la gente. La fusión de dos hospitales de Granada o de Huelva se remonta a un plan de racionalización del sector sanitario que se diseñó en 2012, en la cúspide de la crisis y cuando los gobiernos autonómicos se vieron obligados a primar la consolidación fiscal y la reducción del déficit al gasto social.

Entonces el departamento de Salud lo dirigía María Jesús Montero, hoy consejera de Hacienda, y su idea para reducir gastos en puestos directivos pasaba por unificar las gerencias de los hospitales de una misma ciudad y trabajar bajo un modelo de unidades intercentros. En Huelva y Granada, por sus características poblaciones, se proyectó unificar sus grandes hospitales en grandes complejos hospitalarios, un modelo que ya funciona en otras provincias andaluzas, como Córdoba, Jaén, Almería. Sevilla y Málaga lo paralizaron de raíz.

En la práctica, la fusión hospitalaria ha hecho que se repartan las especialidades entre distintos edificios y, como consecuencia, un paciente con politraumatismos tenga que “autodiagnosticarse” para decidir cuál de los edificios visita primero, y luego, trasladarse de uno a otro recabando las pruebas que requiere su tratamiento. Alonso asegura que la fusión hospitalaria no ha servido de excusa para ahorrar costes, jura y perjura que “no ha habido recortes”, aunque admite que “puede haber habido problemas de organización”. El consejero se muestra desconcertado con la ola de críticas y dice desconocer “qué quieren los manifestantes y por qué protestan exactamente”.



Doctor Jesús Candel, alias "Spiriman"

La presión sobre él es tal, que hace dos días fue Presidencia quien anunció a la prensa que Alonso “sería recibido” por uno de los médicos que encabeza las movilizaciones, el doctor Jesús Candel, que se ha hecho famoso en las redes sociales bajo el sobrenombre de Spiriman, quien denuncia la “precariedad” del sistema sanitario andaluz, desmonta el “discurso triunfalista” de Susana Díaz, además es miembro de una ONG que ayuda a niños en exclusión social a través del deporte. Se ha convertido en un héroe popular y la Junta no ha podido ni querido encasillarle junto a partidos políticos o sindicatos con intereses particulares. Spiriman se reunirá con el consejero de Salud este jueves por la tarde en un intento desesperado de frenar la crisis.

La otra opción que baraja el gabinete de crisis de Díaz es agilizar el proyecto de Ley de Sostenibilidad de la la Sanidad Pública Andaluza, una norma más discursiva y política que práctica, que promete el blindaje del presupuesto sanitario, plantilla incluida y recursos. Pero el borrador de esta norma lleva un año en el cajón, el anteproyecto se aprobó hace meses y aún no ha iniciado su tramitación parlamentaria. Algunos en el Ejecutivo de Díaz dudan de que ésta sea la respuesta adecuada para apagar un incendio de la magnitud que se ha originado. Está en riesgo la estabilidad del Gobierno andaluz, porque Ciudadanos ha empezado a endurecer las condiciones a su apoyo, pero también están en riesgo los gobiernos municipales donde se están produciendo las protestas.

Liderazgo en el PSOE


Susana Díaz

La presidenta de Andalucía, líder de facto del PSOE federal y virtual líder de la oposición al Ejecutivo de Mariano Rajoy, defiende su gestión como una aldea gala irreductible que preserva las políticas de izquierdas y mantiene la estructura del Estado de Bienestar mientras todos los demás recortan gasto social y privatizan. Con ese relato aspira a convertirse en secretaria general de los socialistas, reunificar un partido que ella misma ha contribuido a dividir, recuperar la credibilidad de los suyos y la fidelidad de su electorado y convertirse en la primera presidenta del Gobierno del país.

Su discurso como líder del bastión más sólido de la izquierda en España se ha mantenido firme y sin fisuras, incluso coaligándose con una formación de derechas como Ciudadanos, por tres razones fundamentales: porque en la comparación de los grandes números macroeconómicos, es cierto que Andalucía no ha minado el gasto social ni privatizado servicios tanto como otras comunidades gobernadas por el PP, sea Madrid, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana; porque tiene en frente una oposición parlamentaria deslavazada, más cómoda en la acción opositora que en plantear una alternativa creíble de Gobierno tras 38 años de preeminencia socialista; y porque su Administración no se ha enfrentado a mareas de ciudadanos indignados. “En Andalucía no hay mareas ni blancas ni verdes ni moradas”, dijo la presidenta en el Parlamento a principios de octubre. Ahora sí las hay.

Susana Díaz ha culminado un mes jalonado de actos institucionales y entrevistas en medios nacionales que dibujan su carta de presentación a las primarias socialistas.
Algunas voces dentro del partido aseguran que anunciará oficialmente su candidatura a liderar el PSOE en el acto con la militancia que ha convocado el próximo 16 de diciembre en Jaén, en el que estará arropada por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.


José Luis Rodríguez Zapatero

Esta semana ha viajado a Bruselas para dejarse ver con altos mandatarios de la Comisión Europea, y hace sólo unos días proclamó, para quien tuviera dudas, que “se puede compatibilizar” la presidencia de Andalucía y la secretaría general del PSOE federal “si se ponen por delante los intereses de las personas”. El mayor freno que existe ahora en su hoja de ruta son precisamente las personas que abarrotan las calles y ponen en cuestión su capacidad de liderazgo.

27/3/15

OPERACIÓN BARREDO

La jueza Alaya desencadena una macrooperación en la que prevé detener entre 15 y 20 ex altos cargos de la Junta 


La jueza Alaya. // LAURA LEÓN 
La jueza Alaya. // Foto: Laura León

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha desatado una macrooperación policial en las ocho provincias de Andalucía contra el fraude en la formación subvencionada por la Junta de Andalucía. Según han confirmado distintas jueces, la operación, denominada Barredo, está dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y apunta a ex altos cargos de la Consejería de Empleo entre los años 2002 y 2011.

En concreto, a lo largo del día de hoy se espera el arresto de entre 15 y 20 personas en todas las provincias andaluzas. De manera paralela, la Guardia Civil también ha iniciado otra operación en Mijas (Málaga) también dirigida por la jueza Alaya contra un supuesto fraude de dinero público en el Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio. En este operativo habría arrestado a al menos tres altos cargos.


 En cuanto al resto de Andalucía, la Guardia Civil está deteniendo a nueve ex directores generales de Empleo en otras tantas demarcaciones andaluzas (Cádiz tiene dos, una en la capital y otra en el Campo de Gibraltar) y también al menos cuatro ex directores generales de Formación de la Consejería de Empleo. Entre los arrestados están los delegados de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, el exdelegado de Empleo en Sevilla y exalcalde de Camas, Antonio Rivas, la exdirectora general de Empleo y cuñada del exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda.

Muñoz y Cosano ha sido destituidos de manera fulminante este mismo martes, aunque el portavoz del Gobierno andaluz ha defendido su honorabilidad.También ha sido detenidos hasta siete exdelegados provinciales de Empleo, entre ellos de Cádiz Juan Bouza, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, y Granada, Marina Martín Jiménez.


Las fuentes han detallado que esta operación nace de un registro que la Guardia Civil llevó a cabo en la Dirección General de Formación hace meses. También se sustenta en los distintos informes elaborados por la Cámara de Cuentas y las ocho intervenciones generales de fondos en las ocho provincias andaluzas. Las fuentes detallan que el operativo se desarrolla en la que es la primera línea de investigación surgida tras los registros y la toma de declaraciones en la sede de la Dirección General de Empleo.

Aunque la operación de la Guardia Civil sigue en marcha, se sospecha que hubiese podido existir falsedad documental a la hora de justificar y certificar los gastos en muchos de los cursos de formación. Las fuentes detallan que en el periodo investigado, que arranca en el año 2002, lo que era una excepción se convirtió en norma. Es decir, lo que era justificaciones puntuales para que las empresas no fuesen sancionadas y pudiesen seguir optando a las subvenciones para cursos de formación se convirtió en algo habitual.

FUENTE: andaluces.es
Alfonso Alba
24/03/2015