El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas critica el “carácter arbitrario” de las investigaciones contra el juez.
El exjuez Baltasar Garzón en la clausura de la décima edición de la Semana de la Memoria Histórica,
organizada por la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad en Soria. / EFE
El Gobierno de Mariano Rajoy tiene un plazo de seis meses para responder a la denuncia presentada por el juez Baltasar Garzón, según ha recordado en un comunicado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El despacho de abogados Human Rights in Practice, dirigido por Helen Duffy, es la entidad que ha presentado la denuncia en representación de Garzón por "el carácter arbitrario de una serie de investigaciones y enjuiciamientos penales” interpuestos contra el juez, que causaron su inhabilitación.
En su escrito, la directora de Human Rights in Practice ha alegado que las investigaciones relativas a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo que Garzón autorizó continúan impunes, así como los numerosos supuestos casos de corrupción del Partido Popular, decisiones judiciales por las que Garzón fue imputado penalmente. El juez correspondiente mantuvo abierto el proceso judicial, a pesar de conocer el hecho de que había prescrito.
“Los procedimientos penales iniciados contra el juez Garzón se fundamentaron exclusivamente en su interpretación y aplicación de la ley. Ello representa una flagrante violación del principio de independencia judicial que deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del derecho internacional de los Derechos Humanos. Asimismo, supone la violación de múltiples derechos protegidos por el mencionado Pacto”, ha explicado Duffy.
Helen Duffy
La denuncia presentada por el despacho de abogados que dirige Helen Duffy ha sido respaldada por expertos internacionales del Comité de Derechos Humanos de la ONU que han presentado dictámenes periciales conjuntos sobre cuestiones referentes al caso: las pautas internacionales respecto a la independencia judicial, la invalidez de las normas sobre plazos de prescripción aplicables en el derecho internacional en consonancia con los hechos aplicables del juez Garzón, y la interpretación de la Ley de Prevaricación aplicada en los procedimientos instados contra Baltasar Garzón.
FUENTE: publico.es
Madrid - 13/11/2016
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