La acometida central del pensamiento libertario es oponerse a todas y cada una de las agresiones a los derechos de propiedad individuales, a la persona y los objetos materiales que haya adquirido en forma voluntaria. Por supuesto, los criminales, sea en forma individual o en bandas, se oponen a esto, pero en este sentido no hay nada de distintivo en el credo libertario, dado que todas las personas y escuelas de pensamiento rechazan el ejercicio aleatorio de la violencia contra el individuo y la propiedad.
No obstante, incluso en esta cuestión universalmente aceptada de que es preciso defender a la gente del crimen, hay una diferencia de énfasis en la postura libertaria. En la sociedad libertaria no habría “fiscales” que enjuiciaran a los criminales en nombre de una “sociedad” inexistente, actuando incluso contra los deseos de la víctima del crimen. Ésta decidiría por sí misma si presentar cargos o no. Además, y como otra cara de la misma moneda, en un mundo libertario podría iniciar un juicio contra un malhechor sin tener que convencer al fiscal para que procediera. Más aun, en este sistema penal no se pondría el acento, como sucede ahora, en el hecho de que la “sociedad” mande a prisión al criminal sino, necesariamente, en obligar a éste a restituir a la víctima por su delito.
El actual sistema, en el cual la víctima no es compensada sino que además tiene que pagar impuestos para sufragar el encarcelamiento de su agresor, sería un evidente desatino en un mundo centrado en la defensa de los derechos de propiedad y, por ende, del damnificado.
La diferencia fundamental entre los libertarios y otras personas no está en el área del crimen privado, sino en su visión del rol del Estado, o sea, del gobierno. Para los libertarios el Estado es el agresor supremo, el eterno, el mejor organizado, contra las personas y las propiedades del público.
Lo son todos los Estados en todas partes, sean democráticos, dictatoriales o monárquicos, y cualquiera sea su color.
¡El Estado! Siempre se ha considerado que el gobierno, sus dirigentes y operadores están por encima de la ley moral general. Los “Pentagon Papers” son sólo una reciente instancia, entre una innumerable cantidad de instancias en la historia de los hombres, la mayoría de los cuales son perfectamente honorables en sus vidas privadas, pero mienten en su actuación pública. ¿Por qué? Por “razones de Estado”. El servicio al Estado excusa todas aquellas acciones que serían consideradas inmorales o criminales si fueran cometidas por ciudadanos “privados”. La característica distintiva de los libertarios es que aplican serena e inflexiblemente la ley moral general a todos aquellos que forman parte del aparato estatal, sin excepciones. Durante siglos, el Estado (o, más precisamente, los individuos que actúan como “miembros del gobierno”) ha encubierto su actividad criminal con una retórica altisonante. Durante siglos, ha perpetrado asesinatos en masa y ha dado a esto el nombre de “guerra”, ennobleciendo así el crimen masivo que la guerra implica. Durante siglos, ha esclavizado a los hombres en sus ejércitos denominando a esta esclavitud “servicio militar obligatorio” para el “servicio nacional”. Durante siglos, ha robado a la gente a punta de bayoneta y ha llamado a esto “recaudación de impuestos”. En realidad, si se desea saber cómo ve el libertario al Estado y a cualquiera de sus actos, basta con pensar en el Estado como en una organización criminal, y la actitud libertaria resultará perfectamente lógica.
Consideremos, por ejemplo, qué es lo que distingue claramente al gobierno de todas las demás organizaciones de la sociedad. Muchos politólogos y sociólogos han oscurecido esta distinción vital y se refieren a todas las organizaciones y grupos como jerárquicos, estructurados, “gubernamentales”, etc. Los anarquistas de izquierda, por ejemplo, se oponen del mismo modo al gobierno y a las organizaciones privadas como las corporaciones, sobre la base de que ambos son igualmente “elitistas” y “coercitivos”. Pero el libertario “de derecha” no se opone a las desigualdades, y su concepto de “coerción” se refiere sólo al uso de la violencia. Para él existe una distinción crucial entre el gobierno, sea central, estatal o municipal, y todas las demás instituciones de la sociedad. O, mejor dicho, dos distinciones cruciales. La primera es que todas las demás personas o grupos reciben sus ingresos por pagos voluntarios: sea por una contribución voluntaria o por obsequio (por ejemplo, los fondos de beneficencia comunitarios o el club de bridge), o mediante la adquisición voluntaria de sus bienes o servicios en el mercado (es el caso del dueño de un almacén, del jugador de béisbol, del fabricante de acero, etc.). Sólo el gobierno obtiene sus ingresos mediante la coerción y la violencia, es decir, por amenaza directa de confiscación o prisión si no se realiza el pago. Este gravamen coercitivo es la “recaudación de impuestos”. Una segunda distinción es que, exceptuando a los criminales, sólo el gobierno puede utilizar sus fondos para cometer actos de violencia contra sus ciudadanos o contra otros; únicamente el gobierno puede prohibir la pornografía, imponer un culto religioso o enviar a prisión a quienes venden bienes a un precio mayor que el que él juzga adecuado.
Ambas distinciones, por supuesto, pueden resumirse así: en la sociedad, sólo el gobierno tiene el poder de agredir los derechos de propiedad de sus ciudadanos, sea para extraer rentas, para imponer su código moral o para asesinar a aquellos con quienes disiente. Además, todos y cada uno de los gobiernos, hasta los menos despóticos, han obtenido siempre la parte más importante de sus ingresos mediante la recaudación coercitiva de impuestos. A lo largo de la historia ha sido el principal responsable de la esclavitud y la muerte de innumerables seres humanos. Y puesto que los libertarios rechazan de modo fundamental toda agresión contra los derechos de la persona y de la propiedad, se oponen a la institución del Estado por ser inherentemente el mayor enemigo de esos preciados derechos.
FUENTE: http://www.miseshispano.org
Murray Rothbard
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