La impunidad marca el 40 aniversario de la matanza de Vitoria
El asesinato de cinco obreros a manos de la policía supuso uno de los episodios más trágicos de la Transición. Distintos intentos judiciales no han logrado sentar en el banquillo a los responsables, sobre quienes cae una orden de extradición de la justicia argentina que desoye España.
“¡Buen servicio! (…) Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. (…) Aquí ha habido una masacre (…). Pero de verdad una masacre”. La Policía Armada de Vitoria concluía así una jornada represiva que se saldó con tres trabajadores asesinados por disparos de bala y otros dos, heridos de gravedad, fallecidos en los días siguientes. Era el 3 de marzo de 1976, y la ciudad llevaba dos meses en un clima de reivindicaciones con la plataforma obrera nacida de Forjas Alavesas que pedía, por un lado, mejoras laborales; y por otro, que no se les detuviera por expresar sus reivindicaciones.
La iglesia de San Francisco, en el barrio obrero de Zaramaga, se había convertido en el escenario habitual de asambleas de trabajadores después de que la patronal les prohibiera reunirse en las fábricas. Cada empresa disponía, en su zona de la ciudad, de un templo para organizar y canalizar la lucha por los derechos laborales.
El miércoles 3 de marzo había cuajado, después de dos intentos, la huelga general en Vitoria. Jornadas de 40 horas semanales, el 100% en las bajas por enfermedad o accidente laboral, una subida lineal de 6.000 pesetas y el rechazo a los jurados de empresa, del sindicato vertical del franquismo, eran algunas de las reivindicaciones que condujeron al parón generalizado.
“Comercios, estudiantes o agricultores salieron en apoyo y solidaridad. La huelga había triunfado”, recuerda Andoni Txasko, víctima de la brutalidad policial en aquel conflicto, y hoy presidente de la Asociación de víctimas y familiares del 3 de marzo, entidad que promueve estos días una serie de actividades para recordar el 40 aniversario.
La Policía se prepara para irrumpir en la iglesia
“Gasead la iglesia”, se escucha en una grabación de aquella tarde recogida en la emisora policial. “La policía se empleó con una dureza especial. Las iglesias siempre habían sido respetadas y ese día, en algunas asambleas que se celebraban por la mañana, irrumpieron y sacaron a los trabajadores”, apostilla Txasko sobre el día en que las fuerzas de seguridad entraron con armas en las iglesias, violando así el Concordato de España con el Vaticano.
A las cinco de la tarde, la asamblea en la parroquia de San Francisco pretendía evaluar la jornada. Media hora antes, la Policía rodeó el recinto, permitiendo que se llenase el templo. Dentro quedaron atrapadas cerca de 4.000 personas, y un número similar de gente esperaba fuera. Minutos después comenzó el desalojo: “Gasead la iglesia”, se escucha en una grabación de aquella tarde recogida en la emisora policial. “Los párrocos mediaron diciendo que no había necesidad de intervenir, que era una reunión pacífica; que no había alteración del orden. Pero la Policía rompió las ventanas, introdujo gases lacrimógenos y botes de humo. La gente se asfixiaba”, anota Txasko.
“¿Qué tal está por ahí el asunto? (…) Te puedes figurar, después de tirar, igual, más de mil tiros y romper la iglesia”, se escucha en otra grabación. Aquellos disparos acabaron con la vida de tres obreros, en aquel momento, y de otros dos en los días siguientes, con heridas mortales. Eran Pedro María Martínez Ocio (27 años), Francisco Aznar Clemente (17), Romualdo Barroso (19), José Castillo (32) y Bienvenido Pereda (30). Algunos presentaban heridas de bala en el cuello, tórax o rodillas. Y testigos oculares aseguraron ver cómo los agentes disparaban a los huelguistas. El estruendo de las armas quedó grabado en la emisora policial, donde también se escucha cómo un agente pide más “cartuchos, botes y pelotas”. Estas conversaciones empezaron a circular entre la ciudadanía de Gasteiz los días posteriores a los hechos.
La huelga concluyó con más de un centenar de víctimas. “Llegaron a intervenir en el puesto de socorro donde se amontonaban familiares y heridos, y lanzaron bombas de humo y gases lacrimógenos que llegaron hasta los quirófanos. El equipo médico emitió una nota contundente de protesta”, recuerda. Cinco días más tarde, el entonces Ministro de Gobernación, Manuel Fraga, alertó al resto de trabajadores: “Que este triste ejemplo sirva de gran lección para todo el país los próximos meses”.
“¿Qué tal está por ahí el asunto? (…) Te puedes figurar, después de tirar, igual, más de mil tiros y romper la iglesia”, se escucha en otra grabación. Aquellos disparos acabaron con la vida de tres obreros, en aquel momento, y de otros dos en los días siguientes, con heridas mortales. Eran Pedro María Martínez Ocio (27 años), Francisco Aznar Clemente (17), Romualdo Barroso (19), José Castillo (32) y Bienvenido Pereda (30). Algunos presentaban heridas de bala en el cuello, tórax o rodillas. Y testigos oculares aseguraron ver cómo los agentes disparaban a los huelguistas. El estruendo de las armas quedó grabado en la emisora policial, donde también se escucha cómo un agente pide más “cartuchos, botes y pelotas”. Estas conversaciones empezaron a circular entre la ciudadanía de Gasteiz los días posteriores a los hechos.
La huelga concluyó con más de un centenar de víctimas. “Llegaron a intervenir en el puesto de socorro donde se amontonaban familiares y heridos, y lanzaron bombas de humo y gases lacrimógenos que llegaron hasta los quirófanos. El equipo médico emitió una nota contundente de protesta”, recuerda. Cinco días más tarde, el entonces Ministro de Gobernación, Manuel Fraga, alertó al resto de trabajadores: “Que este triste ejemplo sirva de gran lección para todo el país los próximos meses”.
Pese al manto de impunidad que cubrió los hechos durante décadas, la jueza argentina María Servini, instructora de la querella contra el franquismo abierta en Buenos Aires, reclamó en noviembre de 2014 la extradición de Rodolfo Martin Villa, ex ministro de Relaciones Sindicales, por su responsabilidad en esta matanza. El Gobierno del PP, sin embargo, desoyó la petición, en la que también se imputaba a Alfonso Osorio, ministro de Presidencia, y al capitán de la Policía Armada Jesús Quintana, entre otros altos cargos de la dictadura.
Represión continuada y consecuencias de por vida
Sólo durante un día, Andoni Txasko pudo esquivar la fatalidad. Este titulado en maestría industrial de 20 años acudió a su fábrica el 4 de marzo, donde los trabajadores decidieron en asamblea apoyar la huelga. “Por la tarde, fui con dos compañeros a dar una vuelta por el lugar de la masacre. Llegó la Policía; nos rodeó y yo me eché contra la pared cubriéndome la cabeza, soportando golpes en la espalda y en los brazos”. Temía este obrero que uno de esos palos le cayera sobre su ojo izquierdo en el que apenas tenía visión debido a una lesión de la infancia.
“Como no paraban, les dije que me llevaran detenido, que no había hecho nada, pero que no siguieran dándome golpes por la lesión del ojo, que me podían fastidiar”, detalla. Pero los agentes utilizaron esa información para atacarle con mayor crueldad. “Me agarraron de los brazos para que no me pudiera cubrir la cara y todos los golpes ya vinieron de frente, cara y cabeza, y uno de los porrazos fue a parar al ojo sano. Me dejaron en blanco, como adormecido, no veía nada”.
Andoni Txasko
Los vecinos de la zona acudieron a socorrerle. Le trasladaron a una vivienda y le calmaron con agua fría pero la visión no regresaba. “Me metieron en un coche y, como pudieron, me llevaron al puesto de socorro. Allí me dijeron que el pronóstico era muy grave”.
Tras un mes ingresado con fuertes dolores salió con el diagnóstico de un ojo reventado por las lesiones y escasas posibilidades de recuperarlo. Ocho operaciones y distintas visitas a clínicas de Madrid, Barcelona y Navarra concluyeron que no había solución. Aquella agresión policial había derivado en un glaucoma que también comenzaba a perjudicar la escasa visión que tenía en el otro ojo. La última decisión médica conllevó la extracción del mismo.
Así, la vida de Andoni cambió. Tuvo que dejar su puesto en la fábrica e ingresó en la Once, donde vendió cupones en la calle durante años. Hoy conserva un 2% de visión, y vive volcado en extender la verdad de los hechos desde su asociación, creada en 1999. “No merecemos la vida que hemos tenido que vivir”, deplora.
Cadena de desaires judiciales y políticos
Con todo, familiares y víctimas de la matanza de Vitoria no han cejado en el empeño de recabar justicia. En un primer momento, los juzgados abrieron diligencias tras recibir los informes médicos y se crearon dos sumarios: uno con las cinco víctimas mortales y otro con 68 personas heridas, entre ellas, Andoni Txasko.
Ambos sumarios viajaron de Vitoria a Burgos, A Coruña, Tribunal Supremo y Tribunal de Orden Público. Ninguna instancia judicial los admitió para investigar los hechos. “El Supremo acabó dictando que la competencia recaía sobre la jurisdicción militar, pero ésta no llamó a declarar a nadie. Sólo quedó una declaración de Jesús Quintana donde justifica su actuación diciendo que se vieron obligados a disparar para preservar sus vidas”, esclarece Andoni. Después, el tribunal sobreseyó los casos argumentando que “los hechos son constitutivos de un delito de homicidio (…) pero no hay motivos suficientes para acusar de él a determinada persona”, según el escrito de sobreseimiento. “Ésa es la primera gran burla de la justicia española”, lamenta.
Así, las víctimas reclamaron la responsabilidad subsidiaria del Estado, sin éxito. Ya con la asociación constituida, se personaron en el Parlamento Vasco, en una ponencia que recibía a víctimas de todo tipo de violencia. En ese mismo lugar impulsaron una comisión de investigación, a la que estaba llamado Fraga para declarar, en 2008. Nunca fue.
En 2004 presentaron una querella criminal contra el gobernador civil, “creíamos que había fallecido, pero pensábamos que la querella avanzaría y se marcarían las responsabilidades. Queríamos llegar a la cúpula del Gobierno”, recuerda Andoni. Esta querella fue admitida primero y rechaza después tras un escrito de la Fiscalía defendiendo que los hechos estaban “prescritos” y que, en su caso, la jurisdicción competente era la militar. Tras ese fracaso, acudieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU, y aún esperan una respuesta. Su último paso fue la presentación de una denuncia ante el Parlamento Europeo, el pasado verano.
Así, las víctimas reclamaron la responsabilidad subsidiaria del Estado, sin éxito. Ya con la asociación constituida, se personaron en el Parlamento Vasco, en una ponencia que recibía a víctimas de todo tipo de violencia. En ese mismo lugar impulsaron una comisión de investigación, a la que estaba llamado Fraga para declarar, en 2008. Nunca fue.
En 2004 presentaron una querella criminal contra el gobernador civil, “creíamos que había fallecido, pero pensábamos que la querella avanzaría y se marcarían las responsabilidades. Queríamos llegar a la cúpula del Gobierno”, recuerda Andoni. Esta querella fue admitida primero y rechaza después tras un escrito de la Fiscalía defendiendo que los hechos estaban “prescritos” y que, en su caso, la jurisdicción competente era la militar. Tras ese fracaso, acudieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU, y aún esperan una respuesta. Su último paso fue la presentación de una denuncia ante el Parlamento Europeo, el pasado verano.
Comité de Derechos Humanos de la ONU
FUENTE: publico.es
Patricia Campelo
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