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31/10/18

MONUMENTO A LOS CAÍDOS

Grabar en una cripta franquista es delito; rezarle a la dictadura, no.


Dos documentalistas enfrentan un juicio con peticiones de cárcel por filmar en el templo de Pamplona donde aún hoy se celebran misas a favor del régimen. Más de 1.500 personas firman un manifiesto a favor de los denunciados.

Los documentalistas procesados Carolina Martínez y Clemente Bernad.
Los documentalistas procesados: Carolina Martínez y Clemente Bernad.

Hacer un documental sobre un templo franquista puede acarrear multas e incluso cárcel. Esta frase -aunque suene extraña- ha sido escrita en octubre de 2018 y tiene como protagonistas a una pareja que se atrevió a grabar dentro de una de las últimas criptas ultraderechistas del país.

Carolina Martínez y Clemente Bernad, integrantes del movimiento memorialista ZER, han topado primero con los franquistas y a renglón seguido con la Fiscalía: los primeros les piden dos años y seis meses de cárcel, mientras que esta última solicita 24.000 euros en multas y dos años de encierro por un supuesto delito de “revelación de secretos”. A la espera del juicio, ambos documentalistas prefieren guardar silencio.


Hablarán, dicen, cuando salgan del juzgado. Eso no ocurrirá hasta dentro de algunas semanas: los días 14 y 15 de noviembre tendrá lugar este curioso juicio en el Juzgado Penal Número 3 de Pamplona. Según las filtraciones del sumario aparecidas en los últimos meses, ambos consiguieron grabar imágenes dentro de la cripta del Monumento a los Caídos que aún existe en Pamplona y donde hasta hace un par de años reposaron los restos de los militares franquistas José Sanjurjo y Emilio Mola.

Aún hoy, el lugar –cuyo acceso está restringido a la ultraderechista Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz y al Arzobispado de Pamplona- es utilizado por los nostálgicos del franquismo para celebrar una misa mensual en homenaje a los generales franquistas.

Monumento a los Caídos (Pamplona - Navarra)

Precisamente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía Superior de Navarra para advertir sobre la “posible ilegalidad” de ese acto que se celebra el día 19 de cada mes, “en conmemoración del triunfo del golpe franquista en julio de 1936”. Sólo en Navarra, el alzamiento fascista se tradujo en 3.500 personas asesinadas.

“A sus muertos”


Sin embargo, lo que la Fiscalía persigue a día de hoy no son esas misas, sino el trabajo de Martínez y Bernad, quienes accedieron al interior del templo –con la autorización del ayuntamiento, que es el propietario del monumento- para filmar en su interior. 

La grabación realizada por ambos formaba parte del trabajo que posteriormente se plasmó en el documental “A sus muertos”, en el que distintas voces analizan qué hacer con ese templo. En ese contexto, los miembros de la Hermandad les acusan de haber colocado un micrófono y una cámara oculta en una rejilla.


Según ha podido confirmar Público, ambos documentalistas ya tuvieron que declarar ante la Policía Judicial. Ocurrió hace ya más de un año, el 8 de julio de 2017. Entonces decidieron no realizar declaraciones a los medios, a la espera de conocer el rumbo de los acontecimientos. Ahora aguardarán el desenlace en el juzgado.

“Libertad de expresión”


En tal sentido, más de 1.500 personas han firmado un manifiesto en el que denuncian este ataque a la libertad de expresión. “Conocedores de su impecables trayectorias profesionales, entendemos que no puede considerarse un delito investigar con fines de documentación artística el uso que de un espacio público, el ominoso Monumento a los Caídos de Pamplona, hace una organización de tan dudosa cualidad democrática como es la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz”, destacan.

De hecho, subrayan que en los estatutos fundacionales de dicha hermandad, “a los que no han renunciado, declara entre sus cometidos el de ‘mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España’, y que continúa celebrando hasta hoy todos los días 19 de cada mes una misa en honor de los militares golpistas Mola y Sanjurjo”.

 
Bombardeo durante la Guerra Civil Española

En tal sentido, idican que “bajo ningún supuesto puede ser considerado delito que dos creadores realicen su trabajo de investigación sobre episodios vinculados a la memoria histórica, en el marco del derecho constitucional y la libertad de expresión. Muy por el contrario, es el delito de apología del fascismo y exaltación de la violencia golpista como instrumento de acción política por el que la Fiscalía debería interesarse”. Hoy ocurre exactamente lo contrario.

FUENTE: publico.es 
Danilo Albin

12/8/18

VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Valle de los Caídos:

Patrimonio oculta a los familiares de las víctimas el informe sobre la cripta

MÁS INFORMACIÓN


Pura Lapeña, nieta y sobrina de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, enterrados en el Valle de los Caídos tras ser asesinados por los sublevados en la zona de Calatayud (Zaragoza) en las primeras semanas de la guerra civil, sufre estos días el enésimo comportamiento kafkiano de la Administración: Patrimonio Nacional elude darles acceso al informe sobre la cripta en la que se encuentran los restos de sus familiares y ha rechazado entregárselo a su abogado, Eduardo Ranz.

“No sabemos qué están haciendo allí, todo es opacidad, no nos dejan saber nada”.

Los responsables de Patrimonio Nacional, propietario del complejo de Cuelgamuros, cuentan ya con el segundo informe sobre la viabilidad de las exhumaciones en el llamado “nivel tres” de la Cripta del Sepulcro, en el que, según la documentación previa, se encuentran los restos de los hermanos, cuya recuperación fue ordenada hace ya dos años por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Escorial.


El primer informe del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), elaborado hace unos meses tras una primera inspección, concluye que tanto las cajas con los restos como el habitáculo que las contiene se encuentran en buen estado, por lo que la exhumación sería “posible con determinados límites”.

El segundo debía ser elaborado por el Consejo Forense y, en principio, incluir propuestas sobre cómo deben llevarse a cabo la identificación y la extracción de los restos. Sin embargo, Patrimonio Nacional ha optado por no trasladárselo a los afectados, y se desconoce si lo ha hecho con otras instancias de la Administración como el Ministerio de Justicia, el contenido del segundo.

“Hay un enorme entramado desde el franquismo”

 Un gran escudo de armas franquista en el Valle de los Caídos. REUTERS / Juan Medina

En el caso del letrado, recientemente nombrado asesor del Ministerio de Justicia en asuntos de Memoria Histórica, la respuesta fue que no se le reconoce como abogado de la familia y que, en todo caso, deberían solicitar acceso a cualquier documentación a través del Ministerio de Presidencia que dirige Carmen Calvo.

“Nos estamos dando cuenta de que hay un enorme entramado desde el franquismo”, señala Lapeña, quien lamenta que “el Gobierno no se está poniendo firme para exigir que se ejecute la sentencia”.

De hecho, antes de que se conociera el primero de esos informes, todo apuntaba a que la exhumación de los hermanos Lapeña y de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno, estos últimos del bando sublevado, corría el riesgo de encallar en un kafkiano laberinto legal si los columbarios se hubieran convertido en un osario por el deterioro de las instalaciones.


Un organismo presidido por un alto cargo del PP

En ese caso, las tres familias corrían el riesgo de verse obligadas a iniciar un nuevo pleito, de incierto progreso al requerir que se personaran en él representantes de todos los enterrados, ya que la extracción de los restos podría afectar a los derechos de otras familias no partidarias de la exhumación.

Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia, tiene como presidente a Alfredo Pérez de Armiñán, el cual, tras ser designado en octubre de 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, sigue en el cargo cuando ya han pasado más de dos meses desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del ejecutivo en la moción de censura. En ese periodo, el Gobierno ha relevado a casi 400 altos cargos de la anterior Administración.


FUENTE: publico.es
Eduardo Bayona
Zaragoza - 23/07/2018