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18/12/14

INCUMPLIENDO EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

España mantiene poderes de la época franquista para los mandos militares


Permite a la autoridad castrense imponer penas de privación de libertad incumpliendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos: Hasta 30 días por "inexactitud en el cumplimiento de las órdenes" y 60 por denunciarlo con "manifestaciones contrarias a la disciplina en medios de comunicación"

Legionarios desfilando el día de las Fuerzas Armadas.
Legionarios desfilando el día de las Fuerzas Armadas. EP

El mundo castrense tiene sus propias reglas, actitudes disciplinarias y normas de convivencia al margen de la sociedad civil. En España, este statu quo llega al punto de excluir a los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) del Convenio Europeo de Derechos Humanos para mantener un poder que la autoridad militar conserva desde la dictadura franquista.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elevó en 2007 una reserva para el estamento militar en los artículos 5 y 6 del convenio, que regulan el "derecho a la libertad" y el "derecho a un proceso equitativo", recorte que los siguientes Ejecutivos han mantenido. En la práctica, esta reserva permite a los mandos imponer arrestos por vía administrativa a sus subordinados sin necesidad de acudir a la justicia militar.


El ministro del ramo

Tras tres décadas de espera y dos años de negociación, el Senado dio luz verde a la Ley Órganica del Régimen Disciplinario Militar el pasado mes de noviembre. En ella, pese a las reclamaciones de las principales asociaciones de uniformados y de la oposición, el Gobierno mantuvo el arresto como medida disciplinaria con el apoyo del PSOE y los votos en contra de la Izquierda Plural, UPyD, CiU, ERC, PNV y BNG.

Además, en la línea del recorte de los derechos de manifestación que ha seguido la Ley de Seguridad Ciudadana, el texto también permite suspender concentraciones de militares o guardias civiles cuando las convoquen haciendo uso de su condición.

Justicia sin jueces



La ausencia de la figura del juez en las sanciones disciplinarias provoca que los mandos de las Fuerzas Armadas puedan lesionar derechos fundamentales de los oficiales de rango inferior, así como de la tropa, con "medidas que rozan lo autoritario y dictatorial", denuncian fuentes de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

En su caza de brujas para descubrir al soldado que filtró a Público la información sobre los entrenamientos de soldados como fuerza antidisturbios, el Ejército ha sancionado administrativamente a dos soldados con seis días de arresto, y a otros dos con tres, por dejarse fotografiar con el equipo de represión de masas. El objetivo es que estos soldados delaten al filtrador para librarse del castigo.

¿Lo de las fuerzas antidisturbios militares tendrá que ver con esto?

Oficialmente, la razón arguida por sus mandos es "inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas", presente tanto en el antiguo como en el nuevo Régimen Disciplinario (art. 6.2) de las Fuerzas Armadas. Este artículo se ha convertido en un "cajón de sastre" por el cual los mandos pueden llegar a sancionar por "llevar sucias las botas o mal ajustada la corbata", explican estas fuentes. Además, permite utilizar el arresto como una "medida de presión", que según la falta y el mando que lo imponga, puede durar hasta 30 días.

La denuncia también está penada




Hablar con la prensa para denunciar estas injusticias en el seno de las Fuerzas Armadas también puede salir caro. En concreto, "hacer peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina" en "medios de comunicación social" está regulado como una falta grave: hasta 60 días de arresto en un centro disciplinario.

Los propios miembros de la AUME han sufrido las consecuencias del implacable régimen disciplinario. En julio de 2013, al presidente de la asociación, Jorge Bravo, la crítica de los recortes del Ministerio de Defensa en una cadena de radio le valió 31 días de arresto. Semanas más tarde, el delegado de la AUME en Murcia cumplió 33 días por el mismo motivo.

Teniente Luis González Segura

El mantenimiento de los ocho centros disciplinarios repartidos por la geografía española, con al menos 25 militares trabajando en cada uno de ellos, saca de las arcas del Estado cinco millones de euros al año, denuncia el teniente Luis Gonzalo Segura en este medio.

El propio Segura afrontará la pena máxima de 60 días de arresto por la falta grave de denunciar estas situaciones ante la prensa. Relata que, pese a que ningún juez los ha condenado, son "tratados como criminales" en estos centros: "Hay que pedir permiso para todo. Incluso para salir al patio hay que pedir un permiso por escrito y cuando te lo conceden hay que pedir autorización verbal para poder salir y pasear solo. Es peor que si fuéramos delincuentes".

FUENTE: publico.es
Carlos del Castillo
Madrid - 13/12/2014



Voy a llegar a la conclusión de que el ejército español es un gran cortijo donde, determinados señoritos, hacen lo que les sale de las entrepiernas.

16/12/14

EL CINISMO DE RAJOY

Navidades de pobreza y desigualdad, agravadas por el cinismo de Rajoy
  

Mariano Rajoy Brey

Para Rajoy, “la crisis es historia del pasado” y éstas “serán las primeras Navidades de la recuperación”

Feliz él, si es que se lo cree, pero la gran mayoría de los que han padecido estos tres años de su Gobierno podrán celebrar bien poco en estas fiestas, sobre todo si son mujeres, parados, pobres, desahuciados, dependientes…

Al parecer, sólo el presidente desconoce que ha gobernado (y sigue haciéndolo) a favor de los más acaudalados, multiplicando a cambio la desigualdad y las dificultades económicas de la población trabajadora. Porque mientras él se felicita de lo bien que van las cosas (quizá para él y los suyos), su propio Consejo de Ministros aprueba más ayudas a Cáritas y Cruz Roja y asume la alerta europea ante el aumento del número de españoles que no pueden pagarse la calefacción.

 
En el tercer aniversario de su mayoría absoluta, que le ha permitido imponer al Congreso cualesquiera medidas y recortes con el rodillo parlamentario de 186 escaños, Rajoy no debería alardear de descenso del desempleo porque se han destruido 508.278 empleos y ahora hay 91.654 parados más que cuando llegó al poder. Más aún, cuando él entró en La Moncloa, al menos dos de cada tres parados percibían alguna prestación por desempleo; hoy sólo la tiene uno de cada dos.

¿Va el presidente a felicitar las Pascuas con optimismo a los 3,3 millones de parados que llevan un año o más sin trabajo? ¿O se felicita de que gracias a su gestión sumen ya 716.000 desempleados de larga duración más que los que heredó de Zapatero?

También podría enviar christmas a los casi 13 millones de españoles que ahora corren el riesgo de caer en la pobreza, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida del INE… o quizá, para ahorrar y como muestra de austeridad, remitirlos sólo a los 150.000 ciudadanos que han engrosado esa cifra durante su mandato. Ya que, en ese tiempo, las familias que subsisten con lo justo han subido del 56,3% al 65%, y la renta media por hogar ha bajado a niveles de hace una década.
 

Igualmente, debería pensar en donar juguetes ­–o, mejor, comida– a los 800.000 niños más que viven hoy en España bajo el umbral de la pobreza, según UNICEF, puesto que hacer regalos navideños al total de tres millones de menores que están hoy en situación precaria, tras ese incremento durante la crisis, sería poco consecuente con su política de austeridad y recortes. ¿Ignorará también Rajoy que la tasa de pobreza infantil en España se ha disparado del 28,2% al 36,3%, un incremento sólo superado por México y EEUU?

En las Navidades de la recuperación, más de uno de cada tres niños españoles pasarán las fiestas en la pobreza. Y el motivo es que la política económica neoliberal (impuesta por la Troika, pero abrazada con entusiasmo por Rajoy) ha conseguido que España no sólo sea el país con la mayor brecha entre ricos y pobres de la OCDE, sino que el incremento de esa tremenda desigualdad haya sido astronómico durante la crisis: el número de veces que la renta media del 10% más rico multiplica la del 10% más pobre casi se ha duplicado, pasando de 8,4 a 13,8 (+64,3%).

Y en esa ampliación del abismo entre ricos y pobres sí que arrollamos a todos los demás países de la OCDE, incluidos México (un aumento del 13,8%) y EEUU (+9,27%). Por supuesto, España también es la que más crece en Europa (como no cesa de repetir Rajoy, aunque refiriéndose a sus estadísticas macroeconómicas)… pero en desigualdad.

 
Malas noticias, cuando la propia OCDE parece haberse dado cuenta por fin de que la desigualdad socio-económica ha frenado el desarrollo de los países ricos durante los últimos 30 años, un hallazgo que no hace más que ratificar los resultados de un estudio similar difundido por el FMI a principios de año.

Así que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico está instando a todos los gobiernos a reducir la desigualdad como única forma de impulsar el crecimiento. Pero ¿cómo reducir esa brecha entre ricos y pobres que no cesa de crecer? Pues “asegurándose de que los más acaudalados contribuyen” a las arcas públicas, imponiendo “tributos sobre la riqueza y la propiedad, incluida la transferencia de activos”; así como proporcionando a la población “una educación de calidad, una buena cobertura sanitaria o formación laboral”.

¿Alguien puede creerse que Rajoy ha aplicado esas recetas para su milagro económico?

 
Su reforma fiscal aprobada en octubre hace importantes rebajas tributarias a las rentas más altas, que pasan del tipo máximo del 52% al 45%, reduce la ya bajísima tasa a las rentas del capital del 27% al 23%, y deja el impuesto de sociedades en sólo el 25% (pero los incentivos y deducciones ofrecidos a las grandes empresas hacen que en realidad coticen a una miserable media del 7%). En resumen, los asalariados sufragan el 90% de los ingresos del Estado, mientras España es un paraíso fiscal para las corporaciones, multinacionales y grandes fortunas. De hecho, España es el segundo país de la OCDE –tras Israel– donde más ha caído la recaudación fiscal desde que comenzó la crisis. 

La Relatora sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Magdalena Sepúlveda Carmona, ha sido muy contundente en su informe sobre la reforma fiscal de Rajoy: el Gobierno español incumple su obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

Eso sí, como “no hay dinero en las arcas para pagar los servicios públicos” (Montoro dixit), pues Rajoy había antes recortado brutalmente el gasto en educación y cobertura sanitaria, justo lo que la OCDE advierte que hay que garantizar, hasta que la misma Comisión Europea le ha avisado de que sus “ajustes” están golpeando tan duramente a los hogares más pobres que sale perjudicado el conjunto de la economía.
 


Y no olvidemos a las familias desahuciadas de sus hogares: 82.680 el año pasado, más de 26.500 en los primeros seis meses de este año, y 13.341 en el pasado trimestre (un 7,3% más que en ese periodo de 2013).

¿A todas ellas les enviará también Rajoy sus felicitaciones navideñas?

Pocas veces ha sido tan cínico un gobernante como este presidente al hablar de “las primeras Navidades de la recuperación”.


Felices fiestas.

FUENTE: publico.es
El tablero global
Carlos Enrique Bayo
12 dic 2014