Aunque previamente ya había diversos indicios que mostraban síntomas de desaceleración, la cruda realidad empezó a plasmarse a partir de enero de 2008 con el inicio del hundimiento bursátil aunado con un escenario inflacionista debido a los galopantes incrementos de los precios de los carburantes y de los productos alimenticios y que finalmente terminaría por desencadenar lo que ha venido a denominarse la crisis económica de 2008.
Así, hasta 2008, la economía española se basó en la conocida como “dieta mediterránea”, (cuyos ingredientes principales eran el “boom” urbanístico, la exportación, el turismo y el consumo interno), fórmula que creaba excelentes platos minimalistas, de apariencia altamente sugestiva y precio desorbitado pero vacíos de contenido culinario y con fecha de caducidad impresa (2008), debido al estallido de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento del castillo de naipes de la economía española.
La entrada en recesión de la economía española implementó el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar del mundo occidental y derivó posteriormente en un shock traumático al constatarse el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, posterior desahucio e inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales. Así, el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha elevado hasta niveles insoportables y cada vez son más los parados de larga duración que pierden todo tipo de subsidio, pues aunque el Gobierno del PP ha prorrogado la ayuda del Plan Prepara debido a la presión social, incluirá modificaciones sustanciales que limitarán el acceso de los parados a dichas ayudas en función de su colchón familiar. Así, la renta de todo el núcleo familiar (padres inclusive), servirá para determinar si se tiene derecho a recibir una ayuda que asciende a 450 € para los parados de larga duración que tengan al menos tres familiares a su cargo, estableciéndose el listón en los 481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar, quedando descartado todo solicitante que sobrepase dicha cifra.
Por otra parte, según el Consejo Económico y Social, 422.600 hogares vivían gracias a la pensión de los abuelos con ingresos medios de 840 € y que a pesar de su exigüidad, constituía hasta hoy el último salvavidas de los restos del naufragio económico español, pero teniendo en cuenta que se ha establecido por Ley un mínimo incremento de las pensiones de un 0,25 %, el colchón familiar verá reducido su grosor y se elevará el riesgo de pobreza y fractura social.
Así, en el último informe de Intermon Oxfam sobre “Crisis, desigualdad y pobreza”, se advierte que de continuar los recortes sociales, la pobreza en España podría llegar a afectar al 40 % de la población en el horizonte de la próxima década (en la actualidad, según dicha ONG, la tasa de pobreza en la actualidad se sitúa en el 27% de la población y afectaría ya a 13 millones de personas al tiempo que habría ya tres millones de personas en situación de “pobreza severa” ( viven con menos de 307 euros al mes) según Cáritas, mientras el número de millonarios en España aumentó un 13% en el último año, según datos de Eurostat. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido a los países europeos que” los recortes económicos amenazan con crear una emergencia sanitaria que, si no se ataja, tendrá graves consecuencias económicas, sociales y de salud en las próximas generaciones, por lo que España que tiene el índice de desempleo juvenil más alto de Europa debería adoptar medidas urgentes para evitar lacras futuras”.
Sin embargo, los Presupuestos para Salud del Gobierno central y las Autonomías han experimentado una caída del 10% desde el 2010, lo que se ha traducido en un recorte de 6.700 millones € en inversiones (150 € menos por habitante) y que tendría su plasmación en la política de privatización de hospitales y servicios públicos, en la supresión de numerosos consultorios y servicios de guardia médica en zonas rurales que deberán desplazarse hasta los núcleos urbanos más cercanos para recibir asistencia sanitaria y en la aparición de enfermedades emergentes como la malaria o el paludismo que afectan especialmente a la población inmigrante y que en la mayoría de las Comunidades autónomas, carecen del derecho a la sanidad universal y gratuita.
FUENTE: http://www.elviejotopo.com
Germán Gorraiz
31/10/2016
Referido a nuestro país, hay un dato espeluznante que este artículo no contempla; así que, se lo voy a dejar al pie:
