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7/4/16

UN RECUERDITO NUNCA ESTÁ DE MÁS

Cuentas en el extranjero - Cuando no declarar el dinero se convierte en delito


Doce miembros de la familia Botín, entre ellos Emilio Botín y su hija Ana Patricia, investigados por la Audiencia Nacional por presunta evasión fiscal. Los Botín habrían tenido oculto, sin tributar, dinero en un paraíso fiscal, Suiza. Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco HSBC Private Bank Suisse, entre las que estaban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009. Pero los Botín no están solos. Forman parte de una lista de 659 españoles, la mitad de los cuales, aproximadamente, a instancias de la Agencia Tributaria, regularizaron su situación sin problemas. El caso del HSBC no es tampoco único, cada año un número indeterminado de grandes fortunas invierten su dinero fuera, en los llamados paraísos fiscales. 

¿Qué es un paraíso fiscal? 


Por paraíso fiscal se entiende un país donde prima la opacidad de los datos financieros y la baja tributación. En un paraíso fiscal se puede, por ejemplo, abrir una cuenta de la que se desconozcan los datos del titular, y en ellos proliferan los trusts y las fiduciarias, que son figuras creadas para gestionar grandes patrimonios manteniendo el anonimato del titular de los bienes. 

¿Cuáles son los más usados por los españoles? 


Por proximidad geográfica, los paraísos más usados son Andorra, utilizado sobre todo por las grandes fortunas o empresas catalanas, y Gibraltar, donde residen 'oficialmente' la mayoría de los dueños de villas de lujo del Costa del Sol. Aunque no son extraños destinos más exóticos, como las Islas Caimán, la isla de Jersey o incluso Panamá, como se desprende de las investigaciones del 'caso Gürtel'. 

¿Cuánto dinero se defrauda en los paraísos fiscales?


Es imposible dar una cifra. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha estima que la evasión fiscal anual en España supone unos 88.000 millones de euros y el volumen de la economía sumergida es del 23,3% del PIB, unos 245.000 millones de euros. 

¿Cuántos paraísos fiscales quedan? 



No existe una lista oficial de paraísos fiscales, porque cada país tiende a elaborar la suya propia, aunque habitualmente se toma como referencia la que elabora la OCDE y que cambia de año en año, dependiendo de si mejora la colaboración con los mencionados paraísos. La OCDE tenía en 2009 una lista negra y gris con 43 países fiscalmente opacos. En ella figuraban, además de Andorra y Gibraltar, destinos tan exóticos como las Islas Caimán, las Antillas Holandesas, Samoa o las Islas Marshall. En la actualidad ninguno estaría en la lista negra y solo 17 estarían en la lista gris, es decir, se han comprometido a adoptar las normas de transparencia y de intercambio de informaciones fiscales, aunque todavía no lo hayan hecho.

¿Qué problemas tienen los acuerdos de cooperación? 


Al no ser convenios, que es un tratado de mayor rango, la información no fluye automáticamente y solo se proporcionan datos cuando existen indicios de delito y cuando existe una investigación fiscal abierta en el país que demanda la información. Esto no permite, por ejemplo, la fishing investigation, que es como se denomina a las investigaciones que se inician basándose en sospechas. 

¿Qué particularidad tiene Suiza, país que albergaba las cuentas del HSBC investigadas por la Fiscalía Anticorrupción? 


Suiza ya no es 'oficialmente' un paraíso fiscal, aunque sí es un país que mantiene unas condiciones fiscales y bancarias especiales. Por ejemplo, en Suiza la evasión fiscal no es un delito; pero sí lo es la revelación de secretos bancarios. Los nombres de los titulares de las cuentas del HSBC fueron obtenidos gracias a la filtración de uno de sus exempleados, por lo que, para Suiza, se obtuvieron ilícitamente, lo que invalidaría cualquier proceso judicial. En España la Audiencia Nacional tendrá que pronunciarse sobre la validez de las pruebas, que llegaron a España gracias a las autoridades francesas, pero la pista sobre lo que puede suceder la dará el juez Santiago Pedraz cuando se pronuncie sobre otro caso idéntico, el del robo de los datos de los clientes del banco LGT de Liechtenstein. 

¿Es delito tener dinero en un paraíso fiscal? 


Tener dinero en un paraíso fiscal no es delito, pero sí lo es no tributar por él. Cuando se presenta la Declaración de la Renta, existe un apartado en el que se deben declarar los ingresos obtenidos en el exterior. Si se quiere actuar con legalidad, se declaran estos ingresos, que a su vez habrán tributado en el país donde estén y, gracias al Convenio para evitar la doble imposición internacional, lo pagado en el exterior se descuenta en España. Quienes tienen dinero en los paraísos fiscales, donde la tributación es simbólica, ocultan la existencia de estas cuentas. 

¿Cuándo existe un delito fiscal? 


Para que exista delito fiscal las cantidades no ingresadas a Hacienda deben superar los 120.000 euros y conlleva una pena de prisión de uno a cuatro años y una multa, que varía en función de lo no declarado y de las circunstancias que rodeen al fraude, pero que podría ser de hasta seis veces la cantidad defraudada. 

¿Qué dice los técnicos de Hacienda sobre 'el caso Botín'? 


El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, critica "el trato de favor" que ha recibido la familia Botín, "porque existían indicios importantes de delito fiscal"; pero también el resto de los implicados. A todos, la Agencia Tributaria, en lugar de abrirles una inspección, en junio de 2010 se les remitió una carta invitándoles a regularizar sus pagos presentando una declaraciones complementarias. Estas declaraciones tienen consideración de 'voluntarias' por los que no conllevan ningún tipo de sanción, mientras que cualquier persona que 'se olvida' de declarar la beca que ha recibido un hijo o el pago de una conferencia, por ejemplo, recibe la correspondiente carta de Hacienda y una multa que va del 50 al 150% de la cantidad no declarada.


FUENTE: 20minutos.es
Economía - Diana Sánchez
17-06-2011

26/1/14

LA "DOCTRINA BOTÍN" AL RESCATE

"LA "DOCTRINA" QUE PUEDE SALVAR A LA INFANTA

Cristina de Borbón y Grecia (Infanta de España)

Cuando se acaba de informar que el juez imputa a la hija del Rey por delito fiscal y blanqueo, los medios de comunicación comentan también que la infanta podría librarse de ser juzgada si se aplica la conocida como “doctrina Botín”.

Esta doctrina del Supremo se estableció en una sentencia de 2007 cuando su Sala de lo Penal avaló una decisión previa de la Audiencia Nacional que limitaba la acción de las acusaciones populares. Según se decía en su sentencia “no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular”.

Emilio Botín (Presidente del Banco Santander)

Lo que hay detrás de esta sentencia y su vinculación con Botín es muy interesante para conocer qué hay detrás de nuestra administración de Justicia porque lo que ocurrió fue sencillamente que se dieron órdenes desde el gobierno para que la fiscalía y la abogacía del Estado actuaran de forma que el Tribunal pudiese evitar juzgar al banquero. Una operación de auténtica ingeniería jurídica que ahora pueden intentar realizar de nuevo.

Transcribo a continuación la explicación del caso que aparece en mi libro La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué cayó todo y no se ha hundido nada? (Editorial Sequitur 2010).

Según informaba la web EL CONFIDENCIAL el 21 de septiembre de 2006 “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (…) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (…) A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera”.

Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”.

Pues bien, el diario El País informaba el 27 de mayo de 2008 que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese banco, el ex Ministro de economía Rodrigo Rato (PP) presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y luego Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (PSOE), “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”.

Así funciona la justicia en España. Y estos son los intereses que protegen nuestros gobiernos. Ahora queda ver si de nuevo harán lo mismo para volver a evitar que todos seamos iguales ante la ley.

FUENTE: Público.es
La Tramoya - Juan Torres López
07 ene 2014